Protección contra Dirección Regional Valparaíso del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 22 de mayo de 2025, comparecieron los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Valparaíso del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión que consideran ilegal y arbitraria al negar la debida tramitación de la solicitud de refugio presentada por la recurrente. Actuación que estiman carente de fundamento, al no otorgarse la visación temporaria prescrita en la Ley N° 20.430, lo que habría significado una afectación grave a su derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de sus garantías constitucionales, por lo que solicitan se ordene dar curso a su procedimiento y se disponga la concesión de la visa temporaria de refugio.

Exponen que el recurrente se vio obligado a abandonar Venezuela debido a la grave crisis social, económica e institucional que afecta a dicho país, caracterizada por la falta de servicios básicos, la precariedad del sistema de salud, el aumento descontrolado de la delincuencia y la acción violenta de bandas armadas como los denominados “Colectivos” y los “Tupamaros”, que lo extorsionaban por ser arrendatario de una barbería.

Asimismo, señalan que la represión ejercida por las fuerzas de orden lo colocó en una situación de riesgo vital, forzándolo a salir de su país con destino a Chile, donde ingresó en abril de 2021. Una vez en territorio nacional, acudió en noviembre de 2024 a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, entregando el formulario y su declaración de hechos. Sin embargo, hasta la fecha de interposición del recurso no ha sido nuevamente contactado por la autoridad, ni se le ha otorgado la visa temporaria contemplada en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

En cuanto a los fundamentos juríd Argumentan que el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a solicitar asilo en caso de persecución, y que la Constitución chilena, en su artículo 5°, obliga al Estado a respetar los derechos esenciales reconocidos tanto en el ordenamiento interno como en los tratados internacionales ratificados por Chile. Asimismo, destacan que la propia Ley N° 20.430 consagra el principio de no devolución desde el momento en que se manifiesta la intención de solicitar refugio, sin que la autoridad migratoria pueda limitar ni condicionar arbitrariamente este derecho.

Estiman que la negativa de la autoridad administrativa a dar curso a la solicitud y a otorgar la visa temporaria implica una discriminación respecto del trato dispensado a otros solicitantes en igual situación, vulnerando así la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, y que, además, constituye un acto arbitrario, al carecer de justificación razonable; e ilegal, por ser contrario al ordenamiento jurídico aplicable.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, ordenando que se dé curso inmediato al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente y que, mientras ello se resuelve, se le conceda la visa temporaria de refugio prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, el Servicio Nacional de Migraciones, solicitó el rechazo en todas sus partes del presente recurso de protección, argumentando que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a dicha que pueda afectar los derechos fundamentales del actor, toda vez que el procedimiento administrativo relativo a la solicitud de refugio del recurrente se encuentra actualmente resuelto, por lo que la acción ha perdido oportunidad.

Expuso que, revisados los antecedentes de registro de viajes, consta que el ingreso del recurrente al territorio nacional se realizó por paso no habilitado, no habiendo manifestado en frontera intención alguna de solicitar refugio. Indicó que, con fecha 18 de julio de 2024, el extranjero formalizó su intención de pedir el reconocimiento de la condición de refugiado, siendo citado mediante Oficio Ordinario N° NUM000 para concurrir al Departamento de Refugio y Protección Internacional el día 7 de noviembre de 2024, ocasión en que se le entregó el formulario respectivo. Una vez completado este, se procedió a la revisión de los antecedentes, constatándose el incumplimiento de requisitos formales previstos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, particularmente por haber residido durante más de tres años en Perú sin solicitar protección internacional, exceder con creces el plazo de siete días para presentarse ante la autoridad migratoria tras su ingreso irregular, y no acompañar antecedentes suficientes para subsanar tales deficiencias.

En virtud de ello, mediante Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 7 de noviembre de 2024, se le otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud. Sin embargo, al no haber cumplido con lo requerido, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 2 de diciembre de 2024, que declaró por concluido el procedimiento, teniéndose al solicitante por desistido de su petición de reconocimiento de la condición de refugiado.

Añadió la recurrida que el actor disponía de los recursos administrativos contemplados en la normativa especial para impugnar dicha decisión, los cuales no fueron ejercidos. Asimismo, sostuvo que la acción constitucional es improcedente por cuanto no existe vulneración de derechos fundamentales, máxime si la tramitación administrativa ha concluido. Indicó además que, en paralelo, el recurrente presentó una solicitud de regularización migratoria al amparo del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, cuya resolución corresponde a la Subsecretaría del Interior, órgano competente al que fueron remitidos los antecedentes mediante Oficio Ordinario N° NUM003, de fecha 5 de junio de 2025. Finalmente, alegó que en todo momento la autoridad ha obrado dentro del marco de la Constitución, la ley y los reglamentos vigentes, ajustando su actuación a derecho, razón por la cual el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

TERCERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO Que, en el caso en análisis, la actuación que se cuestiona al Servicio Nacional de Migraciones consiste en no haber dado curso regular a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por don nombre reservado, pese a haber manifestado su voluntad en tal sentido y acompañado los antecedentes correspondientes. Señala además que, en el marco de dicha omisión, la autoridad recurrida no ha otorgado al solicitante la visación de residencia temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, la que debe concederse a todo extranjero que inicia un procedimiento de refugio, generando con ello una discriminación respecto de otros solicitantes y privando al actor de la debida protección mientras se resuelve su situación. Precisa la recurrente que tal proceder vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, integridad física y psíquica y el derecho a solicitar asilo, aseguradas tanto por la Carta Fundamental como por los tratados internacionales ratificados por Chile.

QUINTO: Que, de los antecedentes aportados por la autoridad recurrida, consta que el Servicio Nacional de Migraciones tramitó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el actor, detectando deficiencias formales en su planteamiento, motivo por el cual le otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido en caso de no hacerlo.

Asimismo, consta que, al no haber subsanado lo requerido, se dictó la Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 2 de diciembre de 2024, que declaró concluido el procedimiento, configurándose de ese modo el desistimiento de la solicitud en los términos previstos por la Ley N° 20.430 y la Ley N° 19.880.

En ese entendido, los antecedentes acompañados permiten establecer que la solicitud de refugio del actor fue debidamente conocida y resuelta por la autoridad administrativa competente, concluyendo mediante resolución formal que puso término al procedimiento. Ello implica que, a la fecha de interposición del presente recurso, ya se encontraba agotada la instancia administrativa, por lo que no resulta efectivo que exista actualmente una omisión arbitraria o ilegal atribuible al órgano recurrido.

SEXTO: Que, como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que causen privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

Sin embargo, cuando el acto denunciado ha perdido oportunidad, sea porque se encuentra resuelto en sede administrativa o porque el procedimiento ha concluido conforme a derecho, el recurso deviene en improcedente, al no subsistir la supuesta afectación que se denuncia.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un acto u omisión actual, ilegal o arbitrario que vulnere garantías fundamentales del actor, por cuanto la materia de su reclamo fue objeto de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, razón suficiente para desestimar la acción deducida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de nombre reservado en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 11788-2025.