CLINICA IQUIQUE con DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS

C.A. de Santiago Santiago, quince de marzo de dos mil veintitrés.

A los folios 9 y 10: a todo, téngase presente.

Visto y considerando:

Primero: Que Marion Alvarado Rojas, abogada de Clínica Iquique S.A., recurre de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por confirmar su inhabilidad por dos años en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado.

Relata que el 28 de septiembre del 2022 se notifica a su representada de la Resolución Exenta 0536-B de 26 de septiembre del 2022 que rechaza recurso de reposición contra resolución No. 462-B, de 23 de agosto de 2022 y en consecuencia, confirma aquélla que deja sin efecto por el plazo de dos años la habilidad de proveedor Clínica Iquique S.A. en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, atendido la sentencia dictada en causa RIT T-144-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, por vulneración de derechos fundamentales.

Hace presente que el 6 de agosto de 2021 su representada fue notificada de la demanda laboral T-144-2021 interpuesta por un ex trabajador en la que se dicta sentencia acogiendo acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Contra dicha sentencia interpuso recurso de nulidad y en marzo de 2022 dedujo recuso de unificación de jurisprudencia.

Con fecha 21 de abril de 2022, mientras la causa se encontraba en la Excma. Corte Suprema, las partes arriban a un avenimiento, en el cual se acordó que las partes renuncian, a todo tipo de acciones y, en consecuencia, no tienen cargos, ni acciones, ni derechos de ninguna especie que hacer valer o reclamarse, otorgándose el más amplio, completo, total y reciproco finiquito.

Con fecha 14 de julio de 2022 el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique remite oficio con copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo.

Arguye que si bien el juez de la causa condenó a la recurrente por vulneración de derechos fundamentales y ordenó hacer pago de las sumas indicadas en la sentencia, en ningún caso se ordenó oficiar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo tanto, esta última hace extensivo los efectos de un fallo del cual no se le ha ordenado cumplir jurisdiccionalmente y lo que es peor aún, solicitó dejar sin efecto.

Así, estima que la inhabilidad es un acto ilegal e arbitrario, por cuanto la sanción es desmedida, afectando el principio de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso, del artículo 4° de la Ley 19.886, por lo que su exclusión daña su actividad comercial e incluso pone en riesgo la fuente laboral de sus trabajadores que dependen de la ejecución de las licitaciones y de los contratos que suscribe con el Estado.

Así mismo, alega que el acto administrativo impugnado es arbitrario, porque no existe motivo real que lo fundamente.

En razón de lo anterior, invoca como garantías vulneradas, aquélla del artículo 19 N°2 la Constitución Política de la República, por cuanto aplica el artículo 4 inciso primero de la ley 19.886 de manera única e irrestricta y sin consideración al caso concreto. En efecto, el acto recurrido es ilegal, no existe en sí fundamento fáctico de la decisión, lo que incluso implica vulnerar lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, siendo la decisión desproporcionada y arbitraria.

Por otro lado, alega conculcado su derecho de propiedad, por cuanto la actuación ilegal y arbitraria no permite a su representada participar en licitaciones a que llamen los organismos del Estado, y constituye un impedimento ilegal para que ejerza sus actividades que le son propias, representando un grave perjuicio patrimonial.

Conforme lo expuesto, pide se deje sin efecto dicha inhabilidad y proceder a reincorporar a la recurrente al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública, o el que haga sus veces, como un Proveedor habilitado, con costas.

Segundo: Que doña nombre reservado, directora de la Dirección de Compras Públicas informó que el artículo 4° de la ley N° 19.886 establece una inhabilidad para contratar con la Administración del Estado, excluyendo a quienes, “dentro de los dos años anteriores al momento de presentar su oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

Así, en relación con el recurso intentado, refiere que lo que motivó la dictación de la resolución en comento se debió a que la Dirección fue informada el 14 de agosto de 2022 por la Dirección del Trabajo respecto de la condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, sentencia que fue certificada de ejecutoriedad con fecha 31 de marzo de 2022.

En este contexto, con ocasión de la revisión del recurso de protección antedicho y elaboración del presente informe, se revisaron nuevamente los argumentos presentados en la reposición, los cuales fueron reiterados en el recurso de protección. Así también pudo constatar que, a partir de los hechos indicados en las secciones anteriores, la Dirección fue informada formalmente de la pérdida de los efectos del Oficio N° L-2398/2022 por parte de la Dirección de Trabajo, mediante correo electrónico emitido de fecha 3 de octubre de 2022.

De esta manera, habiéndose formalizado la situación por el mismo canal que se informó de la sentencia ejecutoriada en la causa T-144-2022, la Dirección ChileCompra procedió a dejar sin efecto la resolución N° 462-B, de 2022, por la cual se resolvió la habilidad de la recurrente en el Registro de Proveedores, así como a la resolución N° 536-B, de 2022, que rechazó el recurso de reposición contra la resolución anterior. En este sentido, lo señalado se materializó a nivel de acto administrativo mediante la resolución N° 654-B, de 9 de noviembre de 2022, la cual acompaña.

Así, habiéndose acogido la solicitud de forzar la habilidad por parte del recurrente, estando actualmente hábil el proveedor, la acción de autos, encaminada a resguardar una afectación concreta o potencial a un derecho fundamental aparece como innecesaria, perdiendo oportunidad.

En atención a los antecedentes y consideraciones anotadas, principalmente que ha perdido oportunidad el recurso, procede que se desestime el recurso de protección deducido en estos autos en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del presente arbitrio, esto es, “se deje sin efecto dicha inhabilidad y proceder a reincorporar a la recurrente al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública” y lo informado por la recurrida en orden a que a la fecha del informe de 15 de noviembre de 2022 se procedió a habilitar a la recurrente en el Registro de Proveedores, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la recurrente;

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por Marion Alvarado Rojas en favor de Clínica Iquique S.A. en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-119032-2022.