nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, cuidadana venezolana, ingeniero de petróleo, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado arbitrariamente su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada garantizados por la Constitución Política de la República.

La recurrente expone que solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Para tal efecto, realizó la solicitud mediante la plataforma correspondiente, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con los requisitos establecidos.

Alega que, mediante correo electrónico de fecha 15 de abril de 2025, la Administradora rechazó su solicitud, argumentando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la declaración jurada no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, por no constituir un certificado de afiliación propiamente tal, no señalar las prestaciones cubiertas, y carecer de firma del emisor y apostilla o legalización correspondiente.

Fundamenta su impugnación en el contexto excepcional derivado del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las elecciones presidenciales venezolanas, situación que califica como caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Sostiene que esta circunstancia imposibilita materialmente a los nacionales venezolanos obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como se realizaba anteriormente. Aduce que la documentación presentada, debidamente legalizada mediante declaración jurada ante notario chileno, reviste la misma validez probatoria que aquella que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Adicionalmente, alude que la AFP Cuprum, en circunstancias similares y con documentación de idénticas características, aprobó el retiro de fondos a otro ciudadano venezolano. Afirma que esta disparidad de criterios entre administradoras sujetas a la misma normativa constituye un trato arbitrario y desigual, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Añade que la certificación electrónica de cotizaciones puede verificarse directamente en el portal oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social mediante código de verificación, lo que garantiza su autenticidad y validez.

Manifiesta que ha cumplido íntegramente con los requisitos de procedencia al acompañar contrato de trabajo, anexo de contrato individual, certificado de cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con declaración jurada de autenticidad, y título profesional. Asevera que la administradora efectúa una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, desatendiendo su finalidad y estableciendo requisitos adicionales no contemplados por el legislador.

En definitiva, solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la administradora realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho dentro del plazo de cinco días, y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que al evacuar informe, don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas, fundamentando su oposición en la estricta aplicación de la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que, con fecha 11 de abril de 2025, la recurrente presentó dos solicitudes de devolución de fondos previsionales amparándose en la Ley N°18.156: la solicitud N°23716 por cotizaciones enteradas por Comercial Big John Limitada, entre abril de 2019 y junio de 2022, y la solicitud N°23717, por cotizaciones enteradas por OK Market S.A. entre julio de 2022 y febrero de 2025. Plantea que, tras el análisis correspondiente de la documentación acompañada, la Administradora rechazó ambas solicitudes mediante Memorándum N°12708, de fecha 15 de abril de 2025, fundamentando su decisión en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Sostiene que el rechazo se basó en dos fundamentos principales de carácter copulativo: en primer término, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no constituye un certificado de afiliación válido, por cuanto no señala, de forma específica, las prestaciones por las cuales la recurrente se encuentra cubierta, carece de firma de quien lo emite y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Invoca al respecto las instrucciones contenidas en el Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, de la Superintendencia de Pensiones, que exige que el trabajador aporte un documento que acredite, de forma específica, haber contado durante la prestación de servicios en Chile con protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal.

Argumenta que el anexo de contrato suscrito con el empleador OK Market S.A., contiene manifestaciones de voluntad contradictorias, toda vez que mientras, por una parte, la trabajadora manifiesta su voluntad de mantener el régimen previsional en Venezuela; por la otra, autoriza expresamente al empleador a realizar descuentos tributarios, de previsión social, cesantía y de salud. Cita el Oficio N°12088, de 03 de julio de 2024, de la Superintendencia de Pensiones, que establece que en caso de existir manifestaciones contradictorias, debe primar la regla general consistente en la obligación del trabajador de enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios.

Fundamenta la legalidad de su actuación en el estricto cumplimiento de la Ley N°18.156 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, particularmente el Libro II, Título XI, que establece los requisitos copulativos para la exención de cotizaciones previsionales. Precisa que dichos requisitos deben acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones que le impone la normativa sectorial y la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que las administradoras están sujetas a fiscalización y arriesgan sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento de la normativa, por lo que no pueden apartarse de los criterios interpretativos fijados por el organismo regulador.

En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

Cuarto: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Quinto: Que a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Modelo S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 11779-2025.