nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que a fojas 1 don nombre reservado, abogado domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Superintendente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 24 de octubre de 2016, por el que se le desvincula del cargo de Fiscal de dicho organismo, desconociendo su grado de planta funcionaria que le corresponde legalmente, actuando de un modo contrario a derecho, arbitrario y atentatorio de derechos fundamentales.

Refiere que ha sido funcionario público durante toda su vida profesional, y a todas las reparticiones que ingresó lo hizo por concurso público, así es como el año 1990 ingresó al grado 2° Directivo de la Planta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde se desempeñó ejerciendo ininterrumpidamente por 26 años la función o cargo de Jefe del Departamento Jurídico o Fiscal, hasta el 24 de octubre recién pasado, fecha en la que le comunicaron que debía abandonar la institución, sin derecho a permanecer en su grado de planta, como tampoco reclamar lo que se le adeuda por vacaciones acumuladas, debiendo dejar su oficina, sin ningún tipo de indemnización; no obstante ejercer su cargo grado 2° de la planta directiva obtenido legalmente por la vía estatutaria correspondiente el año 1990. Con fecha 13 de octubre de 2016, el Superintendente de Servicios Sanitarios, le notificó carta en la que le solicita su renuncia al cargo de Fiscal del estamento directivo en grado 2°, en razón de no contar con la confianza de ese Jefe de Servicio, fundando su decisión en su desempeño. Con fecha 17 de octubre de 2016, señala haber dado cumplimento a la petición formulada, renunciando al cargo de Fiscal, pero haciendo presente que por aplicación de los artículos 7° transitorio inciso final y 16° transitorio de la Ley N° 19.882 – sobre nuevo trato de funcionarios públicos – y al Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 363/ 2006, mantendría su permanencia en la Superintendencia en el grado 2° de la planta que le pertenece.

Indica que posteriormente el 24 de octubre del año en curso, el recurrido le notifica una carta por la cual sostiene la improcedencia de su alegación de permanecer en el grado 2° de la planta, pues entiende que los artículos 2° transitorio de la Ley N° 18.575 y 2° transitorio de la Ley N° 18.972, fueron derogadas expresamente por el artículo septuagésimo de la Ley N° 19.882, y que ello se conforma con el Dictamen de Contraloría General de la República N° 15841/ 04. Agrega que en la referida carta el Superintendente acepta su renuncia a contar de la misma fecha, según resolución de 19/ 10/ 2016, que no individualiza y que en el sistema SIAPER de la misma Superintendencia figura oculta, sin acceso público, dando a entender que es reservada, sumado a su arbitrariedad, pues el artículo 147 inciso 2° de la Ley N° 18.834 establece que la renuncia produce sus efectos desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, lo que no se respetó en su caso, contraviniendo el artículo 52 de la Ley N° 18.880.

Expone que la normativa que rige a los funcionarios públicos establece una diferencia sustancial entre los cargos de carrera de aquellos que son de exclusiva confianza cuyo elemento fundamental descansa en la estabilidad del empleo, según el cual no puede ser cesado sino en virtud de una causa legal (renuncia voluntaria, jubilación, destitución), condición que no reúne el funcionario de exclusiva confianza, cuya estabilidad queda sujeta a que mantenga la confianza de la persona llamada a efectuar el nombramiento. Pues bien, señala al 3 de marzo de 1990, fecha de su ingreso a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el grado 2° de la planta directiva de ese servicio – Jefe de Departamento – al que se incorporó, tenía la condición de cargo de carrera y no de exclusiva confianza. Lo que se desprende de la propia Ley de la Superintendencia de Servicios Sanitarios N° 18.902, que no contempla norma especial en sentido contrario, como del Estatuto Administrativo aprobado por Ley N° 18.834. Sostiene que a esa fecha, era aplicable el artículo 51 de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme al cual era la ley la que podía otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de exclusiva confianza del Presidente o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento e incluso, el inciso 2° de esa norma dispone que si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionado, la ley podía otorgar tal calidad de cargo de exclusiva confianza, sólo a los empleados que correspondían a los dos primeros niveles jerárquicos. Añade que no existe normativa que establezca que el cargo al cual él se incorporó pudiese llegar a tener esa condición.

Señala que así se llega en el año 2003 a la Ley N° 19.882, sobre nuevo trato de los funcionarios públicos, cuyo artículo 7° transitorio contempla una regla fundamental aplicable a su caso, pues faculta al Presidente de la República para que en el plazo de un año mediante DFL determine los cargos que pasan a tener la condición de Alta Dirección Pública o de confianza de la autoridad que los nombra, conforme el cual su situación no podía ser otra que aquella que mantenía a la fecha de su designación – 3 de marzo de 1990 – que era el ser funcionario de carrera grado 2° de la planta directiva y, en tal condición, las disposiciones que regían su situación era las del Estatuto Administrativo, como funcionario de planta.

En síntesis, expresa, los funcionarios que se encuentran desempañando cargos calificados de Alta Dirección Pública, como era su caso, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que le fueran aplicables a esa fecha, esto es y en lo que interesa, la de los funcionarios de carrera, sujetos a las normas de cese del Estatuto Administrativo; entenderlo de otra forma, lleva a considerar que una persona que legítimamente ingresó a un grado de carrera y lo incorporó a su patrimonio en los términos de esa condición, quede entregada al capricho y sola voluntad de su jefatura, que podrá cesarlo sin derecho a ninguna indemnización, en contraposición a los más elementales derechos laborales y, de la persona humana.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas señala las contempladas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la integridad física y psíquica ya que la situación de quedar sin trabajo y sin derecho a indemnización alguna después de 26 años de trabajo, produce lógicamente una alteración a su estabilidad emocional, física y psíquica. Esgrime también la garantía consagrada en el numeral 2° del mismo artículo de la Carta Fundamental, igualdad ante la ley, y ello porque la actuación del recurrido desconoce y altera el régimen jurídico estatutario que a él le pertenece, atribuyéndole una condición excepcional – la de funcionario de exclusiva confianza – que solo la ley puede establecer. Por último invoca La garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el derecho de propiedad, por la naturaleza de su grado de planta directivo 2°, característica que se relaciona con la protección del trabajo que consagra nuestra Carta Fundamental y, el principio de estabilidad laboral, que ampara entre otros, el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Solicita en suma, que se acoja el presente recurso de protección, ordenando se repongan sus derechos y se lo reincorpore al cargo grado 2° de la planta directiva de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para el pleno ejercicio de sus derechos funcionarios, acorde con las nuevas funciones que se le deben asignar.

2°) Que a fojas 29, don nombre reservado, ingeniero comercial, Superintendente de Servicios Sanitarios, informando el recurso solicita su rechazo. Expone que la petición de renuncia al actor se le solicitó el 13 de octubre último, en una reunión donde se le explicaron las razones, y la comunicación señala “la renuncia al cargo de fiscal, del estamento directivo en grado 2°, en razón de no contar usted con la confianza de este jefe de servicio” . Sostiene que ello se traduce que en el tiempo que lleva en el ejercicio del cargo de jefatura cerca de 4 meses, ha podido observar una falta de dirección y supervisión del trabajo de los profesionales de la Fiscalía, lo que encuentra en parte razón en sus constantes ausencias del lugar de trabajo. Además de la aplicación de criterios jurídicos erróneos, falta de control jurídico, como ausencia de innovación y gestión. Añade que el recurrente no cuestionó ni la procedencia de la petición de renuncia ni sus fundamentos, y ello porque sabía que el cargo era de exclusiva confianza, y por otra parte porque él ejerce como abogado integrante de esta Corte lo que a su parecer resulta incompatible con la dedicación que este otro cargo exige, amén de la coincidencia de jornadas laborales.

Refiere que la tesis esgrimida por el recurrente no tiene asidero jurídico, porque desconoce normas constitucionales fundamentales, las que regulan el régimen de los empleados públicos. Añade que el actor, pretende ser considerado en la dotación de personal de la planta de directivos, de lo cual deriva, erróneamente, que detenta un cargo de carrera, de grado 2°. Cita artículos del Estatuto Administrativo, para concluir que un directivo sirve un cargo de planta, que puede desempeñar, desde luego, como titular, todo lo cual no implica que se trate de un cargo de carrera; concluye que éste no detenta un cargo de exclusiva confianza y ello por cuanto explica que el actor ingresó al servicio en el cargo de jefe de departamento, actual jefe de división, en el área jurídica o Fiscal, por designación efectuada el 5 de marzo de 1990. En esa fecha, continúa, conforme el artículo 7° del Estatuto Administrativo, sólo era cargo de confianza, en los servicios públicos, el Jefe de Superior de modo que el cargo de Jefe de Departamento, como el de Fiscal de la institución, era un cargo de carrera. Cita el artículo 51 de la Ley N° 18.575 que establece que la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, debiendo esa determinación recaer en cargos de los dos primeros niveles jerárquicos. La misma norma definió los cargos de exclusiva confianza. Indica que, un día antes de asumir el nuevo gobierno el 10 de marzo de 1990 y, habiendo el recurrente sido designado en el cargo en cuestión tan sólo 5 días antes, fue publicada la ley N° 18.972, que sustituyó el artículo 7° del Estatuto Administrativo estableciendo que son cargos de exclusiva confianza “en los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores regionales y los jefes de departamento o sus equivalentes, cualquiera sea su denominación”. Añade que el artículo 45 de la Ley N° 18.575 está llamado a regir por definición a todos los funcionarios públicos, salvo norma especial, de modo que aun cuando la Ley N°18.902 de 27 de enero de 1990, que creo la Superintendencia, no lo señale, pues es anterior a la Ley N° 18.972, el cargo de Jefe del Departamento Jurídico o Fiscal pasó a ser un cargo de exclusiva confianza, por obra de esta última ley.

Señala que con el fin de compensar a los funcionarios afectados por este cambio normativo y, de este modo, corroborando su ocurrencia, la propia Ley N° 18.972, tras modificar la Ley N° 18.575 ampliando la posibilidad de ser declarados cargos de confianza en los servicios hasta el tercer nivel introdujo en ésta un artículo 2° transitorio conforme al cual la ley que declarase como de confianza cargos de carrera debería conceder a los funcionarios afectados, al cese de funciones por petición de renuncia, el derecho opcional a una indemnización especial o a permanecer en el servicio en un cargo adscrito en extinción.

Fue aquello precisamente lo que hizo la Ley N° 18.972 que tras modificar el Estatuto Administrativo incluyendo entre los cargos de confianza de los servicios públicos a los Jefes de Departamento, en su artículo 2° transitorio otorgó, a los funcionarios que, como el de marras, se encontraban sirviendo el cargo, y tras el cese por petición de renuncia, aquel derecho opcional a la indemnización o a la planta adscrita. En todo caso, indica que el artículo septuagésimo de la Ley N° 19.882 de 26 de junio de 2003, derogó expresamente esas normas transitorias de la Ley N° 18.575 y de la Ley N° 18.972, terminando con la posibilidad de impetrar los funcionarios cuyos cargos mutaron de condición, desde cargos de carrera a cargos de confianza, al cese por petición de renuncia, una indemnización o un cargo adscrito; más aún, esa ley dispuso que los funcionarios que hubieren ya ejercido el derecho aquél optando por un cargo adscrito, podrían renunciar al mismo a cambio de una indemnización, que decrecía con el tiempo, pues la norma suprimió, irremediablemente, las plantas adscritas al 1° de julio de 2006. Por tanto, el actor no podría impetrar este derecho a un cargo adscrito o una indemnización, como lo ha declarado la Contraloría General de la República, entre otros, mediante Dictámenes N° 15841/2004, N° 27855/2006 y N° 31216/2008 y, también en la sentencia de casación de la Excma. Corte Suprema en autos rol 1291/2008.

Sostiene que la Ley N° 19.882 de 26 de junio de 2003, sobre nueva política de personal para los altos directivos públicos, creo el SADP, que se caracteriza por la selección por concurso público, el desempeño por un período acotado y el carácter de exclusiva confianza para efectos, de su remoción. Esta ley sujetó al sistema de alta dirección pública a los funcionarios de exclusiva confianza de un amplio número de servicios correspondientes a Jefes de Servicios y a los cargos de la planta de directivos del segundo nivel jerárquico, a los que expresamente excluyó de la carrera funcionaria. Es éste el caso del cargo de Fiscal de la SISS, como se deduce de la normativa vigente. Continúa expresando que el DFL 36 de Hacienda de 2003, otorgó la calidad de altos directivos públicos en la Superintendencia, al Superintendente y a los Jefes de Departamento grado 2° como es el caso del Fiscal, mientras que el Decreto Supremo 363 de Hacienda de 2006 dispuso la incorporación de la SISS al SADP desde su dictación. En consecuencia no cabe la menor duda que el cargo de Fiscal de la SISS es un cargo de exclusiva confianza de la planta de directivos del segundo nivel jerárquico, expresamente excluido de la carrera funcionaria, requisitos indispensables para quedar adscrito como ha ocurrido al SADP.

Sostiene que la norma en la que se ampara el actor el artículo 16° de la Ley N° 19.882, reproducido por el citado DS 363/2006, no significa otra cosa que impedir que la aplicación de esta ley de derecho público implicase la cesación ipso iure en el cargo, manteniendo la situación del funcionario que lo servía, bajo las normas aplicables “a esa fecha”, esto es, la fecha de incorporación del servicio al SADP, normas que por definición, no son otras que las propias de los cargos de exclusiva confianza, requisito indispensable para haberse adscrito al SADP. De esta forma, no resulta aplicable al caso como pretende el recurrente, el inciso final del artículo séptimo transitorio de la Ley N° 19.882, que en el presente caso pretende éste, son aquellas anteriores a la Ley N° 18.972 de 1990, que declaró el cargo como de exclusiva confianza.

Refiere que es la misma Ley N° 19.882 en su artículo vigésimo séptimo la que modificó el artículo 7° del Estatuto Administrativo, eliminando de entre los cargos de confianza los de Jefes de Departamento, para luego introducir un artículo 7 bis, actual 8, que declara esos cargos como de carrera aunque sujetos a un sistema de selección por concurso interno de la Administración y desempeño por un período acotado. Dicha norma debe ser interpretada en armonía con aquellas que señalan que ciertos cargos de Jefes de Departamento, los correspondientes a directivos del segundo nivel jerárquico y de exclusiva confianza, como el de Fiscal de la SISS, quedan adscritos al SADP, también sujetos en cuanto a su remoción a las reglas de esos cargos de confianza. Confirma lo anterior el artículo 7° transitorio de la ley, que facultó al Presidente de la República para que mediante decretos con fuerza de ley, determinase para cada servicio, los cargos que pasarían a tener la calidad prevista en el artículo 7 bis actual 8 del Estatuto Administrativo, esto es, la de los Jefes de Departamento afectos a la carrera funcionaria, pudiendo no incluirse en esa determinación a todos o algunos de los cargos de jefes de Departamento “cuando correspondan al segundo al segundo nivel de jerarquía…., los que mantendrán su calidad de empleos de la exclusiva confianza de la autoridad competente, pudiendo cambiar la denominación de los mismos en las correspondientes plantas de personal”. Pues bien indica, el DFL de Hacienda de 2004 en cumplimiento del encargo referido determinó en los servicios relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, los cargos de Jefes de Departamento que pasaron a regirse por el artículo 7 bis, actual 8 del Estatuto Administrativo, como cargos de carrera, omitiendo respecto de la SISS, sus tres cargos de Jefes de Departamento, todos del segundo nivel jerárquico a los que este DFL cambió su denominación a Jefes de División y, que en consecuencia siguieron siendo cargos de exclusiva confianza.

Por todo lo cual, refiere no haber cometido ningún acto ilegal y tampoco arbitrario que vulnere las garantías constitucionales que denuncia el actor, debiendo en consecuencia rechazar el recurso.

3°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho y, que ocasione una perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

4°) Que de acuerdo a los antecedentes de convicción allegados a estos autos son hechos no controvertidos los siguientes:

a.- que el actor ingresó el año 1990 con el grado 2° Directivo de Planta, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

b.- que además durante 26 años fue jefe del Departamento Jurídico o Fiscal;

c.- que el día 13 de octubre de 2016, se le notificó carta mediante la cual se le solicitó la renuncia al cargo de Fiscal del estamento directivo en grado 2°, en razón de no contar con la confianza del Jefe del Servicio.

d.- que con fecha 17 de octubre de 2016 el recurrente procedió a renunciar al cargo de Fiscal pero expresamente señaló que mantendrá el grado 2° de Planta.

5°) Que a fin de resolver el presente arbitrio habrá que hacer un análisis de las normas que regulan la materia: La Ley N° 18.834 artículo 7° a la fecha de incorporación del actor disponía: “Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para nombramiento, los siguientes: a)En los Ministerios, los cargos de Secretario Regional Ministerial y Jefe de División, y b) En los servicios públicos, el jefe superior, con excepción de los rectores de las instituciones de educación Superior, de carácter estatal, los que se regirán por sus propios estatutos orgánicos".

A su vez el artículo 7° transitorio de la Ley N° 19.882 establece:

“Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, determine separadamente para cada uno de los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo, los actuales cargos que pasarán a tener la calidad prevista en el artículo 7° bis, de ese mismo cuerpo legal, como consecuencia de la modificación introducida al artículo 7° de dicho Estatuto, cualquiera sea la denominación y grado que tengan en las respectivas plantas de personal.

El Presidente de la República podrá no incluir en esta determinación a todos o algunos de los cargos de jefes de departamentos o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes cuando correspondan al segundo nivel de jerarquía del respectivo órgano o servicio, los que mantendrán su calidad de empleos de la exclusiva confianza de la autoridad competente, pudiendo cambiar la denominación de los mismos en las correspondientes plantas de personal.

La modificación al artículo 7° y el artículo 7° bis referidos, respecto de cada ministerio y servicio, entrarán en vigencia a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación del correspondiente decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso primero.

Los funcionarios que, a la fecha señalada en el inciso precedente, se encuentren desempeñando los cargos a que se refiere este artículo, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su designación”.

Por su parte el artículo 3° letra f) de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo prescribe: “La Carrera funcionaria es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la antigüedad”.

A su turno el artículo 5° del mismo cuerpo normativo dispone: “Para efectos de la carrera funcionaria, cada institución sólo podrá tener las siguientes plantas de personal: de Directivos, de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares”.

Y el artículo 6° del señalado Estatuto prescribe: “La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso en calidad de titular a un cargo de la planta, y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a los de exclusiva confianza.”

6°) Que, en esta materia, el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.”

Así el artículo 45 de la Ley N° 18.575 Ley de Bases Generales de la Administración; dispone respecto de la carrera funcionaria: “Este personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad de la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de calificación objetivos e imparciales….”.

Luego el artículo 46 establece: “Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza.”

En el mismo sentido el artículo 16° transitorio de la Ley N° 19.882 dispone: “Al momento de incorporarse un servicio al Sistema de Alta Dirección Pública, los funcionarios que se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública, conforme al procedimiento del artículo transitorio precedente, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueran aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso a las disposiciones de la presente ley cuando cesen en ellos por cualquier causa”.

7°) Que por su parte la Contraloría General de la República ha señalado sobre la materia en cuestión: “ ….en relación a este punto, resulta necesario hacer presente que, a partir del 10 de marzo de 1990, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 18.972 – que sustituyó el artículo 7° de la Ley N° 18.834 – los cargos de jefe de departamento o sus equivalentes, pasaron a tener la calidad de exclusiva confianza de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. Posteriormente, y por aplicación del artículo vigésimo séptimo de la Ley N° 19.882 – publicada el 23 de junio de 2003 – esos empleos perdieron la condición de exclusiva confianza para pasar a ser de carrera, sujetos a las normas del artículo 8° de la Ley N° 18.834. Sin embargo, el inciso final del artículo séptimo transitorio de la citada Ley N° 19.882 prescribió que los servidores que, a la fecha de entrada en vigencia de las referidas modificaciones, se encontraren desempeñando los señalados cargos – que pasaron a ser de carrera – continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su designación. Dictámenes N° 49.189 y N° 49.355 del año 2003 y dictamen N° 16.139 del año 2008”.

8°) Que en este escenario normativo, queda claro para estos sentenciadores, que en el caso del actor quien ingresó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el 5 de marzo del año 1990, en calidad de titular a un cargo de planta – directivo grado 2°- mediante concurso público, éste tenía “estabilidad en el empleo” y por lo mismo su cargo no era de aquellos de exclusiva confianza. Y ello por establecerlo así el artículo séptimo transitorio de la Ley N° 19.882 en cuanto estableció: “que los funcionarios continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su designación”; que en el caso del actor, no puede ser otra que la de ser un funcionario de carrera.

9°) Que, sobre esta materia la jurisprudencia ha señalado: “…la propiedad en el empleo se encuentra garantizada mientras no surjan causales legales de terminación como ha ocurrido en este caso. La propiedad invocada por el recurrente no significa un derecho eterno sobre el empleo de planta, por cuanto en todo régimen jurídico relacionado con un trabajo o empleo, ya sea en el sector público como privado, existen causales de terminación…”.

(Rol N° 1.412 – 2015 Corte de Apelaciones de Valdivia. Confirmada por la Excma. Corte Suprema Rol 17.718 – 2016. 25 de abril de 2016.)

10°) Que, dentro de un Estado de Derecho, la Administración debe actuar subordinada a la ley, es decir, a normas positivas, legales y reglamentarias que regulan la actividad administrativa, por lo que cada vez que sus actos ejecuten una ley o un reglamento nos encontramos en presencia de un acto sometido a normas legales predeterminadas.

11°) Que así las cosas la actuación de la recurrida de fecha 24 de octubre de 2014, materializada en la carta de igual fecha, mediante la cual, se desvincula al Sr. nombre reservado de la institución, sin derecho por tanto a permanecer en el grado 2° de planta, resulta ilegal por cuanto supone una calidad – exclusiva confianza – que el actor no tiene, desconociendo que se trata de un funcionario de carrera con 26 años de servicio. Sumado al hecho, que la Administración no puede, so pretexto de existir actualmente, una normativa y condiciones distintas a las existentes al ingreso del recurrente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, variar y modificar el estatuto jurídico bajo el cual éste se incorporó al servicio público, afectando de este modo el derecho de propiedad en su empleo y que el Sr. nombre reservado tenía ya incorporado a su patrimonio. Lo que conduce a que se acoja el recurso de protección.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se acoge el interpuesto por don nombre reservado, dejándose en consecuencia sin efecto su desvinculación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el grado 2° de la planta directiva, cargo en el cual deberá ser reintegrado en forma inmediata.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Book.

Rol N° 117.230 – 2016.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por los ministros señor Guillermo de la Barra Dünner y señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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