nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 18 de febrero de 2019, comparece don nombre reservado, Procurador del Número de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso y deduce acción de protección constitucional a favor de doña nombre reservado, trabajadora social, en contra del CONTRALOR REGIONAL METROPOLITANO, señor nombre reservado, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en haber rechazado su solicitud de dejar sin efecto la notificación de término de su contrato.

Expresa que el 25 de enero del año en curso fue notificada del Dictamen de 16 de enero del mismo año, en virtud del cual, el Contralor Regional Metropolitano rechazó dejar sin efecto la notificación de término de su contrato, cuyo antecedente se encuentra en la Resolución Exenta RA N° 263/1807/2018 del Director Nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME) por la que se puso término anticipado a su designación a contrata, resolución que le fue notificada con fecha 10 de agosto de 2018.

En efecto, de acuerdo a la resolución antes anotada, se puso término a su contrato de trabajo por razones que no comparte, sin perjuicio de ello, lo más relevante para estos efectos es que al momento de ser notificada de la terminación del contrato se encontraba exenta de su obligación de asistir a su lugar de trabajo por encontrarse con licencia médica.

Precisa que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en el Dictamen Nº 39.809 de 2007, sólo resulta posible invocar el término del contrato a contar del día siguiente al término de la licencia médica o de sus respectivas prórrogas.

En ese contexto, expone que fue notificada el 10 de agosto de 2018, en circunstancias que se encontraba con reposo médico por 15 días a contar del 12 de agosto del año pasado, por lo que, estima que resulta procedente que la Contraloría deje sin efecto dicha notificación.

En subsidio de lo anterior, en cuanto al fondo del asunto, esgrime que resulta necesario que sean ponderados adecuadamente los fundamentos que fueron invocados para poner término a su contrato, los que correspondieron a una mala calificación (lista Nº 3), debilidad en el trabajo técnico, decisión técnica inconsulta en el marco de un caso social concreto y atraso, razones que no comparte, por ser redundantes, ya que todas constituyen una misma y única razón, que tiene una sanción expresamente establecida en el Estatuto Administrativo y que es, precisamente, la baja calificación, al dejar al empleado público encasillado en lista 3.

Previas citas a la Constitución Política de la República, solicita se deje sin efecto la notificación de su terminación de contrato, y, acogiendo este recurso, se reestablezca el imperio del derecho disponiendo que se acoja el recurso y se deje sin efecto la terminación del contrato de la recurrente, con costas.

Segundo: Que la Contraloría General de la República, evacuando el informe requerido, pide el rechazo de la acción de protección.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, dado que la recurrente al menos tomó conocimiento de la situación motivante del arbitrio el día 17 de enero de 2019, fecha en que recibió el correo electrónico enviado por la Contraloría que contiene el Oficio Nº 860 de 16 de enero de 2019 y, considerando que el recurso se presentó el día el 18 de febrero del corriente, éste resulta extemporáneo.

Refiere que su actuar no puede ser calificado de arbitrario e ilegal, desde que sólo ha hecho ejercicio de las facultades que le han sido conferidas en el artículo 160 de la ley Nº 18.834.

Luego, expone que el asunto escapa a la naturaleza cautelar de la acción de protección y agrega que el hecho que se encontrare haciendo uso de licencia médica no es óbice para ponerle término a su contratación, dado que el reposo no torna a los funcionarios en inamovibles, tesis que refuerza mediante citas jurisprudenciales, situación diversa de aquellos trabajadores regidos por el Código del Trabajo, en que necesariamente debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 161, respecto a la notificación sustitutiva de aviso previo.

Asimismo, indica que debe tenerse presente que la recurrente alega una supuesta notificación irregular y de todos modos cuestiona la decisión de poner término a la contrata.

En ese sentido, estima que la resolución cuestionada, se encuentra debidamente fundamentada por aparecer de su propio tenor, unido al hecho que se trata de un empleo temporal, efectuado bajo la leyenda “mientras sean necesarios sus servicios”.

En cuanto a las garantías constitucionales que habrían sido afectadas, no obstante que la recurrente no se refirió a ellas, indica que ésta no ha acreditado de qué manera habrían sido vulneradas, ni explicado de qué forma la actuación por parte de la Contraloría las habría conculcado.

Respecto de la igualdad ante la ley, aduce que no se ha producido una discriminación arbitraria, ni tampoco afectado la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, la libertad de trabajo, la del numeral 17º del artículo 19 de la Carta Fundamental y el derecho de propiedad.

Tercero: Que para efectos de una acertada resolución, se solicitó al SENAME que informara al respecto.

Cuarto: Que comparece doña nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores -SENAME- evacuando el informe requerido.

Expone que la recurrente fue funcionaria a contrata del servicio en el período entre el 12 de junio de 2017 y el 10 de agosto de 2018, que fue designada “mientras fueran necesarios sus servicios”, y que se desempeñó como jefa técnica del CREAD de Playa Ancha, contratación que fue prorrogada hasta diciembre de 2018.

Agrega que se puso término a sus funciones el 8 de agosto de 2018, a través de la Resolución Exenta RA Nº 263/1807/2018, notificada personalmente a la interesada el 10 de agosto del año pasado.

Señala que, conforme al Estatuto Administrativo, el empleo a contrata es esencialmente transitorio, salvo aquellos casos en que exista confianza legítima y no haya causal alguna para poner término anticipado a la contratación. En ese escenario, refiere que, contrario a lo sostenido por la recurrente, el acto administrativo en cuestión cuenta con la debida fundamentación, dado que en el motivo 7º se consignó que su desvinculación obedece a un deficiente desempeño, el que consta en sus informes de desempeño, anotación de demérito y otros antecedentes que fueron señalados, siendo dicha resolución notificada personalmente a la afectada, por lo que se ha cumplido con el procedimiento que se debe seguir al respecto, acto que además fue registrado en la Contraloría General de la República.

Añade que la recurrente, fuera de los medios jurisdiccionales de caso, contaba con dos vías para la revisión de la decisión: con el recurso de reposición y/o jerárquico, el que no ejerció, y con el reclamo ante la Contraloría General de la República, del que sí hizo uso, y en cuya virtud se rechazó su alegación por considerar que su desvinculación se encuentra ajustada a derecho.

Concluye que la decisión de la otra recurrida no es arbitraria e ilegal, ni afecta garantía constitucional alguna.

Quinto: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala y permite a cualquier persona, por si o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan privados, amenazados o perturbados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección del afectado. En efecto, constituye un supuesto forzoso de acogimiento de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Que, de lo anterior se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

Sexto: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°. El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Séptimo: Que según se acreditó, la recurrente fue notificada del Oficio Nº 860 de 2019 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que impugna (“Cese Anticipado de Funciones se Encuentra Ajustado a Derecho”), por correo electrónico enviado a su casilla particular correo reservado, con fecha 17 de enero de 2019, a las 19.42 hrs.

Por lo anterior, habiendo sido el recurso interpuesto con fecha 18 de febrero de 2019, esto es, una vez transcurrido el plazo de 30 días corridos a que se refiere el Auto Acordado correspondiente, éste resulta ser extemporáneo, no pudiendo prosperar por esta razón.

Octavo: A mayor abundamiento, la resolución exenta que ha sido impugnada por esta vía fue dictada por la autoridad competente, en uso de facultades que le confía el ordenamiento jurídico, basado en fundamentos objetivos como son los reproducidos en la resolución exenta RA Nº 263/1807/2018 de 8 de agosto de 2018, por la que el SENAME dispuso el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, fundamentado en el deficiente desarrollo de sus labores en el cargo de jefa técnica del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) de Playa Ancha y la desfavorable evaluación de su desempeño en dicho cargo, razón por lo cual no puede esgrimirse que dicho acto sea ilegal o arbitrario, máxime si han sido expuestas las razones que condujeron a esa decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan, lo que hace inoficioso ponderar la eventual vulneración de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso.

Noveno: Por otra parte, teniendo el empleo a contrata un carácter transitorio, contiene implícita la facultad de la autoridad para no renovarlo por otro periodo, comunicando oportunamente al afectado con la medida esa determinación, lo que se cumplió en la especie, de modo tal que no se divisa irregularidad en el procedimiento adoptado al así decidirlo.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Contralor Regional Metropolitano de la Contraloría General de la República, don nombre reservado.

Se previene que a Ministra señora Plaza, no comparte el fundamento noveno de la sentencia.

Regístrese y archívese.

Redactó la abogada integrante señora Tavolari.

Protección N° 11651-2019.- No firma el ministro señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por el Ministro señor Guillermo de la Barra Dünner y por la Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.