Protección contra Gendarmería de Chile

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, por estimar ilegales y arbitrarias las siguientes actuaciones y omisiones: la falta de pronunciamiento formal sobre el desistimiento de renuncia presentado con fecha 30 de mayo de 2025; la dictación de la Resolución Exenta RA N° NUM000, de 2 de junio de 2025, que aceptó su renuncia voluntaria prescindiendo de dicho desistimiento; y la respuesta contenida en el Oficio Ordinario N°NUM001, de 20 de marzo de 2026, actuaciones que estima vulneratorias de las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2°, 3° inciso quinto, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

Funda su acción señalando que se desempeñaba como profesional, grado 12° de la Escala Única de Sueldos, en calidad de contrata, como Encargada de la Oficina de Planificación y Control de Gestión de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, con calificación en Lista N° 1 y puntaje máximo en los períodos 2022-2023 y 2023-2024.

Expone que con fecha 20 de mayo de 2025 presentó renuncia voluntaria a su cargo, recepcionada por la Unidad de Fiscalía el 23 de mayo de 2025 y que, con fecha 30 de mayo de 2025, esto es, antes de la dictación del acto administrativo que aceptó la renuncia y sin haber abandonado el servicio, presentó su desistimiento por 2 vías simultáneas: escrito ingresado por la Oficina de Partes de la Dirección Nacional, y correo electrónico institucional dirigido al entonces Director Nacional, con copia al Jefe de la Unidad de Fiscalía.

Agrega que a esa fecha no había cesado en el desempeño de sus funciones, pues los registros de asistencia acreditan jornada completa el día 20 de mayo de 2025; uso de descanso compensatorio los días 23, 26, 27 y 28 de mayo, autorizado por resolución de su jefatura directa de 16 de mayo de 2025, es decir, con anterioridad a la presentación de la renuncia; jornada laboral completa el día 2 de junio; y concurrencia a su puesto de trabajo el día 3 de junio de 2025, oportunidad en que fue bloqueado su acceso al sistema de marcación institucional. 1 Añade que el día 3 de junio solicitó a su jefatura directa la regularización de las marcaciones de los días 29 y 30 de mayo con cargo a horas compensatorias, comunicación cuyo recibo fue acusado por el jefe de la Unidad de Fiscalía, quien instruyó gestionar lo solicitado.

Refiere que, no obstante lo anterior, con fecha 2 de junio de 2025 la recurrida dictó la Resolución Exenta RA N° NUM000, que aceptó la renuncia fijando retroactivamente sus efectos al 24 de mayo de 2025, sin pronunciamiento previo alguno sobre el desistimiento, siéndole notificada el 3 de junio de 2025, en circunstancias que, según la bitácora del sistema SIAPER, el acto aún se encontraba en tramitación interna el 30 de mayo de 2025, registrándose ese día su envío a revisión y remisión para firma, y el 2 de junio la reasignación del firmante.

Expone que desplegó gestiones ante el propio Servicio, reiterando su solicitud el 8 de agosto de 2025 e insistiendo por correos electrónicos los días 24 de septiembre, 6 de octubre y 27 de octubre de 2025, todos sin respuesta, y que recurrió a la Contraloría General de la República, la que mediante Oficios N° NUM002, de 12 de enero de 2026, y N° NUM003, de 7 de marzo de 2026, instruyó a Gendarmería de Chile emitir pronunciamiento directo sobre su presentación.

Indica que sólo el 20 de marzo de 2026 Gendarmería emitió el Oficio Ordinario N° NUM001, el que no resolvió el retracto, limitándose a sostener que el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas lo habría recepcionado recién el 4 de junio de 2025, instrumento que estima internamente contradictorio y que hace recaer sobre la funcionaria las consecuencias de la tramitación documental interna del órgano.

Pide, en definitiva, que se declare que las actuaciones y omisiones descritas son ilegales y arbitrarias; que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° NUM000; que se ordene su reincorporación al cargo en iguales condiciones, con pleno restablecimiento de sus derechos estatutarios; que se disponga el pago íntegro de las remuneraciones y demás estipendios no percibidos desde el 24 de mayo de 2025 hasta la efectiva reincorporación, con el entero de las cotizaciones previsionales y de salud del período; en subsidio, que se ordene a la recurrida emitir pronunciamiento formal y fundado sobre el desistimiento, con costas. 2 Segundo: Que, evacua informe la abogada Marcela Vilches Troncoso, en representación de la recurrida Gendarmería de Chile, y solicita el rechazo de la acción constitucional intentada, por las razones que pasa a exponer.

Como cuestión preliminar, pide que la acción sea declarada extemporánea, por cuanto el acto relevante sería la Resolución Exenta RA N° NUM000, notificada a la actora el 3 de junio de 2025, de modo que el plazo de 30 días corridos habría vencido el 3 de julio de 2025, en circunstancias que el recurso se interpuso el 22 de abril de 2026, sin que el Oficio Ordinario N° NUM001 contenga una nueva decisión terminal ni altere una situación jurídica que estima consolidada.

En cuanto al fondo, expone los antecedentes funcionarios de la actora, quien ingresó al Servicio el 11 de marzo de 2022, con sucesivas renovaciones de su contrata, la última por Resolución Exenta RA N° NUM004, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Señala que la carta de renuncia indicó como fecha efectiva de término el 20 de mayo de 2025; que la Unidad de Fiscalía la remitió al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas por Oficio Ordinario N° NUM005, de 26 de mayo de 2025; y que la Resolución Exenta RA N° NUM000 aceptó la renuncia a contar del 24 de mayo de 2025, por no resultar procedente el efecto retroactivo al día 20.

Refiere que el desistimiento de 30 de mayo de 2025 solo fue recibido por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas el 4 de junio de 2025 y que, en todo caso, este carece de eficacia por no concurrir el requisito de no abandono del servicio, pues la actora no registra marcaciones ni justificación los días 29 y 30 de mayo de 2025, habiendo operado, a su juicio, una renuncia tácita a las horas compensatorias solicitadas, incompatibles con la voluntad de dimitir. Cita jurisprudencia administrativa al efecto.

Da cuenta, además, de un sumario administrativo instruido por Resolución Exenta D.N. N° NUM006, de 23 de mayo de 2025, actualmente pendiente de resolución, que incluye a la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el 3 legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que la recurrida sostiene que el único acto relevante para el cómputo del plazo es la Resolución Exenta RA N° NUM000, notificada el 3 de junio de 2025, por lo que la acción, deducida el 22 de abril de 2026, sería extemporánea.

Quinto: Que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia dispone que el plazo de 30 días corridos se cuenta desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

La distinción que el propio Auto Acordado formula en atención a la naturaleza del agravio obliga a considerar que, en la especie, lo reprochado no se agota en la dictación del acto que aceptó la renuncia, sino que comprende, de manera principal, una omisión: la falta de pronunciamiento formal de la Administración sobre el desistimiento ingresado el 30 de mayo de 2025, abstención que subsiste hasta la fecha, desde que no existe acto administrativo terminal que lo resuelva.

Tratándose de una omisión de carácter continuo o permanente, el agravio se renueva mientras aquella persiste, de suerte que no puede entenderse precluida la acción por el solo transcurso de 30 días contados desde su inicio.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, consta que la actora no permaneció inactiva, sino que agotó las vías administrativas a su alcance, reiterando su solicitud el 8 de agosto de 2025 e insistiendo por correos electrónicos en septiembre y octubre de 2025, y que la Contraloría General de la República, por Oficios de 12 de enero y de 7 de marzo, ambos de 2026, instruyó en 2 oportunidades a Gendarmería emitir pronunciamiento directo sobre la presentación.

La última manifestación expresa de la recurrida vinculada a la omisión denunciada es el Oficio Ordinario N° NUM001, de 20 de marzo de 2026, notificado el 23 de marzo de 2026, documento en el cual el Servicio, pese a 4 los requerimientos del Órgano de Control, volvió a abstenerse de resolver formalmente el retracto, limitándose a exponer antecedentes de su tramitación interna.

En consecuencia, habiéndose interpuesto la acción el 22 de abril de 2026, ella lo fue dentro del plazo de 30 días corridos contado desde dicha notificación, motivo por el cual la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, constituyen hechos no discutidos, los siguientes: i) la actora suscribió su renuncia voluntaria con fecha 20 de mayo de 2025, la que fue recepcionada por la Unidad de Fiscalía el 23 de mayo del mismo año; ii) por resolución de 16 de mayo de 2025, esto es, anterior a la renuncia, se le autorizó el uso de descanso compensatorio; iii) el viernes 30 de mayo de 2025 la actora ingresó por la Oficina de Partes de la Dirección Nacional de Gendarmería, el desistimiento de su renuncia, comunicándolo el mismo día por correo electrónico institucional al director nacional del Servicio, con copia al jefe de la Unidad de Fiscalía; iv) el jefe de la Unidad de Fiscalía, por Oficio Ordinario N° NUM007, de 2 de junio de 2025, remitió el desistimiento al director nacional para su revisión y mejor resolver; v) ese mismo día 2 de junio de 2025 se dictó la Resolución Exenta RA N° NUM000, que aceptó la renuncia fijando sus efectos a contar del 24 de mayo de 2025, acto notificado personalmente a la actora el 3 de junio de 2025; vi) conforme a la bitácora del sistema SIAPER, el 30 de mayo de 2025 la resolución registraba aún actuaciones de elaboración, su envío a revisión y remisión para firma, y el 2 de junio de 2025 la reasignación del firmante; vii) el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas recibió materialmente el desistimiento el 4 de junio de 2025; y viii) el 20 de marzo de 2026, previos 2 requerimientos de la Contraloría General de la República, el Servicio emitió el Oficio Ordinario N° NUM001, que no contiene una decisión terminal sobre el retracto.

Octavo: Que el artículo 147 del Estatuto Administrativo, dispone que la renuncia produce efectos desde la fecha en que quede totalmente 5 tramitada la resolución que la acepta, salvo que en ella se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad.

Por otro lado, la jurisprudencia administrativa uniforme de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los Dictámenes N°s 25.258, de 2012; 49.447, de 2012; 74.732, de 2012, y 31.997, de 2019, ha establecido que el funcionario puede desistirse de su renuncia voluntaria, y que el retracto produce plenos efectos, cuando concurren copulativamente 2 requisitos: 1.- que se presente antes de la total tramitación del acto administrativo que acepta la renuncia, y 2.- que el funcionario no haya abandonado el servicio.

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que la renuncia solo se perfecciona con su aceptación mediante el acto administrativo terminal, de modo que, mientras esta no se verifique, resulta jurídicamente procedente la retractación, ordenando en tal caso la reincorporación del funcionario y el pago de las remuneraciones devengadas (CS Rol N° 69.643-2021).

Noveno: Que, en cuanto al primero de dichos requisitos, la oportunidad del retracto resulta manifiesta, pues, el desistimiento fue ingresado por la Oficina de Partes el 30 de mayo de 2025, en circunstancias que la Resolución Exenta RA N° NUM000 se dictó recién el 2 de junio de 2025 y, según la bitácora del sistema SIAPER, a la data del ingreso del retracto el acto se encontraba todavía en proceso de elaboración y firma. El desistimiento precedió, entonces, a la dictación del acto terminal y, con mayor razón, a su total tramitación.

Luego, no altera esta conclusión la circunstancia de que la carta de renuncia consignara el 20 de mayo de 2025 como fecha de término de funciones, pues la propia autoridad no la aceptó en esas condiciones, descartó el efecto retroactivo a esa data y fijó unilateralmente el cese a contar del 24 de mayo de 2025, mediante un acto dictado con posterioridad al ingreso del desistimiento.

Así las cosas, no concurre en la especie la hipótesis de excepción que contemplan los dictámenes invocados por la recurrida, esto es, la de una renuncia con fecha determinada aceptada por la autoridad en esos 6 mismos términos, seguida del alejamiento efectivo del funcionario en la época propuesta.

Décimo: Que la circunstancia de que el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas solo recibiera materialmente el desistimiento el 4 de junio de 2025 es inoponible a la actora.

La presentación se perfeccionó con su ingreso por la Oficina de Partes del Servicio el 30 de mayo de 2025, y la posterior distribución del documento entre las distintas unidades internas del mismo Servicio constituye una carga que pesa sobre la Administración, conforme a los principios de servicialidad, celeridad y conclusividad que recogen los artículos 7 y 8 de la Ley N° 19.880 y el artículo 3° de la Ley N° 18.575.

Admitir lo contrario importaría trasladar al administrado las consecuencias de las deficiencias de la gestión documental interna del Servicio, en contravención a la buena fe que debe presidir la actuación administrativa.

A mayor abundamiento, el retracto fue comunicado ese mismo día, por correo electrónico, a la máxima autoridad del Servicio, y el propio jefe de la Unidad de Fiscalía lo remitió al director nacional el 2 de junio de 2025, esto es, el mismo día de la dictación del acto de aceptación, todo lo cual evidencia que el órgano decisor estuvo en condiciones de conocerlo y resolverlo antes de emitir el acto terminal.

Undécimo: Que, en cuanto al segundo requisito, la tesis del abandono del servicio que la recurrida construye en el Oficio Ordinario N°NUM001 y en su informe, no resiste el examen de los antecedentes, a saber: i) la actora trabajó jornada completa el día 20 de mayo de 2025, precisamente la fecha que su carta señalaba como término de funciones, lo que desde ya desmiente una voluntad de alejamiento inmediato; ii) sus ausencias de los días 23, 26, 27 y 28 de mayo se encontraban amparadas por un descanso compensatorio autorizado por resolución de la jefatura directa de 16 de mayo de 2025, anterior a la renuncia y jamás dejada sin efecto, tratándose por ende de ausencias justificadas por un título habilitante otorgado por la propia Administración; iii) la pretendida renuncia tácita a dicho beneficio que postula la recurrida constituye una construcción ex post, desprovista de sustento en 7 acto administrativo alguno y elaborada únicamente para privar de eficacia al retracto; iv) respecto de los días 29 y 30 de mayo, la actora requirió el 3 de junio de 2025 la regularización de sus marcaciones con cargo a horas compensatorias, comunicación cuyo recibo fue acusado por su jefatura, que instruyó gestionar lo pedido; y v) la funcionaria cumplió jornada completa el 2 de junio de 2025 y concurrió a su puesto de trabajo el 3 de junio, día en que se le bloqueó el acceso al sistema de marcación.

En este sentido, cabe precisar que el abandono del servicio, en cuanto circunstancia que priva de eficacia al desistimiento, supone un alejamiento definitivo de las funciones, y nada de ello concurre en quien continúa asistiendo a su lugar de trabajo, hace uso de descansos previamente autorizados, gestiona la regularización de sus marcaciones y, sobre todo, manifiesta formalmente y por escrito, mediante 2 vías simultáneas, su voluntad de permanecer en el Servicio.

En definitiva, el desistimiento de 30 de mayo de 2025 constituye, en sí mismo, la más nítida expresión de una voluntad contraria al abandono.

Duodécimo: Que refuerza lo anterior la conducta desplegada por la propia recurrida con posterioridad al retracto, la que mantuvo actuaciones compatibles con la subsistencia del vínculo funcionario, acusó recibo de la solicitud de regularización de marcaciones e instruyó gestionarla, y remitió el desistimiento a la superioridad del Servicio para su revisión y mejor resolver. Tales actuaciones generaron en la funcionaria una confianza legítima en la eficacia de su retracto que la Administración no puede posteriormente desconocer (CS Rol N° 69.643-2021).

A ello se agrega que el Oficio Ordinario N° NUM001 incurre en una contradicción que priva de razonabilidad al argumento de la Administración, pues reconoce en sus numerales 3 y 4 que la actora cumplió funciones habituales en jornada completa el 20 de mayo de 2025 y que registró descanso compensatorio entre los días 23 y 28 del mismo mes, para luego sostener, en su numeral 7, que habría existido una separación efectiva del servicio a contar del 24 de mayo de 2025, afirmaciones lógicamente incompatibles entre sí, desde que no es posible predicar la separación 8 efectiva de quien, según los propios registros del Servicio, se encontraba haciendo uso de un beneficio funcionario vigente.

Decimotercero: Que, concurriendo la oportunidad del retracto y la ausencia de abandono del servicio, el desistimiento presentado el 30 de mayo de 2025 produjo plenos efectos jurídicos, manteniéndose vigente el vínculo estatutario a la época de dictarse el acto impugnado.

En tales condiciones, la omisión de pronunciarse sobre dicha presentación antes de emitir el acto terminal infringe el artículo 147 del Estatuto Administrativo y los artículos 8, 14 y 41 de la Ley N° 19.880, que imponen a la Administración el deber de decidir expresamente todas las cuestiones planteadas por los interesados en el procedimiento; y la dictación de la Resolución Exenta RA N° NUM000, prescindiendo de un antecedente decisivo formalmente ingresado y conocido por el Servicio, torna dicho acto, además de ilegal, arbitrario, carácter que igualmente reviste la fijación retroactiva del cese a contar del 24 de mayo de 2025, fecha en la cual, conforme a los registros del propio Servicio, la funcionaria se encontraba haciendo uso de un descanso autorizado.

La justificación entregada más de 9 meses después, mediante referencias a la tramitación documental interna, no constituye la motivación oportuna y suficiente que el ordenamiento exige.

Decimocuarto: Que las actuaciones y omisiones descritas vulneran, en primer término, la garantía de igualdad ante la ley que asegura el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que la recurrida se apartó, sin justificación objetiva ni razonable, del criterio uniforme de la jurisprudencia administrativa que ella misma invoca como aplicable, otorgando a la actora un tratamiento diverso del que corresponde a quienes se encuentran en idéntica situación, esto es, funcionarios que se retractan de su renuncia antes de la total tramitación del acto de aceptación y sin haber abandonado el servicio.

Conculcan, asimismo, el derecho de propiedad que garantiza el artículo 19 N° 24 del texto constitucional, desde que la actora fue privada de los derechos incorporados a su patrimonio en razón del vínculo funcionarial, en particular de sus remuneraciones, mediante una separación de hecho desprovista de causa legal válida, atendido que el acto que la dispuso fue dictado encontrándose pendiente de resolución un desistimiento eficaz. 9 Habiéndose constatado la vulneración de las garantías señaladas, suficientes para acoger la presente acción, no se emitirá pronunciamiento sobre las restantes invocadas.

Decimoquinto: Que la existencia del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta D.N. N° NUM006, de 23 de mayo de 2025, actualmente pendiente de resolución, no obsta a lo que se resolverá, pues la eventual responsabilidad disciplinaria de la actora deberá determinarse en dicho procedimiento, conforme a sus propias reglas y con respeto a las garantías del debido proceso, cuestión enteramente diversa de la que aquí se decide.

Lo resuelto en esta sentencia lo es, en consecuencia, sin perjuicio de las facultades del Servicio para proseguir y concluir dicho sumario conforme a derecho.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y, visto, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile y, en consecuencia, se dispone:

I.- dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N° NUM000, de 2 de junio de 2025, que aceptó la renuncia voluntaria de la recurrente;

II.- que la recurrida deberá reincorporar a la actora, una vez que esta sentencia quede ejecutoriada, al cargo de profesional, grado 12° de la Escala Única de Sueldos, en calidad de contrata, en la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional, en las mismas condiciones de cargo, grado, funciones y unidad que detentaba, con pleno restablecimiento de sus derechos estatutarios;

III.- que la recurrida deberá pagar a la actora las remuneraciones, asignaciones y demás estipendios dejados de percibir desde el 24 de mayo de 2025 y hasta su efectiva reincorporación, con el entero de las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes al mismo período.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida Protección N° 11.900-2026. 10 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Pedro Caro Romero e integrada, por el ministro suplente señor Pedro Maldonado Escudero y el abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. 11