nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, doce de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Mauricio Saurines Barria, Nathalie Toro Acosta y Claudia Oñate Hernández, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, respecto de los descuentos a su remuneración que han sido dispuestos por la recurrida, pidiendo que se ordene el cese de estos, así como el reintegro de las sumas descontadas.

Señalan que el recurrente, con fecha 27 de enero del año 2021, suscribió en favor de la recurrida, un pagaré por la suma de $ 6.922.717, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 48 cuotas, iguales y sucesivas de $ 192.399 cada una, cuotas que serían descontadas de sus remuneraciones.

Por razones ajenas a su voluntad, indican que el recurrente perdió su fuente de ingresos y se vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré.

Actualmente, señalan que es empleado de la empresa Sociedad de Transportes Herguth y Compañía Limitada, en la cual el presta servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, en el cargo de conductor de equipo de transporte de carga terrestre interurbana, desde el 22 de enero del año 2024.

Indican que su remuneración de los meses de enero y febrero del año 2024, fueron percibidas con normalidad, sin embargo, en el mes marzo de 2024 la liquidación venía con un descuento por la suma de $ 303.706 pesos a favor de la Caja de Compensación Los Andes. Frete a ello, requirió una explicación en el departamento de recursos humanos, en el cual, le indicaron que dicho descuento había sido solicitado por la Caja de Compensación Los Andes. Con este inmenso descuento, sólo se quedó con un saldo líquido a favor de $ 211.689, lo que claramente le afectó tremendamente a su solvencia para cumplir con los gastos del mes, como es alimentación, arriendo, transporte, etc.

Por lo anterior, sostiene que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente al ordenar al empleador del recurrente descontar de su remuneración mensual del mes de marzo de 2024, la suma de $303.706 a título de créditos solicitados, por tratarse de un monto excesivo que carece de fundamento, vulnerando las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, referente al derecho de propiedad sobre el sueldo y el derecho a la igualdad ante la ley, ya que la recurrida se atribuye una potestad o beneficio no otorgado a ella, y corresponde a un uso indiscriminado de la facultad contenida en el art 22 de la ley 18.833 implica arrojarse privilegios no consagrados en las leyes.

Al efecto, sostiene que el DICTAMEN 04954-2018 de la SUCESO, de 29 de enero de 2018, se expone que conforme a lo dispuesto en la Circular N° 2.052, el único límite para el descuento de los créditos sociales es que la cuota mensual del crédito no puede exceder del 25% de la remuneración líquida mensual, limitando de forma expresa el monto al que puede acceder las Cajas de Compensaciones al momento de ejercer su potestad de realizar descuentos por medio del empleador. Y que asimismo se señala que la Superintendencia ha establecido y regulado expresamente que el monto máximo de la cuota mensual de descuento por el concepto de crédito social no puede exceder el 25% de la remuneración líquida mensual, renta o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, según corresponda. A su vez, el art. 58 inciso 3° del Código del Trabajo establece que: “…Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.” Y el inciso 4° expresa: “…Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador”.

En este caso el sueldo líquido que debía percibir don nombre reservado correspondía a $ 665.395 pesos, y tomando ese monto en consideración el 25% corresponde a $166.348 pesos como máximo a descontar de su sueldo, donde el recurrido ordena descontar del trabajador un monte de $303.706 que equivale 45.6% aproximado de la remuneración liquida, por lo que en el caso de marras el porcentaje máximo exigido por la ley se infringe largamente.

Indica enseguida, que la circular Nº2824, de 17 de abril del 2017, de la Superintendencia de Seguridad Social, que “modifica instrucciones sobre el régimen de prestaciones de crédito social administrado por las C.C.A.F contenidas en las circulares N°s 2.052 y 2.463, de 2003 y 2008, respectivamente, y sus modificaciones”, establece en la parte “modificaciones” I.1.b.ii: “Cuando la remuneración, renta o pensión, líquida, sea superior al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta los 65 años de edad, cada C.C.A.F. tendrá la facultad de autorizar un descuento superior al 25% a los afiliados que lo soliciten por escrito indicando el porcentaje, siempre que éste no exceda el 30% de la respectiva remuneración, renta o pensión líquida y solamente en casos especiales asociados a necesidades del afiliado y sus causantes de asignación familiar, relacionados con vivienda, salud y educación, respaldados con los antecedentes que acrediten dicho estado de necesidad, los cuales deberán ser debidamente calificados por el Gerente General de la respectiva C.C.A.F. Esta facultad se ejercerá en la forma en que lo establezca el Reglamento Particular del Régimen de Crédito Social de la C.C.A.F. y en su Política de Riesgo de Crédito, debidamente aprobada por el Directorio”. No siendo este caso, ya que el monto que se autorizó a descontar es claramente inferior al que se ha hecho a solicitud de la recurrida.

De esta forma, sostiene que la aplicación del descuento en cantidad excesiva y superior al 25% de la remuneración liquida mensual, sin que se le haya explicado el motivo de éste y cómo es que llega a la suma descontada, constituye una verdadera transgresión al patrimonio afectando la solvencia de los gastos básico de del recurrente, y constituye un acto arbitrario e ilegal que ha afectado gravemente la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte declarar que la actuación de la recurrida en cuanto a la aplicación del descuento de la remuneración de don nombre reservado es arbitraria e ilegal y consecuencialmente, ordenar que cesen los descuentos, ordenando la restitución del descuento efectuado a través del acto arbitrario o ilegal, y todos los descuentos futuros que efectúe la recurrida durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas del recurso, o en subsidio se restituya el saldo o diferencia que excede del máximo permitido para los descuentos.

SEGUNDO: Que la recurrida informa el recurso, pidiendo que sea rechazado.

Expone que, con fecha 27.04.2021, otorgó a nombre reservado, el crédito código 041CON102902342, por la suma de $3.987.609.-, a una tasa de 1.59%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $131.473.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.06.2021, donde las dos primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, y el saldo de capital al 31.07.2021, más los intereses devengados al 19.10.2022, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.923.426.-, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $113.830.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2022, donde la primera cuota se pagó con fecha 10.04.2024, las cuotas del mes de enero 2023 a marzo de 2024 (2 a 16), se encuentran en mora, las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.11.2027.

Asimismo, sostiene que la Caja de Compensación con fecha 27.01.2021, otorgó a don nombre reservado el crédito código 022CON102928396, por la suma de $6.922.717.-, a una tasa de 1.1%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de 192.399.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.03.2021, donde las 6 primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido y el saldo de capital al 31.08.2021, más los intereses devengados al 19.10.2022, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $6.339.623.-, en un plazo de 60 meses, con una cuota de 150.383.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2022, donde las cuotas del mes de diciembre de 2022 a abril de 2023 (1 a 5), se pagaron durante el periodo 24.11.2023 al 10.04.2024. Las cuotas del mes de mayo de 2023 a marzo de 2024 (6 a 16), se encuentran en mora, las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.11.2027.

En consecuencia, sostiene que se está frente a créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, que emanan de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su parte y el recurrente, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Al respecto, indica que el sistema de descuento por planilla es un mecanismo especial de pago -no de cobro- inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas, el cual no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, sino que está establecido legalmente y de forma obligatoria bajo la responsabilidad del empleador; y que el trabajador no puede oponerse ni negarse a dicho descuento.

En el caso en examen, se está efectuando el cobro, en consecuencia, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, por lo que conforme a los dictámenes de la Superintendencia, en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, las cajas deben continuar practicando los referidos descuentos.

Por otro lado, insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación con alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Por lo expuesto, niega la existencia de toda vulneración a las garantías alegadas, y en particular al derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo con el citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una Caja sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, hace énfasis en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Por todo lo dicho, solicita el rechazo del recurso de protección impetrado en su contra.

TERCERO: Que, con fecha 12 de agosto de 2024, esta Corte solicitó como medida para mejor resolver una ampliación de informe por parte de la recurrida, a fin de referirse específicamente a lo alegado con relación al máximo descuento remuneracional y la interposición de una demanda en contra del recurrente y su estado de tramitación, lo que fue respondido por la Caja recurrida con fecha 17 de abril de 2025.

Al respecto, informa la recurrida que el cobro por planilla se realiza basado en las condiciones económicas que el afiliado tenía al momento de la de colocación del crédito. En el caso de existir cambios en estas condiciones económicas el afiliado debe acercarse para evaluar un ajuste, pues esta modificación o ajuste no es automática, porque mi representada no puede hacerlo de manera unilateral.

Con respecto a la cobranza judicial, respecto al crédito 022CON102928396, se inició una demanda la cual no se ha notificado, en rol C-1319-2024 del Juzgado de letras de Colina, es decir no hay traba de Litis. En lo que respecta al crédito 041CON102902342, también se inició una demanda en rol 10110-2023 en el 24° Juzgado Civil de Santiago y la causa tampoco se encuentra notificada.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

QUINTO: Que, en el caso en examen, el acto que se considera como ilegal y arbitrario consiste en el descuento excesivo que el actual empleador del recurrente, a petición de la Caja de Compensación los Andes, ha efectuado en sus remuneraciones para el pago del crédito social otorgado por la recurrida –cuya mora no es desconocida por la actora—, equivalente a un monto superior al 25% de la remuneración líquida mensual, con lo que se transgrediría la normativa que regula la materia y las circulares y dictámenes de la Superintendencia.

Así, en el caso del mes de marzo de 2024 y conforme da cuenta la liquidación de sueldo acompañada por el recurrente en autos, consta que el sueldo líquido que debía percibir el actor correspondía a $665.395 pesos, descontándole un monto de $303.706 por el crédito de la caja de compensación, lo que equivaldría a un 45.6% aproximado de la remuneración líquida.

SEXTO: Que, al respecto, cabe consignar, en primer lugar, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº18.833, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y como tales, se encuentran sometidas a la fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Para el cumplimiento de su objeto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, Nº3 de dicha ley, las Cajas administran “(…) respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social”, consistente, de acuerdo con el artículo 21 en “(…) préstamos de dinero, y que estará regida por un reglamento especial”.

Finalmente, el artículo 22 de la normativa citada dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas”.

Por su parte, la SUSESO, en la Circular Nº2052, de 2003, ha establecido una serie de reglas a efectos de la determinación del monto del crédito social y fijación de tasas de interés.

Así, en el apartado 10.1 se establece, por un lado, que “El monto máximo del crédito social que se puede otorgar estará limitado por lo siguiente:

a)

La remuneración o pensión líquidas;

b)

El plazo máximo de restitución de 5 años establecido en el artículo 8° del D.S. Nº 91, de 1978, y e) El porcentaje máximo de descuento que se señala a continuación en el punto 10.2.

Los Reglamentos Particulares de cada C.C.A.F. pueden establecer límites al monto del crédito social, inferiores a los que resulten conforme a lo señalado precedentemente.

Si un afiliado que adeuda crédito social solicita uno nuevo, cumpliendo con los requisitos establecidos para este efecto, la C.C.A.F. deberá otorgárselo sin obligarlo a prepagar el anterior”.

Enseguida, en el apartado 10.2 relativo al monto máximo de la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social, se dispone que “(…) La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, definidas en el punto 9 precedente.

Tratándose de casos especiales y debidamente calificados, cada C.C.A.F. tendrá la facultad de autorizar un descuento superior al señalado, en la medida que se encuentre regulado en su Reglamento Particular del Régimen de Crédito Social”.

Enseguida, en el apartado 17.1.1 de esta misma normativa, se establece respecto de la recaudación del crédito social de los trabajadores afiliados que “(…) Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la C.C.A.F. acreedora, debiendo regirse por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, conforme a los artículos 22 de la Ley Nº 18.833 y 11 del aludido D.S. N°91, de 1978.

Los citados preceptos establecen un mecanismo especial de pago que es inherente al Régimen de Crédito Social de las C.C.A.F.

Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N" 1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella”.

Finalmente, en el apartado 17.2 relativo a la cobranza de créditos morosos se dispone que las cajas “(…) deberán iniciar la cobranza extrajudicial a más tardar al mes siguiente a aquel en que el empleador debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, si procede, copia a sus avales. Dicha carta y su copia deberán ser remitidas a los domicilios particulares del deudor principal y avales.

La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo a las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido.

En los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F. celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagaré y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagaré respectivos.

La verificación sobre la morosidad de los créditos y el análisis del estado de avance de las acciones de cobranza tanto extrajudiciales como judiciales, deberán hacerse, a lo menos, trimestralmente”.

SÉPTIMO: Que, en el caso en examen, y conforme a los antecedentes e informes que obran en el proceso, consta lo siguiente:

1) Que, si bien el recurrente solo habla de un crédito, la Caja recurrida informa que tiene dos créditos otorgados por ésta. El primero de ellos, en abril de 2021, por un monto de $3.987.609.-, el que fue reprogramado en un plazo de 60 meses, con una cuota de $113.830.-, encontrándose las cuotas del mes de enero 2023 a marzo de 2024 (2 a 16) en mora, y las siguientes con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.11.2027. El segundo, otorgado en enero de 2021, por la suma de $6.922.717.-, fue reprogramado a 60 meses, con una cuota de 150.383.-, encontrándose en mora las cuotas del mes de mayo de 2023 a marzo de 2024 (6 a 16), y las siguientes con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.11.2027.

2) Que, el recurrente quedó sin trabajo en fecha indeterminada, por lo que incurrió en mora respecto del crédito otorgado, siendo contratado actualmente por la empresa Sociedad de Transportes Herguth y Compañía Limitada, en la cual el presta servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, desde el 22 de enero del año 2024.

3) Que, la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de marzo de 2024 venía con un descuento por la suma de $ 303.706 pesos a favor de la Caja de Compensación Los Andes y solicitado por ésta, quedando con un saldo líquido a favor de $ 211.689.

4) Que, la recurrente no desconoce la mora en que ha incurrido respecto del pago del segundo crédito.

OCTAVO: Que, conforme a la normativa citada y los hechos antes descritos, cabe concluir, en primer lugar, que no encontrándose acreditada la existencia de un juicio entre las partes que tenga por objeto obtener el cobro de las acreencias debidas –reconociendo la propia Caja recurrida que los dos juicios iniciados no han llegado siquiera a ser notificados—, y que tampoco ha sido solicitada ni declarada judicialmente la prescripción de las acciones que emanan de dicha relación jurídica, la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga respecto de una obligación vigente y cuya mora no ha sido desconocida por la actora, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos en las remuneraciones del actor, se ajusta a derecho, en tanto se trata de una deuda actualmente exigible y no prescrita, limitándose la recurrida a ejercer las facultades que la ley le reconoce para obtener el reitero o recaudación de los dineros adeudados que componen el fondo social.

NOVENO: Que, dicho lo anterior, sin embargo y lo que respecta al monto de la cuota descontada y que constituye, en definitiva, el principal asunto o controversia objeto de la presente acción cautelar, consta que la recurrida, efectivamente, realizó en el mes de marzo de 2024 un descuento por $303.706, equivalente a más del 45% de la remuneración líquida acreditada por el actor, sin que la recurrida haya dado explicación alguna en su ampliación de informe de las razones por las cuales el monto descontado asciende a dicha cantidad.

Lo anterior, hace presumir que, o bien se estaría cobrando y superponiendo en apariencia, el pago de cuotas asociadas a dos créditos otorgados al actor, o bien que se estaría descontando el pago de las cuotas de un crédito vigente y las cuotas morosas, superándose con ello y en ambos casos, el monto máximo de la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social, el cual, como se ha visto, no puede exceder del 25% de la remuneración líquida mensual, renta o pensión líquida mensual del trabajador o pensionado conforme a la normativa establecida por la SUSESO.

Tratándose del cobro de créditos vigentes y cuotas morosas, sin embargo, lo que corresponde, tal como lo ha sostenido la Superintendencia en DICTAMEN 04954-2018, es que las Cajas realicen la cobranza de las cuotas morosas de los créditos sociales ejerciendo las acciones de cobranza extrajudicial y judicial que regula la normativa, y no de otra manera, no pudiendo la Caja de Compensación ordenar a su mero arbitrio que se descuente, junto a la cuota de crédito social vigente, una o más cuotas atrasadas, vulnerando con ello lo acordado entre las partes al momento de otorgar el crédito social. Descontar en una sola oportunidad la cuota devengada más aquellas morosas, significa entender que las Cajas de Compensación pueden recuperan el crédito social descontando cuotas a su entera voluntad, es decir, ordenando descuentos y efectuando la recaudación de los créditos sociales bajo un sistema de autotutela, lo que no puede ocurrir en un Estado de Derecho con normativa claramente establecida. Asimismo, vulnera lo dispuesto en el N°10.2 de la Circular antes referida, que fijó el monto máximo de la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social en 25% de la remuneración líquida mensual e importa no dar cumplimiento al apartado 17.2 de la misma Circular.

Es por lo anterior que, en el caso de que no se haya descontado desde las remuneraciones del trabajador una o más cuotas de crédito social devengadas, la SUSESO ha establecido que en dicho caso debe informarse a éste para que se acerque a la Caja de Compensación a regularizar esta situación, solución que puede darse a través del pago directo de la deuda por parte del trabajador o pensionado o por medio de una reprogramación o repactación de la deuda, instituciones también recogidas en la Circular N°2.052 de este Organismo y que las Cajas aplica regularmente.

DÉCIMO: Que, así las cosas, y cualesquiera que sean las razones por las cuales el monto descontado al actor haya ascendido a la sumade $303.706 de la remuneración del mes de marzo de 2024, lo cierto es que dicho descuento vulnera lo dispuesto en la Circular Nº2052 de 20233, de la SUSESO, en tanto supera con creces el límite del 25% de la remuneración líquida del recurrente, no siendo suficiente justificación o argumento el sostenido por la recurrida en su ampliación de informe en cuanto a que en el caso de existir cambios en las condiciones económicas del afiliado, es éste el que debe acercarse para evaluar un ajuste, al no ser esta modificación o ajuste automática.

Por el contrario, y como se ha visto, es carga y obligación de las propias cajas de compensación informar y hacer ver esta situación al afiliado y adoptar las medidas necesarias para que se acerque a la Caja de Compensación a regularizar esta situación, solución que puede darse a través del pago directo de la deuda o por medio de una reprogramación o repactación de la deuda, sin que conste que autos que la recurrida haya adoptado ninguna acción en dicho sentido, vulnerándose con ellos las garantías constitucionales alegadas, en particular el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, Nº24 de la Constitución, al descontar más del 45% de su remuneración líquida, por lo que el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de don nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, para el solo efecto que la institución recurrida efectué la devolución de los dineros indebidamente descontados desde la remuneración de la actora a contar del mes de marzo de 2024, solo en aquella parte que excedan el límite del 25% de la remuneración líquida del actor; cese con el descuento de dicho exceso en el evento que haya seguido realizándolo, y que adopte las medidas necesarias para que el afiliado se acerque a regularizar la situación de los créditos otorgados de manera que estos se ajusten a la normativa legal y reglamentaria que rige esta materia, todo ello dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha en que el presente pronunciamiento quede ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante, Renée Rivero Hurtado.

Protección N°11.830-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, la ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich y la Abogado Integrante señor Renée Rivero Hurtado. No firma la Ministra (S) señora Villegas Pavlich, no obstante haber concurido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber sido nombrada en otra Corte de Apelaciones.

En Santiago, doce de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.