nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, venezolano, técnico superior universitario en Banca y Finanzas, interponiendo recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., impugnando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo del artículo 7 de la Ley N° 18.156, constando la presentación de fecha 30 de abril de 2025 (N° interno 41641) y su denegación comunicada el 7 de mayo de 2025, fundada —según la administradora— en la falta de vigencia de la constancia de afiliación extranjera (IVSS) acompañada por el actor. Señala como garantías afectadas las de los artículos 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y 19 N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política, y pide se deje sin efecto la decisión denegatoria y se ordene a AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento fundado dentro del plazo que se fije, reconociendo la suficiencia de la documentación allegada o, en su defecto, ponderando razonablemente su imposibilidad de actualización consular y la verificación digital proveída por el régimen extranjero.

Expone el recurrente haber acompañado, junto a su solicitud, contratos de trabajo, título profesional apostillado, certificado de afiliación al IVSS —con código de autenticación y verificable en línea— y declaración jurada notarial, agregando que, por la situación consular entre Chile y Venezuela, resulta imposible obtener la actualización del documento a través de legalización consular; afirma que otra administradora (AFP Cuprum) le habría otorgado devolución en idénticas condiciones, de lo que concluye que la exigencia de Provida constituye un formalismo no previsto en la Ley N° 18.156 ni en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, y que configura un trato desigual.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP Provida S.A. solicita el rechazo del recurso, sosteniendo, en síntesis: (a) que la acción cautelar no constituye vía idónea para dilucidar asuntos de lato conocimiento; (b) que, conforme al DL N° 3.500 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la devolución prevista en la Ley N° 18.156 exige acreditación vigente de la afiliación extranjera a un régimen que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte; (c) que la constancia acompañada por el actor se encontraría vencida, por lo que no se configura acto ilegal ni arbitrario en el rechazo; y (d) que la administradora no puede autorizar egresos de fondos fuera de los supuestos legales, por lo que su obrar se habría ceñido al principio de juridicidad.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Provida S.A: de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que, efectivamente, a la fecha en que aquella se presentó ante la recurrida, esto es, al treinta de abril de dos mil veinticinco, aquel no se encontraba vigente, pues dicho documento señalaba que “el presente certificado tendrá vigencia hasta el día 30 del mes Junio de 2024”.

En este punto, se debe precisar que si bien en estos antecedentes, se acompañó un certificado con una fecha de emisión posterior a la presentación de la solicitud, lo cierto es que el examen de legalidad debe realizarse en relación a la documentación con la que contaba la recurrida al emitir su pronunciamiento, que no es otra que la aparejada a la solicitud, examen que determina que no se incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, siendo relevante señalar que nada impide que el actor realice una nueva solicitud y acompañe instrumentos con la vigencia requerida, que emana de la propia documentación acompañada.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado y dirigido en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11839-2025.