nombre reservado con SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece nombre reservado, contador auditor, deduciendo recurso de protección en contra del Hospital San Juan de Dios, representado legalmente por su Directora nombre reservado, médico cirujano, por la dictación de la Resolución TRA N°110234/14/2025, de 18 de noviembre de 2025, que declaró vacante por salud incompatible el cargo de funcionaria a contrata, planta administrativa, grado 21° de la Escala Única de Sueldos, que la recurrente servía en el establecimiento, en aplicación del artículo 151 del DFL N°29/2005, que fija el texto refundido de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo. Acto que califica de ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías reconocidas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja esta acción cautelar, se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenándose su inmediata reincorporación al cargo o, en subsidio, a funciones similares, junto con disponerse el pago íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir y se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Expone la recurrente que ingresó al Hospital San Juan de Dios el 13 de marzo de 2018, a la planta administrativa con grado 21°, en calidad de contrata, vínculo que se encontraba vigente hasta el 1° de enero de 2026. Refiere que el 19 de junio de 2024 sufrió una caída en la vía pública que le ocasionó una fractura cerrada de los huesos radio y cúbito del antebrazo izquierdo, lo que requirió intervención quirúrgica de urgencia y tratamientos posteriores, motivando la emisión de licencias médicas prolongadas, todas debidamente tramitadas y controladas por el empleador. Sus licencias terminaron el 24 de septiembre de 2025, fecha en que fue dada de alta por la Posta Central con salud compatible para volver al trabajo. Sin embargo, agrega, al término de sus licencias, no se le permitió la reincorporación efectiva, sino que se le instruyó hacer uso de los días compensatorios y feriados legales pendientes, supuestamente por necesidades del servicio.

Explica que a contar del término de sus licencias, lo que se produjo entre el 24 de septiembre de 2025, y hasta el 15 de diciembre de ese año, fecha en que se le notificó la resolución que declaró vacante su cargo, hizo uso de los días compensatorios y feriados legales pendientes. Expone que el COMPIN, en Resolución Folio N°19395677, de 9 de septiembre de 2025, resolvió expresamente que su estado de salud era recuperable.

Acusa que el acto administrativo impugnado es ilegal y arbitrario por haber sido adoptado sin audiencia previa, sin informe médico fundante, sin ponderar los informes médicos y antecedentes clínicos oficiales, sin consulta previa a su jefatura directa y sin notificación personal de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Hace presente, además, su situación familiar y personal -tiene 53 años, queda sin trabajo ni ingresos, añadiendo que el Tribunal de Menores de Pichilemu le entregó el cuidado provisional de una sobrina de 17 años-, quien en la actualidad depende económicamente de ella.

Sostiene que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema exigiría motivación y ponderación concretas para declarar la vacancia por salud incompatible, sin que baste la mera enumeración de los días de licencia, especialmente cuando existe pronunciamiento técnico de salud recuperable, citando en apoyo las sentencias dictadas en los Roles N°15.478-2025, N°3.194-2025 y N°2.146-2025. Estima transgredida las garantías de los numerales 1 (integridad psíquica), 2 (igualdad ante la ley), 3 (debido proceso administrativo) y 24 (derecho de propiedad sobre el cargo y remuneraciones) del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Evacuando el recurrido el informe solicitado, representado por su Directora nombre reservado, pide el rechazo del recurso. Manifiesta que la actora ingresó al Hospital San Juan de Dios en marzo de 2018 en calidad de contrata, y que entre los años 2023 y 2025 acumuló un total de 525 días de licencias médicas; particularmente, al 30 de septiembre de 2025 presentaba 267 días de licencia en ese solo año, y 470 días entre el 27 de marzo de 2024 y el 24 de septiembre de 2025, detallando cada una de las diecisiete licencias por enfermedad común expedidas durante ese lapso. Sostiene que, en atención al historial de ausentismo y a haberse cumplido el umbral objetivo del artículo 151 del Estatuto Administrativo, mediante Oficio N°619 de 12 de junio de 2025 se remitieron los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y mediante Resolución Folio N°19395677, de 9 de septiembre de 2025, dicho órgano técnico informó que la funcionaria presenta salud recuperable. Posterior a esta declaración y luego de innumerables citaciones y reuniones con la funcionaria, mediante la Resolución TRA N°110234/14/2025 -tomada de razón por la Contraloría General de la República el 26 de noviembre de 2025-, la directora del Hospital declaró vacante el cargo por salud incompatible.

Señala que el vínculo de la funcionaria con el Hospital es de naturaleza legal y estatutaria; que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en su inciso primero, faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y su inciso tercero, agregado por el artículo 63 de la Ley N°21.050, impone como condición habilitante el requerimiento previo a COMPIN sobre la condición de irrecuperabilidad. Cita jurisprudencia administrativa y de los Tribunales Superiores de Justicia, en cuanto sostienen que la declaración de salud recuperable por COMPIN habilita a la jefatura del servicio para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible cuando se configura el supuesto objetivo de inasistencia prolongada.

Releva, además, los principios de continuidad del servicio público y de la servicialidad del Estado (artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575), que establecen que la finalidad de la Administración del Estado es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas de forma continua y permanente, apuntando que la ausencia prolongada de la funcionaria afectó el funcionamiento del establecimiento asistencial y obligó a autorizar horas extraordinarias para suplir sus funciones. En este sentido, subraya que la declaración de vacancia por salud incompatible no debe ser interpretada como un reproche a la integridad de la funcionaria, sino como una medida de resguardo para la continuidad del servicio.

Y teniendo presente:

Primero: Que la causal de declaración de vacancia invocada en el acto cuestionado se encuentra prevista en el artículo 150 letra a) del DFL N°29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo. Su artículo 151, en su inciso primero, dispone que “El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.” A su vez, su inciso tercero, agregado por el artículo 63 de la Ley N°21.050, ordena que: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.” El artículo 152, por su parte, regula el régimen especial aplicable cuando se hubiere declarado irrecuperable la salud del funcionario, otorgándole el plazo de seis meses para retirarse, durante los cuales no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones.

Segundo: Que del marco normativo recién transcrito se sigue una distinción nítida entre dos hipótesis de vacancia por razones de salud: la declaración de vacancia por salud irrecuperable, que sólo puede fundarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas correspondientes, y que abre el régimen del artículo 152 (pago de remuneraciones por seis meses sin obligación de prestar servicios y, en su caso, jubilación anticipada por invalidez); y la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, que la propia norma dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable”, esto es, cuando la autoridad técnica establece que la salud del funcionario es recuperable. En esta segunda hipótesis, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo las excepciones legales -licencias del artículo 115 de la Ley N°18.834, del Título II del Libro II del Código del Trabajo y aquellas que la doctrina y la jurisprudencia administrativa han extendido al diagnóstico de cáncer y a la protección de la maternidad-, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño y exigencias propias de la función pública en cuanto no le permite ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Tercero: Que, en la especie, los antecedentes aportados permiten establecer que la actora hizo uso de licencias médicas por enfermedad común durante períodos continuos y discontinuos que exceden largamente los seis meses dentro del bienio inmediatamente anterior a la dictación del acto impugnado -concretamente, 470 días entre el 27 de marzo de 2024 y el 24 de septiembre de 2025-, configurándose así el supuesto objetivo previsto en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Consta, asimismo, que la autoridad administrativa requirió previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de la funcionaria respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, conforme exige el inciso tercero del mismo artículo, y que dicho ente técnico, por Resolución Folio N°19395677, de 9 de septiembre de 2025, calificó la salud de la recurrente como recuperable. En esas condiciones, el jefe superior del servicio se encontraba habilitado para ejercer la facultad de declarar la vacancia del cargo, sin que el contenido de la calificación -recuperable, antes que irrecuperable- altere esa conclusión, pues según se ha razonado, esa calificación es precisamente el presupuesto técnico que permite acudir a la vía del inciso primero del artículo 151, descartando la del artículo 152.

Cuarto: Que la recurrente sostiene, con apoyo en jurisprudencia, que la sola constancia de los días de licencia no satisface la exigencia de motivación impuesta por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, requiriéndose un fundamento específico que vincule el estado de salud con la incompatibilidad funcional concreta. Sin embargo, examinada la Resolución TRA N°110234/14/2025 acompañada en autos, se aprecia que ésta consigna el conjunto de antecedentes que sustentan su decisión: el instructivo sobre gestión del ausentismo laboral por licencia médica con enfoque biopsicosocial; el detalle de los días de ausentismo justificado por licencia médica común de la funcionaria por cada uno de los años 2020 a 2025; las siete cartas certificadas remitidas en el período; la entrevista de ausentismo realizada el 1° de septiembre de 2025; el oficio de remisión del caso a COMPIN; la Resolución Folio N°19395677 de 9 de septiembre de 2025 que calificó la salud como recuperable; y el acuerdo del Comité de Ausentismo N°17, de 30 de septiembre de 2025, que determinó remitir el caso a la directora del establecimiento para resolución conforme a sus atribuciones del artículo 151. Esta motivación satisface las exigencias del artículo 11 de la Ley N°19.880 y se ajusta al estándar que la jurisprudencia ha fijado para la causal en estudio, sin que pueda exigirse al jefe superior del servicio una individualización funcional de tareas que la ley no contempla como requisito de procedencia.

Quinto: Que, descartada la ilegalidad del acto, tampoco se aprecia arbitrariedad. La decisión adoptada no aparece como caprichosa ni como ajena a un fundamento racional, sino como el ejercicio reglado y motivado de una facultad expresamente conferida por la ley, en la cual concurren los presupuestos objetivos que la habilitan. Cuando concurren tales presupuestos, la opción del legislador es entregar al jefe del servicio la ponderación final de la procedencia de la medida, en consideración a los principios de servicialidad y continuidad del servicio público que rigen la actividad de la Administración del Estado (artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575), y le corresponde, por consiguiente, velar por que los cargos sean provistos en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada. La sola circunstancia de que la decisión sea gravosa para la funcionaria -pérdida del cargo, sin las prestaciones del artículo 152 reservadas a la salud irrecuperable- no la convierte por sí sola en arbitraria, una vez verificado que se ajusta al supuesto legal habilitante y que cuenta con motivación suficiente.

Sexto: Que en cuanto a las alegaciones de la recurrente relativas a la falta de audiencia previa y a la ausencia de notificación personal de la toma de razón, cabe señalar que la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo no contempla un procedimiento contradictorio previo análogo al de los sumarios disciplinarios o al de la calificación, sino que opera sobre la base de antecedentes objetivos (días de licencia) y un pronunciamiento técnico (informe COMPIN), respecto de los cuales la funcionaria, además, había sido informada con antelación mediante las sucesivas cartas certificadas y citaciones documentadas en la propia resolución impugnada. La notificación del acto se practicó por carta certificada de conformidad con la regla general del artículo 46 de la Ley N°19.880. El acto, además, fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, lo que, si bien no impide el control jurisdiccional de constitucionalidad, evidencia la conformidad de la resolución con el bloque de legalidad vigente.

Séptimo: Que esta Corte no soslaya que la actora sufrió un accidente casual e imprevisto en la vía pública que implicó cirugías y diversos tratamientos médicos como tampoco las circunstancias personales y familiares invocadas -edad, cuidado provisional de una sobrina menor de edad y eventuales dificultades de reinserción laboral- pues ciertamente resultan atendibles desde una perspectiva humana y social, pero no constituyen elementos que, en el plano jurídico, desactiven el objetivo del artículo 151 -continuidad del servicio y eficacia administrativa- ni autoricen a esta Corte a sustituir el juicio que la ley ha entregado al jefe superior del servicio.

Octavo: Que, en las condiciones antes descritas, no habiéndose acreditado la ilegalidad ni la arbitrariedad del acto impugnado, no han podido verse de las garantías constitucionales invocadas, debiendo en consecuencia rechazarse la acción cautelar deducida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

N° Protección-1162-2026.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada por el ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida y por el abogado integrante señor Sebastián Perelló Enrich.