nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

A los folios 30 y 31: estése a lo que se resolverá.

Vistos y considerando:

Primero: Que los señores abogados LEONARDO LEIVA MENDOZA, SEBÁSTIAN DELPINO GONZÁLEZ y JOSÉ ANTONIO HENRÍQUEZ MUÑIZ recurren de protección en favor de doñas nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, jefas de unidad del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de esta ciudad, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por pagarles remuneraciones inferiores a las pagadas a jefes de unidades análogas en tribunales de asiento de Cortes de Apelaciones, lo que consideran ilegal, arbitrario y contrario a su derecho a la igualdad ante la ley.

Informan que el Centro de Medidas cautelares tiene una dotación propia, además de jueces, consejeros técnicos y funcionarios de los Juzgados de Familia de Santiago que son destinados transitoriamente a dicha unidad. El año 2016 el Centro de Medidas Cautelares pasó a la dependencia de esta Corte de Apelaciones.

Señalan que el año 2019, en AD 1302-2016 el pleno de la Excma. Corte Suprema aprobó el informe del Comité de Modernización del Centro de Medidas Cautelares, en el cual se propone la creación de un Quinto Juzgado de Familia de Santiago, especializado en materias de vulneración de derechos y violencia intrafamiliar.

Sostienen las recurrentes respecto del Centro de Medidas Cautelares que, apreciando su funcionamiento, sería imposible sostener que dicho centro no es un tribunal, y que sería el tribunal con más carga laboral de los Juzgados de Familia de Santiago.

Señalan que el 2022 el Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ informaba la siguiente dotación del Centro de Medidas Cautelares:

• 7 magistrados.

• 17 Consejeros técnicos.

• 4 Jefes de Unidad.

• 4 funcionarios de atención de público.

• 7 funcionarios de sala.

• 13 funcionarios de causas.

• 5 funcionarios de servicios.

Aducen que la Unidad de Causa contaba a diciembre de 2022 con 48 funcionarios a cargo del jefe de unidad. La Unidad de Sala actualmente tiene a 33 funcionarios a cargo de la jefatura. Y la Unidad de Atención actualmente tiene 11 funcionarios.

Señalan que las recurrentes tienen los siguientes cargos:

- nombre reservado, Jefa Unidad de Atención, desde agosto 2010.

- nombre reservado, Jefa Unidad de Causas, desde junio 2011.

- nombre reservado, Jefa Unidad de Sala, desde octubre 2019.

Al respecto señalan que no obstante desempeñar cargos de jefatura de unidad propios de la orgánica de cualquier Tribunal de Familia del país, sus remuneraciones no son equivalentes a las que detentan las mismas jefaturas en otros Tribunales de Familia del país que también son asiento de Corte.

Lo anterior, toda vez que el grado correspondiente para las jefaturas de unidad del CMC corresponde a un grado XI, escalafón secundario, y que las remuneraciones de los Jefes de Unidad en todos los Tribunales de Familia que son asiento de Corte son las del grado IX, escalafón secundario.

Señalan las recurrentes que con fecha 23 de enero de 2024 mediante OFI 6RH N°435 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se le informó que la homologación de rentas solo procederá en la medida de la creación del 5º Juzgado de Familia de Santiago, en estado de proyecto, lo que resultaría injusto y arbitrario.

Piden que se ordene a la Corporación Administrativa del Poder Judicial adoptar las medidas administrativas necesarias para poner fin a la diferencia remuneracional que se ha expuesto e igualarlas al grado IX, escalafón secundario, propio de las jefaturas de unidad de Juzgados de Familia asientos de Corte, con costas.

Segundo: Que el abogado señor CRISTIAN CASTILLO GARCÍA evacuó informe por la CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que conforme al artículo 77 de la Constitución Política de la República y al artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, estos sólo pueden ser creados por ley, y que el Centro de Medidas Cautelares fue creado por el Acta 135-2010 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, de modo que no es un tribunal.

Relata que el 11 de mayo de 2023 las recurrentes solicitaron homologación de grado, acordándose que previo a resolver, se debía esperar el resultado del informe de las estructuras de los centros de apoyo a la judicatura de familia.

Señala que, en ese marco, el Consejo Superior dio cuenta que los Centros de Medidas Cautelares y unidades de apoyo no forman parte de la estructura de las Cortes de Apelaciones, pese a que dependen de ella, por lo tanto, las asimilaciones de las rentas de esos grados deben tener como referente los grados de funcionarios de juzgados y no los correspondientes a las Cortes de Apelaciones.

Agrega que, para efectos de sus remuneraciones en su creación el Centro de Medidas Cautelares fue asimilado a un Juzgado no asiento de Corte de Apelaciones, dada la calidad mencionada de Unidad de Apoyo.

Añade que no existe presupuesto fiscal para poder solventar lo solicitado por las recurrentes, por no contar con el financiamiento aprobado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Precisa que, en cuanto a las Unidades de Apoyo a los Tribunales que existen a lo largo del país, como lo es el propio Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, se pueden mencionar a los Centros de Seguimiento de Medidas de Protección y a las Unidades de Liquidaciones. En dichos centros, quienes tienen la calidad de Jefe de Unidad o Supervisor cuentan con remuneraciones asignadas al grado XII, lo que es inferior al grado XI que detentan hoy en día las recurrentes.

Por los anteriores motivos considera que la Corporación Administrativa del Poder Judicial no ha actuado arbitraria ni ilegalmente, ni ha afectado derecho alguno de las recurrentes.

Tercero: Que, con data 29 de abril del año en curso, esta Corte decretó como medida para mejor resolver, se informara por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el origen del cargo y grado de la Jefa de la Unidad de Servicios del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, así como de los motivos de dicho grado, debiendo adjuntar, además, todos los documentos de que disponga al respecto, lo que se cumplió a folio 25 de estos antecedentes.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes aportados por los intervinientes, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, se advierten los siguientes hechos de relevancia fáctica jurídica:

1) Las recurrentes son funcionarias del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, órgano que tiene funcionamiento, estructura y dotación regulados por el Auto Acordado Acta N° 135-2010 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema;

2) El referido Centro de Medidas Cautelares tiene una dotación propia, además de jueces, consejeros técnicos y funcionarios de los Juzgados de Familia de Santiago, los que son destinados transitoriamente a dicha unidad;

3) El año 2016 el Centro de Medidas Cautelares pasó a la dependencia de esta Corte de Apelaciones de Santiago;

4) El año 2019, en AD 1302-2016 el pleno de la Excma. Corte Suprema aprobó el informe del Comité de Modernización del Centro de Medidas Cautelares, en el cual se propone la creación de un Quinto Juzgado de Familia de Santiago, especializado en materias de vulneración de derechos y violencia intrafamiliar;

5) El año 2022 el Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ informó la siguiente dotación del Centro de Medidas Cautelares: a) 7 magistrados, b) 17 Consejeros técnicos; c) 4 Jefes de Unidad; d) 4 funcionarios de atención de público; e) 7 funcionarios de sala; f) 13 funcionarios de causas; g) 5 funcionarios de servicios;

6) Las recurrentes tienen los siguientes cargos: a) nombre reservado, Jefa Unidad de Atención, desde agosto 2010; b) nombre reservado, Jefa Unidad de Causas, desde junio 2011, y c) nombre reservado, Jefa Unidad de Sala, desde octubre 2019, y desde que ingresaron al cargo que actualmente detentan en el Centro de Medidas Cautelares, han mantenido las remuneraciones asignadas al Grado XI de la escala de empleados o del Poder Judicial, según corresponda, sin afectárseles de forma alguna su derecho adquirido.

No existe en los registros de personal del Poder Judicial una persona con el cargo de Jefa de Unidad de Servicios del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, y doña nombre reservado, respecto de quien el señor abogado de las recurrentes asevera que ejercía dicho cargo, sirve desde el año 2010 el cargo de Jefe del Centro de Atención de Asuntos de Familia de los Tribunales de Familia de Santiago, en calidad de contrata anual, grado IX de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial, designada mediante Resolución Exenta N° 65, de fecha 05 de marzo de 2010, en virtud de lo acordado por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en sesión de fecha 27 de enero de 2010, que consta en Acta N° 339.

Actualmente detenta el mismo cargo, que es diverso a los cargos de las recurrentes de autos, por cuanto tiene una procedencia distinta según consta en la citada Acta N° 339, antes citada, lo que además queda de manifiesto en su hoja de vida de historia laboral y en sus resoluciones de nombramiento a contrata;

7) En sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de fecha 11 de mayo de 2023 se presentó una solicitud de homologación de grado de las tres funcionarias antes mencionadas, instancia en que se resolvió que, respecto de las tres funcionarias del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, previo a resolver se debía esperar el resultado del informe de las estructuras de los centros de apoyo a la judicatura de familia;

8) Con data 26 de diciembre de 2023, en el contexto de la actualización de descripciones se presentó al Consejo Superior para su aprobación la actualización de la Estructura del Centro de Medidas Cautelares, con la finalidad de dar cumplimiento a lo instruido en el inciso 2°, del artículo 498 del Código Orgánico de Tribunales, que señala:

“Para los efectos de lo establecido en el párrafo final del inciso primero del artículo 294, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a lo menos cada cinco años, deberá establecer las funciones que correspondan a cada uno de los cargos que componen el Escalafón del Personal de Empleados, debiendo señalar con claridad y precisión los títulos profesionales o técnicos o los conocimientos que se requieran para su debido desempeño. Al determinar las funciones y requisitos habilitantes de cada cargo, la Corporación establecerá aquellas diferencias y excepciones que sean necesarias conforme a las categorías y características de los distintos tribunales en que vayan a desempeñarse”.

A fin de concretar lo anterior, se conformó una mesa de trabajo con diversos actores, que incluyó la realización de seis fases previas: Fase 1. Recolección de información histórica; Fase 2: reuniones individuales con jefaturas de unidad y coordinadora del consejo técnico; Fase 3. Elaboración 1° versión manuales y envío a jefaturas del Centro de Medidas Cautelares; Fase 4: revisión e integración de observaciones enviadas; Fase 5: elaboración 2° versión manuales para mesa de validación; Fase 6: realización de mesa de validación con representantes del Centro;

9) En esta misma instancia, se solicitó nuevamente al Consejo Superior evaluar la posibilidad de priorizar la nivelación de grado para las tres funcionarias antes individualizadas que integran el Centro de Medidas Cautelares. Al respecto, el Consejo Superior dio cuenta que los Centros de Medidas Cautelares y unidades de apoyo no forman parte de la estructura de las Cortes de Apelaciones, pese a que dependen de ella, por lo tanto, las asimilaciones de las rentas de esos grados deben tener como referente los grados de funcionarios de juzgados y no los correspondientes a las Cortes de Apelaciones. En esta misma línea acordaron considerar las rentas de jefes de unidad en el proyecto de creación del 5° Juzgado de Familia de Santiago;

10) En cuanto a los jueces, ellos se desempeñan sus funciones en comisión de servicios de duración anual y la continuidad o cambio es propuesto al Pleno de la Excma. Corte Suprema año a año, considerando que corresponde a jueces que forman parte de la dotación de alguno de los cuatro juzgados de familia, en los que existe rotación de quienes encabezan el referido Centro por un periodo determinado.

Sexto: Que las recurrentes accionan en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por el acto de pagarles remuneraciones inferiores a las pagadas a jefes de unidades análogas en tribunales de asiento de Cortes de Apelaciones, lo que consideran ilegal, arbitrario y contrario a su derecho a la igualdad ante la ley, entre otras garantías constitucionales que especifican.

Séptimo: Que, establecidos los hechos acreditados en esta acción cautelar, corresponde referirse a la normativa aplicable en la especie, con el objeto de resolver el presente recurso:

Acorde lo dispuesto en los artículos 506 y siguientes de Código Orgánico de Tribunales, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es una Corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la administración de los recursos financieros y materiales destinados al funcionamiento de los tribunales de justicia.

El artículo 506 aludido, dispone que: “Corresponderá especialmente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial:

1° La elaboración de los presupuestos y la administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuestos asigne al Poder Judicial.

2° La administración, adquisición, construcción, acondicionamiento, mantención y reparación de los bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento de los tribunales y de los servicios judiciales o a viviendas fiscales para los jueces. Estas sólo podrán ser habitadas por los jueces de letras mientras se desempeñen en la respectiva ciudad, quienes, además, deberán pagar a la Corporación Administrativa la renta legal de arrendamiento la que formará parte de los recursos ordinarios de este organismo.

En los inmuebles de propiedad particular que se arrienden para que en ellos funcionen tribunales, sólo podrán efectuarse reparaciones cuando el respectivo contrato haya sido celebrado por un plazo no inferior a tres años.

3° Asesorar técnicamente a la Corte Suprema en el diseño y análisis de la información estadística, en el desarrollo y aplicación de sistemas computacionales y, en general, respecto de la asignación, incremento y administración de todos los recursos del Poder Judicial, para obtener su aprovechamiento o rendimiento óptimo.

4° La organización de cursos y conferencias destinados al perfeccionamiento del personal judicial.

5° La creación, implementación y mantención de salas cunas en aquellos lugares en que sean necesarias en conformidad a la ley, para los hijos del personal del Poder Judicial.

6° Dictar, conforme a las directrices generales que le imparta la Corte Suprema, políticas de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de indicadores de gestión, de diseño y análisis de la información estadística, y la aprobación de los presupuestos que le presenten los tribunales.

7° Remitir, previa autorización del Consejo Superior, los informes y estudios que haya elaborado o encargado a terceros y obren en su poder a los Ministerios de Justicia y Hacienda y a los órganos y autoridades del Estado, cuando los soliciten para materias relacionadas con su competencia.”

Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política de la República señala que: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.”

Concordante con lo anterior, el inciso primero del artículo 77 de la Carta Magna señala que: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.”

El inciso segundo del citado artículo, dispone que: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.”

Por su parte, el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales dispone: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley.”

En este sentido, dispone el artículo 5° del mismo cuerpo legal que: “A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes.

Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía.

Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y los Tribunales Militares en tiempo de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley Nº 19.968, en el Código del Trabajo, y en el Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él.”

Respecto a los Tribunales de Familia, estos fueron creados por la Ley N° 19.968, de 25 de agosto de 2004, que dispone en su artículo 1°:

“Judicatura especializada. Créanse los juzgados de familia, encargados de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que les encomienden otras leyes generales y especiales, de juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado.

Estos juzgados formarán parte del Poder Judicial y tendrán la estructura, organización y competencia que la presente ley establece.

En lo no previsto en ella se regirán por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.”

El artículo 2° de la misma ley, señala: “Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para cada caso señalan los artículos 4º y 4º bis. Contarán, además, con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones…”

El artículo 4° de la citada ley indica: “Creación de nuevos juzgados. Créanse juzgados de familia, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con el número de jueces y con la competencia que en cada caso se señala… Créanse, además, los siguientes juzgados de familia, que tendrán categoría de juzgado asiento de Corte para todos los efectos legales, con asiento dentro de la Provincia de Santiago, con el número de jueces y la competencia que en cada caso se indica:

Cuatro juzgados de familia, con competencia sobre las comunas de la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. El Primer y Segundo Juzgado de Familia de Santiago contarán con quince jueces, el Tercero con catorce jueces y el Cuarto con trece jueces.”

Octavo: Que, de la normativa analizada, se discierne, en primer término, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un organismo administrativo y técnico, con funciones determinadas y que dicen relación exclusivamente con la administración de los recursos financieros y materiales destinados al funcionamiento de los tribunales de justicia, y en segundo lugar, que el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago no se encuentra dentro del listado de tribunales que han sido creados por ley, como lo mandatan la Carta Fundamental y el Código Orgánico de Tribunales, de modo que el aludido Centro de Medidas Cautelares, bajo motivo alguno puede considerarse como tal, desde que es un hecho indubitado que fue creado el año 2010 y se encuentra regulado por el Acta 135-2010 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema.

En consecuencia, la estructura aludida corresponde a la orgánica aprobada para este Centro y de la cual no se ha realizado encasillamiento de los cargos, es decir, relacionar cargo versus ocupante del mismo, teniendo en consideración asimismo, que el mencionado Centro tiene como función particular, la de ser una Unidad de Apoyo a los Juzgados de Familia de Santiago. Lo anterior, además, se explica por no contar con el financiamiento aprobado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda que permita contar con presupuesto para este cometido, de modo que, la recurrida está impedida normativamente para otorgar a las funcionarias y funcionarios del Centro de Medidas Cautelas de los Juzgados de Familia de Santiago, la calidad de funcionarios de un Tribunal asiento de Corte de Apelaciones y asimilar sus remuneraciones a dicha circunstancia.

En efecto, el Poder Judicial funciona con el presupuesto que se le otorga todos los años por ley, donde con anterioridad al periodo presupuestario se realiza la estimación de los gastos que tendrá este Poder del Estado en cada uno de sus ítems presupuestarios, el que incluye las remuneraciones del personal. En consecuencia, no existe presupuesto fiscal para poder solventar lo solicitado por las recurrentes.

Noveno: Que, como colofón de lo razonado, se concluye que la remuneración grado XI asignadas a las Jefas de Unidad que recurren de protección en la presente causa, no constituye una ilegalidad ni una arbitrariedad, sino más bien, una estricta sujeción a la ley y el acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema, lo que se ha aplicado en igualdad de condiciones para todos los funcionarios y funcionarias que realizan funciones en el Centro de Medidas Cautelares y en todas las Unidades de Apoyo a lo largo del país. En estas condiciones, las actoras carecen de un derecho indubitado respecto a recibir las mismas remuneraciones de los Jefes de Unidad de los Juzgados de Familia que señalan, vislumbrándose únicamente una mera expectativa de obtener la asimilación que les provea de los emolumentos que reclaman.

Décimo: Que, al no existir en el caso sub lite un hecho ilegal o arbitrario que enmendar por esta vía cautelar, resulta inoficioso referirse a las supuestas garantías y derechos alegados como vulnerados.

Undécimo: Que, en dicha consideración a lo razonado con antelación, no se configuran en la especie ninguno de los requisitos requeridos para que pueda prosperar la acción de emergencia formalizada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doñas nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, jefas de unidad del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de esta ciudad, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

Protección-1.181-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.