Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados quienes interponen recurso de protección en favor de nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la omisión de dicha autoridad de dar debida tramitación a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada con fecha 12 de agosto de 2024, así como en la falta de otorgamiento de la visa temporaria de refugio contemplada en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, estimando vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que abandonó su país de origen debido a la situación de violencia generalizada y vulneración de derechos humanos existente en Venezuela, ingresando posteriormente al territorio nacional, y que, una vez en Chile, manifestó formalmente ante la autoridad administrativa su intención de solicitar refugio, cumpliendo con los requisitos legales para el inicio del procedimiento correspondiente, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna ni se le haya otorgado la visación provisoria prevista por la ley.

Segundo: Que, evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional, ya que ha perdido oportunidad y eficacia, al ya haberse pronunciado el Servicio respecto de la solicitud de la recurrente.

Informa que el recurrente ingresó de manera irregular al territorio nacional, eludiendo los controles fronterizos, circunstancia que fue denunciada por la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio Reservado N° NUM000, de 14 de noviembre de 2023. Señala que no existen registros de que el actor hubiese manifestado en frontera su intención de solicitar refugio, pese a que dicha posibilidad se encuentra prevista en el artículo 36 del Decreto N° 837, reglamento de la Ley N° 20.430. Indica que recién el 12 de agosto de 2024 el extranjero manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, siendo citado ese mismo día, mediante Oficio Ordinario N° NUM001, para concurrir al Departamento de Refugio y Protección Internacional el 5 de diciembre de 2024, ocasión en que compareció y se le entregó el formulario correspondiente.

Agrega que, una vez revisados los antecedentes acompañados, se constató que la solicitud no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, por cuanto el solicitante habría residido por más de tres años en Colombia sin pedir protección internacional, excedido el plazo legal para presentarse ante la autoridad migratoria tras su ingreso al país y no acreditado el cumplimiento de los plazos exigidos para quienes ingresan por pasos no habilitados. Por ello, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 5 de diciembre de 2024, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar su solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

Expone que la documentación posteriormente presentada no permitió subsanar los defectos formales advertidos, toda vez que el propio formulario da cuenta de que el recurrente salió de Venezuela el 3 de junio de 2018, residió en Colombia hasta noviembre de 2021, ingresó irregularmente a Chile el 17 de noviembre de 2021, se autodenunció ante la PDI el 22 de marzo de 2023 y recién acudió al Servicio Nacional de Migraciones el 12 de agosto de 2024. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 26 de diciembre de 2024, se declaró el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se dio por concluido el procedimiento administrativo, conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y al artículo 31 de la Ley N° 19.880. Añade que el recurrente contaba con recursos administrativos en contra de dicha decisión, los que no fueron interpuestos.

Concluye que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, ni vulneración de derechos fundamentales, y que, encontrándose concluido el procedimiento administrativo, el recurso de protección ha perdido oportunidad, solicitando su rechazo en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en la especie, consta que el recurrente manifestó su voluntad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad administrativa competente, lo que, de conformidad con los artículos 4°, 26 y siguientes de la Ley N° 20.430, obliga al Servicio Nacional de Migraciones a dar curso al procedimiento respectivo y adoptar las medidas administrativas necesarias mientras se tramita la solicitud, entre ellas, el otorgamiento de la visa temporaria de refugio prevista en el artículo 32 del mismo cuerpo legal.

En el caso de autos, la omisión denunciada dice relación con la supuesta falta de pronunciamiento del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, consta del informe evacuado por dicho órgano que el procedimiento se encuentra concluido y que la autoridad ha dictado resolución de término en el mismo, teniéndolo por desistido de dicho trámite por: a. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. c. Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Lo anterior, consta en la Resolución Exenta N° NUM003 de 26 de diciembre de 2024 acompañada a estos autos.

Sexto: Que, en consecuencia, resulta que no existe actualmente ninguna medida cautelar que pueda adoptarse por esta Corte, motivo por el cual la acción ha perdido oportunidad.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-11726-2025