Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES (SERMIG).

El actor califica de ilegal y arbitraria la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 06 de abril de 2026, mediante la cual el órgano recurrido declaró el abandono del procedimiento de ingreso de solicitud de Reconocimiento de la condición de refugiado, ordenó el archivo definitivo de su postulación (ID N° NUM001) y dispuso que el administrado deberá hacer egreso voluntario del territorio nacional en el plazo de 15 días, bajo apercibimiento de quedar sujeto a las disposiciones de la norma migratoria general.

Expone la parte recurrente que su representado, ante la grave crisis de derechos humanos, social y política que afecta a su país de origen, se vio compelido a migrar, ingresando a Chile eludiendo el control migratorio (ingreso clandestino), procediendo de forma inmediata a realizar su declaración voluntaria (autodenuncia) ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), registrada bajo el N° NUM002. Añade que, con el propósito de obtener resguardo internacional, acudió ante el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones a fin de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, trámite que fue acogido inicialmente para su evaluación bajo el ID N° NUM001.

Sostiene que, tras casi dos años de inactividad de la Administración y sin haber recibido comunicación alguna, con fecha 06 de abril de 2026 fue notificado de la resolución impugnada, la cual decretó el archivo de sus antecedentes argumentando su inasistencia a la entrevista de elegibilidad y el posterior transcurso de los plazos de paralización por inactividad.

Denuncia que su representado jamás fue notificado de la citada entrevista ni del Oficio de apercibimiento de abandono, lo que le impidió ejercer su derecho a la defensa y a la debida contradicción, dejándolo en un estado de absoluta indefensión. Alega que tal omisión vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación con las bases procedimentales de la Ley N° 19.880. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida, se ordene desarchivar el expediente y se fije una nueva fecha para la entrevista de rigor.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso de autos, comparece don Lukas Felipe Mejías Valladares, abogado, en representación del Servicio Nacional De Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir un acto ilegal o arbitrario que pueda ser imputado a su representada.

Relata que el extranjero no registra ingreso regular al país y que registra una denuncia por ingreso clandestino mediante el Parte Policial N° NUM003, de fecha 03 de junio de 2021. Confirma que el administrado presentó una solicitud de refugio con fecha 07 de junio de 2024, la que quedó registrada bajo el ID N° NUM001, señalando en el formulario respectivo como correo de contacto la casilla digital "DIRECCION000".

Precisa que, de acuerdo con el procedimiento especial que rige la materia, mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM004, de fecha 07 de junio de 2024, se citó formalmente al solicitante para comparecer a una entrevista de elegibilidad —trámite de carácter esencial y obligatorio— el día 09 de octubre de 2024, a las 09:00 horas, bajo apercibimiento de que su incomparecencia y falta de reprogramación oportuna derivaría en la declaración de abandono y archivo. Ante la inasistencia del interesado, el Servicio emitió el Oficio Ordinario Folio N° NUM005, de fecha 09 de octubre de 2024, otorgándole un plazo legal para presentarse a reagendar la cita, bajo el expreso apercibimiento de tener por declarado el abandono del procedimiento.

Destaca el recurrido que dicho oficio de advertencia y apercibimiento fue despachado de forma íntegra a la casilla de correo electrónico fijada por el propio administrado con fecha 10 de octubre de 2024, y que, según consta en los registros informáticos y trazas de auditoría digital del Servicio, la comunicación fue abierta por el destinatario con fecha 01 de marzo de 2026.

Al haber transcurrido con creces el término de 30 días de paralización por causas imputables exclusivamente al interesado, sin que este realizara gestión alguna, el Servicio obró en cumplimiento estricto del artículo 43 de la Ley N° 19.880 y las normas de la Ley N° 20.430, dictando la Resolución Exenta N° NUM000 que declaró el abandono del procedimiento.

Por último, aclara que la orden de abandono de 15 días contenida en el resolutivo no reviste la calidad de sanción expulsiva de carácter discrecional, sino que constituye el mandato legal supletorio que prevé el ordenamiento para aquellos extranjeros cuya permanencia en el país deviene en irregular al caducar su visación provisional de solicitantes de refugio, de conformidad con la Ley N° 20.430 y la Ley N° 21.325.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un arbitrio de naturaleza cautelar y extraordinaria, destinado a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales explícitamente enumeradas por el constituyente. Para la procedencia de esta acción, se requiere de la existencia de un derecho preexistente, indubitado y no sometido a un litigio de lato conocimiento.

Cuarto: Que, del análisis de las pruebas aportadas por las partes y del examen del expediente administrativo electrónico allegado a estos autos, se desprenden como hechos ciertos y jurídicamente relevantes los siguientes: 1. El ingreso al país de don nombre reservado se verificó de manera irregular por un paso no habilitado, constando su autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile el 03 de junio de 2021. 2. Que con fecha 07 de junio de 2024, el recurrente inició ante el Servicio Nacional de Migraciones el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado (ID N° NUM001), fijando como canal de comunicación y domicilio digital válido el correo electrónico DIRECCION000. 3. Que con fecha 07 de junio de 2024, se emitió el Oficio Ordinario Folio N° NUM004, mediante el cual se citó al actor a su entrevista de elegibilidad para el día 09 de octubre de 2024, bajo apercibimiento de archivo por inactividad. 4. Que el actor no compareció a la citada entrevista de elegibilidad fijada para el 09 de octubre de 2024. 5. Que, con motivo de la inasistencia, la autoridad migratoria emitió el Oficio Ordinario Folio N° NUM005 de fecha 09 de octubre de 2024, dejando constancia de la incomparecencia y confiriendo un plazo perentorio para el reagendamiento, bajo apercibimiento de declarar el abandono. 6. Que dicha comunicación electrónica fue despachada al correo electrónico del recurrente con fecha 10 de octubre de 2024, registrándose su apertura por parte del usuario con fecha 01 de marzo de 2026. 7. Que, habiéndose verificado una paralización del procedimiento superior a 30 días debida exclusivamente a la inactividad del administrado, con fecha 06 de abril de 2026 la recurrida dictó la Resolución Exenta N° NUM000, declarando el abandono de la solicitud y disponiendo el archivo de los antecedentes, junto con la orden de egreso en el plazo de 15 días.

Quinto: Que, la controversia consiste en determinar si la declaración de abandono del procedimiento de refugio efectuada por el Servicio Nacional de Migraciones se apartó de la legalidad o si reviste caracteres de arbitrariedad, particularmente en lo tocante al régimen de notificaciones y la vigencia de las garantías procesales del recurrente.

Al respecto, es imperativo acudir a lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley N° 19.880, norma de aplicación común y supletoria a los actos de la Administración del Estado, la cual consagra que los administrados pueden señalar un medio de notificación electrónico, entendiéndose la dirección de correo electrónico proporcionada como un "domicilio válido" para practicar toda clase de notificaciones. Esta disposición se complementa sistemáticamente con el artículo 46 del mismo cuerpo normativo.

En la especie, consta de manera indubitada que el recurrente designó voluntariamente la casilla DIRECCION000 para recibir las comunicaciones del proceso. El Servicio Nacional de Migraciones cumplió con remitir a dicho domicilio digital el Oficio Ordinario Folio N° NUM005 con fecha 10 de octubre de 2024.

En este contexto, la alegación del actor, orientada a sostener la falta de conocimiento del trámite, queda desvirtuada por la prueba instrumental aportada por la recurrida que comprueba que el correo electrónico fue efectivamente recibido y, con posterioridad, abierto por el propio usuario el día 01 de marzo de 2026.

De otra parte, sostener que la notificación solo produce efectos cuando el usuario decide abrir el mensaje electrónico importaría consagrar una inadmisible potestad discrecional a favor del administrado para paralizar o activar los procedimientos a su arbitrio, lesionando gravemente los principios de certeza jurídica, celeridad y eficiencia que gobiernan la actuación pública.

Sexto: Que, aclarado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de la declaración de abandono. En este orden, el artículo 43 de la Ley N° 19.880 prescribe de forma categórica que, cuando por la inactividad del interesado se produzca la paralización del procedimiento iniciado por él por más de treinta días, la Administración le advertirá que, de no mediar diligencia de su cargo en el término de siete días, se declarará el abandono.

En tales condiciones, habiéndose verificado que el administrado no concurrió a la entrevista de elegibilidad, la cual constituye una etapa presencial indispensable e insoslayable para la substanciación del estatuto de protección regulado por la Ley N° 20.430, y habiendo transcurrido con creces los plazos de paralización previstos por el legislador sin que el actor hubiese solicitado el reagendamiento correspondiente, el Servicio Nacional de Migraciones se encontraba en la obligación legal de poner fin al procedimiento mediante la declaración de abandono, según lo ordenan los artículos 40 y 43 de la Ley N° 19.880. Lo anterior impide calificar la conducta del órgano del Estado como antojadiza o caprichosa; por el contrario, su resolución constituye un acto debidamente reglado y fundado.

Séptimo: Que, en cuanto a las alegaciones del recurrente referidas a la ilegalidad del Resuelvo N° 3 de la resolución impugnada, que ordena su salida del país en el plazo de 15 días, argumentando que se trataría de una expulsión forzosa decretada al margen del debido proceso, no pueden prosperar, por cuanto el estatuto regulado en la Ley N° 20.430 prevé que los solicitantes de refugio gozan de una visación de residencia temporaria de carácter provisorio mientras se tramita su petición. Por tanto, declarado el abandono definitivo del procedimiento y decretado el archivo del expediente administrativo, cesa de pleno derecho la calidad de solicitante de refugio del extranjero, extinguiéndose de forma automática la vigencia del permiso de residencia provisorio que le amparaba, por aplicación del principio consagrado en los artículos 42 y 43 del Decreto Supremo N° 837 de 2011.

Consecuencia de lo anterior, la permanencia del actor en el territorio nacional deviene en irregular, resultando plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430 en concordancia con el artículo 146 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, que obliga a la autoridad a disponer un plazo razonable de egreso voluntario. El término de 15 días concedido para abandonar la República libremente no reviste la naturaleza jurídica de una sanción de expulsión forzosa o de carácter punitivo, sino que se alza como una medida de regularización y ordenamiento fronterizo de carácter preventivo, que le permite al extranjero salir del país de forma voluntaria sin quedar sujeto a prohibiciones inmediatas de reingreso ni sanciones corporales o pecuniarias asociadas al egreso.

Octavo: Que, de este modo, no verificándose un acto u omisión ilegal o arbitrario que amenace o perturbe la libertad personal o seguridad individual del amparado en los términos que exige el artículo 21 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional De Migraciones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección - 11769 - 2026.