nombre reservado con nombre reservado

5 Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Natalia Rodríguez González, actuando en representación de nombre reservado, deduce acción de protección en contra de doña nombre reservado, administradora de “Comunidad Condominio Grecia”, por los actos ilegales y arbitrarios en que habría incurrido que le causan vulneración de sus derechos fundamentales, en particular los que garantiza el artículo 19 en sus numerales 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica la actora que es dueña de dos departamentos del domicilio reservado, que habita, domicilio reservado, que adquirió por sucesión por causa de muerte. Respecto de este último inmueble solo pudo tomar posesión por la vía judicial, tras ejercer acciones contra el ex arrendatario, don nombre reservado, instancia en que la recurrida prestó declaración en contra de la actora. Sin embargo, cuando el ex arrendatario dejó el departamento N° 422, la administradora firmó un acta en la que constaría que todos los gastos comunes y servicios básicos se encontraban al día, con lo que nombre reservado pudo obtener un salvoconducto y hacer abandono de la propiedad. Pese a ello, la recurrida insistentemente insiste en el cobro de los mismos rubros respecto de dicho departamento, en circunstancias que con el acta aludida ella dio cuenta que no registraba deuda.

Señala enseguida que en la última fecha de pago la recurrida la encaró en forma violenta y agresiva, amenazándola incluso con llegar a su lugar de trabajo para manifestar de qué clase de persona se trataría, lo que le ha causado gran intranquilidad e inestabilidad emocional, llegando incluso a temer por su integridad física y psíquica, por cuanto los hechos constituyen una amenaza seria y concreta en contra de su vida, amedrentándola con el corte de todos los suministros del departamento 422 de manera ilegal, lo que le impide ofrecerlo en arrendamiento. En síntesis, se trataría de actos de acoso, amenazas a viva voz, difusión de su intimidad en la vía pública, daño a la honra, difamación y denostación, todo lo cual afecta la garantía del artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, por los actos perturbadores y amenazantes señalados; del numeral 4 del mismo precepto, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, por cuanto la recurrida la increpa e insulta a la vista de toda la comunidad y de las personas que transitan por el exterior, dando a conocer asuntos y problemas íntimos sin su consentimiento, que la avergüenzan y menoscaban gravemente, incluidos hechos falsos e imputación de delitos inexistentes.

Con tales argumentos termina por solicitar que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida el cese inmediato de los hostigamientos y amenazas, especialmente se le prohíba acercarse a la recurrente.

Segundo: Que, informando la recurrida, nombre reservado, administradora de la Comunidad Condominio Grecia, solicita el rechazo del recurso por las consideraciones que se indican.

En primer término, explica que una de sus funciones es recibir el pago de los gastos comunes del condominio, los que se pagan cada mes vencido, emitiéndose una minuta a mediados del mes en que efectivamente se paga dicha obligación, tal como se estableció por la Asamblea de Copropietarios con anterioridad a que ella asumiera su cargo.

En el caso de la recurrente, explica que ella dio en arrendamiento el departamento N° 422 a nombre reservado, con quien la comunidad nunca tuvo inconvenientes. Sin embargo la actora inició acciones legales en su contra obteniendo sentencia favorable en mayo de 2019, de lo que la informante se enteró por el mismo demandado los primeros días de julio de ese año. El 7 de julio certificó que el señor nombre reservado no adeudaba monto alguno a la comunidad, pues los correspondientes al mes de mayo de 2019 y los anteriores se habían cancelado. La actora se ha negado a pagar lo correspondiente al mes de junio del año pasado, cuya minuta se emitió a mediados de julio, gastos que debían pagarse hasta el último día hábil de ese mes, época en que la unidad habitacional 422 ya se encontraba a disposición de la recurrente. Por último, desconoce los hechos que se le atribuyen de amedrentar y amenazar a los residentes, pues siempre ha conversado con ellos a fin de buscar soluciones conjuntas a los problemas, trabajando con responsabilidad para el bienestar de la comunidad, por lo que afirma que las imputaciones contenidas en el recurso, constitutivas algunas de delitos, además de no justificarse, son falsas.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que en el caso en análisis, los actos que generan la acción constitucional en examen consistirían en el cobro de una deuda de gastos comunes inexistente y, además, amenazas de diversa índole en contra de la recurrente por parte de administradora de la comunidad, con afectación de su integridad y honra.

Quinto: Que en relación al primero de estos tópicos, de la documentación acompañada efectivamente aparece que la unidad 422 registra pendiente de pago de gastos comunes el mes de junio de 2019, con vencimiento al 31 de julio del mismo año, en consideración a la modalidad de pago acordada por la comunidad. Sin embargo, de acuerdo al contenido de la minuta 319, correspondiente a los gastos de octubre de 2019, pagaderos hasta el último día del mes de noviembre de ese año, la actora registraba una deuda total de $152.250, correspondiente a $46.879 por gasto común y fondo de reserva, $93.750 por deuda anterior y $11.630 de multa por atraso e intereses, de lo cual solucionó únicamente el primero de dichos conceptos, por $46.870, según comprobante N° 0029023, de 23 de noviembre de 2019. Como se advierte, la unidad 422 efectivamente adeuda sumas que obedecen al concepto de gasto común, especificado en el artículo 2 de la Ley del ramo, N° 19.537.

A pesar de lo dicho, respecto de la forma ignominiosa en que según la actora se perseguiría el cobro de lo adeudado, no existe antecedente alguno aportado por la recurrente que así lo demuestre.

Sexto: Que, ahondando en relación al cobro del gasto común correspondiente al mes de junio de 2019, si bien la recurrida emitió un certificado de cuyo contenido aparecería que la unidad 422 se encontraba al día, lo que es un error, pues confunde los conceptos de deuda y morosidad, ese yerro no hace desaparecer la deuda, como pareciera entender la recurrente, sin perjuicio de las medidas que pudieren adoptarse por la comunidad en contra su administradora por emitir un documento con información equivocada, dadas las consecuencias que para uno de los comuneros acarreó, pues lo cierto es que al 7 de julio de 2019 el gasto común del mes anterior de la unidad 422 ya se había generado, solo que se encontraba vigente el plazo para solucionarlo.

Tampoco puede soslayarse las acciones de que la actora disponía para su cobro en el proceso civil iniciado en contra del ex arrendatario al que hizo alusión en su recurso.

Séptimo: Que, por último y de cara a las argumentaciones expresadas por las partes en relación a las amenazas e imputaciones deshonrosas y delictivas, la pretensión de la actora obligaría a esta Corte a emitir un juicio valorativo y declarativo en relación a la existencia de tales hechos, lo que sin duda queda al margen de este arbitrio que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por un acto u omisión arbitrario o ilegal.

En rigor, para el caso específico, la recurrente dispone de las vías adecuadas -civil y/o penal- en donde por medio de un procedimiento reglado y con la incorporación de las probanzas suficientes será posible elucidar la naturaleza de esos sucesos, no siendo, por consiguiente, este recurso constitucional el mecanismo pertinente para solucionar la controversia planteada.

Y de acuerdo, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por la abogada Natalia Rodríguez González, en representación de nombre reservado, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda hacer valer en la sede correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra P. Plaza G. No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección Nº 1182-2020.-