nombre reservado con DIRECCION NACIONAL GENDARMERÍA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, estudiante de derecho habilitado para actuar en juicio conforme al artículo 2° de la Ley N° 18.120, y deduce recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por el Jefe de la Unidad del Centro de Detención Preventiva Santiago I, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido el Subteniente a cargo de la guardia interna de dicho recinto al haber denegado, con fecha 21 de abril de 2026, su ingreso y la entrevista previamente solicitada con los internos nombre reservado y nombre reservado. Actuación, fundado en que su certificado de habilitado en derecho, exhibido en formato digital con firma electrónica, "carecía de fuerza legal" por no encontrarse impreso y suscrito de manera manuscrita, exigencia que el funcionario se negó a fundamentar normativamente pese a habérsele solicitado; vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, defensa jurídica y libertad de trabajo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene su ingreso inmediato al recinto y se instruya al personal de la Unidad abstenerse de exigir firmas manuscritas en certificados de ius postulandi emitidos con firma electrónica válida.

Expone que el 20 de abril de 2026, esto es, con 24 horas de antelación, solicitó vía correo electrónico la entrevista profesional con los referidos imputados, dando cumplimiento a las exigencias operativas de la institución recurrida, lo que se encontraría acreditado, además, por el Acta de ingreso de abogado N° 276560 que consta en los sistemas de Gendarmería, demostrando su ejercicio reiterado e intachable de la facultad de ius postulandi. Añade que portando la petición de visita impresa y exhibiendo su certificado de habilitado en derecho en formato digital, siéndole denegado el acceso por el Subteniente de guardia bajo el argumento antes señalado, sin que dicho funcionario accediera a exhibir la normativa o instrucción técnica que sustentara tal exigencia.

Alega que el actuar de Gendarmería infringe distintas normas jurídicas, tales como la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación, cuyos artículos 3° y 7° reconocen a los actos suscritos electrónicamente los mismos efectos que los otorgados en soporte papel; la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 8° exige procedimientos ágiles y expeditos, sin más formalidades que las legalmente establecidas, y cuyo artículo 62 N° 8 sanciona la infracción a la probidad administrativa; el artículo 4° del Reglamento de Visita de Abogados (D.S. N° 643), que impide a las autoridades penitenciarias suspender el derecho de los internos a ser visitados por quienes asumen su defensa; y el artículo 7° de la Ley N° 18.120, que prohíbe a los órganos de la Administración negar la intervención de un habilitado en derecho.

Sostiene que tales infracciones configuran la vulneración de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al haberse establecido una diferencia arbitraria fundada en el soporte tecnológico de su acreditación profesional; del derecho a la defensa jurídica del artículo 19 N° 3 inciso segundo, al habérsele impedido la debida intervención como habilitado requerido; y de la libertad de trabajo del artículo 19 N° 16, al habérsele impedido el ejercicio de su actividad de asistencia jurídica.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la conducta del funcionario recurrido, ordenando a Gendarmería de Chile permitir su ingreso inmediato para entrevistarse con los imputados individualizados y con otros en el futuro e instruir a su personal abstenerse de exigir firmas manuscritas en certificados de ius postulandi emitidos digitalmente con firma electrónica válida, adoptando además las medidas necesarias para asegurar el debido ejercicio de la defensa jurídica.

SEGUNDO: Que la parte recurrente hizo presente con posterioridad que la conducta que reprocha a Gendarmería de Chile se ha mantenido constante, haciendo presente que se le impidió el ingreso al C.D.P. Santiago I los días 21, 22, 25 y 30 de abril del presente año, impidiéndole el ingreso a comunicarse con sus representados aun cuando cumplió debidamente con el protocolo de Gendarmería remitiendo de manera previa correo electrónico para tales efectos y llevo además también impreso el certificado de habilitado en derecho correspondiente, estampando diversos reclamos en el libro que se mantiene en la guardia del lugar.

TERCERO: Que evacuando el informe ordenado por esta Corte, comparece la abogada Fernanda Jeanete Yáñez Marín de la Oficina de Asistencia Jurídica de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

Relata que según el Registro de Evento N° 4866188, el 21 de abril de 2026, alrededor de las 11:30 horas, el recurrente se presentó ante la Guardia Armada del Establecimiento Penitenciario Santiago I exhibiendo su certificado de habilitado en derecho, oportunidad en la que el Subteniente Jabier nombre reservado le informó que no podría ingresar por cuanto dicho certificado aparentemente no sería original, exigencia que funda en el artículo 5° del Decreto N° 643, Reglamento de Visitas de Abogados y demás personas habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios, precepto que obliga a exhibir tales documentos en original. Agrega que, ante la negativa, el recurrente habría reaccionado en tono confrontacional, advirtiendo que formularía un reclamo en su contra. Añade que, posteriormente, el 22 de abril de 2026, conforme al Registro de Evento N° 4868294, el recurrente se presentó nuevamente solicitando entrevistar a los imputados previamente requeridos por correo electrónico, ocasión en que el funcionario de guardia escaneó el código QR del certificado sin poder verificar su validez, por no redirigir a sitio web universitario alguno, advirtiendo además que el documento correspondía aparentemente a una fotocopia carente de elementos de seguridad, quedando dicha interacción registrada en cámara corporal. Asimismo, indica que el 26 de abril de 2026, según el Registro de Evento N° 4876817, el recurrente concurrió acompañado de un tercero que, sin haber sido anunciado ni acreditar su calidad de abogado ni exhibir cédula de identidad, también solicitó ingresar, siéndole denegado el acceso a ambos, reiterándose respecto del certificado del recurrente la imposibilidad de validar el código QR.

Sostiene que la actuación del funcionario de guardia no reviste el carácter de ilegal ni arbitraria, sino que obedeció a una duda razonable sobre la autenticidad del documento habilitante, adoptada en ejercicio del principio de seguridad penitenciaria y con carácter meramente preventivo y temporal. Funda dicha facultad de control en el Decreto Supremo N° 518, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; en el Decreto Ley N° 2.859, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República; en el Decreto Supremo N° 643 de 2000; y en la Providencia N° 870 de 17 de abril de 2025, que regula el procedimiento de ingreso de abogados y peritos al recinto, la cual impone al funcionario de guardia el deber de solicitar cédula de identidad, motivo de la visita y documentación habilitante respectiva. Añade que dicha exigencia se justifica por el alto volumen diario de visitas de abogados, peritos, procuradores y habilitados que recibe el Centro de Detención Preventiva Santiago I, lo que impone que la documentación presentada sea de fácil y accesible verificación. Precisa que Gendarmería no desconoce que el recurrente cumplió con los requisitos formales para solicitar las entrevistas por correo electrónico, pero que la imposibilidad de corroborar en forma inmediata la autenticidad del certificado exhibido en las tres oportunidades, sumada a la falta de identificación y acreditación del acompañante, justificó la medida adoptada, sin que ello importe vulneración a garantía constitucional alguna.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto, por haberse ajustado la actuación de Gendarmería de Chile a la normativa vigente.

CUARTO: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional posible de interponer por cualquier persona ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Asimismo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar y de urgencia, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indubitado de un derecho afectado, no siendo esta acción idónea para declarar derechos controvertidos que requieran de un procedimiento de lato conocimiento para su adecuada resolución.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

QUINTO: Que para los efectos de dilucidar si el acto que motiva el recurso resulta o no contrario al ordenamiento jurídico, es necesario hacer referencia a la normativa invocada como justificación de la denegación de ingreso del recurrente al centro penitenciario, contenida en el artículo 5° del Decreto N° 643, Reglamento de Visitas de Abogados y demás personas habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios, publicada el 25 de octubre de 2000 que estatuye: “Antes de ingresar a los establecimientos penitenciarios los abogados y demás personas habilitadas, deberán acreditar su condición de tales exhibiendo la patente profesional, el certificado respectivo u otro documento que los identifique, ante el puesto de control o guardia que exista al efecto. Estos documentos deberán ser exhibidos en original y permanecerán debidamente custodiados en el puesto de control o guardia durante el período que dure la visita del abogado o habilitado.”

Sin embargo, con posterioridad se dictó la Ley N° 19.799 publicada el 12 de abril de 2002. que amplía en contenido del Decreto N° 643, debido a que, estableciendo el principio de equivalencia funcional, obliga a toda la Administración del Estado y en este caso particular a Gendarmería de Chile a reconocer a los documentos y actuaciones suscritos mediante firma electrónica, exactamente el mismo valor legal, validez y eficacia que los otorgados en papel. Es así como el artículo 3° de la referida disposición menciona: “Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito.”

Así, la exigencia del Centro Penitenciario de exhibir y custodiar documentos en soporte físico original para acreditar la calidad de estudiante de Derecho habilitado, bajo el reglamento del año 2000, desatiende la normativa vigente y vulnera la Ley N° 19.799, lo que reviste de ilegalidad a dicha actuación.

SEXTO: Que, asimismo, la exigencia de soporte físico vulnera el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que establece que "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", por cuanto genera una diferenciación arbitraria entre quienes acreditan su calidad de estudiante de Derecho habilitado mediante herramientas digitales autorizadas por el propio Estado y quienes portan documentos en papel. De este modo, impedir el ingreso de un habilitado en Derecho para defender a su representado por no contar con el formato papel, pese a disponer del documento digital auténtico, constituye una discriminación arbitraria en cuanto se trata de una distinción, exclusión o restricción que carece de justificación razonable y que afecta el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales, como el libre ejercicio de la profesión y, consecuencialmente, sobre el derecho a la defensa jurídica de la persona privada de libertad.

Debido a lo expuesto y por configurarse los supuestos que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución hacen procedente brindar la protección que se reclama, el recurso habrá de ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por nombre reservado y, a fin de restablecer el imperio del Derecho, se ordena a Gendarmería de Chile admitir su ingreso al establecimiento penitenciario previa acreditación de su calidad de estudiante de Derecho habilitado, debiendo abstenerse de exigir firmas manuscritas o soportes físicos en papel respecto de los certificados de ius postulandi emitidos mediante Firma Electrónica Avanzada (FEA), o que incorporen un código de verificación digital (QR o URL) que permita verificar su autenticidad e integridad directamente en las bases de datos oficiales de la respectiva instituciones de educación superior.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción la Ministra suplente señora Paz Pérez Ahumada.

N° Protección-11768-2026.