nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 4 de septiembre de 2025
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 11909-2025, sentencia de 4 de septiembre de 2025
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección contra la Caja de Compensación, porque los descuentos por planilla cesaron antes del fallo y la recurrida restituyó íntegramente las sumas deducidas, desapareciendo la perturbación denunciada.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, cuatro nombre reservado de dos mil veinticinco.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, con fecha 23 de mayo de 2025, comparece nombre reservado, técnico en enfermería, patrocinada por la abogada Paula Andrea Cancino Kobek, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario consistente en los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración mensual, solicitados por la recurrida a su empleador, mientras de manera paralela la misma entidad mantiene un juicio ejecutivo de cobro en su contra, lo que vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución.
Expone como antecedentes que el 23 de marzo de 2023 suscribió pagaré N° 1349012356 por $3.763.734, en 60 cuotas; pagó hasta la cuota 5 y quedó en mora desde septiembre de 2023; la Caja demandó ejecutivamente el 13 de agosto de 2024 ante el 28° Juzgado Civil de Santiago (rol C-14758-2024), encontrándose la causa en etapa de excepciones y con resolución sobre admisibilidad de 10 de marzo de 2025.
Señala que, pese a haber optado por la vía judicial, la recurrida inició descuentos en enero de 2025 y los mantiene, afectando gravemente su ingreso familiar. Identifica su empleo como auxiliar de enfermería en la UCI del Hospital de Carabineros; más adelante añade que desde diciembre de 2024 trabaja para SODEXO como administrador de contratos.
Precisa que el acto reclamado consiste en los descuentos mensuales iniciados en enero de 2025 y reiterados, ejecutados a requerimiento de la Caja mientras existe juicio ejecutivo en curso, lo que —sostiene— importa privación del atributo esencial de usar y gozar de su remuneración, con impacto directo en la subsistencia familiar.
Recalca que la Caja, habiendo optado por la vía judicial, debe ceñirse a ella y no puede en paralelo “auto-ejecutar” cobros por planilla, menos sin acuerdo escrito en los términos del artículo 58 del Código del Trabajo ni respetando topes.
Invoca el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado de 24 de junio de 1992, sosteniendo que accionó dentro de plazo de 30 días contado desde la nueva afectación (un descuento de mayo de 2025).
Alega concurrencia de los presupuestos del recurso: (i) conducta ilegal y arbitraria por descuentos sin sustento y en paralelo a un proceso de cobro judicial; (ii) afectación consistente en privación del derecho de propiedad sobre su remuneración; (iii) nexo causal entre el obrar de la recurrida y la privación; y (iv) idoneidad de la acción para restablecer el imperio del derecho. Cita el artículo 19 N° 24 (dominio y límites sólo por ley) y el artículo 58 inciso 3° del Código del Trabajo (descuentos convencionales escritos y con tope del 15% de la remuneración total), destacando que cualquier descuento distinto debe pactarse por escrito.
Invoca además doctrina y dictámenes de la Dirección del Trabajo (ORD. 2210/35, 10.06.2009) sobre límites infranqueables y principio de proporcionalidad en la afectación de derechos fundamentales de trabajadores.
Apoya su tesis en fallos de la Corte Suprema que, en contextos análogos, han reputado ilegales o arbitrarios descuentos por planilla para cobrar créditos sociales: (a) nombre reservado c/ Caja Los Andes, rol 92.814-2016, que acogió protección por exceder topes y por autotutela, afectando el derecho de propiedad; (b) rol 73.938-2016 (01.03.2017), que consideró improcedente el descuento frente a obligación natural por prescripción de la acción; y (c) Alvarado c/ Caja Los Andes, rol 125.593-2020 (08.03.2021), que calificó de antojadizo “revivir y forzar” el beneficio del art. 22 de la Ley 18.833 mediante descuentos Intercajas con largo tiempo transcurrido y sin cobranza judicial oportuna, ordenando cesar los descuentos. Desarrolla además el estándar de “ilegalidad” (contradicción con la ley) y “arbitrariedad” (desproporción, ausencia de fundamentación racional) conforme a líneas jurisprudenciales citadas.
Solicita se acoja su recurso y (i) se ordene a la recurrida cesar inmediatamente los descuentos por planilla sobre su remuneración; (ii) se restituyan las sumas ya descontadas desde enero a marzo de 2025, que totaliza en $394.965, y las posteriores que se hubieren practicado; y (iii) se le condene en costas.
SEGUNDO: Que comparece Ericka Vera Ohberg, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, y evacua informe solicitando el rechazo del recurso por inexistencia de acto ilegal o arbitrario.
Expone, como antecedentes, que la recurrente contrató con la Caja un crédito social el 23 de marzo de 2023 por $3.730.000, a una tasa de 2,85% anual, pagadero en 60 cuotas mensuales de $131.655, registrado bajo folio 1349012356; que la deudora incurrió en mora desde la primera cuota, cuyo vencimiento estaba pactado para el 10 de noviembre de 2023; y que, constatada la morosidad, se activaron mecanismos de cobro extrajudicial, incluyendo la incorporación al sistema integrado de recaudación “Intercajas” para descuentos por planilla, todo ello conforme a la normativa sectorial.
Añade que también se dedujo demanda ejecutiva rol C-14758-2024 ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, en cumplimiento del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación (Libro III, 3.1.17.2), atendido el deber de resguardar el fondo social destinado a prestaciones de seguridad social.
Sostiene que el crédito es vigente, exigible y no prescrito, y que el descuento mensual de la cuota es un mecanismo legal de recaudación más beneficioso para la deudora que el cumplimiento forzado en sede ejecutiva, pues evita la realización de bienes.
En derecho, afirma la plena regularidad del proceder invocado.
Cita el artículo 1º de la Ley Nº 18.833 (naturaleza y fines de las C.C.A.F.), el artículo 58 del Código del Trabajo (obligación del empleador de deducir, entre otros, obligaciones con instituciones de previsión u organismos públicos) y, especialmente, el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, que ordena que lo adeudado por prestaciones de crédito social sea deducido de la remuneración por el empleador, retenido y remesado a la Caja, bajo las mismas reglas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.
Vincula lo anterior con el artículo 22 de la Ley Nº 17.322 sobre la obligación de enterar oportunamente los descuentos efectuados.
Agrega que en la cláusula décima del pagaré la Sra. nombre reservado otorgó mandato y facultó a su empleador —actuales y futuros— para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas, por lo que el descuento por planilla no sería una autotutela ni un “doble cobro”, sino el ejercicio de un mecanismo expresamente previsto por el legislador y menos gravoso para la deudora.
Consecuentemente, niega cualquier afectación de garantías constitucionales por parte de la recurrida y solicita el rechazo de la acción.
Finalmente, y “sin reconocer” los fundamentos del recurso, informa que la Caja ha dispuesto cesar los descuentos y restituir a la recurrente las sumas deducidas desde enero de 2025, solicitando a tal efecto que la actora remita los datos de su cuenta bancaria al correo que indica, lo que se comunicará a la Corte una vez efectuado el pago, pidiendo tener por evacuado el informe.
TERCERO: Que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, mediante presentación de con fecha 22 de julio pide se tenga presente que su representada dio íntegro cumplimiento a lo comprometido en el informe de 12 de junio de 2025, pues registró el cese definitivo del cobro del crédito social de la actora con fecha 17 de julio de 2025, excluyéndolo de toda gestión de cobro, incluido el sistema integrado “Intercajas”; solicitó además a la empleadora de la recurrente la suspensión del cobro informado para junio de 2025 y, respecto de la restitución, efectuó transferencia electrónica el 18 de julio de 2025 por $594.855 a la cuenta de la actora, suma que correspondería a los descuentos practicados desde enero de 2025.
CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.
Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.
QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, se constata que el acto recurrido —descuentos por planilla practicados a la remuneración de la actora— cesó con anterioridad al fallo y que, además, la recurrida restituyó íntegramente las sumas deducidas.
En efecto, obra en autos comunicación de 13 de junio de 2025 dirigida al Departamento de Remuneraciones del Hospital de Carabineros por la cual la Caja solicita la suspensión del descuento correspondiente al mes de junio y de eventuales futuros cobros; y, posteriormente, consta certificado bancario que acredita transferencia efectuada el 18 de julio de 2025 por $594.855 a favor de la recurrente, suma que corresponde a lo descontado.
Con ello, el imperio del derecho se encuentra ya restablecido, desapareciendo la perturbación denunciada.
SEXTO: Que, en razón de lo anterior, la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, motivo por el cual será desestimada.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.
Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.
N°Protección-11909-2025.