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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1176-20221 jun 2022

RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Fecha
1 de junio de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1176-2022, sentencia de 1 de junio de 2022

Resumen

Se rechaza la protección de la concesionaria contra Equifax por publicarla como deudora morosa: la veracidad de la información comercial es responsabilidad de quien la proporciona, no de quien la publica, y la efectividad de la deuda es un derecho controvertido.

Texto íntegro

Santiago, uno de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Iván Casas Gómez, abogado, en representación de RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., interponiendo recurso de protección en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, por el acto ilegal y arbitrario cometido en contra de su representada, al haber sido publicada de manera arbitraria e ilegal en boletín comercial como deudor moroso de la Factura N° 550, emitida en el mes de junio de 2020, por Servicios Austral Limitada y cedidas finalmente a Arrayan Factoring S.A., solicitando (a) que se ordena a Equifax eliminar a la recurrente de sus registros o base de datos respecto a la morosidad de las facturas individualizadas; (b) que se ordena a Equifax abstenerse de continuar publicando en sus registros o bases de datos a la recurrente como morosa, respecto de las facturas ya individualizadas; y (c) que se condena en costas a la recurrida.

Señala que su representada mantuvo una relación comercial con la empresa Servicios Austral Limitada, en virtud de la cual ésta proveía de servicios de guardias de seguridad y aseo, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios de fecha 11 de mayo de 2017.

Refiere que como ocurría mensualmente, previa presentación y aprobación del correspondiente estado de pago, Austral procedía a facturar los servicios prestados y, consiguientemente, mi representada realizaba los pagos correspondientes.

No obstante, a partir del mes de abril del año 2020, la empresa Austral comenzó una práctica recurrente y totalmente contraria a lo establecido en el contrato, y que consistía en emitir facturas sin enviar previamente los estados de pago a distintitas autopistas del grupo, en este caso Ruta de la Araucanía, para su aprobación. Luego, a minutos de emitir la factura, la empresa Austral cedía las facturas a través del mismo sistema del Servicio de Impuestos Internos a una empresa de factoring -Arrayan Factoring-.

Expresa que cuando se detectaba esta situación anómala – facturas emitidas sin estado de pago aprobado- se le solicitaba a Austral que corrigiera esta situación a lo que esta accedía sin mayores reparos emitiendo la correspondiente nota de crédito respecto de una factura que ya había sido cedida. Esta operatoria, tampoco permitía a su representada poder reaccionar para poder rechazar la cesión de estas facturas que como se ha explicado, no tienen ningún respaldo ni fundamento.

Para cerrar el círculo, Austral emitía el estado de pago, lo sometía a aprobación de Ruta del Maipo y luego facturaba. Por supuesto, luego de aquello su representada efectuaba los pagos correspondientes; es decir, se puede suponer que Austral recibió dineros tanto del factoring al que cedió las facturas como también por parte de Ruta de la Araucanía, cuando emitió las facturas correctamente.

Expresa que con fecha 15 de enero de 2022, en un procedimiento de rutina, se solicitó un Informe Empresarial 360 (“boletín comercial”) donde se da cuenta que la empresa Ruta de la Araucanía se encontraba informada como morosa por la Factura N° 550, por un monto de $24.583.420; misma que posteriormente fue anulada mediante nota de crédito 60 de fecha 09 de julio de 2021, que emitió al ser descubierta.

No obstante lo anterior, la factura en cuestión fue emitida el 30 de junio de 2021 y cedida ese mismo día a Arrayan Factoring. Acto seguido, el 1 de julio, la factura es cedida por Arrayán a BPC Servicios y Negocios S.A, quien vuelve a cederla a Arrayan Factoring el día 16 de diciembre de 2021.

Destaca que en todo este entramado, ni Arrayán factoring ni BPC Servicios y Negocios, solicitaron información respecto de la cesión, ni tomaron contacto con su representada, misma situación respecto de Austral. Añade que su representada jamás tomó conocimiento de las cesiones descritas, y se quedó tranquila con la nota de crédito, la cual, al haber sido emitida previo al periodo de rechazo de la factura, estimó que el asunto estaba zanjado.

Añade que envío de todos los antecedentes a EQUIFAX, solicitando la eliminación del Boletín Comercial. Con fecha 18 de enero de 2022, la recurrida respondió a nuestra solicitud señalando que “la comunicación de la factura 550, se encuentran conforme a la normativa legal vigente, según los antecedentes tenidos a la vista, dado que la cesión de crédito se encuentra perfeccionada y la nota de crédito N° 60, fue emitida en fecha posterior a la cesión, cuando los créditos ya no pertenecían al emisor original.

Dado lo anterior, rogamos tomar contacto directamente con PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYAN S, a través de nombre reservado, en sus oficinas ubicadas en AMÉRICO VESPUCIO 2700, en su defecto, comunicarse al fono teléfono reservado a fin de regularizar la situación, materia de su solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, las discrepancias entre las partes deben ser resueltas antes los Tribunales de Justicia, por lo que rogamos que nos comunique tan pronto haya algún cambio en la situación jurídica de dicho documento que sea de relevancia para poder actuar de conformidad con lo establecido por la legislación”.

Sostiene que dicha respuesta excede con creces las facultades que tiene la empresa recurrida, ya que actúa como un verdadero tribunal juzgando la pertinencia y aplicación de normas legales que son resorte exclusivo de nuestros tribunales de justicia.

Indica que a la fecha no han sido notificados de ningún tipo de acción por parte del Factoring para percibir el cobro de los dineros supuestamente adeudados, máxime, cuando la acción de cobro ejecutivo se encuentra prescrita, de acuerdo a la Ley Nº 19.983.

Sostiene que la respuesta de EQUIFAX al requerimiento de su representada de ser eliminado del Boletín Comercial constituye un claro juzgamiento por una entidad sin competencias jurisdiccionales.

Finaliza señalando que esta publicación es claramente una presión indebida, para obligar a su representada a negociar el pago de estos instrumentos prescritos y sin valor legal, por lo mismo, dicha maniobra, perjudica gravemente los derechos y la imagen de su representada, dado que, al ser una gran empresa, debe mantener sus registros comerciales impecables, lo que se hace imposible atendidas las circunstancias explicadas.

Añade que la negativa de la recurrida constituye una actuación ilegal y arbitraria, puesto que publicaron la morosidad de la factura que se emitió con un evidente ánimo de fraude, que tuvo su nota de crédito bajo la excusa de un error de burocracia interna de la empresa, y que su representada reclama como falsa.

Lo anterior, vulnera los derechos consagrados en la Ley Nº19.628, sobre protección a la vida privada o persona jurídica y aquellos garantizados en artículo 19 de la Constitución Política, relativos a (i) “no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, al efecto sostiene que la recurrida ha emitido un pronunciamiento sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de la misma y, en base a ello ha resuelto mantener en sus registros a mi representada como morosa. (ii) “el respecto a la honra de la persona y de su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”; señala que igualmente tiene protección constitucional no obstante tratarse de una persona jurídica; en subsidio, alega vulneración a la Ley 19.628, sobre protección a la vida privada; (iii) “La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos”; y (iv) “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

SEGUNDO: Que, la recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA evacuó el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas, señalando, en síntesis, como primera cuestión que la recurrida procesa información aportada terceros asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, aún más, el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

No obstante lo anterior, señala que efectivamente la recurrente presentó una discrepancia respecto a la publicación la factura 550, informadas por PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYÁN SPA por el monto total de $24.583.420.

La reclamación se fundamentó en el hecho de que las facturas publicadas tenían notas de crédito emitidas, agregando además que las mismas fueron emitidas en forma posterior a la cesión de crédito.

Añade que en este escenario su representada solicitó los respaldos correspondientes al aportante de la información, en este caso PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYÁN SPA. Los antecedentes fueron enviados dentro de los plazos establecidos para ello, donde se pudo determinar que la factura cumple con los requisitos formales para su publicación, por ello Equifax, a solicitud del aportante mantiene hasta la fecha la publicación reclamada.

Explica que el hecho de que las facturas sean factorizadas, no impide que el titular del documento pueda efectuar la reclamación correspondiente dentro de los plazos establecidos para ello. En efecto, en este caso la factura fue cedida a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y no consta en los DTE de dicha institución que los documentos hayan sido objetado dentro del plazo legal de 8 días, tal como lo señala la ley 19.983, a mayor abundamiento, la nota de crédito emitida no tiene efecto alguno respecto a la factura publicada, ya que el único dueño de los créditos corresponde a PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYÁN SPA en virtud de la cesión de crédito efectuada.

Finaliza señalando que el cliente Procesos y Servicios Arrayán SpA ha cumplido con enviar los respaldos correspondientes para acreditar la titularidad de sus créditos y les ha solicitado mantener la publicación vigente en el Boletín Electrónico Dicom, ya que las facturas informadas aún se mantienen pendientes de pago.

Seguidamente sostiene que la información publicada es de entera responsabilidad del aportante, y asimismo, no existe en la especie un derecho indubitado que haga procedente la acción de protección, toda vez que existe una deuda entre la recurrente y PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYÁN SPA, no habiendo acreditado la primera de forma fehaciente su cumplimiento o su extinción.

Finaliza señalando que en el caso de autos resulta inaplicable la Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que la recurrente es una persona jurídica.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, al efecto, conviene destacar que SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, es una empresa que presta servicios de información comercial y financiera, y que opera recopilando antecedentes provenientes, entre otros, del Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago, de aquellos comunicados por sus asociados y de otras fuentes diversas, manteniendo una base de datos a la que se accede por entidades públicas, particulares y personas naturales, siendo la información proporcionada de exclusiva responsabilidad del informante o cliente que la aporta.

Dicha actividad empresarial, se enmarca dentro de la legalidad, la que no impone a la recurrida la obligación de hacer en forma previa a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda o investigar su efectividad, como pretende la actora.

QUINTO: Que, como se viene razonando, la responsabilidad de la veracidad de la información comercial aportada no recae en quien la publicita, sino en el que la proporciona para ser publicada, en este caso, PROCESOS Y SERVICIOS ARRAYÁN SPA, de manera que si en la divulgación de antecedentes comerciales de la actora, se incluyó una factura que la recurrente estima que no corresponde a una morosidad, y ello ha amagado sus garantías constitucionales, tal situación no constituye un acto ilegal o arbitrario de parte de Servicios Equifax Chile Limitada, sino que podría serlo de la empresa que informó a la recurrida de la morosidad de tales documentos, situación que en todo caso, de acuerdo con los antecedentes aparejados a los autos, se vislumbra al menos como un derecho controvertido y no indubitado, excediendo su discusión, por lo tanto, de los márgenes que la vía cautelar extraordinaria ejercida permite en la especie.

SEXTO: Que, de este modo, al no haberse establecido la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la sociedad recurrida, el presente arbitrio de impugnación deberá ser desestimado, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta en favor de RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Cristián Lepin Molina.

Protección N° 1176-2022.- No firma la ministra (s) señora Osorio, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el ministro don Antonio Ulloa Márquez e integrada por la ministra (s) doña Ana María Osorio Astorga y el abogado Integrante don Cristián Lepín Molina.