nombre reservado con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

C.A Santiago Santiago, siete de mayo de dos mil veinticuatro.

A los folios 13, 14 y 15: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Octavio Sufán Farías, abogado, en representación de doña nombre reservado, abogada, e interpone acción constitucional de protección en contra de Subsecretaría de Transportes, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario de haber descontado en el mes de enero de 2024, más del 90% de su remuneración mensual, lo que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Politice de la República, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y derecho de propiedad.

Expone que desde el día 01 de septiembre de 2014, a la fecha, la recurrente ha prestado servicios como abogada a contrata, grado 11°, de la E.U.S en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región Metropolitana, dependiente administrativamente de la Subsecretaría de Transportes.

Refiere que el 23 de enero de 2024, la Subsecretaría de Transportes, procedió a descontar la suma de $1.783.663.-, de la remuneración mensual de la recurrente, equivalente a un descuento total de más del 90% de la remuneración mensual que debía recibir, la que para ese mes correspondía a $1.999.811.-, y correspondiendo solo por concepto de “reintegro de licencias médicas”, la suma descontada de $1.293.885.- Sostiene que el descuento arbitrario e ilegal efectuado por la Subsecretaría de Transportes, se funda en la supuesta necesidad de reintegrar sumas por concepto de licencias médicas rechazadas; no obstante, a la fecha, la recurrida no ha señalado con certeza a la recurrente cuáles serían las licencias rechazadas ni los montos que correspondería reintegrar, ya que al parecer, la recurrida tendría alguna confusión interna respecto a las licencias respecto de las cuales se deben ejecutar descuentos, sus fechas y montos; y, al ser consultados para que informen el detalle de dichas licencias, han entregado información errónea.

Precisa que efectivamente existen algunas licencias que fueron rechazadas, no obstante, las mismas fueron debidamente apeladas ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), situación que fue puesta en conocimiento de su empleador, no obstante, igualmente procedió a efectuar el descuento.

Sustenta que al retenerse sumas de dinero por concepto de reintegro de licencias médicas excediendo los máximos legales permitidos para dichos efectos, dan cuenta de una falta de criterio inexcusable de parte de los encargados de la Unidad de Personal y Remuneraciones de la Subsecretaría de Transportes, que ni siquiera llegaron a cuestionar el impacto que pudo generar una medida como la que adoptaron en la esfera personal y familiar de la afectada, y además constituye una arbitrariedad e ilegalidad de su parte, al infringir lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo que dispone que “Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador” .

Solicita que se acoja el presente recurso, se ordene el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas arbitrariamente descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas a la fecha de dicha devolución, que la restitución se efectúe de manera íntegra y respecto de todos los montos descontados de manera indebida, ya que es la única forma de poder ejercer sus derechos para solicitar condonación y/o pago en cuotas ante la Contraloría General de la República, con costas.

Segundo: Que comparece don Francisco Javier Villegas Valle, abogado en representación de la Subsecretaría de Transportes, y evacua informe requerido, solicitando se niegue lugar a la acción de protección interpuesta.

Explica que durante el año 2019, la recurrente debió hacer uso del reposo médico prescrito por medio de las licencias médicas folios números 57693786, 57693789, 57693791, 58061455, 58061457 y 58061478, mientras era afiliada a la ISAPRE Banmédica.

Indica que al presentar estas licencias médicas ante la ISAPRE mencionada, estas fueron rechazadas y/o se redujeron los días de licencia otorgados por el médico. A su vez, estos pronunciamientos fueron ratificados por la COMPIN, y posteriormente notificados a la afiliada la resolución que disponía la medida de monto adeudado por rechazo o disminución de días de licencia médica. Como consecuencia del rechazo y/o reducción de las licencias médicas mencionadas, se negaron a la recurrente un total de 50 días de licencia médica, que equivalen a la suma total de $ 2.293.885.

Explicita que producto del procedimiento interno de la Subsecretaria se debió materializar un descuento por la suma de $ 1.293.885, en la remuneración del mes de enero de 2024 por concepto de reintegro de licencias médicas adeudadas, quedando un saldo remanente de $1.000.000, que a la fecha no ha sido descontando.

Releva que dado que los montos objetados ya habían sido percibidos por la funcionaria, surgió la necesidad de la restitución de éstos. Debido a esto, al existir una percepción indebida de remuneraciones, el Servicio tiene la obligación de disponer las medidas tendientes a obtener el reintegro de ellas, por lo que se encuentra mandatado a iniciar el procedimiento interno, establecido por la Resolución Exenta 188/2021 DAF, para la recuperación del subsidio de licencias médicas Detalla el procedimiento con la forma de descuentos, comunicaciones y decisiones de acuerdo a la aprobación o rechazo de días de licencia por la entidad pertinente.

Precisa que se llevó a cabo el descuento de parte de la remuneración correspondiente al mes de enero de la recurrente, al detectarse la presencia de 6 rechazos y/o reducciones de licencias médicas por parte de la autoridad competente, lo cual fue verificado por la Unidad de Personas, informando a la Unidad de Remuneraciones, y dio inició a la aplicación del procedimiento establecido en la Resolución Exenta 188/2021.

Describe que se envió a la recurrente una primera carta certificada fechada el 10 de noviembre de 2023, informando sobre los rechazos de sus licencias médicas, e informándole su derecho a recurrir ante la Contraloría General de la República para solicitar el beneficio establecido en el artículo 67 de la Ley N°10.336, haciendo presente que en ella, existió un error en los datos de detalle de las licencias, toda vez que si bien eran mencionadas correctamente en el cuerpo de la carta, en un cuadro detalle de esta se hace referencia a otros números de licencia.

Luego refiere que, en respuesta a esa comunicación, la recurrente presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República, de fecha 28 de noviembre, solicitando el ejercicio del beneficio establecida en el artículo 67 de la Ley N°10.336, a fin de que se condonara, redujera o se le otorgara facilidades de pago respecto a la deuda derivada de las licencias médicas rechazadas y/o reducidas.

Explica que surgió un problema relevante, ya que a pesar de haber presentado su solicitud ante el ente Contralor, no existieron antecedentes que la recurrente haya informado al Servicio sobre dicha presentación, lo que impidió que se tomara conocimiento que el asunto estaba en conocimiento de la entidad contralora y se procediera a la suspensión consecuente del proceso de descuento, como se establece en el procedimiento interno.

Por otro lado, la Contraloría General de la República, al tener conocimiento de la presentación de la recurrente, intentó enviar la solicitud de antecedentes a ese Servicio, siendo enviado a una casilla electrónica en desuso, por lo que no se tuvo constancia de dicha solicitud, ni del proceso que la originó.

Ante esta situación, debido al desconocimiento del proceso ante el ente Contralor, y conforme al procedimiento previamente mencionado, se procedió a enviar una segunda carta a la recurrente con fecha del 16 de diciembre de 2023. Este segundo aviso tenía por objeto notificar que la deducción se llevaría a cabo. Por consiguiente, al no contar con los antecedentes de esa presentación, y conforme al procedimiento interno establecido, se materializó la deducción en la remuneración correspondiente al mes de enero de 2024, respecto a la suma de $ 1.293.885, quedando un saldo remanente de $1.000.000, del total adeudado que ascendió a $2.293.885.- Remarca que el descuento cuestionado por la recurrente dice relación con el antes indicado, toda vez que en dicha liquidación también se debieron efectuar las liquidaciones legales obligatorias, que en su conjunto totalizaron un descuento del 90% de la remuneración del mes de enero.

Agrega que con posterioridad a la materialización del descuento, la recurrente remitió la presentación efectuada y la solicitud de la Contraloría General de la República, por tanto, todo proceso de descuento fue suspendido, y por ello, en la remuneración de febrero de 2024 no se hizo descuento respecto del remanente de la deuda.

Puntualiza que conforme a lo dispuesto en el inciso 4° y 5° del artículo 67 de la Ley N°10.336, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.

Añade que, atendido el marco normativo vigente, ese Servicio carece de las facultades legales para hacer condonaciones, rebajas u otorgar facilidades de pago respecto de deudas que deriven de beneficios pecuniarios que hayan sido percibidos indebidamente.

Con fecha 13 de abril del año en curso, la recurrida por escrito da cuenta que por medio del Oficio N°E456734/2024, la Contraloría General de la República ha solicitado a ese servicio la elaboración de un informe que detalle las circunstancias y motivos relacionadas con el descuento aplicado a las remuneraciones de la recurrente. En virtud de esa solicitud, mediante el Oficio N°7137/2024 de la recurrida se evacuó la respuesta del servicio ante el informe requerido por la Entidad Contralora.

Tercero: Que, conforme es aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos efectuados en su remuneración, de enero de 2024, por la falta de proporcionalidad en el monto deducido, y por su parte la recurrida alega que se trata de devoluciones por licencias médicas rechazadas o bien reducidas que ascienden a 50 días.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes expuestos, consta que la recurrente en cuanto al rechazo o reducción de los días de licencias médicas ha presentado apelaciones ante la Superintendencia de Seguridad Social para la revisión de los motivos de justificación de dichas licencias, e igualmente, no obstante los descuentos efectuados por la recurrida, se ha presentado solicitud de conformidad al artículo 67 de la Ley 10.336 ante la Contraloría General de la República, para fines de condonación o facilidades de pago de los descuentos en su remuneración, lo que ha permitido suspender otros descuentos posteriores con motivo del rechazo de las licencias médicas.

Séptimo: Que, de esta manera, resulta evidente que la materia en examen está actualmente sometida al procedimiento contemplado en la Ley N°10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República y, también ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que otorga a la recurrente las garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos en los procedimientos administrativos reglados, motivo por el cual, encontrándose la situación controvertida bajo el imperio del Derecho, la presente acción extraordinaria no pueda prosperar, sin perjuicio de lo que aquellos resuelvan en su oportunidad.

Octavo: Que en este escenario y por todas las razones precedentemente expuestas, procede desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación de recursos como el presente, se rechaza, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, contra la Subsecretaría de Transportes.

Sin perjuicio, de ello la recurrida deberá mantener la decisión adoptada, mientras se tramita el procedimiento ante la entidad contralora, de la suspensión decretada de los descuentos en la remuneración de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-1180-2024.