CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE QUE:

1°.- La abogada Daniela Acevedo Cordero, actuando en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, implora la protección de esta Corte ante el acto de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, que estima ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución N° 3.491/13/53, de 14 de agosto de 2.013, que la sancionó con una multa equivalente a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Explica que con fecha 02 de octubre de 2.013 solicitó la reconsideración a que se refiere el artículo 511 del Código del Trabajo, la que la recurrida declaró extemporánea, mediante el Ordinario N° 1.044, porque “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contado desde su notificación”, habiendo ésta tenido lugar el 16 de agosto de la misma anualidad.

Afirma que esa aseveración de ilegalidad contraría el texto del artículo 512 del mencionado estatuto, porque los 30 días que contempla como plazo para deducir la reconsideración son hábiles y no corridos, sin que sea del caso aplicar la regla general del artículo 50 del Código Civil, justamente por tratarse de un término regido por una ley especial.

Asevera que al dejársela sin recurso de reconsideración, se ha pasado a llevar las prerrogativas que en su favor consagran los apartados 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando se conceda el amparo y se ordene a la recurrida dar curso a la reconsideración en referencia;

2°.- Previamente corresponde hacerse cargo de la invocación de caducidad de la acción constitucional por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, con la que encabeza su presentación de fojas 46.

Señala que el Ordinario N° 1.044 que, como se dejó dicho, pronunció la inadmisibilidad de la reconsideración administrativa por extemporaneidad, fue recepcionado en la oficina de Correos el 03 de diciembre del año pasado; que de acuerdo con el artículo 508 de la ley laboral, debe entenderse que dicho noticiamiento se practicó al sexto día hábil posterior, lo que quiere decir que la notificación legal del Ordinario N° 1.044 se consumó el 10 de diciembre de 2.013; que, por ende, el plazo para introducir la acción protectiva venció el 10 de enero de 2.014; y que como es un hecho indiscutido que ésa se presentó en la Corte de Apelaciones el 14 de esa era, no puede sino concluirse que lo fue inoportunamente;

3°.- En efecto, no puede ponerse en duda que la introducción del Ordinario N° 1.044 en las oficinas de Correos se produjo el 3 de diciembre de 2.013, cual fluye de los antecedentes de que se dispone, lo que deriva en que, por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, haya de tenérsela por notificada, para todos los efectos legales y, por cierto, para el ejercicio oportuno de la presente cautela, el día 10 de diciembre de 2013.

Habida cuenta el lapso extintivo de treinta días que contiene el Auto Acordado por la Corte Suprema sobre la tramitación del recurso de su especie, la caducidad de la acción se potenció a partir de las cero horas del 11 de enero de 2014.

Entonces, ante la evidencia de haberse abierto este arbitrio el 13 siguiente, la acción es inadmisible, por inoportuna;

4°.- Con todo, si la argumentación que antecede no se considerase bastante, cabría añadir, ya con respecto al fondo, que:

- el inciso primero del artículo 512 del código en referencia prescribe que “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.”

- la norma no precisa la manera como ha de computarse ese tiempo.

- a falta de regla incluida en la ley especial, debe acudirse a la de general aplicación contenida en el ordenamiento jurídico.

- esa no es otra que la del artículo 50 del Código Civil, para el que los plazos que contienen las leyes comprenden “aun los días feriados”, excepto cuando ellas explicitan se trata de un término de días hábiles, cuyo no es el caso.

- por consiguiente, una armónica lectura de ambas normas permite concluir que en la especie se trata de días corridos.

- por lo demás, cuando el legislador laboral quiso establecer plazos de días hábiles, lo dejó expresamente dicho como acontece con sus artículos 508 y 513.

- es un hecho indiscutido que la Resolución N° 3491/13/53 que sancionó con multa a la recurrente, le fue notificada el 16 de agosto de 2013.

- también lo es que la reconsideración a que se viene haciendo referencia fue deducida el 02 de octubre siguiente.

- resulta evidente que entre el 16 de agosto y el 02 de octubre corrió el plazo de 30 días corridos.

- justamente es eso lo que tuvo en cuenta la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida para declarar la inoportunidad de la reconsideración, con lo cual no hizo sino atenerse a la preceptiva aplicable, descartándose, pues, la imputación de ilegalidad que la recurrente efectúa.

- en lo que hace a la arbitrariedad, se tiene que la sola lectura del Ordinario N°1.044, que pronunció esa conclusión, convence en punto a que en ella se expuso de manera coherente y consistente los motivos que llevaron a proceder de esa manera, constatación suficiente para apreciar la impertinencia del achaque de arbitrariedad;

5°.- Así las cosas, no sólo porque interpuesta fuera de tiempo sino por no satisfacer las condiciones indispensables para otorgar el amparo del artículo 20 de la carta fundamental, el recurso ha de ser desestimado, haciéndose innecesarios otros análisis.

Consideraciones en virtud de las cuales se rechaza el recurso de protección intentado a fojas 1 por la abogada Daniela Acevedo Cordero en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida contra la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida.

Acordada con el voto en contra del ministro Cerda, primeramente en lo atinente a la caducidad de la acción y segundamente, en lo relativo al fondo, quien estuvo por declarar que aquélla es oportuna y por otorgar el amparo.

En cuanto a la temporaneidad del recurso, el discrepante considera que: a) no existe en el ordenamiento jurídico interno alguna disposición que legítimamente sujete a plazo el ejercicio de las acciones constitucionales, b) la justificación parece anidarse en que jamás la evidencia de una transgresión a un derecho fundamental habrá de ser tolerada so pretexto de antigüedad, c) una normación de esa clase necesariamente debe gozar del rango de ley de la República, por cuanto es relativa a una funcionalidad que el artículo 19 N° 3° inciso sexto de la carta fundamental concentra excluyentemente en el legislador, y d) lo contrario importa elusión del mandato del artículo 25 de la Convención Americana, vinculante para los tribunales chilenos.

Concerniente al fondo, este juez entiende que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, es de días hábiles, por tratarse de un arbitrio incoado en una etapa típicamente administrativa -ante un órgano de la Administración, por causa de un acto suyo, de esa naturaleza- pues al no contarse con un precepto expreso que defina si se está en presencia de un término de días hábiles o de otro de jornadas corridas, corresponde remitirse al criterio que el artículo 25 de la Ley 19.880 establece para el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos, esto es, que son de días hábiles, disposición que a los presentes propósitos hermenéuticos ha de asumírsela “especial”, por lo que conforme a la superior directriz de que lo especial prima sobre lo particular -artículo 4 del Código Civil- prevalece a la “general” del artículo 50 de ése.

Entre el 16 de agosto y el 02 de octubre de 2.013 no corrió el plazo de 30 días hábiles En consecuencia, considera el disidente que la actuación de la recurrida no se ajusta a la preceptiva que la rige, lo que conlleva con respecto a la demandante un tratamiento discriminatorio, en la medida que, deformándole el imperativo legal, lo segrega de entre quienes están en situación de valerse de la prerrogativa del consabido artículo 511 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Cerda.

Protección N° 1171-2014.

No firma la abogada integrante señora Domínguez, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, conformada por la Ministra (S) señora Teresa Carolina Figueroa Chandía y la Abogada Integrante señora Carmen Domínguez Hidalgo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.