nombre reservado con CAJA COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 8 recurre de protección don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (CCAF Los Andes), representada por don nombre reservado, y domiciliada en domicilio reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en descontar de su remuneración correspondiente al mes de octubre de 2016, la suma de $245.320, lo que equivale al 40% de su remuneración mensual, informando a su empleador, Corporación Administrativa del Poder Judicial, a fin que efectuara dicha deducción, la retuviera y remesara a la Caja por concepto de pago de una deuda.

Expone que el mencionado descuento, al exceder el 15% de la remuneración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 inciso 3° del Código del Trabajo, además de corresponder a deudas cuya prescripción alega en sede civil, vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso expresando que en el mes de marzo del año 2015, ingresó a trabajar como conductor en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, habiendo adquirido los préstamos materia de autos durante los años 2008 y 2010, mientras prestaba servicios como operador de buses en la empresa SUBUS S.A., de la que fue finiquitado el 12 de mayo de 2010. Indica que el 16 de octubre de 2016, al momento del pago de su remuneración, advirtió que en la liquidación de remuneraciones se había efectuado un descuento de $245.320 por concepto de Préstamo CCAF Los Andes. Al consultar con el encargado de remuneraciones, dice, se le indicó que la recurrida había enviado una planilla a su empleador con los nombres de las personas a quienes debían efectuarse descuentos –entre los que se encontraba– y los montos que debían serle rebajados, señalándole que como empleador estaba obligado a realizarlos, informándole con fecha 4 de noviembre de manera formal el motivo del referido descuento.

Añade que dicha deducción es ilegal, ya que la Caja, en un uso abusivo de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, transgrede lo dispuesto en el artículo 58 inciso 2° del Código del Trabajo en cuanto se requiere acuerdo escrito del empleador y del trabajador para deducir de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, las que no pueden exceder del 15% de la remuneración total del trabajador.

En cuanto a las garantías constitucionales que señala vulneradas, se limita a exponer que se le ha privado del ejercicio del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, en cuanto al monto que excede al máximo legal permitido, perjudicando su patrimonio.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se deja sin efecto el descuento de su remuneración del mes de octubre de 2016, disponiendo que la recurrida debe restituirle el importe de dicho descuento efectuado en exceso; que se ordene a la recurrida abstenerse de informar y de requerir a su empleador, actual o futuro, el descuento de sus remuneraciones por este concepto, que no exceda el 15% establecido en el artículo 58 inciso 2° del Código del Trabajo; y que se condene en costas a la recurrida.

La actora, a su vez, acompaña copia de documento que da cuenta de descuento, emitido por el Subdepartamento de remuneraciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; Finiquito de la Empresa SUBUS S.A.; copias de Información de Créditos Personales solicitados a la recurrida y copia de carta dirigida a la Corporación Administrativa del Poder Judicial con fecha 3 de noviembre de 2016 solicitando información respecto del descuento y solicitando se ponga término al mismo.

A fojas 30, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacua el informe solicitando el rechazo con costas del recurso de protección, exponiendo en primer término, que con fecha 12 de mayo de 2008 su parte otorgó un crédito social al recurrente por la suma de $2.999.509, pagadero en 39 cuotas a contar del mes de junio de dicho año. Posteriormente, en el mes de febrero de 2010, se le concedió otro crédito social, esta vez por la suma de $300.000, pagadera en 18 cuotas a contar del siguiente mes de marzo.

Dichas cuotas, indica, se pagaron regularmente hasta el primer trimestre del año 2010, produciéndose con posterioridad la mora de los referidos créditos, los que a la fecha están siendo descontados de la remuneración del recurrente, mediante retención practicada por su empleador.

A continuación, expone que en el caso de autos no se ha producido la afectación del derecho de propiedad denunciada, toda vez que ha sido el recurrente quien contrajo una obligación con la recurrida, la que produjo una serie de efectos y consecuencias jurídicas bajo el amparo de nuestro sistema normativo, por lo que su actuar no es ilegal y se enmarca dentro de las facultades que las normas legales vigentes le confieren con el objeto de cobrar un crédito válidamente otorgado, y cuyas cuotas no han sido pagadas en los plazos convenidos.

Al efecto, sostiene que los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley N° 17.322 y 22 de la Ley N° 18.833, consagran la facultad de las Cajas de Compensación para informar a la entidad empleadora afiliada la existencia de créditos impagos, a fin de que estas procedan a retener y remesar los fondos respectivos a la Caja, tratándose de un mandato irrenunciable para la recurrida y cuya aplicación es fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República.

Añade que, a diferencia de lo aseverado por la recurrente, no se consulta la voluntad del afiliado para proceder a los descuentos respectivos, pero con todo, y para efectos de advertirle de las implicancias del crédito concedido, ello le fue informado al momento del otorgamiento del mismo, suscribiendo una autorización de descuento a fin que su actual o futuro empleador o empleadores descontaran los dividendos correspondientes de sus remuneraciones mensuales. Asimismo, este mandato se encuentra redactado en términos imperativos, por lo que resulta obligatorio para el empleador efectuar la retención y remesa una vez informada la deuda.

En relación con la supuesta arbitrariedad del acto denunciado, este aparece motivado en el contrato de mutuo celebrado con el recurrente, quien obligó parte de su patrimonio en favor de la recurrida y no puede ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento u otra causa legal, de conformidad al artículo 1545 del Código Civil.

En cuanto a que el supuesto acto ilegal se concreta en el descuento por sobre el máximo legal contemplado en el inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo, indica que dicha norma no es aplicable a la recurrida, por cuanto el límite del 15% se refiere expresamente a descuentos convencionales, que son aquellos acordados, convenidos o pactados entre el trabajador y el empleador, destinados a hacer pagos de cualquier naturaleza, entre los que no se contemplan los descuentos legales de los incisos 1° y 2° del mismo artículo 58 del Código del Trabajo, argumentación que ha sido recogida por la Dirección del Trabajo, en Dictamen Ord. N° 0262/004 de 17 de enero de 2012.

Finalmente, esgrime que el recurso de protección es improcedente, desde que el recurrente estima que la deuda que se cobra se encontraría prescrita y manifiesta que con el objeto de evitar su cobro habría iniciado un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, con lo que reconoce que ese es el único medio idóneo con el cual puede obtener la satisfacción de sus pretensiones, y no el recurso de protección deducido, especialmente si no ha sido fundada la forma en que se afectarían garantías constitucionales al intentar el cobro legítimo de una deuda voluntariamente contraída.

Previo a entrar a la vista del recurso, se pidió informe al tenor del presente recurso al Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entidad que a fojas 37 de autos comunica que el recurrente se desempeña desde marzo de 2015 como conductor de Bus Informativo, dependiente del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, habiendo obtenido con anterioridad un crédito en la CCAF Los Andes, cuyas cuotas de cobro fueron incorporadas por esta institución, en las nóminas que mensualmente se ingresan para ser descontadas en el pago mensual de sueldos, considerando su obligatoriedad legal, por su asimilación a un descuento de cotización previsional.

Agrega que el monto a pagar asciende a $245.320 y ha sido aplicado hasta la planilla de pago de sueldos de diciembre de 2016, considerando que, según acuerdo del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el total de descuentos mensuales puede alcanzar hasta el 40% de la remuneración líquida a percibir, y no hasta el 15% por aplicación del Código del Trabajo, por lo que el descuento está correctamente aplicado.

Añade que el recurrente no ha presentado ninguna petición formal exponiendo su caso y solicitando la suspensión transitoria del descuento, limitándose sólo a consultar el origen de la rebaja, solicitud que habría posibilitado suspender dicho descuento, considerando que a la Caja recurrida se le comunicó la interrupción de los descuentos, dada la frecuencia de reclamos de funcionarios, tanto por casos informados fuera de plazo sin incluir en la nómina mensual, o por situaciones como el caso del recurrente.

Se trajeron los autos en relación a fojas 34.

Considerando:

Primero: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

Segundo: Que del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca la actuación de la Caja de Compensación Los Andes por la cual solicitó a la actual empleadora de la actora que descontara de sus remuneraciones mensuales, desde el mes de octubre de 2016, las cuotas de créditos sociales otorgado por la Caja de Compensación Los Andes al actor, que datan de los años 2008 y 2010, respectivamente;

Tercero: Que de cara a las argumentaciones expresadas en el motivo que precede corresponde anotar que los postulados de la parte impugnante obligarían a esta Corte resolver sobre el fondo del asunto, declarando que el descuento que se dispuso se hiciera en sus remuneraciones al trabajador es improcedente, situación ésta que importaría un juicio valorativo y declarativo con aplicación de las normas legales atingentes. Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal según quedó consignado en el razonamiento primero de este fallo. A la conclusión precedente se arriba máxime si se tiene en cuenta que según se ha manifestado, tanto en el libelo de protección como en estrados por la abogada recurrente, las partes se encuentran en la actualidad vinculadas judicialmente por haberse deducido acciones que persiguen tanto el cobro del mutuo como la prescripción de la deuda, que sirven precisamente de sustento al presente recurso y, por consiguiente pendientes de ser resueltas por la vía y el órgano que corresponde;

Cuarto: Que a lo anterior debe aún adicionarse que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados e indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos;

Quinto: Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso debe ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “El recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero -sea autoridad o particular- pretenda aplicar justicia por sí mismo.” (“Límites al recurso de protección en materia contractual¿, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae Nro. 6, 2002, p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “[…] si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de las garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39);

Sexto: Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que encuentra los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar sobre la validez del título invocado por la recurrida para justificar el descuento y consecuente cobro del crédito social que invoca ni lo es para decidir sobre la exigibilidad actual del mismo.

En este sentido nombre reservado señala que “[…] si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericanas es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal.” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211);

Séptimo: Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de las fronteras del recurso de protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, solo por ese motivo no puede prosperar;

Octavo: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 8 por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti.

N° Protección-119.142-2016.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado, e integrada por la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de enero de dos mil diecisiete, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.