DOESCO SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA ACUM. I.C. N° 11740-2020

Santiago, veinte de julio de dos mil veinte- Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Doesco Soluciones Integrales Limitada recurre de protección en contra de Factorone SA, Nuevo Capital S.A. y Equifax Chile Ltda. solicitando a esta Corte adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para establecer el imperio del derecho respecto de la protección de las garantías amparadas en los numerales 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Señala que el 28 de enero del año en curso, al obtener un certificado de deudas de Dicom, se enteró de la existencia de tres publicaciones ilegales en el Boletín de Informaciones Comerciales, lo que le ha ocasionado diversos perjuicios particularmente lo que se refiere la obtención de pequeños créditos para explotar el giro al que se dedica.

Estas publicaciones fueron efectuadas el 20 de enero recién pasado, por la empresa Nuevo Capital S.A., consistente en la morosidad en el pago de la factura Nº109 por el valor de $20.825.000 y de la factura Nº559 por$10.995.600.- El 22 de enero la empresa Factorone S.A publicó en DICOM una cuota morosa -al parecer de la factura Nº477 por un valor de $6.238.575.

Señala que por su giro comercial el éxito de su actividad depende de su salud crediticia, la que se ha visto afectada por los actos señalados, agregando que ninguna de dichas facturas ha sido objeto de cobro judicial, lo que da cuenta de la intención de las recurridas de no cobrarlas judicialmente.

Expresa que, a pesar de que las empresas emisoras de las facturas publicadas tienen perfecta conciencia de que una factura impaga no puede ni debe ser publicada en DICOM, de igual forma solicitaron en forma ilegal, arbitraria e indebida la publicación de datos económicos financieros y comerciales falsos -o al menos imprecisos o cuestionables- de la recurrente, los que fueron publicados por la recurrida Equifax Chile limitada, en forma ilegal, sin tener constancia sobre la veracidad y precisión de los mismos Alega que estas publicaciones perturban el ejercicio de las garantías fundamentales del requirente y atenta abiertamente contra lo dispuesto en el artículo 17 inciso segundo de la Ley Nº19.528 sobre Protección de la Vida Privada, que establece los instrumentos o títulos en que pueden constar las deudas informadas, catálogo que no incluye a obligaciones contenidas en facturas.

Señala que, además, estos hechos constituyen un uso ilegal e indebido de información personal de la recurrente y que contraviene lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la ley citada, los que exigen que la información almacenada o utilizada, en este caso mediante su publicación y difusión, sea cierta, exacta, actualizada y veraz debiendo eliminarse, cancelarse, modificarse o bloquearse la información que no reúna estas características, tal como sucede en la especie.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, se refiere a la afectación del derecho a la honra en su vertiente objetiva contemplada en el artículo 19 Nº4, ya que la solicitud de publicación y publicación efectiva de forma ilegal e indebida de las morosidades inexactas, atenta contra el prestigio mercantil de la recurrente e impide o dificulta su acceso al crédito, la concreción de nuevos negocios y el mantenimiento de otros que resultan indispensables para el desarrollo de su giro.

Señala además que se ha amenazado su derecho a la libre iniciativa empresarial contemplada en el artículo 19 Nº 21, toda vez que estas publicaciones importan un impedimento en la concreción de cualquier proyecto que pretenda emprender en el ámbito comercial, reflejando una imagen distorsionada y sesgada del comportamiento crediticio de la recurrente, tal como ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema en Rol N°3181-2013, en sentencia de 19 de agosto de 2013.

Estima además afectado su derecho de propiedad, concretamente respecto del derecho a la imagen de la recurrente sobre el cual también se ejerce una especie de propiedad según lo señala el artículo 583 del Código Civil en la que se ve afectada por la solicitud de publicación y publicación efectiva de supuesta morosidades falsas o imprecisas y no comprobadas.

Por su recurso, solicita se ordene a las recurridas eliminar la publicación de estas deudas asociadas a la recurrente de todo registro público o privado, dentro de tercero día desde que la sentencia definitiva quede firme, o en el plazo que esta Corte determine, adoptándose todas las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho y la adecuada protección de las garantías de la recurrente con expresa y ejemplar condena en costas.

Segundo: Que, a petición de la recurrente, se procedió a acumular a la presente causa el Ingreso Corte Nº 11.740-2020, deducido en favor de Doesco Soluciones Integrales S.A, y en contra de las recurridas Cavis Construcción Y Montaje S.A., General De Alquiler Maquinarias Chile S.A. y Equifax Chile Ltda., por el hecho, del que toma conocimiento el 28 de enero de este año, consistente en 5 publicaciones ilegales en el Boletín de Informaciones Comerciales.

Respecto de la empresa Cavis Distribución y Montaje (sic) publica el 3 de junio de 2019 morosidad respecto de la factura nº 640 por $5.696.692.- Respecto de la empresa GAM Chile S.A. señala que ésta publicó las siguientes morosidades el 10 de septiembre de 2019: factura 51.242 por $677.001.-; 51.241 por $1.446.564; 51.775 por $1.835.266; 52.480 por $1.835.266.- Dicho recurso se estructura sobre idéntica fundamentación de hecho y de derecho que el señalado precedentemente, indicándose como garantías infringidas aquellas contempladas en los artículos 19 nº4, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Solicita de igual forma, se ordene la eliminación de las referidas publicaciones, dentro de tercero día o, en el plazo que esta Corte determine, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, al evacuar informe la recurrida Nuevo Capital S.A. señala, respecto a los hechos que motivan el recurso, que el 28 de noviembre de 2019 adquirió mediante cesión de crédito la factura Nº109, emitida a favor de transportes FSP por el valor de $20.825.000; asimismo, el 31 de diciembre 2019, de la misma empresa adquiere la factura Nº559 por el valor de $10.995.600.- ello en virtud de contrato de factoring celebrado el 5 de agosto de 2019 con ésta.

Agrega que conforme al artículo 3° de la ley 19.983, la deudora recurrente no objetó dentro de plazo al contenido de la factura, por lo que éstas se entienden irrevocablemente aceptadas. Estas facturas electrónicas se ponen en conocimiento de la obligada al pago, el 28 de noviembre de 2019 y el día 31 de diciembre 2019, respectivamente, por medio de la anotación y certificación de la cesión realizada por el SII, siendo por tanto la nueva acreedora de la recurrente la empresa Nuevo Capital S.A.

Realizadas las gestiones de pago correspondientes las facturas o el contenido de ellas todavía se encuentran impagas, por lo cual se solicitó por parte de la recurrida la publicación de la empresa deudora en el registro o banco de datos Sicom (sistema de morosidades y protestos Dicom)

Alega que la publicación de la morosidad es legal ya que la Ley Nº19.628 no prohíbe, ni expresa ni tácitamente la publicación de morosidades respecto de obligaciones de pago contenidas en títulos de crédito, como son las facturas.

Señala, además, que siendo la recurrente persona jurídica, los artículos que la recurrente ha señalado respecto de la norma legal citada no son aplicables, ya que dichas disposiciones tienen como finalidad proteger los datos y la vida privada de las personas naturales.

En los mismos términos y aludiendo a la personalidad jurídica de la recurrente indica que no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas, ya que las disposiciones establecidas en los números 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental garantizan y protegen a los individuos, entendiéndose como tales a las personas naturales, por lo cual no resulta aplicable, en la especie, la afectación alegada por la recurrente.

Cuarto: Que la recurrida Factorone S.A. evacua el informe del presente recurso solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Señala que, en efecto, la factura Nº477 emitida por Comercializadora Reciclean SpA contiene la obligación de pago contraída por la recurrente y cuya morosidad se registra con fecha 16 de enero de 2020; es publicada la morosidad de esta el 22 de enero, motivo por el cual aún no ha podido ser ingresada la demanda respectiva pero que nada impide que su representada ejerza su legítimo derecho de publicar en el boletín comercial el documento impago.

Indica que no existe en la práctica regulación expresa sobre la información relativa a personas jurídicas y, por ende, no existe una norma que impida publicar o hacer circular una factura, por lo que, tratándose de un conflicto de orden jurídico privado, la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico.

Argumenta que si bien el recurrente señala que la factura no es de aquellos instrumentos que según la Ley Nº19.628 puedan ser publicados en el Boletín Comercial, no es menos cierto que el legislador hace una mención expresa de aquellos que no pueden ser publicados, sin mencionar dentro de estos la factura.

Asimismo, indica que la materia en comento cuenta con un estatuto especial de reclamación establecido en la ley Nº19.628 en su artículo 16 letra c); siendo el recurso de protección una acción constitucional de naturaleza cautelar, que supone la urgencia del derecho a tutelar el conflicto planteado, lo que no resulta pertinente ser resuelto por esta vía excepcional.

En subsidio, y en caso de que se estimase alguna infracción a los derechos del recurrente, ello deberá ser discutido en un juicio de lato conocimiento, debiendo el tribunal correspondiente dirimir sobre la existencia o inexistencia del derecho que el reclamante alega, toda vez que la acción de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de cautela de derechos indubitados, como ha resuelto la jurisprudencia judicial dominante.

Agrega, con respecto a las garantías que el recurrente estima vulneradas, que la historia fidedigna de la Ley Nº 19628 da cuenta de que dicha norma ampara la protección de datos personales, entendiéndose esta palabra circunscrita a la persona natural, condición que no ostenta la recurrente.

Quinto: Que, por su parte Equifax Ltda. evacua el informe requerido en autos señalando que el contenido de la base de datos asociada al boletín electrónico DICOM corresponde a los antecedentes aportados por los contratantes al sistema, quienes se obligan contractualmente a entregar los nombres de los morosos, su domicilio, monto adeudado, informar los datos requeridos por Equifax, aclarar cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados y además responder por la exactitud de la información aportada.

Expresa que las alegaciones del recurrente sobre la supuesta falsedad o imprecisión en la información publicada en el Boletín no se sustentan con ningún tipo de elemento más que sus aseveraciones.

En cuanto a la procedencia de las publicaciones, expresa que se adhiere a lo informado por las empresas aportantes recurridas. Agrega que Equifax no es responsable de las morosidades ingresadas por los aportantes y que no le resulta al recurrente aplicable lo dispuesto en la Ley Nº19.628 atendida su calidad de persona jurídica.

Lo contrario implicaría desconocer lo dispuesto en el artículo 2 letra f) de la norma citada en cuanto define como “datos de carácter personal” aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, señalando además que el mismo artículo define como titular de los datos a la persona natural a la que se refieren a los datos de carácter personal. En este sentido argumenta que dicha postura ha sido adoptada además por la doctrina nacional, que la historia de la ley establecía que el tratamiento de los datos personales no resulta aplicable a las personas jurídicas y por ello sus datos podrán ser siempre conocidos, toda vez que prima respecto de ellos el derecho a la información. Por otra parte, señala que es abundante la jurisprudencia de los tribunales Superiores de Justicia que estiman la inaplicabilidad de la ley en comento a las personas jurídicas.

Con respecto al informe evacuado en el Ingreso Corte Nº11.740-2020, reitera similares alegaciones en cuanto a la falta de responsabilidad respecto de las morosidades informadas por los aportantes, en este Caso Cavis SpA y GAM Spa, reiterando lo señalado sobre la falta de aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 respecto del recurrente, no existiendo por tanto ninguna actuación de su parte que importe una privación, perturbación o amenaza respecto de los derechos y garantías de la recurrente.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de las acciones constitucionales deducidas por no existir un acto u omisión arbitrario e ilegal imputable a Equifax Ltda. que importe una privación, perturbación o amenaza al ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, agregando que en todo momento la recurrida ha actuado con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales.

Sexto: Que, por su parte, la empresa Cavis Soluciones y montaje SpA evacuó el informe requerido en autos señalando que en todo momento ha actuado conforme a derecho y no ha incurrido en ninguna actuación ilegal y arbitraria, por lo que solicita el rechazo del recurso de autos.

Señala que se emitió la factura Nº640 por un total de $5.696.692.- no reclamada por la recurrente dentro de plazo legal. Debido a ello la recurrente Doesco emite el 30 de mayo de 2019 el cheque HF [cuenta reservada] por $5.696.692.- para el pago de dicha factura, protestado por el Banco en razón de orden de no pago efectuada por el representante legal de la recurrente. Atendido lo anterior se procede a publicar la morosidad en la plataforma de Equifax ya que no existe ley que lo prohíba, siendo además una práctica comúnmente aceptada en el mercado, por lo que no puede vislumbrarse ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Agrega que existe además una acción judicial de cobro seguida ante el 20º Juzgado Civil de Santiago en la causa C-25090-2019, la que no ha podido ser notificada.

Alega que la presente acción únicamente obedece a una instrumentalización de la misma de parte del recurrente, con el fin de que sus acreedores no accedan a su domicilio, lo que da cuenta del comportamiento crediticio de la recurrente.

Agrega, además, que el presente recurso es extemporáneo, porque la publicación en comento es de junio de 2019, no resultando, a su juicio, creíble que la recurrente haya tomado conocimiento recién el 28 de enero del año en curso sobre las publicaciones efectuadas en el Boletín Comercial.

Reitera las alegaciones efectuadas en orden a la falta de aplicación a la especie de las disposiciones de la Ley Nº19.628 atendida la calidad de persona jurídica del recurrente, por lo que la acción impetrada resulta improcedente; a ello agrega que, por existir un procedimiento especial regulado en dicha norma para reclamar de estas publicaciones, razón por la que esta no es la vía idónea para efectuar la reclamación de la especie.

En cuanto a las garantías que la recurrente estima vulneradas, expresa que no se ha acompañado ningún antecedente que dé cuenta de ello; asimismo alega que es la misma recurrente la que ha afectado su imagen comercial al incumplir con sus obligaciones.

Séptimo: Que, vía correo electrónico, la empresa General de Alquiler Maquinarias Chile S.A. señala que el deudor Doesco Soluciones Integrales SpA fue registrado en DICOM por la deuda que se encuentra pendiente de pago a la fecha del informe, 10 de febrero del año en curso. Dicha deuda asciende en total a la suma de $6.222.326.- y se encuentra siendo reclamado a través de la entidad Cesce Chile. Adjunta a su respuesta extracto contable y facturas relativas a la deuda impaga contraída por Doesco.

Octavo: Que, el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Noveno: Que, previo a entrar al fondo del recurso, es necesario pronunciarse sobre la extemporaneidad invocada por la recurrida Cavis SpA. Al respecto, y constando de los antecedentes allegados a la tramitación del recurso que la publicación de la recurrida es de 3 de junio de 2019, y teniendo presente que el mismo se presentó, con fecha 4 de febrero del año en curso, no es posible para esta Corte estimar que únicamente en base a la fecha en que se emitió el informe por parte de la recurrente, el arbitrio haya sido presentado dentro del plazo de 30 días contemplado en el Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección.

Lo anterior se reafirma, además, de la misma exposición realizada por el recurrente en lo relativo a la afectación de sus derechos, en que señala que su imagen comercial es vital para el desarrollo de su giro, por lo que no puede, razonablemente, concluirse que el recurrente no haya reparado en forma anterior a dichas publicaciones atendido que se trataba de un asunto de tal importancia.

Atendido lo anterior, la alegación de extemporaneidad de parte de Cavis SpA debe ser acogida.

Décimo: Que, en cuanto al fondo del recurso, éste debe ser necesariamente rechazado pues no se advierte ningún acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas.

En efecto, las recurridas, solo han puesto en conocimiento de los interesados la publicación de una serie de morosidades que el recurrente mantiene a su respecto, no existiendo norma que prohíba la publicación de las mismas respecto del recurrente, atendida su calidad de persona jurídica. Ello en atención a que la Ley 19.628, que es aquella normativa que el reclamante dice haberse infringido por las recurridas, no se aplica a las personas jurídicas, como queda claro de la lectura de la letra f) de su artículo 2º, de la historia fidedigna de su establecimiento y de lo que se ha dicho reiteradamente por los tribunales de justicia en estos asuntos, por lo que a su respecto no puede aplicarse la disposición contenida en el artículo 17 de la misma norma y a las disposiciones que la autoridad financiera ha dictado sobre la materia.

En todo caso, cabe señalar, que cualquiera sea la determinación que se adopte respecto del ámbito de aplicación de la Ley 19.628, sobre protección de datos personales, lo cierto es que su artículo 4º permite el tratamiento de dichos datos cuando una norma legal lo autorice o el titular consienta en ello, de los datos económicos, financieros, bancarios etc. Ha sido reglado, entre otras normas por la Ley 20.575, determinando quienes adquieren la calidad de distribuidores de esa información, ya sean personas naturales o jurídicas, lo que refuerza la postura de esta Corte en cuanto los hechos materia de autos no es posible calificarlos de arbitrarios o ilegales.

Décimo primero: Que, así entonces, aun admitiendo la legitimación del recurrente para solicitar la protección del derecho a la honra garantizado en el Nº 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, el recurrente no manifiesta concretamente cómo se ve afectado dicho derecho.

Por otra parte, si se estimara que es suficiente la alegación relativa a su imagen crediticia ante las instituciones financieras, de los antecedentes acompañados a la vista de la causa, consistentes en la negativa de las entidades financieras a otorgarle el crédito COVID-19, no es posible tener por configurada la afectación, atendida que la fecha en que se presentó la acción de protección es anterior a la existencia de la pandemia.

Décimo segundo: Que en cuanto a Equifax, no puede observarse que la recurrida haya actuado en contravención a la normativa alegada, por tratarse la recurrida de una empresa que recibe y procesa la información que aportan comerciantes, industrias o profesionales asociados a la base de datos, como ocurre en el caso, obligándose aquellos por contrato a entregar nombres de morosos debidamente identificados y/o aclaraciones de pago, siendo el ingreso de la información de responsabilidad del aportante, liberando a Equifax de responsabilidad por ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, sin que esté obligado a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien le entrega la información para que sea publicada. En este sentido, es suficiente para justificar la mantención de las publicaciones haber tenido a la vista las factura, registro de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos, comprobantes de cesión y acuse de recibo, constatando que la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de 8 días establecido en la Ley Nº 19.983, por lo que se entiende irrevocablemente aceptada, siendo fundamento para la publicación de las morosidades por parte del aportante.

Décimo tercero: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que se acoge la alegación de extemporaneidad esgrimida por Cavis SpA.

II.- Que se rechazan las acciones constitucionales deducidas por Doesco Soluciones Integrales Ltda.

Comuníquese y archívese..

Redacción de la fiscal judicial doña nombre reservado

N°Protección-11739-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado por encontrarse ausente.