nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 SEPTIEMBRE

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por estimar ilegal y arbitrarios los descuentos efectuados sobre sus remuneraciones por concepto de un crédito social, actuación que sostiene vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que contrató con la recurrida un crédito social cuyo pago se efectuaría conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833 y que, luego de ser despedido y caer en mora, intentó regularizar su situación, ofreciéndole la Caja únicamente la posibilidad de repactar la deuda. Señala que, al no hacerlo, la recurrida optó por su cobro judicial, haciendo exigible la totalidad de la obligación e interponiendo demandas ejecutivas en las causas roles C-183687-2016 y C-77580-2016, ambas seguidas ante el 4° Juzgado Civil de San Miguel, las que posteriormente fueron archivadas.

Refiere que, no obstante haberse ejercido aquellas acciones judiciales, fue informado de que en sus remuneraciones de febrero y marzo de 2026 se efectuarían descuentos de $105.276, correspondientes al crédito mantenido con la recurrida y gestionados a través de Caja Los Andes mediante el sistema Intercajas. Agrega que, al consultar a su empleador, se le indicó que las retenciones obedecían a instrucciones de la Caja, sin que se le explicara la razón del descuento ni la forma en que se había determinado su monto.

Sostiene que dicha actuación constituye una forma de autotutela y resulta arbitraria, por cuanto la recurrida, después de haber optado por perseguir judicialmente el total de la obligación mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, habría retomado paralelamente su cobro mediante descuentos mensuales de remuneraciones. Invoca al efecto el artículo 22 de la Ley N°18.833 y jurisprudencia que estima aplicable, conforme a la cual, ejercido el cobro judicial por el total del crédito, no procedería mantener simultáneamente los descuentos por planilla, por el riesgo de producirse un doble pago.

Afirma que lo anterior vulnera su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, por lo que solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la actuación denunciada, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito mediante descuentos de sus remuneraciones, restituir las sumas descontadas desde febrero de 2026 y aquellas que pudieren descontarse posteriormente, con costas.

SEGUNDO: Que informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 21 de enero de 2014 el recurrente contrató con ella una operación de crédito social, mediante la cual recibió en mutuo la suma de $2.967.293, a una tasa de 2,63%, pagadera en 60 cuotas mensuales de $105.276 cada una, incluida una prima de seguro de desgravamen de $5.254, operación registrada bajo el folio N°1311056578. Agrega que el deudor pagó las primeras seis cuotas e incurrió en mora a partir de septiembre de 2017, circunstancia que determinó la activación de mecanismos de cobranza extrajudicial y la incorporación del crédito al sistema integrado de recaudación denominado “Intercajas”.

Sostiene que los descuentos cuestionados se ajustan a derecho, atendida la naturaleza de los créditos sociales y lo dispuesto en los artículos 1 y 22 de la Ley N°18.833, 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley N°17.322. Añade que la cláusula décima del pagaré contendría un mandato mediante el cual el recurrente facultó a su actual y futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones las cuotas convenidas para el servicio de la deuda. En razón de ello, afirma que el cobro mediante descuento de remuneraciones no constituye una actuación ilegal o arbitraria, sino el ejercicio del mecanismo previsto legalmente para obtener el pago del crédito social.

Sin perjuicio de dicha defensa y sin reconocer los fundamentos del recurso, informa haber dispuesto mantener el cese del cobro y restituir al recurrente todas las sumas descontadas de sus remuneraciones desde febrero de 2026 y remesadas a la Caja.

TERCERO: Que, por último, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso a su respecto.

Señala que, a contar de diciembre de 2025, comenzó a gestionar respecto del recurrente descuentos bajo la modalidad denominada “Descuento Intercajas”, a requerimiento de Caja 18 de Septiembre, acreedora del crédito social, indicando que los pagos recibidos entre diciembre de 2025 y abril de 2026, por $105.276 cada uno, fueron remitidos a esta última.

Explica que su intervención se funda en el contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, celebrado el 15 de abril de 2013, cuyo objeto es permitir que una Caja acreedora acceda a la información necesaria para detectar y ubicar a deudores de créditos sociales que hayan dejado de estar afiliados a ella y gestionar, por medio de la Caja a la cual se encuentren actualmente afiliados, la recaudación de las cuotas adeudadas. Añade que el sistema opera mediante SINACOFI y se sustenta, entre otras disposiciones, en los artículos 1, 19 N°7 y 22 de la Ley N°18.833 y en las Circulares N°2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que actuó a requerimiento de Caja 18 de Septiembre y en calidad de diputada para recibir el pago, aplicándose las reglas de los artículos 1576, 1580 a 1586 y 1448 del Código Civil, de manera que los pagos efectuados a través de Caja Los Andes extinguen parcialmente el crédito respecto de la Caja acreedora hasta concurrencia de lo pagado. Agrega que la actuación coordinada de las Cajas mediante el sistema Intercajas ha sido reconocida jurisprudencialmente, citando la sentencia de la Corte Suprema de 21 de abril de 2020, dictada en el Rol N°31.756-2019. En consecuencia, sostiene no haber incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna y solicita el rechazo de la acción constitucional en cuanto se dirige en su contra.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el recurrente suscribió con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre una operación de crédito social, obligación cuyo pago se encuentra sujeto al régimen previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, disposición que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social por un trabajador afiliado debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora.

De este modo, la sola circunstancia de haberse efectuado descuentos sobre las remuneraciones del actor para el servicio de dicho crédito no permite calificarlos, por sí misma, como ilegales o arbitrarios, sin perjuicio de que tal mecanismo de recaudación deba ejercerse con estricta sujeción a la normativa que lo regula.

SEXTO: Que, en este sentido, el fundamento esencial de la acción descansa en que la recurrida habría optado previamente por el cobro judicial de la totalidad de la obligación, ejerciendo la cláusula de aceleración mediante la interposición de demandas ejecutivas en las causas roles C-183687-2016 y C-77580-2016 del 4° Juzgado Civil de San Miguel, de manera que, según sostiene el recurrente, no podía posteriormente continuar percibiendo las cuotas del crédito mediante descuentos de sus remuneraciones.

Sin embargo, tal presupuesto fáctico no resulta acreditado. En efecto, de la revisión de las causas singularizadas en el sistema de tramitación electrónica de causas civiles, aparece que ambas corresponden a intentos de la Caja recurrida de iniciar gestiones preparatorias de la vía ejecutiva mediante solicitudes de citación a confesar deuda, presentaciones que fueron tenidas por no presentadas. Por consiguiente, no consta la existencia de una demanda ejecutiva válidamente interpuesta y notificada al recurrente, ni de una relación procesal trabada en que la acreedora hubiese ejercido judicialmente la cláusula de aceleración en los términos afirmados en el recurso.

En tales condiciones, no concurre el supuesto sobre el cual el actor construye la incompatibilidad entre el cobro judicial del total de la deuda y la percepción de las cuotas mediante el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, razón por la cual la actuación reprochada no puede ser calificada, por ese fundamento, de ilegal o arbitraria, lo que conduce al rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-11.856-2026.