Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1185-202522 ago 2025

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Fecha
22 de agosto de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Cuarta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1185-2025, sentencia de 22 de agosto de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque la recurrida cesó los descuentos y devolvió lo descontado, de modo que no subsiste vulneración actual ni medida que restablezca el imperio del derecho.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la Caja de Compensación de la Asignación Familiar La Araucana, por haber efectuado descuentos en su remuneración por concepto de crédito social mediante el sistema de descuento intercaja.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que se realizó después de más de diez años de haber caído en mora, sin haberse efectuado gestión alguna tendiente a perseguir el cobro de la deuda durante ese período, vulnerando con ello el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos y reembolsar los montos ya descontados.

Expone que en septiembre de 2014 suscribió contrato con mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayendo en mora a los pocos meses. En diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida intentando regularizar su situación, pero la única opción ofrecida fue repactar la deuda, con el consiguiente incremento artificial de la misma, lo que le dejaría en una situación financiera crítica. Ante su negativa a repactar, la recurrida le advirtió que iniciaría acciones judiciales.

Señala que durante los últimos años ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara alguna cuota a través del sistema "Intercaja". No obstante, el 30 de diciembre de 2024, para su total sorpresa, apareció un descuento en su remuneración por un monto de $294.579 por concepto de crédito social mediante descuento intercaja, lo cual le dejó en un estado de total indefensión.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad en lo relativo a su remuneración. Argumenta que el artículo 22 de la ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar descuentos por planilla directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, pero al ser un órgano intermedio sujeto a la Constitución y las leyes, no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Añade que han transcurrido más de diez años desde que la obligación cayó en mora, lapso mayor al que la ley exige para la prescripción extintiva de las acciones cambiarias emanadas del pagaré, resultando irracional, abusivo y arbitrario que la recurrida haga uso del artículo 22 sin previo aviso y sin que tenga posibilidad de defenderse ante una deuda a todas luces prescrita.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en un plazo de 5 días hábiles o el que la Corte estime; y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Segundo: Que a folio 11 informa, nombre reservado en representación de la Caja de Compensación de la Asignación Familiar La Araucana, señalando que el recurso debe ser rechazado, por falta de oportunidad.

Indica que en septiembre de 2014 otorgó al recurrente el crédito social folio 138000234594 por un monto de $6.017.828, pactado en 24 cuotas mensuales de $310.089 cada una, respecto del cual sólo se pagó una cuota, quedando en mora. Indica que ante la no concurrencia del deudor a regularizar su acreencia y lo infructuosas que resultaron las gestiones extrajudiciales, se remitió la información al Proyecto Intercajas, donde fue ubicado en noviembre de 2024 por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., información que dicha Caja puso en conocimiento de la recurrida para efectos de recuperar lo adeudado, atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social.

Fundamenta su actuar en la naturaleza jurídica de las Cajas de Compensación como entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833. Explica la obligación de formar un Fondo Social conforme al artículo 29 de la misma ley, y la necesidad de cautelarlo según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Expone la recurrida que el sistema de Intercajas opera mediante un contrato de mandato y prestación de servicios celebrado entre las Cajas de Compensación el 15 de abril de 2013, que permite a la Caja acreedora acceder a información para ubicar deudores morosos y acordar con la Caja a la cual se ha incorporado el deudor la recaudación de las cuotas adeudadas.

Cita el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo, argumentando que el descuento es obligatorio tanto para las Cajas como para los empleadores. Añade que la prescripción no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente, no siendo el recurso de protección la vía idónea para ello.

Agrega que no obstante lo informado, la recurrida señala que, sin reconocer la extinción de la deuda, ha dispuesto el cese del descuento y la devolución de la suma de $294.579 correspondiente al descuento practicado en diciembre de 2024, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección por falta de oportunidad.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, ahora bien, teniendo en consideración que lo alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, son los descuentos ilegales de remuneraciones que realiza la recurrida fundada en un mutuo obtenido hace 10 años atrás, lo cierto es que en su informe, la recurrida ha señalado que cesó en los descuentos, y además, restituyó el monto descontado, depositando el mismo en la cuenta corriente de este Tribunal, suma de dinero, que ya le fue girada al recurrente.

Así, atendido estos antecedentes, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Quinto: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de la Asignación Familiar La Araucana Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N°1185-2025.