nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 13: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, economista, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por don nombre reservado, por haber dictado el acto de fecha 23 de abril de 2025, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, en cuanto desconoce la normativa aplicable y agrega exigencias no previstas en la ley, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, reconocidas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dar curso a la devolución de fondos solicitada.

Expone la recurrente que con fecha 23 de abril de 2025 solicitó a AFP Provida la devolución de los fondos previsionales, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y autoriza la devolución de los fondos acumulados siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Acompañó constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, emitida por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, de fecha 28 de mayo de 2024, acreditando su afiliación desde el 22 de abril de 2015. Sin embargo, mediante comunicación de 23 de abril de 2025, la recurrida rechazó su petición argumentando que el certificado se encontraba vencido y que no acreditaba cobertura durante toda su estadía en Chile.

Sostiene la recurrente que la respuesta de la AFP resulta arbitraria, en tanto reconoce implícitamente la afiliación pero objeta su vigencia, imponiendo un requisito no contemplado en la ley. Precisa que el artículo 1 de la Ley N°18.156 solo exige la afiliación a un régimen de previsión extranjero que contemple prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, además de la manifestación de voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación, lo que cumplió íntegramente. Así, la negativa de la recurrida constituye una interpretación excesivamente formalista de la norma, apartada del espíritu del legislador, que es permitir el retiro de fondos a técnicos extranjeros.

Agrega que la decisión de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales, al impedir el acceso a bienes de su dominio sin norma que lo sustente. Refiere, asimismo, que existen medios electrónicos oficiales para verificar la autenticidad de la constancia en el portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los que la recurrida desatendió sin fundamentación suficiente, configurándose así un acto carente de motivación racional.

Asimismo, la recurrente hace presente que se encuentra fuera del país desde diciembre de 2024, circunstancia que refuerza la procedencia de su solicitud, en tanto las prestaciones serán cubiertas en su país de origen. Añade que la exigencia de apostilla o legalización adicional resulta imposible de cumplir dado que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, configurando un supuesto de fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, la actora sostiene que el acto impugnado conculca la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), al imponer exigencias adicionales que no se aplican a otros solicitantes en idénticas condiciones, generando trato desigual y discriminatorio; y afecta, además, el derecho de propiedad (artículo 19 N°24), al privarla injustificadamente de la disposición sobre sus fondos previsionales. También se invoca el artículo 19 N°26, en cuanto la decisión restringe ilegítimamente el ejercicio de estos derechos incorporando condiciones que afectan su esencia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que rechazó la solicitud de retiro de fondos, ordenando en consecuencia reconocer la validez de la documentación presentada y proceder, dentro del plazo que S.S. fije, a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando todas las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuado el informe solicitado por la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por abogado habilitado, dicha parte solicita desde ya el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas. Fundamenta tal petición, en primer lugar, en la improcedencia de la acción cautelar de protección para resolver materias de lato conocimiento y carácter contradictorio, pues la recurrente pretende alterar o cuestionar el marco normativo del sistema de pensiones, lo cual excede la finalidad de esta acción constitucional. En subsidio, sostiene que no ha existido de su parte acto ilegal ni arbitrario que haya perturbado, privado o amenazado las garantías de la recurrente, dado que únicamente se ha limitado a cumplir estrictamente la normativa vigente dictada por el Decreto Ley N° 3.500, la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Desarrollando los fundamentos de la primera excepción, la recurrida recuerda que el recurso de protección fue diseñado como un mecanismo expedito para otorgar amparo inmediato frente a vulneraciones evidentes de derechos fundamentales, mas no para conocer materias propias de un juicio declarativo. En tal sentido, expone jurisprudencia y doctrina que sostienen la improcedencia de esta acción cuando se pretende debatir derechos controvertidos, como sucede en la especie, pues lo pretendido por la recurrente constituye, en lo sustancial, una modificación de cuerpos normativos que regulan el sistema previsional. Así, en la medida en que no existe un derecho indubitado y se discute la constitucionalidad y aplicación del Decreto Ley N° 3.500, no resulta procedente la acción intentada en esta sede.

En cuanto a los hechos, se expone que la actora, doña nombre reservado, en su calidad de técnica extranjera, solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada el 23 de abril de 2025, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida, circunstancia que contraviene las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. En este sentido, la recurrida enfatiza que debe observar todas y cada una de las formalidades legales para autorizar tales devoluciones, tratándose de una normativa excepcionalísima que exige estricto cumplimiento de requisitos. Reafirma lo anterior mediante acompañamiento del Oficio Ordinario N° 5376 de 28 de marzo de 2025, emanado de la Superintendencia de Pensiones, que en caso análogo resolvió negar la devolución de fondos por incumplimiento de exigencias legales y reglamentarias.

En lo que respecta al derecho aplicable, la recurrida desarrolla que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 creó un sistema previsional de vejez, invalidez y sobrevivencia, estableciendo expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones solo pueden administrar y otorgar las prestaciones reconocidas por la ley, estando impedidas de disponer fondos previsionales para fines distintos. Complementariamente, recuerda que la Ley N° 18.156 regula la exención de cotizar de los técnicos extranjeros y habilita la devolución de fondos únicamente cuando concurren copulativamente los requisitos allí señalados: calidad de técnico, afiliación vigente a un sistema previsional extranjero y manifestación expresa en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación. Al no cumplirse uno de tales requisitos, cual es la acreditación actualizada de afiliación al sistema previsional extranjero, la negativa de ProVida resulta ajustada a derecho.

Finalmente, respecto de la improcedencia del recurso de protección en la especie, se sostiene que no concurren los tres requisitos copulativos que establece el artículo 20 de la Constitución: no existe acto ilegal o arbitrario, no se ha producido agravio alguno y no se ha perturbado garantía constitucional alguna. El proceder de la recurrida no es contrario a la ley ni obedece a un capricho, sino que corresponde a la estricta observancia de la normativa vigente, de modo que tampoco se configura privación, perturbación o amenaza a derecho fundamental.

En consecuencia, las peticiones concretas de la recurrida consisten en que esta Corte rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas, por improcedente en la forma y carente de fundamento en el fondo.

En respaldo de sus alegaciones, la recurrida ha acompañado como documento el Oficio Ordinario N° 5376, de fecha 28 de marzo de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, en que se resuelve en términos concordantes con la postura de la Administradora, el cual se solicita tener presente. Asimismo, ha pedido se oficie a dicho organismo para que informe respecto de la fijación de criterios normativos aplicables a la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Provida S.A: de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que, efectivamente, a la fecha en que aquella se presentó ante la recurrida, esto es, al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, aquel no se encontraba vigente, pues dicho documento señalaba que “documento válido por 120 días”.

En este punto, se debe precisar que si bien en estos antecedentes, se acompañó un certificado con una fecha de emisión posterior a la presentación de la solicitud, lo cierto es que el examen de legalidad debe realizarse en relación a la documentación con la que contaba la recurrida al emitir su pronunciamiento, que no es otra que la aparejada a la solicitud, examen que determina que no se incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, siendo relevante señalar que nada impide que el actor realice una nueva solicitud y acompañe instrumentos con la vigencia requerida, que emana de la propia documentación acompañada.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y dirigido en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11722-2025.