nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, veintiséis agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 4 de febrero de este año, comparece Yamir Rivera Malverde, interponiendo recurso de protección a favor de nombre reservado y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto ilegal y arbitrario que consiste en haber rechazado recurso de reposición contra la resolución que lo eliminó de la Escuela de Investigaciones, hecho que vulneró sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 números 1, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que el día 15 de noviembre del 2019, estando a 9 días de su graduación en la institución y de regreso de la gira de estudio final, cursada y costeada con éxito por el actor, se le notifica de la resolución exenta N° 158 de la misma fecha, que ordena su eliminación del curso de formación de oficial policial profesional de línea, siendo la causal de eliminación la de la letra c) del artículo 50 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales, esto es, “carecer de aptitudes o vocación para la carrera”. Señala que en el acto administrativo se invocan dos fundamentos: a) Una supuesta omisión voluntaria en su Declaración de nombre reservado al tiempo de iniciar su proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales, respecto de dos detenciones ocurridas mientras era menor de edad, es decir, un defecto en una declaración prestada hace más de dos años, y respecto del cual no se termina siquiera el sumario administrativo; b) Se suma a lo anterior una escasa adaptación al régimen interno de la Escuela de Investigaciones Policiales, en base a las medidas disciplinarias a las que se habría visto sujeto durante su permanencia en la Escuela, no obstante mantener al tiempo de la notificación de la medida una conducta intachable por un periodo anterior de más de 6 meses. Por último, el 6 de enero de 2020 se le notifica la resolución que rechazó recurso de reposición y jerárquico que presentara en contra del referido acto administrativo.

Afirma que el actuar del recurrido es arbitrario, pues al resolver la desvinculación del actor tuvo en cuenta hechos pretéritos, por sobre un término razonable para juzgarlos y lo que es más importante, habiendo tenido el recurrido dicho antecedente en su poder antes de resolver administrativamente la admisión del postulante a la institución, según lo ordenan los artículos 34, 35, 36 y 38 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales. Reprocha que no se haya considerado que en este caso existe un sumario administrativo que no ha concluido, por lo que no se ha esclarecido si la omisión de la información en su DHP fue efectivamente voluntaria como exige la norma. Agrega que la administración reconoció que tal ponderación no fue realizada.

También se refiere a la falta de análisis de las circunstancias del caso concreto, en cuanto se invocó como causal de eliminación una conducta indisciplinada del actor, pese a tener una conducta intachable por más de 6 meses antes del acto objeto del presente recurso.

Señala que por todo ello el actuar de la administración es arbitrario, atentatorio de la buena fe, la confianza legítima del administrado, en contra de la natural seguridad jurídica y certeza del recurrido. Indica que ello trasgredió la integridad síquica del recurrente, al considerar hechos pasados, para resolver su eliminación, y estando en conocimiento que estaba a días de graduarse, y que se había costeado una gira por Europa antes de ello; también el derecho de igual trato ante la ley, al haber resuelto sin calificar debidamente el hecho invocado; y por último el derecho de propiedad, en cuanto a no ser eliminado por las razones invocadas por el recurrente.

Segundo: Que con fecha 25 de marzo del año 2020 la recurrida evacúa su informe y solicita el rechazo del recurso de protección por las siguientes razones.

En primer lugar, indica que el recurso de protección no puede ser una nueva instancia administrativa, que pretenda desvirtuar lo afirmado por el acto recurrido y luego de que el actor haya hecho uso de los recursos establecidos en la ley sectorial.

Sostiene la recurrida que el recurso es extemporáneo, porque el acto objeto del presente recurso es la Resolución N° 158, que determina su eliminación de la Escuela de Formación de Policía de Investigaciones, la que es de 15 de noviembre del 2019.

En cuanto a los dichos del recurrente, se refiere en un primer apartado a los hechos, diciendo que el 16 de Octubre de 2019, la Subcomisario nombre reservado, en su calidad de Oficial Instructora Académica del Tercer Subdepartamento de Instrucciones, presentó a su superioridad una Minuta S/N, dando cuenta que el día 14 de octubre de 2019, con motivo de la Práctica Académica, de la promoción 2017-2020, la cual se llevó a cabo, entre los días 18 de octubre a 3 de noviembre de 2019, en las ciudades de Barcelona, Madrid y Roma, la citada oficial policial realizó consultas al sistema de información, (S.I.B.I 3.0), con la finalidad de obtener información respecto a algún impedimento para salir del país de los aspirantes, arrojando como resultado que el Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea, nombre reservado, C.I N° RUT reservado, fue detenido por los delitos de Lesiones Graves, en el año 2011, e Infracción al artículo 4° de la ley 20.000, en el año 2013.

Por lo anterior, se instruyó un Sumario Administrativo mediante la Orden N° 696, de fecha 13 de noviembre de 2019, del nombre reservado, Director de la Escuela. Señala que el día 12 de noviembre de 2019, sesionó el Consejo de Disciplina de la Escuela de Investigaciones Policiales, donde sus integrantes votaron de forma unánime por la eliminación del Aspirante precedentemente individualizado, por estimar que se configuró la causal prevista en la letra c), del artículo 50°, del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales. Argumenta que el recurrente omitió indicar las dos detenciones antes referidas, aun cuando la Declaración de nombre reservado dice expresamente que “...Toda omisión voluntaria detectada con posterioridad, en la entrega de la información requerida, será causal suficiente para poner término a mi postulación o ser llamado a retiro conforme a la reglamentación institucional...”

A mayor abundamiento, se informó que durante su permanencia en el plantel, el recurrente evidenció una escasa adaptación al régimen interno de formación, como lo evidencia la gran cantidad de sanciones internas, esto es año 2017: 7 sanciones, año 2018: 5 sanciones y año 2019: 6 sanciones.

Por todo ello es que se dicta la Resolución 158 que ordena su eliminación del Curso de Formación de Oficial Policial Profesional de línea. En contra de esta resolución el actor dedujo recursos de reposición y en subsidio, jerárquico, los que fueron rechazados por Resolución 176 de 23 de diciembre de 2019.

Luego se refiere al derecho, indicando que el Reglamento de Ingreso, Postulación, Selección y Graduación de los alumnos del curso de formación de Oficiales Policiales Profesionales de la PDI señala en su artículo 6: “...Además de los requisitos que debe reunir el postulante, la Dirección del plantel realizará una recopilación de los antecedentes necesarios para conocer el nombre reservado del mismo, de conformidad a las directivas que sobre la materia imparta la Superioridad institucional.” En su caso, el artículo 7° dispone: “Todos los postulantes al Curso de Formación de Oficiales Policiales Profesionales, sin excepción, deberán participar en el concurso de admisión que tendrá las siguientes etapas:

e) Evaluación de antecedentes personales, civiles y penales.”

A su turno, corresponde señalar que la Declaración de nombre reservado de un Postulante (DHP) “consiste en un proceso de investigación de los antecedentes personales del postulante para determinar su idoneidad moral, que consta de dos etapas; la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza el postulante, respecto de sus datos personales y familiares y la segunda, se materializa con una investigación practicada por el Oficial Policial designado, el cual se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, el cual concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente el ingreso de un determinado postulante a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos”. En tal sentido, la Orden General N° 2.122, de 24 de agosto de 2006, que aprueba cartilla instructiva para la Investigación de la DHP, dispone en su título II que el oficial encargado de investigar al postulante “deberá efectuar una auscultación domiciliaria, entrevistando para tal efecto, en forma discreta, a vecinos, debiendo establecer especialmente la forma de vida y el entorno social en el cual éste se desenvuelve, también se investiga en el plantel educacional donde cursó sus últimos años, su trabajo actual, … etc”.

Por su parte, el artículo 10, numeral 1 del Decreto Ley 2.460, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, le concede a su Director General la prerrogativa de dar de baja a los aspirantes de la Escuela de Investigaciones, la que es independiente de una eventual responsabilidad administrativa de aquel o de una deficiente calificación, enmarcándose la atribución que se impugna dentro de una acción que resguarda el prestigio y la doctrina institucional, conforme lo ha señalado la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 31.821 del año 2017. Por otro lado indica que las Resoluciones 158 y la 176 de 23.12.19 que rechaza los recursos de reposición y jerárquico que interpuso el actor, están suficientemente fundadas.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente infringidas, se refiere al de igualdad ante la ley, indicando que el recurrente no se refirió al caso de otra persona que haya estado en su misma situación, a la que se le haya dado un trato diferente. En cuanto al derecho de propiedad no se aprecia una conexión entre la resolución administrativa recurrida y una afectación al derecho de propiedad. Refiere que la Corte Suprema ha dicho que no existe propiedad sobre un cargo público o si existiera, este no tendría las características propias del dominio, manteniéndose mientras no opere una causal legal de cesación de funciones, como fue en este caso.

Tercero: Que para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

Quinto: Que, en el caso de la especie, Se recurre de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, (PDI), denunciando como ilegal y arbitrario, el acto de haber eliminado al recurrente de la Escuela de formación de dicha institución, al haberse resuelto negativamente su último recurso de reposición.

Explica que estando a 9 días de su graduación, se le elimina como alumno de la Escuela de PDI, invocándose el artículo 50 letra c), “… carecer de aptitud o vocación…” fundándola en dos situaciones al no haber consignado en su declaración, dos detenciones previas a su ingreso a la Escuela de Formación, y su escasa adaptación al régimen de la escuela, pues fue objeto de sanciones disciplinarias. Señala que se trata de dos antecedentes anteriores, que debieron considerarse antes, y explica que estando en régimen de la escuela de formación y su última sanción fue en mayo del año 2019.

Al evacuar informe la recurrida, indica que la presente acción constitucional no puede constituirse en una nueva instancia de revisión administrativa, y que en todo caso, en su caso el recurrente ya hizo uso de las facultades recursivas.

Refiere además que el recurso de protección resulta ser extemporáneo, pues señala que la oficial Instructora, la Subcomisario nombre reservado, el 16 de Octubre de 2019, previo al viaje de estudios de la promoción de la escuela a Europa, detectó que el recurrente tenía dos detenciones previas por lesiones graves y microtráfico, y en sesión del Directorio de la Escuela, se decidió la eliminación del programa de formación de la escuela, considerándose además, varias sanciones por faltas al régimen disciplinario, impuestas en cada año de formación. Explica que el acto objeto del presente recurso es la Resolución N° 158, que determina su eliminación de la Escuela de Formación de Policía de Investigaciones, la que es de fecha 15 de noviembre del 2019. Y el recurso se interpuso con data 4 de febrero del 2020, esto es, fuera del plazo establecido al efecto de 30 días.

En cuanto al fondo, la recurrida plantea que la presente vía proteccional no puede resultar en una nueva instancia, y sin perjuicio de los antecedentes administrativos acompañados, alude al artículo 10, numeral 1, del Decreto Ley 2.460, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, la que concede a su Director General, la prerrogativa de dar de baja a los aspirantes de la Escuela de Investigaciones. Tal facultad es independiente de una eventual responsabilidad administrativa que pueda tener un aspirante, o que provenga de una deficiente calificación, enmarcándose, esta atribución, en la búsqueda del resguardo del prestigio y la doctrina institucional, lo cual señala, está refrendado por dictámenes de la Contraloría General de la República, (CGR). De esta forma, señala la recurrida, no hay vulneración de derechos de la recurrente.

Sexto: Que, en cuanto a extemporaneidad alegada por la recurrida, cabe señalar que del mérito del recurso se desprende que el acto en contra el cual se recurre en específico, consiste en haberse rechazado el recurso de reposición intentado por la recurrente, en contra de la Resolución que lo eliminó de la Escuela de Investigaciones.

En efecto, en contra de esta resolución que lo declaraba no apto para el servicio, la recurrente dedujo recursos de reposición y en subsidio, jerárquico, los que fueron rechazadas por Resolución 176, de 23 de diciembre de 2019, lo que fue notificado al mismo, el 6 de enero de 2020. De lo recién expuesto fluye que, al interponerse la presente acción de protección, con data 4 de febrero de este año, tal interposición de acción, no resulta extemporánea.

Séptimo: Que para resolver el fondo, el tribunal debe tener especialmente presente que lo pedido en específico por el recurrente en su libelo es: “… que esa Corte resuelva si los hechos denunciados constituyen infracciones a las garantías referidas”.

Sin Perjuicio de lo así pedido, y avocada esta Corte al conocimiento del asunto, resulta evidente, que esta clase de recursos, por su naturaleza, de ser especialmente una acción cautelar de emergencia, no puede derivar en una instancia para discutir asuntos administrativos, en la especie máxime si el recurrente hizo valer, previamente al arbitrio aquí deducido, los recursos administrativos que le acuerda la ley.

Octavo: Que, en el caso subjudice, el fondo del asunto trata de un alumno de la escuela de formación de la institución, y aspirante a la PDI, nombre reservado, el que en su nombre reservado, registra detenciones y procesos penales de que fue objeto, resultando para el caso, ser una carga civil del aspirante, el informar a la institución, su situación personal anterior de carácter penal.

Fue del caso de la especie, que este último año 2019, antes de iniciarse un viaje a Europa, por el curso de formación de la escuela institucional, del que formaba parte el recurrente, como alumno aspirante, la institución se percata que tenía estos antecedentes previos, lo que fueron luego, conocidos, en un comité, y este decidió elevar los antecedentes al Señor Director de la PDI, quien usando facultades que le son propias, resolvió la desvinculación del alumno, iniciándose un sumario administrativo por estos hechos.

En efecto, resulta ser una facultad del Sr. Director aquella conferida en el artículo 10, numeral 1, del Decreto Ley 2.460, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, el que establece: “Corresponde al Director General de Investigaciones, resolver las siguientes materias: 1.- Nombramiento y baja de personal de la Planta de Servicios Generales y de los aspirantes de la Escuela de investigaciones”.

Noveno: Que, conforme a lo que se viene exponiendo, resulta evidente que el proceder de la recurrida no ha sido ilegal ni arbitrario, pues consta que la recurrida hizo uso de una facultad legal, conferida al Sr. Director de la PDI. Por demás, de los antecedentes del recurso se desprende, como se ha dicho, que el recurrente, hizo uso efectivo de los recursos administrativos que le confiere el ordenamiento legal y reglamentario.

En tal escenario, solo cabe estimar que no hay actos que importen arbitrariedad ni ilegalidad en el proceder de la recurrida, y en razón de ello, el recurso presente debe desestimarse.

Décimo: Que, en atención a lo señalado, en las consideraciones expuestas en los motivos precedentes, y por no configurarse los supuestos esenciales que justifican otorgar la protección que se impetra, el recurso habrá de ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Yamir Rivera Malverde, en favor de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Rafael Andrade Díaz.

N° 11.734-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.