Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 11: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta NUM000, de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, que rechazó el recurso administrativo de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta NUM001, de diez de julio de dos mil veinticinco, y mantuvo el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que se vio forzado a abandonar Venezuela a raíz de una persecución política ejercida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, debido a su desempeño como conserje en un inmueble vinculado por la autoridad al atentado perpetrado contra Nicolás Maduro en el año dos mil dieciocho, hostigamiento que derivó en su encarcelamiento por un período de 2 años. Expone que salió de su país con destino a Colombia y luego a Perú, donde solicitó protección internacional, viéndose obligado a abandonar ambos Estados por la persistencia de las amenazas y la vigilancia de que era objeto. Refiere que ingresó a Chile el seis de febrero de dos mil veinticinco por un paso no habilitado, efectuando ese mismo día la declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones, y que el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco manifestó por escrito ante la Dirección Regional de Tarapacá su intención de solicitar refugio. Precisa que, requerido para subsanar su solicitud, acompañó los antecedentes dentro de plazo, pese a lo cual se tuvo por desistida su solicitud y se rechazó la reposición deducida, manteniéndose en un estado de indefensión ajeno a su voluntad.

Añade que este actuar resulta ilegal y arbitrario, pues cumplió los plazos y requisitos legales para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y la autoridad tuvo por desistida su solicitud sin mediar acto voluntario de su parte.

Pide, en definitiva, declarar que la resolución exenta es ilegal y arbitraria y dejarla sin efecto; y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones que dé curso a su solicitud, permitiéndole ingresar al procedimiento contemplado en la Ley de Refugio y su Reglamento, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Expone como antecedentes que el extranjero no registra ingresos al territorio nacional por paso fronterizo habilitado; que el doce de junio de dos mil veinticinco solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado y que, mediante Resolución Exenta NUM002, de esa misma fecha, se le comunicó que no era posible dar curso a su solicitud por no cumplir 4 requisitos formales, otorgándosele un plazo para subsanar bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Agrega que, presentados los antecedentes por el interesado, mediante Resolución Exenta NUM001, de diez de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por desistida la solicitud por mantener o haber presentado una solicitud de protección internacional ante otro Estado, y que el recurso de reposición deducido fue rechazado por la Resolución Exenta NUM000, de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, por exceder el recurrente el umbral de 60 días que el artículo 2° de la Ley N°20.430 exige para configurar la llegada directa desde el territorio de persecución.

Argumenta que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, toda vez que el reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra sujeto a un procedimiento reglado, cuyos requisitos formales, establecidos en los artículos 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430 y en los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, modificados por la Ley N°21.655, no fueron cumplidos por el interesado. Sostiene que las resoluciones dictadas se encuentran debidamente fundadas y fueron oportunamente informadas, y que no se advierte trato diferenciado alguno respecto de otras personas en circunstancias similares que permita configurar una vulneración a la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección en todas sus partes, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria de su parte que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la propia norma enumera, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. Presupone, por tanto, la existencia de un derecho indubitado, actualmente afectado por una conducta antijurídica o carente de razonabilidad, cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, sin que constituya una instancia de revisión del mérito o de la oportunidad de las decisiones adoptadas por la Administración en ejercicio de potestades regladas.

CUARTO: Que el reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, en la ley N°20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, modificada por la Ley N°21.655, vigente desde el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, y en su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°837, de dos mil once, del Ministerio del Interior. Dicha normativa contempla un procedimiento reglado que, tras la modificación referida, incorporó una etapa inicial de admisibilidad, disponiendo en su artículo 26 los antecedentes y requisitos que debe reunir la presentación de la solicitud, y en su artículo 28 bis el análisis que la autoridad debe efectuar para dar curso a aquélla, todo ello sin perjuicio de las exigencias formales previstas para quienes han ingresado al país por paso no habilitado o se encuentran en situación migratoria irregular.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados, aparece que el recurrente formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con fecha doce de junio de dos mil veinticinco; que, mediante Resolución Exenta NUM002, de esa misma fecha, el Servicio Nacional de Migraciones le comunicó que no era posible dar curso a su solicitud por no reunir los requisitos formales mínimos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida; que, presentados los antecedentes por el interesado, la autoridad, mediante Resolución Exenta NUM001, de diez de julio de dos mil veinticinco, tuvo por desistida la solicitud; y que, deducido recurso de reposición, éste fue rechazado por la Resolución Exenta NUM000, de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, que es el acto impugnado por esta vía.

SEXTO: Que, en cuanto a la ilegalidad denunciada, no se advierte que la autoridad recurrida haya obrado fuera del ámbito de sus atribuciones ni con infracción del ordenamiento jurídico. En efecto, el Servicio Nacional de Migraciones actuó dentro de su competencia y con arreglo al procedimiento reglado que gobierna la materia, examinó la solicitud presentada, otorgó al interesado la oportunidad de subsanar las observaciones formuladas, conforme a lo previsto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y en el artículo 31 de la Ley N°19.880, y, ante la insuficiencia de los antecedentes aportados, adoptó su decisión mediante actos administrativos dictados en ejercicio de las potestades que la ley le confiere. De este modo, el actuar impugnado se ajusta a lo dispuesto en los artículos 2°, 26, 27 y 28 bis de la Ley N°20.430 y en el artículo 37 de su Reglamento, sin que se configure la ilegalidad alegada.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la arbitrariedad, tampoco se aprecia que la resolución impugnada carezca de fundamento o responda al mero capricho de la autoridad. Por el contrario, el acto expresa los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, conforme lo exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y pondera de manera expresa las alegaciones formuladas por el recurrente en sede administrativa, relativas a la falta de fundamentación, a la calificación de los países de tránsito como terceros países seguros y a la inaplicabilidad del desistimiento, desestimándolas razonadamente. La circunstancia de que el interesado discrepe del criterio adoptado por la Administración no priva a ésta de fundamento racional ni la torna arbitraria, en la medida en que la decisión se sustenta en una interpretación plausible de la normativa aplicable y en la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no habiéndose configurado un acto ilegal o arbitrario que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-11774-2026.