nombre reservado con DIVISION DE EDUCACION GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION - SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION (VISTA EN POS N°13016-2026)

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la División de Educación General del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución de 16 de abril de 2026, de la aludida División, en cuya virtud rechazó solicitudes de autorización docente para impartir la asignatura de religión, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2, 6, 10, 11 y 16 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a las personas en cuyo favor se interpone el recurso, explica que nombre reservado es profesora de religión evangélica y que mediante el acto impugnado se rechazó su solicitud de autorización docente para el ejercicio de la asignatura de religión, fundándose en falta de formación pedagógica. En relación a nombre reservado, indica que es profesor de religión evangélica y durante el año 2026 se rechazó su solicitud de autorización docente. Respecto de nombre reservado señala que es apoderada y durante el mes de abril de 2026 denunció que su hijo recibe enseñanza religiosa impartida por un profesor de credo distinto al expresamente elegido por su familia. En cuanto a nombre reservado refiere que es docente de religión evangélica, respecto de la cual la autoridad reconoce la normativa aplicable a la asignatura de religión, pero se abstiene de ejercer sus facultades legales de intervención.

Arguye que el acto administrativo central que califica de ilegal y arbitrario es la decisión de la División de Educación General del Ministerio de Educación, de fecha 16 de abril de 2026, que rechazó solicitudes de autorización docente en la asignatura de religión fundándose en la exigencia de formación pedagógica formal, por estimar que dicho criterio carece de sustento en el Decreto Supremo N° 924 de 1983, desconoce el régimen excepcional del Decreto N° 122 de 2024, introduce exigencias no contempladas en la normativa vigente y restringe indebidamente su aplicación a docentes habilitados con anterioridad al año 2004. Añade que, junto a ello, la Superintendencia de Educación habría incurrido en omisiones ilegales al abstenerse de ejercer de manera eficaz sus facultades de fiscalización, investigación y corrección frente a denuncias relativas al incumplimiento de la normativa educacional en materia de clases de religión, permitiendo con ello la mantención de las vulneraciones denunciadas.

Arguye que los actos y omisiones referidos han generado efectos concretos, actuales y verificables, consistentes en la imposibilidad real e inmediata de ejercer la función docente por parte de profesores de religión que cuentan con idoneidad acreditada, en la alteración de la asignatura de religión dentro de diversos establecimientos educacionales, en la afectación del derecho preferente de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos y en la exclusión progresiva de docentes de religión del sistema educacional.

Afirma que con lo expuesto se conculcan la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, la libertad de conciencia y de religión del artículo 19 N° 6, el derecho a la educación del artículo 19 N° 10, la libertad de enseñanza del artículo 19 N° 11 y el derecho al trabajo del artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

Finalmente solicita se deje sin efecto los actos impugnados, se ordene a la autoridad aplicar el Decreto N° 122 en el sentido propuesto por el recurso, se permita el ejercicio de la docencia en religión a quienes cuenten con idoneidad acreditada y se dispongan medidas de fiscalización y corrección destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, solicitando el rechazo de la acción constitucional. Como primera cuestión, puntualiza que el actor identifica como acto ilegal principal la Resolución Exenta N° 766, de 16 de abril de 2026, emanada de la División de Educación General, por la cual se habría rechazado solicitudes de autorización docente en la asignatura de religión. Sin embargo, precisa que dicho acto administrativo sólo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el sostenedor del Colegio María Reina, de la comuna de Iquique, respecto de nombre reservado, y no dice relación directa con las demás personas en cuyo favor se recurre.

Sostiene que la actuación administrativa impugnada se encuentra plenamente ajustada a derecho, desde que el régimen aplicable a la docencia de religión no se agota en la exigencia del certificado de idoneidad previsto en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 924 de 1983, sino que debe ser interpretado conjuntamente con las disposiciones del Decreto Supremo N° 352 de 2003, que reglamenta el ejercicio de la función docente y contempla un sistema excepcional de autorizaciones sujeto a requisitos precisos de formación académica y pedagógica.

Destaca que el Decreto N° 122 de 2024 no creó un estatuto autónomo que permita impartir docencia en religión sin formación pedagógica, sino que únicamente prorrogó hasta el 28 de febrero de 2030 el plazo del artículo transitorio del Decreto N° 352 para regularizar la formación mínima de quienes ya contaban con autorización docente para impartir religión a la fecha de publicación del referido reglamento.

Respecto al caso de doña nombre reservado, refiere que el arbitrio no indica de qué modo específico dicha Cartera de Estado habría vulnerado alguno de sus derechos fundamentales. Añade que la alegación relativa a que su hijo recibiría enseñanza religiosa impartida por un docente de credo distinto al elegido por su familia corresponde, en realidad, a una materia de competencia de la Superintendencia de Educación, en tanto órgano fiscalizador del cumplimiento de planes y programas de estudio, sin que se haya explicitado además cómo se produciría la supuesta vulneración alegada.

Añade que, en el caso de nombre reservado, la Resolución Exenta N° 766, de 16 de abril de 2026, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el sostenedor respectivo, porque la postulante no cuenta con la formación pedagógica mínima exigida en el orden de prelación del artículo 11 del Decreto N° 352, constando únicamente licencia de enseñanza media técnico profesional y certificado de idoneidad religiosa, antecedente este último que por sí solo no habilita para ejercer docencia.

Asimismo, hace presente que, respecto de nombre reservado y nombre reservado, la acción aparece deducida fuera del plazo fatal previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, atendida la fecha de los actos que les afectan, a saber, 4 de marzo de 2026 y 18 de marzo de 2026 respectivamente.

Finalmente, sostiene que el recurso persigue en realidad una declaración general acerca del alcance del Decreto N° 122 de 2024 y de la suficiencia del certificado de idoneidad emitido por la organización representada por el propio recurrente, cuestión ajena a la naturaleza cautelar de esta acción constitucional.

Tercero: Que, informando al tenor del recurso, comparecen los abogados Juan Esteban Cayuqueo Zepeda y Nicolás Andrés Jorge Romero Silva, en representación de la Superintendencia de Educación, quienes solicitan el rechazo de la acción constitucional.

En primer término, oponen la excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el acto verdaderamente impugnado corresponde a la Resolución Exenta N° 766, de 16 de abril de 2026, emanada de la División de Educación General del Ministerio de Educación, órgano que detenta la competencia para resolver solicitudes y apelaciones en materia de autorización docente, sin que la Superintendencia haya intervenido en la dictación o ejecución de tal decisión.

En subsidio, para el evento de rechazarse la excepción opuesta, exponen que las facultades de la Superintendencia de Educación se encuentran determinadas por los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529, que la habilitan para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y del uso de recursos públicos, atender denuncias y reclamos, investigar, sancionar, impartir instrucciones e interpretar administrativamente la normativa del sector, pero no para resolver solicitudes de autorización docente, materia que el Decreto Supremo N° 352 entrega al Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva y a la División de Educación General.

Añaden que, en lo que respecta específicamente a nombre reservado, fue posible verificar que no ha presentado denuncias ni requerimientos ante la Superintendencia de Educación referentes a la materia debatida en autos y que respecto nombre reservado tampoco se ha formulado denuncia o requerimiento alguno ante dicho organismo, siendo además enteramente difusa, genérica e incierta la argumentación del recurso en lo que a esa persona concierne, sin que se comprenda su relación con los hechos ventilados.

Indican que respecto de nombre reservado constan dos requerimientos ingresados con fecha 13 de febrero de 2026 ante la Dirección Regional de Aysén de la Superintendencia, uno relativo a la legalidad de agrupar estudiantes de distintos cursos para impartir la asignatura de religión evangélica y otro referente a la disminución de horas contractuales. Explican que, analizados ambos conforme al artículo 48 de la Ley N° 20.529, se concluyó que los hechos denunciados no se encontraban comprendidos dentro del ámbito de atribuciones del servicio, por versar sobre materias no fiscalizables por la Superintendencia o bien de índole laboral, razón por la cual fueron derivados a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén mediante Oficios N° 57 y 58, ambos de 17 de febrero de 2026, informándose luego a la interesada, mediante Ordinarios N° 59 y 60, de 18 de febrero siguiente, el cierre de sus requerimientos y los recursos administrativos procedentes conforme a la Ley N° 19.880.

Exponen que doña nombre reservado ingresó el 7 de abril de 2026 un requerimiento referido a presuntas irregularidades en la impartición de clases de religión en la Escuela Digna Camilo Aguilar de la comuna de Pichilemu, por haberse asignado a una docente de religión católica la enseñanza de religión evangélica elegida por la familia. Señalan que dicha presentación fue inicialmente tramitada como formulario de contacto directo, destinado a promover el empleo de los conductos regulares y mecanismos de gestión colaborativa al interior de la comunidad educativa, y que posteriormente, con fecha 9 de abril de 2026, se generó una gestión previa asociada a una nueva presentación sustancialmente referida a los mismos hechos, dejándose constancia de que la Superintendencia evaluaría si las expectativas de solución planteadas se enmarcaban dentro de sus atribuciones legales.

Concluyen que ninguna de tales denuncias o requerimientos guarda relación directa con el verdadero objeto del recurso, cual es la Resolución Exenta N° 766 de la División de Educación General, relativa al rechazo de solicitudes de autorización docente para impartir clases de religión, de modo que la recurrente intenta establecer artificiosamente una conexión entre actuaciones diversas para atribuir a la Superintendencia una supuesta omisión de fiscalización respecto de un acto que no fue emitido por ella ni forma parte de su esfera de atribuciones.

Finalmente, afirman que no se advierte ilegalidad alguna en el proceder de dicho servicio, que se limitó a actuar dentro del marco jurídico que regula sus competencias, y solicitan, en definitiva, que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva o, en subsidio, se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, asentado lo anterior, es menester consignar que de la lectura del arbitrio se advierte que el acto y las omisiones que el recurrente trae a conocimiento de esta Corte dicen relación, en lo sustantivo, con decisiones adoptadas en materia de autorizaciones docentes para impartir la asignatura de religión y con la supuesta falta de intervención frente a determinadas denuncias efectuadas sobre la misma materia.

En efecto, se señala como eje de la controversia la Resolución Exenta N° 766, de 16 de abril de 2026, dictada por la División de Educación General del Ministerio de Educación, mediante la cual se rechazó la autorización solicitada en favor de nombre reservado para ejercer docencia en religión evangélica, acto que el actor califica de ilegal y arbitrario por fundarse en la ausencia de formación pedagógica formal pese a contar la interesada con certificado de idoneidad religiosa.

Del mismo modo, se menciona que la solicitud de autorización docente presentada en favor de nombre reservado fue igualmente rechazada durante el año 2026, circunstancia que el recurrente vincula al mismo criterio administrativo cuestionado.

En cuanto a nombre reservado, se hace consistir la afectación en que su hijo recibiría enseñanza religiosa impartida por una docente de credo distinto al expresamente elegido por su familia, imputando a la autoridad recurrida la falta de medidas eficaces para corregir dicha situación.

Finalmente, respecto de nombre reservado, se atribuye a la autoridad administrativa una omisión en el ejercicio de sus facultades de intervención, a propósito de lo resuelto mediante Oficio N° 144, de 18 de marzo de 2026, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén, en el que se dio respuesta a las presentaciones de la docente sin adoptar, en concepto del actor, acciones que restituyan el goce íntegro de sus derechos.

Sexto: Que, en lo tocante a nombre reservado y nombre reservado, el recurso no puede prosperar por extemporáneo.

En efecto, del mérito de los antecedentes allegados aparece que, respecto a nombre reservado, la negativa de autorización docente que le afectaría fue comunicada con fecha 4 de marzo de 2026, en tanto que la presente acción fue interpuesta el 22 de abril del mismo año, esto es, transcurrido en exceso el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

En este mismo sentido, en cuanto a nombre reservado, consta que la omisión que se reprocha a la autoridad administrativa se hace descansar en el Oficio N° 144, de 18 de marzo de 2026, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén, de modo que también a su respecto la acción fue deducida fuera del referido término fatal.

Ahora bien, no altera lo razonado la circunstancia de que el actor formule sus alegaciones en términos amplios o las inserte dentro de un reproche general al criterio administrativo aplicado por la autoridad educacional, por cuanto tratándose del recurso de protección, el plazo de interposición debe contarse desde la ejecución del acto o desde que se tuvo noticia o conocimiento cierto del mismo, lo que en la especie aparece suficientemente determinado respecto de ambos recurrentes. Por tanto, forzoso es concluir que, en lo concerniente a nombre reservado y nombre reservado, la acción fue intentada fuera de plazo, por lo que la acción intentada a su respecto debe ser rechazada por extemporánea.

Séptimo: Que, en lo que dice relación con nombre reservado, no se advierte la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar.

Ciertamente, de los antecedentes acompañados por la Superintendencia de Educación aparece que la referida persona ingresó el 7 de abril de 2026 un requerimiento ante dicho organismo, registrado bajo el código CAS-141867-M3G1Q4, en el que expuso que, pese a haber optado por la asignatura de religión evangélica para su hijo, el establecimiento habría asignado a una docente de religión católica para impartir dicha clase, situación que fue abordada inicialmente mediante un Formulario de Contacto Directo, mecanismo orientado a privilegiar el uso de los conductos regulares y la solución colaborativa al interior de la comunidad educativa. Asimismo, con fecha 9 de abril de 2026 se generó un segundo ingreso, código CAS-142103-Z3D6J6, en que se reiteraron sustancialmente los mismos hechos, dejándose constancia de que la Superintendencia evaluaría si la cuestión planteada se enmarcaba dentro de sus atribuciones legales.

En estas condiciones, no se divisa cómo tales actuaciones puedan ser calificadas como ilegales o arbitrarias, desde que ellas se insertan en el ámbito de competencias que la Ley N° 20.529 confiere a la Superintendencia de Educación para recibir, analizar y encauzar requerimientos de los usuarios del sistema educacional.

A mayor abundamiento, la situación descrita por nombre reservado dice relación con la prestación concreta de la asignatura de religión en un establecimiento determinado y no guarda relación directa con el acto administrativo que el propio recurrente identifica como central en estos autos, esto es, la Resolución Exenta N° 766 de la División de Educación General relativa al rechazo de autorizaciones docentes, de suerte que no aparece configurada, a su respecto, una acción u omisión de las recurridas que justifique el otorgamiento de tutela cautelar en sede de protección.

Octavo: Que, en lo que atañe específicamente a la situación de nombre reservado, el acto que el recurrente identifica como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° 766, de 16 de abril de 2026, dictada por la División de Educación General del Ministerio de Educación, por cuyo intermedio se desestimó el recurso de apelación deducido por el sostenedor del Colegio María Reina, de la comuna de Iquique, y se confirmó el rechazo de la autorización solicitada para que la mencionada postulante impartiera la asignatura de religión evangélica en primero y segundo año de enseñanza media, fundándose la decisión administrativa en la circunstancia de no contar aquella con la formación pedagógica mínima exigida por el artículo 11 del Decreto Supremo N° 352, de 2003, registrando sólo licencia de enseñanza media técnico profesional y acompañando un certificado de idoneidad religiosa, antecedentes que, en concepto de la autoridad, no satisfacen los requisitos que habilitan excepcionalmente el ejercicio de la función docente.

En este contexto, corresponde examinar si la actuación impugnada reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que hagan procedente la tutela cautelar pretendida.

Noveno: Que, en cuanto al marco normativo aplicable al caso de autos, cabe tener presente que el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, al fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación, dispone en su artículo 2 que son profesionales de la educación las personas que posean el título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, así como aquellas que se encuentren legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo con las normas legales vigentes, de lo que se desprende que el acceso a la docencia se encuentra sujeto a requisitos definidos por el ordenamiento y no a la sola voluntad de la autoridad.

A su turno, el Decreto Supremo N° 924, de 1983, de Educación, que reglamenta las clases de religión en los establecimientos educacionales, establece en el inciso primero de su artículo 9 que el profesor de religión, para ejercer como tal, debe estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para servir dicho cargo, configurando así un régimen especial que exige copulativamente idoneidad religiosa y formación académica adecuada.

Por su parte, el Decreto Supremo N° 352, de 2003, del mismo Ministerio, reglamenta el ejercicio de la función docente en situaciones excepcionales en que no hay suficientes profesionales preparados para ello, disponiendo en su artículo 4 que, cuando no hubiere profesores titulados o habilitados para satisfacer las necesidades del establecimiento, podrá autorizarse a personas no tituladas o habilitadas para ejercer docencia, en los casos y bajo las condiciones que se señalan, remitiéndose en su artículo 5 a los requisitos especiales del Decreto N° 924 tratándose de la asignatura de religión. Dicho reglamento establece además un orden de prelación de la formación pedagógica requerida para otorgar autorizaciones docentes en su artículo 11, contemplando diversas situaciones de egreso o estudios en curso de pedagogía, según el nivel educativo de que se trate, lo que demuestra que la autorización excepcional constituye una figura reglada, sujeta a antecedentes objetivos de formación académica, y no un mecanismo discrecional ajeno a exigencias de idoneidad profesional.

Finalmente, el artículo transitorio del Decreto N° 352, modificado por sucesivos decretos y, en lo que aquí interesa, por el Decreto N° 122 de 2024, prevé que las personas que a la fecha de publicación del reglamento contaban con autorización docente para impartir clases de religión y no cumplían con la formación mínima en pedagogía exigida en el artículo 11 tendrán plazo hasta el 28 de febrero de 2030 para completar dichos estudios, pudiendo el Secretario Regional Ministerial de Educación renovarles anualmente dicha autorización si acreditan el cumplimiento de los demás requisitos para acceder a ella, lo que pone de manifiesto que la prórroga otorgada no crea un nuevo estatuto autónomo, sino que extiende en el tiempo un régimen transitorio acotado a quienes ya se encontraban autorizados en los términos de la normativa vigente.

Décimo: Que, de la lectura armónica de los cuerpos normativos antes referidos, no es posible colegir, como pretende el recurrente, que baste por sí solo el certificado de idoneidad religiosa para ejercer la función docente en la asignatura de religión. Por el contrario, el sistema normativo aplicable demuestra que dicho certificado constituye un requisito especial y complementario, que debe concurrir conjuntamente con las exigencias generales o excepcionales de habilitación o autorización docente establecidas en el Decreto Supremo N° 352 de 2003, según corresponda.

En estas condiciones, no se advierte que la autoridad educacional haya impuesto, por vía administrativa, un requisito extraño al ordenamiento, sino que se ha limitado a exigir el cumplimiento de las condiciones previstas expresamente por la normativa vigente para la autorización excepcional del ejercicio de la docencia. De este modo, la interpretación administrativa cuestionada aparece inserta dentro del ámbito de atribuciones que el legislador y el reglamento han entregado al Ministerio de Educación en esta materia, lo que impide calificarla de ilegal.

Undécimo: Que, en relación con el Decreto N° 122, de 2024, cabe precisar que dicha disposición se limita a modificar el artículo transitorio del Decreto N° 352, prorrogando hasta el 28 de febrero de 2030 el plazo concedido a las personas que, a la fecha de publicación del reglamento, contaban con autorización docente para impartir clases de religión y no cumplían con la formación mínima en pedagogía exigida en el artículo 11, a fin de que completen tales estudios, facultando al Secretario Regional Ministerial de Educación para renovar anualmente dichas autorizaciones si se acreditan los demás requisitos legales.

Por consiguiente, la prórroga otorgada no creó una habilitación general para cualquier persona que cuente únicamente con un certificado de idoneidad, sino que se limitó a extender en el tiempo un régimen transitorio acotado a quienes ya se encontraban autorizados. En tales condiciones, la interpretación que propone el recurrente, según la cual bastaría el solo certificado para ejercer docencia en religión hasta el año 2030, no se desprende del tenor de la norma y, por el contrario, resulta incompatible con el texto del artículo transitorio.

Duodécimo: Que, de otra parte, tampoco aparece que el acto recurrido resulte arbitrario, por cuanto del mérito de los antecedentes fluye que la Resolución Exenta N° 766 se fundó en la circunstancia de no contar la postulante con la formación pedagógica mínima exigida por el artículo 11 del Decreto Supremo N° 352, ya que solo registra licencia de enseñanza media técnico profesional, justificando su solicitud solamente en un certificado de idoneidad religiosa el que, como se dijo, no suple ni reemplaza las exigencias de formación académica previstas en la normativa.

En este contexto, no se observa que la decisión impugnada sea resultado de un obrar caprichoso o inmotivado, sino que aparece como consecuencia de la aplicación de normas reglamentarias vigentes y de una valoración fundada de los antecedentes acompañados.

Décimo tercero: Que, en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la División de Educación General del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Ministro (s) señor Carrasco.

Protección N° 11820-2026. (vista en pos IC N° 13016-2026)

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errazuriz, el Ministro (S) señor Rodrigo Alejandro Carrasco Meza y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.