nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Alegó, previo anuncio y relación pública, la abogada Claudia Muñoz, por el recurso, por el tiempo de 7 minutos. Santiago, 28 de agosto de 2026. Andrea Coarvalán Sáez, relatora.

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°10: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la notificación de que la recurrente no cumple con los requisitos legales de solicitud de nacionalidad de fecha 27 de marzo de 2026, lo que estima afecta su garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente, una vez cumplidos todos los requisitos legales, solicitó la carta de nacionalización, sin embargo, el 27 de marzo se le notificó que no cumplía con tales requisitos, indicando que, específicamente, no cumplía con la exigencia del artículo 4° del DS 5142 de 1960, esto es, registrar obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas, por lo que no era posible continuar con la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización.

Expresa que la notificación no distingue ni analiza, diligentemente, la supuesta obligación tributaria pendiente o el hecho de estar exento de deuda, en circunstancias que toda comunicación estatal debe ser clara y precisa y que permita entender cuál es el vicio.

Alega que la negativa de nacionalidad deviene en ilegal ya que para el Estado es obligatorio solicitar documentación adicional siempre que estime que la acompañada no es suficiente de conformidad al artículo 31 de la Ley N°19.880, haciendo presente que en otras oportunidades, la recurrida sí ha dado oportunidad a los solicitantes de presentar información otorgando un plazo para aquello.

Indica que en la actualidad la recurrente no tiene deudas tributarias, según consta en el certificado emitido por la Tesorería General de la República, en el cual consta un convenio de pago y documentos relativos a acreditar la solvencia y estabilidad económica.

Reclama, además, que la recurrida se demoró más de 6 meses sólo en indicar que la persona en cuyo favor se recurre no cumplía con los requisitos, sin otorgarle la posibilidad de subsanar. Añade que la recurrente desde el ingreso al país ha desarrollado múltiples actividades lícitas remuneradas y obtiene ingresos superiores al mínimo, además de cumplir con los demás requisitos establecidos por la ley para obtener la carta de nacionalización, pues su petición solo puede ser rechazada en caso de encontrarse en alguna de las causales del artículo 86 de la Ley N°21.325.

Pide se deje sin efecto la resolución recurrida por ser ilegal y arbitraria y se ordene dar curso a su trámite de nacionalidad, restableciéndose el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Explica que la recurrente solicitó la carta de nacionalización el 5 de agosto de 2024 y mediante comunicación electrónica folio N°96536868 de 27 de marzo de 2026, se informó a la extranjera que no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente. Lo anterior, en atención a lo siguiente: “No cumple el requisito señalado en el artículo 4° del DS 5.142 de 1960, esto es: registra obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas (…).

Sin perjuicio de lo anterior, puede presentar una nueva solicitud de carta de nacionalización, cuando cumpla con todos los requisitos legales exigidos para ello”. Es decir, una vez que cumpla con los requisitos para postular a la carta de nacionalización, puede enviar una nueva solicitud, haciendo presente que la recurrente se encuentra en situación regular.

En cuanto a la carta de nacionalización refiere que, por su naturaleza jurídica, es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia. En este sentido, el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, señala los requisitos mínimos que los postulantes a la carta de nacionalización deben cumplir para presentar su solicitud ante la autoridad competente y en este caso, la recurrente mantenía obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas.

Precisa que en cuanto a la documentación que sirve para acreditar el artículo 4 del DS 5.142, es necesario remitir certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República y la carpeta tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en consideración a que es necesario evaluar la situación de la extranjera solicitante. Así las cosas, la extranjera al momento de efectuar su solicitud, remitió el referido certificado de deuda de 5 de agosto de 2024, en la que era posible visualizar que presentaba una deuda líquida, no cumpliendo entonces con el artículo anteriormente citado.

Expone que el Servicio Nacional de Migraciones es la autoridad ante la que se presenta la solicitud de carta de nacionalización, efectuando un examen de admisibilidad previo antes de remitir el Oficio a la Subsecretaría del Interior, por tanto, al no cumplir la extranjera con los requisitos para optar a ella, se comunicó que su solicitud no reúne los requisitos legales y no es posible acogerla a trámite.

Estima que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición pues no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, además, no se han perturbado, amenazado o vulnerado las garantías constitucionales del artículo 20 de la Carta Fundamental, ya que existe una mera expectativa en cuanto a la presentación de su solicitud, no existiendo un acto en concreto que determine que la extranjera obtendrá su nacionalidad, sino que más bien, la presentación de la solicitud, refiere a que es un acto concedido por gracia, en que se podrá conceder o denegar en virtud del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto en contra del cual se recurre consiste en la comunicación folio 96536868 de 27 de marzo de 2026, en que se le notificó a la recurrente que su solicitud de carta de nacionalización no cumplía con los requisitos legales, específicamente, con el artículo 4° del DS 5.142 de 1960, esto es, registrar obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas.

Quinto: Que, de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la recurrida, pues la propia recurrente reconoce que aquella situación fue subsanada con posterioridad a la presentación de su solicitud y, tal como lo indica el Servicio, una vez ocurrida la subsanación, nuevamente puede efectuar su petición.

Además, la comunicación fue emitida el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, y teniendo además presente, que la situación migratoria de la actora es regular por detentar una permanencia definitiva, lo que le permite a la parte recurrente entrar y salir del país de forma regular y realizar actividades licitas remuneradas, sin encontrarse sujeta a sanción migratoria alguna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°11.841-2026 Protección.