Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado quien interpuso recurso de protección, a través de formulario dispuesto por esta Corte, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de mayo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, extendidas por un total de 153 días a contar del 24 de marzo de 2022, por el reposo injustificado.

Afirma que el acto sería ilegal y arbitrario por que vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica, reconocido en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución antes señalada y se ordene el pago de la licencia médica rechazada.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Informa que la actora recurre en contra del rechazo de siete licencias médicas y refiere los motivos del rechazo de cada una:

En primer lugar indica que las licencias médicas números NUM001 y NUM003 fueron rechazadas porque el informe psiquiátrico del 22 de agosto de 2022, con diagnóstico M79+F43 (Reacción al estrés-fibromialgia), no presentó escalas de gravedad ni evaluación de riesgo suicida, siendo que la paciente contaba con 303 días acumulados por patología de origen mental, psíquico y físico. Además, el informe médico del 23 de mayo de 2022 resultó idéntico al del 22 de agosto de 2022.

En cuanto a la licencia médica N°NUM002 fue rechazada porque no se demostró el rol terapéutico del reposo, y pese a su extensión, no se mencionó mejoría ni intervenciones multidisciplinarias.

Por otra parte, la licencia N° NUM005 fue rechazada al no justificarse la extensión del reposo más allá de lo previamente autorizado, presentándose un informe pediátrico no protocolizado y escueto, sin detallar episodios bronquiales mensuales, factores de riesgo, estado nutricional, necesidad de kinesioterapia, respuesta a tratamientos, radiografías anormales o derivación a sala IRA.

Luego, la licencia N° NUM007 no fue autorizada porque del informe médico adjunto no se desprendieron argumentos que permitieran justificar la necesidad de prolongación del reposo. Las licencias números NUM004 y NUM006 fueron rechazadas porque el informe médico enviado resultó muy general, sin exámenes, sin carnet de sala ERA, sin documentos de atención de urgencia ni epicrisis. En este último caso se precisa que se trata de una mujer de 52 años con reposo laboral continuo tras el término del período parental.

Agrega que la usuaria recurrió ante la SUSESO, quien rechazó su recurso de reposición por haber sido interpuesto de forma extemporánea.

Agrega que dicha institución es un organismo eminentemente técnico que se rige según lo establecido en el Decreto 7/2013, que aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas. Señala que se guía por el Decreto Supremo N° 3/1984, cuyo artículo 14 establece la competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN para rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial. Concluyó indicando que sus actuaciones se enmarcan en parámetros objetivos dispuestos por la ley y normativas vigentes, buscando asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que, comparece el abogado Francisco Ortega Bello, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que el Servicio no acogió el reclamo de la actora debido a que, la parte recurrente interpuso un recurso de reposición, fuera del plazo legal.

Precisa que la señora nombre reservado, el 6 de mayo de 2025, solicitó ante dicha institución la reconsideración de las Resolución Exenta N° NUM008, de fecha 19 de febrero de 2025 y de la Resolución Exenta N° NUM009, de fecha 13 de noviembre de 2024, que confirmaron el rechazo de las licencias médicas N°sNUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, respectivamente, extendidas por un total de 153 días, a contar del 24 de marzo de 2022, por reposo no justificado.

Señala que según el artículo 59, de la Ley N° 19.880 el plazo para interponer el recurso de reposición en contra de los actos administrativos es de 5 días, debiendo contabilizarse dicho plazo de conformidad al artículo 25 de la misma ley.

Así, en la especie, la actora tenía plazo para recurrir hasta el 20 de noviembre de 2024, en el caso de la Resolución Exenta N° NUM009, y hasta el 26 de febrero de 2025 respecto de la Resolución Exenta N° NUM008.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta NUM000, de 19 de mayo de 2025, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.

Añade que la usuaria autorizó expresamente recibir notificación vía correo electrónico, proporcionando, para esos efectos, una casilla de correo personal, a la cual se enviaron ambas resoluciones recurridas.

Destaca que a la Superintendencia le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, particularmente, debe asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, que exista una actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de esa entidad.

Concluye que actuó dentro del ámbito de sus competencias establecidas en la Ley N° 16.395 y conforme al marco normativo del D.F.L. N°1 de 2005 y D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, y asevera que no existe derecho de propiedad sobre subsidios por incapacidad laboral sin licencias médicas debidamente autorizadas, y que no se configuró vulneración alguna de derechos constitucionales indicados por la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de mayo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) Que, en la especie, la notificación de las:

Resolución recurrida se realizó el día 19/02/2025, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 26/02/2025, Resolución recurrida se realizó el día 13/11/2024, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 20/11/2024, respectivamente, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora.

Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo.

Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo”.

Al respecto, es dable destacar que en las resoluciones que rechazaron las licencias médicas que se indican en el recurso -N°NUM009 y NUM008- se ordenó la notificación al correo de la recurrente. Lo anterior permite tener como fecha cierta de la notificación el día hábil siguiente al cual fue expedido el acto, que para el caso particular son los días 14 de noviembre de 2024 y 21 de febrero de 2025 respectivamente, por lo cual, habiendo interpuesto la reclamación en contra de dichos actos en el mes de mayo del año 2025, dicho recurso resulta extemporáneo, tal como se resuelve en el acto objeto del presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 11907-2025-Protección