nombre reservado con AFP MODELO

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado en favor de nombre reservado, venezolana, e interpone recurso de impugnación en contra de AFP Modelo, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la resolución que rechaza su solicitud de Técnico Extranjera, ingresada con folio N°13, con fecha 17 de abril de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social, que la Constitución garantiza a todas las personas.

Refiere que presentó una solicitud de Retiro de Técnico Extranjero, la cual fue inicialmente rechazada mediante comunicación electrónica de fecha 24 de abril de 2025, por los siguientes motivos: a) El documento enviado no cumple con lo solicitado; b) El Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero no acredita debidamente las condiciones requeridas.

Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2025, AFP Modelo envió un nuevo correo electrónico a la recurrente indicando que su solicitud no fue ingresada, argumentando específicamente dos causales: primero, que el documento enviado no cumple con lo solicitado; y segundo, que el Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social no señala adecuadamente las prestaciones mínimas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) del trabajador afiliado.

La recurrente acompaña como antecedente un Certificado Electrónico de Cotizaciones emitido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.) de fecha 10 de abril de 2025, que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano, siendo su primera fecha de afiliación el 26/10/2012 en la empresa Corporación Genio, Compañía Anónima.

A su juicio, el referido certificado cumple con la normativa legal, específicamente el artículo 1° de la Ley del Seguro Social, que regula las situaciones y relaciones jurídicas de protección social, cubriendo contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, riesgos laborales, invalidez, vejez, sobrevivencia y cesantía.

Estima que la negativa de AFP Modelo vulnera sus derechos constitucionales a la seguridad social, al trabajo y a la no discriminación, impidiéndole injustificadamente hacer efectivo su derecho previsional como trabajadora extranjera con historial de cotizaciones en su país de origen.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a AFP Modelo aceptar y tramitar íntegramente su solicitud de Retiro de Técnico Extranjero, reconociendo la validez de su documentación previsional.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con expresa condena en costas.

Expone los antecedentes fácticos del caso. Precisa que la señora nombre reservado presentó con fecha 24 de abril de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, amparándose en la Ley N°18.156, acompañando para ello su título profesional, una declaración jurada notarial y su contrato de trabajo con Portillo S.A.

Mediante comunicación del mismo día, AFP Modelo requirió a la solicitante que aportara un certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social extranjero que acreditara su afiliación, señalando específicamente las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Tras la presentación de una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, la administradora procedió a rechazar la solicitud.

Precisa que la decisión adoptada se sustenta en una interpretación exhaustiva de la Ley N°18.156 y en instrucciones específicas de la Superintendencia de Pensiones. Argumenta que el documento presentado adolece de múltiples deficiencias: no está firmado por la autoridad emisora, no se encuentra apostillado, y no especifica de manera concreta las coberturas del sistema previsional venezolano.

Para robustecer su posición, la recurrida cita diversos fallos de Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos similares, particularmente aquellos referidos a documentos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Dichas sentencias han coincidido en señalar que la mera inclusión de un código de verificación electrónica resulta insuficiente para acreditar los requisitos formales establecidos en la legislación vigente.

Agrega que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que requiere el cumplimiento copulativo de requisitos específicos. En este contexto, destaca las facultades de la Superintendencia de Pensiones para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa previsional, citando diversos oficios que instruyen sobre la forma de acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Particularmente, se hace referencia al Oficio Ordinario N°4277 de fecha 13 de marzo de 2025, en el que se indica que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, por no estar firmado, apostillado o legalizado.

Finalmente, sostiene que su actuación no constituye un acto arbitrario o ilegal, sino que se enmarca estrictamente en el cumplimiento de la normativa vigente y las instrucciones de la autoridad fiscalizadora.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, éste no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, pues no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Séptimo: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente, el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa actual, esto es, que el sistema de pensiones al cual se encuentre adscrito la recurrente, tenga cobertura a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, información que no se encuentra contenida en el certificado que acompaña, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado y dirigido en contra de AFP Modelo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Interino señor Toledo.

N°Protección-11.780-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.