nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 32: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparece Gabriel Lara Gómez, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, Notario Público de la 47° Notaria de Santiago, y en contra de nombre reservado, por no permitirle hacer reserva de derechos en finiquito para accionar judicialmente en contra de su ex empleador, conculcando la garantía resguardada por el artículo 19 nº 2º de la Constitución Política de la Republica.

Señala que el 08 de junio de 2023, el recurrente concurrió a la 47° Notaria de Santiago a firmar finiquito respecto de la empresa Galco Ingenieria y Construccion SpA, donde el recurrido nombre reservado, concurre a la Notaría con copia del finiquito y el respectivo cheque, señalándole por expresa instrucción de la empresa, que no es posible que realice reserva de derechos, y de hacerlo debe firmar un finiquito por un monto menor, pese a que en la carta de despido (de 31 de mayo de 2023, recibida el 09 de junio de 2023 por correo certificado) expresamente se le indicó que es posible realizar la reserva de derechos, concluyendo que es señor nombre reservado el que se opone a la reserva de derechos.

Agrega que debido a lo anterior, se entrevistó con el notario quien le señala que no puede hacer nada ya que debe seguir las instrucciones que entregue la empresa no siendo posible que estampe reserva alguna, y que debe recurrir a la Inspección del Trabajo. Anota que ello vulnera el oficio 285 del 26 de marzo del 2019 del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que ordena a los notarios permitir que los trabajadores formulen reservas de derechos en los finiquitos sin condicionar la entrega de los dineros a la falta de esa reserva. Da cuenta que el día anterior a firma del finiquito, y previniendo la no entrega del respectivo cheque por su voluntad de hacer reserva de derechos, estampó constancia ante la Inspección del Trabajo.

Cita el principio de irrenunciabilidad de los derechos (artículo 5 del Código del Trabajo), el artículo 177 del Código del Trabajo, el artículo 1545 del Código Civil, los artículos 399 y 401 del Código Orgánico de Tribunales. Estima que el comportamiento de los recurridos deja este derecho laboral irrenunciable supeditado a la voluntad arbitraria e ilegal del empleador mediante las instrucciones que el notario público valida. Aduce que la reserva de derechos es un derecho irrenunciable que no requiere del consentimiento del empleador, siendo un acto jurídico unilateral.

Asevera se ha vulnerado el artículo 19 nº 2º de la Constitución Política de la República, ya que ante otros ministros de fe se le reconoce el citado derecho de reserva a otros trabajadores.

Solicita, entre otros, que el recurrido nombre reservado, en su calidad de notario público debe permitir la reserva de derechos al recurrente dentro del plazo de 5 días en las dependencias de la 42º Notaria de Santiago una vez ejecutoriada la causa, con costas.

SEGUNDO: Que informa por el recurrido nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Señala que su jefatura directa fue quien le ordenó acudir a la 47° Notaría de Santiago de don nombre reservado con el finiquito del recurrente de estos autos y el cheque respectivo. Agrega que el recurrente firmó el finiquito y se le entregó el cheque, y luego se despidieron.

Asevera que todo lo indicado por el recurrente, respecto de una supuesta presión para efectos de que no estampase reserva de derechos en el finiquito, es derechamente falso, observando la incoherencia de que según el relato del libelo, él le prohibió la reserva de derecho, siendo el notario quien tenía en poder el finiquito, resultando su opinión irrelevante.

Asevera que si el actor no estaba de acuerdo con el finiquito bastaba interponer un recurso de protección o reclamo ante la Inspección del Trabajo, o derechamente una demanda laboral, pero todo ello sin firmar. Observa igualmente en la propia constancia del día anterior a la suscripción del finiquito que el recurrente acompaña a su recurso (9000/2023/56853), indica que firmará el finiquito sin reserva, para después accionar en tribunales con miras a lograr estampar la reserva de derechos con posterioridad, lo cual da cuenta de la mala fe del actor.

Finalmente estima que una supuesta nulidad del finiquito por el vicio de fuerza moral al momento de la firma es competencia de los Tribunales del Trabajo.

TERCERO: Que informa el notario público recurrido, nombre reservado, quien señala que atendido el tiempo transcurrido, consultó con la funcionaria que atiende a la empresa Galco S.A., quien le indicó que en dicha oportunidad el representante legal de dicha empresa, nombre reservado, aportó el finiquito para su autorización, el cual era resultado de conversaciones anteriores con la empresa, por consiguiente la concreción de un acuerdo previamente discutido y aceptado por ambas partes. Agrega que al ingresar el trabajador a firmar y aprobar el finiquito, el trabajador estampo su firma en el mismo, aceptando de esta forma íntegramente su contenido, sin condicionar su firma a algún tipo de reservas de derecho ni otro tipo de contenido diverso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, en ese entendido y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema, ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

SEXTO: Que, en el presente caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, consta que el actor, el día anterior a la suscripción del finiquito en cuestión, concurrió a la Inspección del Trabajo suscribiendo una declaración en la que indica que no obstante que concurriría a la Notaria a firmará el finiquito sin reserva, igualmente se reservaría el derecho a accionar ante la jurisdicción laboral.

No obstante aquello, la recurrida empresa Galco S.A. informó que el protegido suscribió el finiquito sin hacer reserva alguna de sus derechos, recibiendo el cheque correspondiente.

SÉPTIMO: Que, como se ha venido relacionando, aparece, con claridad que los términos de la discusión planteada a través del presente arbitrio, no se vincula con una materia, que corresponda ser dirimida a través de una acción cautelar de emergencia, como es el recurso de protección, el que no tiene el carácter de una instancia declarativa de derechos, sino que una de amparo de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso, como surge de lo que se ha venido reseñando.

OCTAVO: Que lo antes expuesto y razonado, conduce necesariamente a desestimar el presente arbitrio, resultando inconducente entrar al análisis de las garantías que se han denunciado como conculcadas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de nombre reservado, Notario Público de la 47° Notaria de Santiago, y de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11561-2023.