nombre reservado con CANAL TRECE S.A

Santiago, tres de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que en lo principal de fs. 39 nombre reservado deduce acción de protección en contra de Canal 13 S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario y vulnerador de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, consistente en la mantención del programa “En su Propia Trampa” en distintas plataformas de internet, afectación que cataloga de permanente.

Explica que el 29 de septiembre de 2014, Canal 13 emitió un capítulo del mencionado programa en el que se le denostó públicamente respecto de su trabajo profesional como médico. En efecto, señala que el equipo periodístico de Canal 13 solicitó una hora para que uno de sus noteros concurriera a la consulta solicitando un tratamiento para su alcoholismo. En medio de la atención ingresó un grupo de personas con cámaras, micrófonos, focos de iluminación, filmando y grabando sin autorización.

Indica que dos días antes de la presentación del recurso, al ingresar a internet y googlear su nombre, se enteró que la recurrida subió a distintas plataformas de internet el mismo programa, lo que estima que vulnera su derecho al honor, a la vida privada, su integridad psíquica y emocional y el derecho al olvido.

Solicita se restablezca el imperio del derecho, decretándose la prohibición de exhibición de dicho programa, ordenando a la recurrida que elimine el registro informático del contenido audiovisual descrito desde las plataformas de internet, dentro de tercero día o determine las providencias necesarias como oficiar a las páginas citadas, con el objeto que se eliminen los motores de búsqueda que dicen relación con los hechos indicados, con costas.

2°.- Que la recurrida señaló que los hechos ocurrieron de una forma distinta a la planteada por el recurrente, pues en el programa se dio cuenta de hechos ilícitos y de carácter público, respecto de los cuales existe un sinnúmero de antecedentes que el recurrente ejerce su actividad fuera del área de su especialidad, que corresponde a la pediatría, ofreciendo un tratamiento médico falso, consistente en rayos láser que curarían el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, jaquecas, bulimia, anorexias, fobias, ludopatía, depresión, crisis de pánico y eyaculación precoz; servicio que ofrece a cambio de altas sumas de dinero.

Asegura que incluso existe una investigación en el Ministerio Público, al menos cuatro sumarios sancionatorios en la Secretaria Regional Ministerial de Salud, una orden de clausura de la consulta médica y variados antecedentes científicos, médicos y gremiales que corroboran que se trata de un vulgar fraude.

En primer término alegó la extemporaneidad del recurso, pues la emisión del programa data del año 2014.

En cuanto al fondo explicó que no existe acto arbitrario o ilegal, ya que Canal 13 ejerció lícitamente la libertad de informar sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la Republica, artículo 13 numerales 1 y 2 del Pacto de San nombre reservado Rica y artículo 1 de la Ley N° 19.733, pues se trata de una actuación lícita, amparada por el ordenamiento jurídico, atendiendo a un interés general y de preocupación ciudadana por la extensión e intensidad de las actividades delictivas y abusivas.

Argumenta que tampoco se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el reclamante, pues los que se le imputan son hechos ilícitos y de carácter público, que quedan fuera del concepto de vida privada. Y que en todo caso, en caso de colisión de garantías, prima la libertad de información por sobre la vida privada, de conformidad al artículo 19 N° 4 inciso 2 de nuestra Carta Magna.

Además, explica que la Ley N° 19.968 no se aplica a los medios de prensa y no existe ninguna norma legal que limite la permanencia de las informaciones a un determinado período de tiempo, ni que establezca el derecho olvido. Por el contrario, nuestra legislación promueve la mantención de los archivos de prensa para que persistan en el tiempo indefinidamente a fin de permitir su conservación y consulta al público, tal como establece el artículo 14 de la Ley N° 19.733.

Finalmente expone que la petición del recurrente excede totalmente el marco constitucional y legal, pues pretende que se afecte el derecho de propiedad que tiene sobre sus reportajes y emisiones, sin que ello sea autorizado por una ley expropiatoria.

3°.- Que para acoger un recurso de protección es menester que exista una acción u omisión, ilegal o arbitraria, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que los recurrentes estiman vulneradas y que tal circunstancia sea imputable a los recurridos, puesto que de no acreditarse tal ilegalidad o arbitrariedad, resulta inútil analizar si los derechos invocados por los actores han sido efectivamente conculcados.

4°.- Que constituyen hechos no controvertidos los siguientes:

A.- Que el 29 de septiembre de 2014, se exhibió en el canal recurrido el programa denominado “En su propia trampa”, el cual mostró a nombre reservado, médico con especialidad en pediatría, atendiendo en su consulta particular a un sujeto que se hizo pasar por un paciente que decía presentar síntomas de alcoholismo, cuando repentinamente ingresó a dicha dependencia personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, con la finalidad de fiscalizar el procedimiento utilizado por el profesional para tratar tal patología. Acto seguido, irrumpió en el lugar un equipo reporteril de Canal 13 interesado en entrevistar a aquél sobre una serie de imputaciones formuladas por pacientes que no quedaron conforme con la atención prestada por el referido recurrente.

B.- Que el reportaje anterior se encuentra a disposición del público en distintos sitios de internet.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

5°.- Que se rechazará tal pretensión, puesto que no es un hecho controvertido que la emisión del programa en cuestión se encuentra actualmente a disposición de quien ingrese a los distintos sitios de internet, incluida la dirección web del medio de comunicación recurrido, por lo que el contenido del programa emitido el 29 de septiembre de 2014, se halla a disposición de quien se interese actualmente en ver tal transmisión.

En cuanto al fondo.

6°.- Que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra debidamente garantizada la libertad de expresión, a través de distintos cuerpos legales:

A.- El artículo 19 N° 12 de la Carta Magna garantiza “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”.

B.- La Ley Nº 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo en el artículo 36 dispone: “El que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, y en el ejercicio de funciones públicas, obstaculizare o impidiere la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

Tal derecho, además, también se halla protegido por diversos Tratados Internaciones ratificados por Chile y que se encuentran vigentes:

A.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 N° 1 y 2 prescribe “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”.

B.- La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13 expresa: “Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”.

7°.- Que igualmente la Constitución Política protege en su numeral cuarto “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.”.

Los cuerpos jurídicos señalados precedentemente, en la misma línea, limitan el ejercicio de la libertad a informar. Así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17 prescribe “N° 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”.

Por su parte La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 dispone “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente (libertad de expresión) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”.

En nuestro derecho interno, el Código Penal tipifica los delitos de calumnias e injurias, agravados cuando se cometen a través de medios de comunicación social.

8°.- Que como se analizó precedentemente tanto en la conducta llevada a cabo por la recurrida, --libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio; como en el reconocimiento, protección y respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, invocado por la recurrente, existe un interés jurídico debidamente resguardado por nuestro ordenamiento. Sin embargo, existen situaciones como sucede en el caso sub judice, en que tales derechos entran en conflicto, sin que exista en nuestro derecho una regla que determine, en abstracto, cuál de éstos es más importante, de modo que se pueda determinar un orden de prelación entre ellos.

9°.- Que, en consecuencia, corresponde a los Tribunales de Justicia, en cada caso en particular considerando sus peculiaridades y características, determinar la prevalencia de un derecho sobre el otro, cuando tales derechos se presentan en situación de colisión.

10°.- Que en tales condiciones debe reconocérsele al recurrido el derecho a la libertad de opinión y de informar libremente y sin censura previa, cuyo legítimo ejercicio se vería amagado de aceptarse la pretensión del recurrente, consistente en prohibir la exhibición del programa en cuestión, como asimismo al decretarse su eliminación de las plataformas de internet.

También debe considerarse para darle preeminencia a tal derecho, que su legítimo ejercicio es esencial para fomentar y mantener una sociedad pluralista y libre de opinar y decidir.

11°.- Que cabe además tener presente que los derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna no son absolutos, y tal como se explicitó en el motivo séptimo precedente, el derecho invocado por el medio de prensa recurrido, está supeditado a limitaciones frente a un ejercicio abusivo del mismo, caso en el cual el afectado podrá ejercer acciones legales para reestablecer el imperio del derecho.

12°.- Que, en consecuencia, y por los fundamentos precedentes, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, de acuerdo además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido en lo principal de fs. 39 por don nombre reservado en contra de Canal 13 S.A.

Regístrese y archívese sino se apelare.

Redacción del Ministro Sr. Fernando Carreño Ortega.

N° 117.237-2016.

No firma la Ministra señora Patricia González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo por encontrarse con feriado legal.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Carreño Ortega e integrada por la Ministro señora Patricia Liliana González Quiroz y por el Ministro (s) señor Juan Opazo Lagos. Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.