nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, quince nombre reservado de dos mil veintitrés.

Al folio 11; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que con fecha 30 de junio de 2023, comparece don Alex Barcaza Torres, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, representada legalmente por su gerente general don nombre reservado, a fin de que se adopten las medidas para cautelar el legítimo ejercicio de su derecho constitucional establecido en el artículo 19 Nº 24, que se encuentran amenazados, privados y perturbados a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Refiere que con fecha 01 de octubre de 2013 la actora suscribió una deuda con la recurrida por $4.710.844, pactada en 49 cuotas mensuales, venciendo la última en noviembre del año 2017. Explica que alcanzada la cuota Nº 21, doña nombre reservado fue desvinculada de su trabajo, por lo que cesaron los pagos mediante descuentos por planilla, tras lo cual fue imposible para las partes llegar a un acuerdo sobre la forma de proseguir con el pago de las cuotas, por lo que la Sra. nombre reservado se constituyó en mora.

Indica que la Caja decidió ejercer la cláusula de aceleración contenida en el pagaré, exigiendo el total de lo adeudado, mediante una demanda ejecutiva interpuesta en la causa ROL C-666-2019, del 2º Juzgado De Letras De Talagante, proceso que concluyó por sentencia que acogió el incidente de abandono del procedimiento deducido por la recurrente, con fecha 01 de diciembre del año 2021.

No obstante lo anterior, y a pesar de tratarse de una deuda que está en condiciones de ser declarada prescrita, señala que la recurrida ilegal y arbitrariamente, incluyó a la Sra. nombre reservado en la nómina mensual de retenciones previsionales de su empleador, ordenándole descontar de su remuneración del mes de junio de 2023 la suma de $138.452, tomando conocimiento de ello la actora con fecha 29 de junio de 2023.

Alega que dicha actuación, la deja en un estado de total indefensión, pues le será arrebatada de su remuneración una cantidad importante de dinero y por un número indeterminado de meses, directamente de su remuneración, la fuma de $138.452, sin tener la posibilidad de defenderse.

En razón de lo anterior, solicita se acoja la presente acción cautelar, ordenando a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y reembolsar los montos indebidamente descontados, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando informe por la Caja de Compensación de Asignación 18 nombre reservado, comparece la abogada Ericka Vera Ohberg, solicitando el rechazo de la acción cautelar deducida.

Indica que con fecha 07 de octubre de 2017 – debe decir 2013– la la señora nombre reservado, solicitó a la recurrida la suma de $4.650.000, pagadero en 49 cuotas, operación que quedó registrada bajo el folio Nº1342016349. Precisa que la actora pagó hasta la cuota número 23 del mencionado crédito, luego de lo cual cayó en mora, a partir del 10 de noviembre de 2015, tras lo cual se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes, como es la incorporación del crédito en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas a la deudora, mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas.

Hace presente que, ante el fracaso de la cobranza extrajudicial, se debió deducir la correspondiente demanda ejecutiva en contra de la deudora, en causa ROL C-666-2019 del 2° Juzgado de Letras de Talagante, en cuyo cuaderno de apremio no se registró movimiento alguno desde el requerimiento de pago de fecha 23 de abril de 2020.

Refiere que, finalmente, en junio de 2023, se incluyó a la actora en la nómina mensual de retenciones de su actual empleador, a fin de retomar la recaudación por la operación de crédito actualmente morosa.

Por lo expuesto, argumenta que la recurrida se encuentra persiguiendo el cobro de una deuda cuyas acciones de cobro no han sido declaradas prescritas y rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime la actora en el presente recurso de protección, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada por esta Corte, informa que han dispuesto el cese del cobro del crédito a doña nombre reservado, mediante los descuentos realizados por su empleador en sus remuneraciones de sueldo, y no habiendo recibido recaudación alguna derivada de un descuento realizado en las remuneraciones de la actora del mes de junio de 2023, la procedencia de una eventual restitución estará sujeta a la verificación de la existencia del descuento.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa y, de acuerdo a los antecedentes acompañados, que la nombre reservado 18 nombre reservado, con fecha 07 de octubre de 2013, otorgó a la recurrente un crédito social por el monto de $4.710.844, pactada en 49 cuotas mensuales y sucesivas de $127.146. Asimismo, consta de autos que a partir de las remuneraciones del mes de junio de 2023 se procedió a descontar a la recurrente la suma de $138.452, conforme consta del documento Nómina Mensual de Retenciones Previsionales de Caja Los Andes, donde se consigna la retención antes aludida con cargo a la nombre reservado 18 nombre reservado y en referencia a la operación Nº1342016349.

Por otro lado, consta de los antecedentes que el acreedor -recurrida- con fecha 04 de abril de 2019 interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo el mismo pagaré, causa que se siguió ante el 2º Juzgado Letras de Talagante, Rol C-666-2019, accionando para el pago total de la obligación, siendo notificada la ejecutada el 23 de abril de 2020, oponiendo la excepción del artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil, y habiéndose alegado en el mismo juicio el abandono del procedimiento, con fecha 07 de diciembre de 2021 se acogió dicho incidente, encontrándose firme y ejecutoriada la resolución con fecha 11 de enero de 2022.

Quinto: Que se encuentra acreditado que se trata del mismo crédito social y, habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro de la obligación que, según se lee en la demanda ejecutiva, se habría hecho exigible en su totalidad, no es procedente iniciar el descuento de cuotas una vez que la deudora fue requerida de pago, siendo además dicho juicio, declarado abandonado, restándole a la recurrida únicamente la vía civil ordinaria para hacer exigible el crédito invocado, pues el descuento de las cuotas de éste a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, por cuanto la recurrida adoptó una posición jurídica al decidir perseguir el cumplimiento de la obligación por la vía judicial, que ahora debe respetar. En efecto, la Caja de Compensación decidió judicializar el cobro en abril de 2019, sustrayéndolo del ámbito extrajudicial, y luego pretende revivir el sistema de descuento previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, para una situación de normalidad en el servicio de la deuda, que ya no se verifica en el caso de la especie.

Sexto: Que, de esta forma, el descuento unilateral efectuado a las remuneraciones de la recurrente, en los términos en que se hizo, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que la nombre reservado 18 nombre reservado, deberá restituir a la recurrente las cuotas que en forma indebida le hubiesen sido descontadas de sus remuneraciones desde junio de 2023, sin perjuicio de reconocer el derecho que le asiste al acreedor para continuar el cobro judicial de la obligación pendiente a través de las acciones ordinarias respectivas.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación 18 nombre reservado, y se ordena que dicha institución se abstenga de solicitar se efectúen descuentos a las remuneraciones de la recurrente para el pago del crédito social que le fuera otorgado el 07 de octubre de 2013, debiendo además restituir a ésta las cuotas que le hubieren sido descontadas desde junio de 2023.

Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Jenny Book, quien fue de opinión de rechazar el Recurso de Protección, teniendo especialmente presente:

1º Que con el mérito de los antecedentes aportados, apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecido los siguientes hechos:

a) Que la Caja de Compensación con fecha 07/10/2013, otorgó al recurrente un crédito por la suma de $4.710.844, pagadero en un plazo de 49 meses, con una cuota de $127.146, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de noviembre de 2013.

b) La recurrente se constituyó en mora desde el mes de noviembre de 2015.

c) Que en el mes de junio de 2023 la actora se percató de un descuento efectuado en su remuneración por la suma de $138.452 por concepto de “crédito personal C.C.A.F”

d) Que ante el Segundo Juzgado de Letras de Talagante se tramitó el juicio ejecutivo Rol C-666-2019, juicio que se declaró abandonado por resolución de 07 de diciembre de 2021.

2º Que de los antecedentes allegados a la causa, se observa que el actuar de la Caja de Compensación 18 nombre reservado se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº18.833, específicamente en su artículo 22, el que dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

3º Que, en consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento, no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil al disponer que “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio”.

De manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible 4º Que como se ha razonado, no se configura a juicio de esta disidente, el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-11850-2023.