nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 13: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Óscar Eduardo Olivares Jatib, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (en adelante CORESAM), por haber dictado las resoluciones que determinaron la no renovación de los nombramientos a contrata de los recurrentes a partir del 31 de diciembre de 2024, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado ingresó a CORESAM en el año 2022 para prestar servicio como referente del programa de imágenes diagnósticas y adolescentes en el CREA, estando asimilada a la categoría B, grado 14, de la carrera funcionaria, percibiendo aproximadamente $2.210.916.- mensuales y manteniendo un excelente desempeño laboral.

Por su parte, refiere que doña nombre reservado ingresó a CORESAM el 07 de enero del año 2022, para prestar servicios a contrata en el Cecosf Bachelet, estando asimilada a la categoría C, grado 06, de la carrera funcionaria, con una remuneración aproximada de $1.209.712, también con excelente desempeño laboral Asimismo, señala que doña nombre reservado ingresó a la CORESAM el 07 de enero del año 2020, para prestar servicios a contrata en el Cesfam Alberto Bachelet, estando asimilada a la categoría E, grado 13, de la carrera funcionaria, percibiendo cerca de $1.088.867 mensuales.

Del mismo modo, explica que nombre reservado ingresó a la CORESAM en el mes de junio de 2023 al Cesfam Juanita Aguirre, estando asimilado a la categoría B, grado 14, de la carrera funcionaria, con una remuneración aproximada de $1.552.194.-.

Por último, indica que doña nombre reservado ingresó a la CORESAM en junio de 2022, para prestar servicios de enfermera a contrata y a honorarios en el Cesfam Alberto Bachelet, cumpliendo una jornada de 44 horas semanales, 22 a plazo fijo y las restantes a honorarios, señalando que su modalidad a contrata estaba asimilada a la categoría B, grado 15, de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual de $580.000 líquidos aproximadamente, lo que, sumado a la prestación a honorarios, le permitía obtener un ingreso mensual de $1.200.000 líquidos aproximados.

Sostiene que todos los funcionarios mantuvieron un desempeño ejemplar durante sus respectivos períodos laborales, obteniendo el máximo puntaje en las evaluaciones correspondientes y siendo ubicados consistentemente en lista 1, sin incurrir jamás en responsabilidad administrativa ni ser objeto de anotaciones de demérito. En virtud de este rendimiento sobresaliente, sus contratos fueron objeto de sucesivas renovaciones, generando en los trabajadores la legítima expectativa de continuidad laboral para el período 2025.

Afirma que, no obstante lo anterior, entre el 10 y 31 de diciembre de 2024, la recurrida comunicó a cada uno de los funcionarios, mediante resoluciones sin número denominadas "aviso de término de contrato de trabajo", que sus servicios no serían renovados para el año 2025, invocando como única causal el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es, "vencimiento del plazo del contrato". Refiere que estas comunicaciones fueron realizadas sin expresar las razones fácticas y jurídicas que motivaron tal decisión, limitándose a invocar la causal legal mencionada.

Argumenta que las resoluciones impugnadas adolecen de un vicio sustancial consistente en la ausencia de motivación del acto administrativo, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de Procedimiento Administrativo. Alega que la motivación constituye un elemento esencial del acto administrativo, debiendo la Administración expresar las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que sustentan sus decisiones, especialmente aquellas que afectan los derechos de los particulares.

Asimismo, invoca el Dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República, que establece criterios específicos para la no renovación de contratos, exigiendo fundamentación objetiva y verificable.

Fundamenta su recurso en la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema a partir de 2017, denominada "axioma del empleo a contrata", según la cual, enfatiza, las relaciones laborales a contrata que exceden los dos años y son renovadas reiteradamente se transforman en relaciones indefinidas, conforme al principio de confianza legítima. En consecuencia, sostiene que los servicios de los recurrentes solo podrían cesar mediante calificación deficiente o sumario administrativo, no por simple vencimiento de plazo.

En definitiva, solicita que se declare que la actuación de CORESAM deviene en ilegal y arbitraria, ordenándose dejar sin efecto las resoluciones impugnadas, disponer el reintegro de los funcionarios a sus puestos de trabajo en las mismas categorías y grados que ostentaban, y el pago íntegro de las remuneraciones devengadas desde el 1 de enero de 2025 hasta su reincorporación efectiva.

Segundo: Que la recurrida, Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM) por intermedio de su apoderado don nombre reservado, evacuó el informe solicitado, contraviniendo las afirmaciones de los recurrentes y solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto.

En primer lugar, sostiene que su naturaleza jurídica constituye un obstáculo insalvable para la aplicación de la doctrina de la confianza legítima invocada por los recurrentes. Argumenta que la Corporación Municipal de Conchalí es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada al amparo del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 13.063 de 1980, circunstancia que, según los dictámenes N° 69.200 de 2010 y N° 25.303 de 2011 de la Contraloría General de la República, determina que no constituye un órgano integrante de la administración del Estado. En consecuencia, afirma que el principio de confianza legítima solo resultaría aplicable a funcionarios públicos municipales, calidad que no ostentan los recurrentes por depender de una entidad de derecho privado.

Invoca el Dictamen ORD N° 1581 del 27 de marzo de 2018 de la Dirección del Trabajo, que establece expresamente que las corporaciones municipales constituyen personas jurídicas de derecho privado, por lo que la interpretación y fiscalización de las normas laborales que rigen a sus trabajadores corresponde a dicha Dirección y no a la Contraloría General de la República. Refuerza esta tesis citando el reciente Dictamen N° E561358 de 6 de noviembre de 2024 de la Contraloría General, que señala que dicho organismo se abstiene de resolver sobre materias de naturaleza litigiosa relacionadas con la confianza legítima, correspondiendo su resolución a los Tribunales de Justicia.

Alega que la relación laboral se encuentra regulada en primer lugar por la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883 sobre Estatuto de Funcionarios Municipales, excluyendo la aplicación del Código del Trabajo. Destaca que el artículo 14 de la Ley N° 19.378 establece que son funcionarios con contrato indefinido únicamente aquellos que ingresen previo concurso público de antecedentes, condición que no cumplieron los recurrentes.

Asevera que el término de los contratos se fundamentó en el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es, "vencimiento del plazo del contrato", constituyendo una causal legal que no requiere mayor fundamentación que la mera ocurrencia del vencimiento del plazo convenido. Además, invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, que establece que las corporaciones no tienen obligación de dar aviso anticipado del término de contratos de plazo fijo.

La recurrida acompaña la Resolución N° 735/2024 de fecha 2 de diciembre de 2024, denominada "Informa no renovación de contratos", que contiene la fundamentación formal de la decisión adoptada. Señala que esta resolución se basa en el cumplimiento de la Ley N° 21.308 sobre beneficios al personal de atención primaria de salud y el artículo 56 de la Ley N° 19.378, referente al límite porcentual no superior al 20% de la dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo, procediendo a proveer dichos cargos en calidad de titular a funcionarios que cumplían los requisitos y obtuvieron los mayores puntajes en concurso público.

Argumenta que los recurrentes no han demostrado la existencia de un derecho cierto e indiscutido que haya sido vulnerado, requisito esencial para la procedencia del recurso de protección. Sostiene que la controversia requiere un pronunciamiento en sede de lato conocimiento para determinar la existencia y entidad de los derechos alegados, siendo la acción de protección improcedente para resolver derechos controvertidos.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicita tener por evacuado el informe y, en su mérito, rechazar íntegramente la acción de protección deducida por todos los recurrentes, con costas.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, consiste en la decisión de la recurrida de no renovar la contrata de los recurrentes para el año 2025. En dicho sentido cabe tener en cuenta que, tratándose la recurrida de una Corporación de derecho privado, no se encuentra comprendida en el artículo 1º de la Ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo, sino que, la relación entre la actora y dicha entidad se encuentra regulada por la Ley Nº19.378, que en su artículo 14 dispone “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Quinto: Que de lo señalado, aparece que los recurrentes se encontraban sujetos al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c). En dicho sentido, la pretensión de los recurrentes importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo fijo en uno indefinido, lo que es del todo improcedente, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

Sexto: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de los recurrentes, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que, a su vez, sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado.

Séptima: Que, por lo antes indicado, el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no puede calificarse como una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1179-2025.