CONSULTORA DE INGENIERIA E INVERSIONES LUFKE SPA con DIRECCIÓN REGIONAL DEL SII DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 15 de enero de 2025 comparece Alejandro Enrique Ramírez Valdivia, abogado, en representación de la sociedad Consultora de Ingeniería e Inversiones Lufke SpA, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitano Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, por haber realizado y mantenido una anotación y bloqueo de facturas en contra de la sociedad recurrente, actuación que considera ilegal y arbitraria, contraria a las garantías constitucionales previstas en el artículo 19, numerales 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que el 10 de noviembre de 2024 la recurrida practicó y mantiene en la sesión de la recurrente en su página web, una anotación que indica que el contribuyente tiene una situación tributaria pendiente con el ente fiscalizador por lo que debe acudir a la unidad del Servicio de Impuestos Internos que corresponda a su domicilio para regularizar esta condición.

Indica que, al percatarse de dicha anotación, la recurrente acudió donde la recurrida, siendo atendido y derivado a la unidad de fiscalización, e informándosele que debía presentar petición para requerir folios y solicitar alzamiento de anotación 52, adjuntando los antecedentes de actividad de la sociedad.

Continúa relatando que, pese a que presentó toda la documentación solicitada el mismo día, la anotación se mantiene hasta la fecha de la presente acción. Además, advierte que el 10 de diciembre de 2024, fuera del plazo legal de 5 días, el Servicio de Impuestos Internos resolvió negativamente un recurso de resguardo interpuesto y también una reposición administrativa voluntaria intentada, esto sin mayor fundamento.

Sostiene, en primer lugar, que la anotación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos vulnera el artículo 8 bis Nro. 4 letra a) del Código Tributario y el artículo 11 de la Ley Nro. 19.880, por cuanto no contiene los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta. Precisa que no existe ninguna fiscalización, citación, liquidación o giro pendiente que sustente la anotación en cuestión. Además, estimada infringida el numeral 14 de la primera referida disposición, ya que le impide desarrollar sus actividades comerciales, lo que ocasiona una paralización de sus actividades con graves pérdidas económicas.

Plantea, además, que las anotaciones referidas imponen restricciones a las actuaciones que pretenda realizar el recurrente en el normal ámbito tributario y comercial, no encontrándose establecidas expresamente en la ley.

Respecto del bloqueo de facturas, afirma que el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades expresas para ello, lo que ha sido manifestado reiteradamente por la jurisprudencia, infringiendo el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Asimismo, considera vulnerado el artículo 8 ter del Código Tributario, que garantiza a los contribuyentes el derecho a emitir los documentos tributarios necesarios para el desarrollo de su actividad económica. Y vincula tal actuación, en particular, con la conculcación de sus derechos fundamentales consagrados en los Nros. 24, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, puntualiza que la recurrida no ha invocado ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 ter del Código Tributario para diferir, revocar o restringir la autorización de documentos tributarios necesarios para el desarrollo del giro o actividad económica y, además, del análisis de la legislación tributaria no existe disposición alguna que lo faculte para restringir la autorización de facturas en la forma como se ha efectuado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido proceder a dejar sin efecto la anotación 52, y que una vez levantada no se realice una nueva anotación; que se levante el bloqueo total o parcial respecto de la autorización de facturas, en forma total y definitiva; y que se adopten las medidas necesarias para eliminar de inmediato las restricciones indebidas impuestas a la recurrente, con el fin de permitirle el pleno ejercicio de sus actividades económicas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, el Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo del recurso, con costas.

Primero, alega la extemporaneidad de la acción de protección, por haber sido interpuesto fuera del plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de Protección. En efecto, enfatiza que el recurrente tomó conocimiento de la anotación impugnada, a lo menos, el 29 de noviembre de 2024, según lo expuesto en la Resolución Exenta Nro. 3674/2024, que resuelve recurso de resguardo, de 10 de diciembre de 2024, hecho que no habría sido observado por el recurrente, por lo que debe entenderse que se conformó con dicha actuación. Así, habiendo tomado conocimiento el 15 de noviembre de 2024, por lo que el recurso presentado el 15 de enero de 2025 resulta extemporáneo.

Luego, hace presente que el 23 de enero de 2025 dejó sin efecto la anotación 52, por lo que la solicitud del recurrente perdió oportunidad. Esgrime que el actor ha podido emitir normalmente los documentos tributarios electrónicos necesarios para el desarrollo de su giro, por lo que no existe una perturbación actual que justifique la intervención de la Corte para reestablecer el imperio del derecho.

En cuanto al fondo, manifiesta que ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales de fiscalización, las que incluyen el registro de anotaciones como método de control interno del comportamiento tributario de los contribuyentes. Enfatiza que estas anotaciones no requieren notificación, aunque se informa de ellas a los contribuyentes en su portal MiSII. Aclara que la anotación 52 se justificaba por el hecho de que el recurrente tenía un domicilio virtual no apto para el desarrollo de las actividades declaradas, pero que no impedía la emisión de documentos tributarios, sólo generaba un cambio en la forma de obtener la autorización de folios, debiendo solicitarse mediante petición administrativa. Indica que cada vez que el recurrente solicitó folios, estos le fueron autorizados. Concluye que no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte los derechos del recurrente.

Finalmente, destaca que el recurrente no ha fundamentado ni acreditado la forma en que se habrían afectado las garantías de los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y, en todo caso, la anotación preventiva que mantuvo -actualmente eliminada- no afectó el normal funcionamiento ni el desarrollo de las actividades económicas del recurrente, ni implicó una discriminación arbitraria o una privación del derecho de propiedad, puesto que siempre que requirió emisión de documentos, se accedió a su petición.

Pide el rechazo del recurso de protección con costas.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en primer término se abordará la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida. A este respecto, debe tenerse en consideración que la propia recurrente acompaña captura de pantalla de sistema de peticiones administrativas, folio Nro. 77324311023, en la que consta que el 29 de noviembre de 2024 dedujo recurso de resguardo en contra de la anotación 52, por ser arbitraria e ilegal. Este antecedente es consistente con la Resolución Exenta Nro. 3674/2024 de 10 de diciembre de 2024, que no hace lugar al arbitrio aludido y en la que consta que dicha resolución se motiva por presentación del contribuyente de 29 de noviembre de 2024, dirigida en contra de la anotación objeto de la acción cautelar.

En este escenario, al haberse corroborado que la recurrente tomó conocimiento de los hechos en contra de los cuales dirige la acción cautelar, a lo menos, el 29 de noviembre de 2024, y haberse deducido esta última el 15 de enero de 2025, se ha sobrepasado el plazo de 30 días establecido en el numeral 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales.

Por lo fundamentado, sin perjuicio de lo que se referirá en los considerandos siguientes, procede desestimar la acción constitucional impetrada por extemporánea.

Quinto: Que en cuanto a la conducta imputada en el libelo de protección, según se adelantó, en la especie corresponde a la anotación efectuada por la recurrida en el registro correspondiente a la actora, y que se individualiza bajo el número 52, consistiendo los efectos de dicha anotación -en palabras del recurrente- en dificultades para obtener documentos tributarios.

Luego, en el escrito de observaciones al informe, en lo pertinente y en particular haciéndose cargo de la alegación de falta de oportunidad, la recurrente reconoce que se produjo el alzamiento de las medidas que ataca, aun cuando adiciona que aquello se produjo con posterioridad al informe requerido.

Sexto: Que, como ha quedado expuesto en los fundamentos que anteceden, y de acuerdo con lo manifestado por ambas partes, la anotación que ha servido de sustento a la acción -y que por tanto se erige como la conducta reprochada en la presente acción cautelar- fue dejada sin efecto el 23 de enero de 2025, y con ello han cesado los efectos de la misma.

Por lo anterior, no vislumbra esta Corte vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

Séptimo: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo, también por este motivo.

Octavo: Que la parte recurrente será eximida del pago de costas por estimar esta Corte que tuvo motivo plausible para impetrar la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido por Consultora de Ingeniería e Inversiones Lufke SpA en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 1167-2025 (Protección)