nombre reservado con BANCO DE CHILE Y OTROS

Foja: 103 Ciento Tres CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron, los abogados Lorenzo Bascuñán H, por la recurrente, por 10 minutos; y don nombre reservado y don nombre reservado, por las recurridas, por 5 minutos, respectivamente.

Santiago, nueve de enero de dos mil dieciséis.

nombre reservado

Relator (s)

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil diecisiete.

Proveyendo a fojas 102: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 10 comparece don nombre reservado, empleado, y don nombre reservado, empleado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Banco de Chile, representado por don nombre reservado; Banco Itaú-Corpbanca, representado por don nombre reservado y del Banco del Estado de Chile, representado por doña nombre reservado y piden que se disponga que en forma inmediata, que las instituciones bancarias, entreguen en forma exacta el valor, situación y condición de los productos que mantiene o mantenía su padre nombre reservado en dichas instituciones, por estimar conculcada la garantía del N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Piden que se ordene a las recurridas, certifiquen si existen cuentas corrientes o de ahorro, fondos mutuos o depósitos a plazo, y cualquier otro instrumento mercantil, financiero, accionario o de valores de su padre, indicando los saldos a la fecha de su muerte, y en el caso de ser fondos mutuos, que se indique si estos se encuentran acogidos al artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la renta, conforme con lo requerido por el Servicio de Impuestos Internos; que se declare como ilegal y arbitrario el acto de las recurridas, que corresponde al negar acceso a la información y no entregar las certificaciones requeridas para el cálculo de impuestos; y que se ordene tomar las medidas que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho, en este caso el respeto por el derecho de propiedad, condenando en costas a la contraria.

Fundan su acción constitucional en que los recurrentes los únicos herederos de su padre don nombre reservado, quien falleció el 14 de marzo de 2013. Atendido que la herencia tuvo el carácter de intestada, iniciaron el proceso administrativo de la Posesión Efectiva ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin tener en un primer momento mayor conocimiento respecto de los bienes dejados por el causante.

Señalan que luego de obtener el certificado de Posesión Efectiva por parte del Registro Civil, nos empezamos a enterar a través de distintas gestiones de la existencia de distintos activos Bancarios, los cuales se encontraban en el Banco de Crédito e Inversiones y en las instituciones de los recurridos, razón por la cual comenzamos a solicitar información relativa a dichos activos, información que de forma muy resentida fue entregada en forma parcial por dichas instituciones.

Agregan que una vez que lograron determinar la existencia de activos y cuentas en los Bancos, se han encontrado con la negativa por parte de los recurridos a entregar la información exacta y las certificaciones, que den cuenta de los productos que se mantienen en las entidades financieras, el saldo o valor a la fecha del fallecimiento del causante, así como el hecho de informar si estos se encuentran adscritos al artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, requeridas por el Servicio de Impuestos Internos, para efectos de poder proceder a entregar el formulario 4423 en la unidad fiscalizadora y realizar el cálculo y pago de los impuestos a la herencia, para de esta forma inscribir la posesión efectiva y disponer de los bienes de la herencia.

Precisan que el Banco de Crédito e Inversiones les entregó la certificación requerida por el Servicio de Impuestos internos, sin embargo la certificación e información ha sido negada en forma reiterada por los dependientes de las instituciones recurridas, e incluso en un abierto desconocimiento del derecho, los abogados de la Fiscalía del Banco Itaú, han exigido previo, a otorgar la certificación, que se acompañe el certificado de pago de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos, haciéndolos caer en un círculo vicioso, impidiendo que puedan disponer y administrar correctamente los fondos y productos de su fallecido padre.

Por lo anterior, estiman que están en presencia de un acto arbitrario y en abuso de la Constitución y las Leyes, que es el realizado por las Instituciones Bancarias, las cuales sin ninguna justificación, se han negado a entregar la información y las certificaciones requeridas para hacer los cálculos de impuestos y poder confeccionar el inventario de los bienes de la herencia, impidiéndoles continuar con las actuaciones tributarias y pasos legales necesarios para disponer de los bienes de la herencia, produciendo un enorme perjuicio patrimonial.

Indican que no existe norma legal que justifique la negativa de las recurridas para entregar los datos correctos de los productos, así como certificar la condición de los mismos a la fecha del fallecimiento de su padre, máxime, si la delación de los bienes se produjo junto con la muerte del causante, habiéndose decretado la posesión efectiva a su nuestro, por lo que en la práctica, son clientes dueños de los productos, cuestión que los Bancos han decidido obviar, privándolos del derecho que les asiste para conocer el estado y condición de los dineros que por las Instituciones financieras son administrados, por lo que se encuentran frente a una grave infracción a la garantía Constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que la acción de las entidades bancarias les genera día a día perjuicios y perturba su legítimo derecho a disponer de dichos bienes, impidiéndoles, además, cumplir con sus deberes tributarios, lo cual incluso puede convertirse en una sanción económica que el Servicio de Impuestos Internos puede deducir en su contra.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1.- Copia de duplicado de certificado de posesión efectiva; 2.- Copia de Certificado de cuotas, folio 14407, emitido por el Banco de Crédito e Inversiones; 3.- Documento de respuesta de los abogados del Banco Itaú, el cual señala un ​reparo a la petición de entrega de información, de 19 de octubre de 2016; 4.- copia de informe de saldo al 17 de octubre de 2016, emitido por Banco Estado; 5.- documento de información del Servicio de Impuestos Internos.

Tercero: Que a fojas 56 evacua su informe el Banco de Chile, el que señala que por su parte no ha habido negativa alguna, toda vez que en fecha coetánea a la interposición del presente recurso, la recurrida puso a disposición de don nombre reservado, uno de los recurrentes, la información respectiva, consistente en “certificado de deudas” el 25 de octubre pasado; “certificado de inversiones”, de fecha 21 del mismo mes y “constancia” también emitida el 25 de octubre de 2016, conforme dan cuenta los antecedentes que acompaña y que emanan del requerimiento N° 1-19029474431 ingresado el 18 de octubre de 2016, por la Sucursal Ñuñoa del Banco, documentos disponibles para retiro desde el 25 de octubre del mismo año.

Agrega que el requerimiento en cuestión fue creado en el sistema por el asistente comercial de la Banca Empresas nombre reservado, mismo que informa por mail de 7 de Noviembre de 2016 haber entregado la información requerida la solicitante en la época que indica, acompañando al informe copia de mail referido y visto bueno dado en forma previa por la abogado de Banlegal Sra. nombre reservado y copia de los poderes presentados al efecto.

Por consiguiente, los hechos denunciados como fundamento del recurso de autos, en lo que al Banco de Chile se refiere, no son efectivos, causa por la cual debe desestimarse, con costas.

Cuarto: Que para justificar sus asertos, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- copias de correos electrónico de 4 y 7 de noviembre de 2016; certificado de deuda del causante de 25 de octubre de 2016; 3.- Certificado de inversiones de 21 de octubre de 2016; 4.- Constancia de acreencias del causante; 5.- Solicitud de información para posesión efectiva peticionada por doña nombre reservado; 6.- Copia de Mandato judicial otorgado por los recurrentes; 7.- Certificado de posesión efectiva; 8.- Copia de cédula de identidad de la peticionaria y mandataria nombre reservado; 9.- Solicitud de información para posesión efectiva peticionada por don nombre reservado; 10.- Copia de cédula de identidad de don nombre reservado.

Quinto: Que a fojas 65 evacua su informe el Banco del Estado de Chile, el que solicita el rechazo del recurso intentado, por no ser el medio idóneo para resolver el asunto sometido a conocimiento y en subsidio de lo anterior, declararlo sin lugar, toda vez que ha desaparecido la actuación que se indica como ilegal y/o arbitraria y que causa privación, perturbación y/o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales por la acción de marras.

Funda sus alegaciones el procedimiento de protección lleva implícito la necesidad de urgencia en la pretensión deducida, la que existe ahí donde la protección rápida de un derecho o del interés amagado por el transcurso del tiempo no se efectúa sino en detrimento de un interés o de un derecho de menor valor. De allí, que frente al desconocimiento de un derecho indudable o no seriamente controvertible, desaparece la urgencia en la protección en el ejercicio del derecho reclamado.

Agrega que el recurrente acompaña como documento, de conformidad a lo indicado en el primer otrosí de su presentación, copia de informe de saldo al 17 de octubre de 2016, emitido por Banco Estado. Sin perjuicio de lo anterior, el documento que adjunta se denomina correctamente “Certificado para tramitación efectiva” y su fecha de emisión por parte de la sucursal Ñuñoa es el 18 de octubre de 2016.

Señala el mismo documento que don nombre reservado mantiene las siguientes operaciones financieras en la institución: Producto de cuenta de ahorro giro diferido N° operación [cuenta reservada], cuyo capital en pesos al 14 de marzo de 2013 (fecha de fallecimiento de don nombre reservado) es de $903.659.- Precisa que no tratándose de un fondo mutuo el único producto individualizado, no corresponde efectuar la certificación del artículo 57 bis de la ley de renta.

Adiciona que se adjuntó por parte del recurrente “Cartola de actualización de documentos” de 18 de octubre de 2016, respecto del único producto que el causante mantenía como producto financiero con el Banco del Estado.

Concluye que queda en evidencia que el Banco del Estado ya ha satisfecho la totalidad de las pretensiones que los actores pretenden obtener por vía de protección, desde que ha entregado la información relativa a los productos financieros, el valor, situación y condición de los productos que mantiene o mantenía don nombre reservado en el Banco del Estado de Chile y, por otra parte no corresponde efectuar certificación respecto del artículo 57 bis de la Ley de Renta, toda vez que el producto que mantiene el causante en la institución no se encuentra acogido a aquella normativa.

Sin perjuicio de lo anterior, en el informe que evacua vuelve a acompañar las cartolas del año 2013, con la finalidad de determinar el valor exacto de los montos disponibles en el producto financiero respectivo a la fecha de fallecimiento de don nombre reservado.

Reitera que la información que el recurrente pretende obtener por esta vía ya había sido satisfecha, por lo que momento de resolverse respecto de la petición incoada por los recurrentes, debe tenerse presente que no existe providencia que deba adoptarse por parte de esta Corte, toda vez que estas ya han sido subsanadas por la recurrida el 18 de octubre de 2016.

Sexto: Que con el objeto de acreditar sus alegaciones, la recurrida Banco del Estado de Chile acompañó los siguientes documentos: 1.- Estado de cuenta de producto N°[cuenta reservada] al 31 de diciembre de 2013; 2.- Estado de cuenta de producto N°[cuenta reservada] al 30 de junio de 2013.

Séptimo: Que a fojas 85 informa el Banco Itaú-Corbanca, el que solicita el rechazo del recurso intentado, con costas, sobre la base de las argumentaciones que explicita.

Explicita que efectivamente se requirió a la recurrida un certificado, pero dicho requerimiento se entendió que se realizaba con el objeto de poder disponer del depósito a plazo que mantiene la sucesión en Itaú-Corpbanca. En concordancia con lo indicado por la ley, se solicitó el comprobante del pago de impuesto, requisito indispensable para poder acceder a lo requerido. Es por ello que no ha habido una infracción o afectación de ninguna garantía constitucional, sino que la conducta de mi representada se ha apegado estrictamente a lo indicado en la Ley de Impuesto a la Herencia.

Es justamente la petición verbal realizada por el interesado, quien no es Abogado, la que causó la lamentable confusión que se ha producido, lo que se habría evitado si la petición se hubiese hecho por escrito indicando certeramente cuál era específicamente el requerimiento que se realizaba.

Del recurso de protección queda claro que lo que está solicitando el recurrente, en realidad, es la certificación de los productos que el causante mantiene en el Banco Itaú Corpbanca, cuestión distinta de aquella petición original, tal como la entendió la recurrida. Lo anterior se ratifica considerando que tres instituciones bancarias entendieron el requerimiento de la misma forma y solicitaron el cumplimiento del mismo requisito para poder acceder a lo solicitado.

En este mismo sentido, no puede considerarse que la conducta de la recurrida incumpla los criterios de legalidad y racionalidad, cuando no existe ninguna prueba de que el recurrente haya hecho ver, por escrito, que su petición no era para disponer de los bienes, sino únicamente requería la emisión de un certificado, que es la conducta que se esperaría en un caso como este.

Para el evento improbable que esta Corte considerase que la omisión es arbitraria o ilegal y también, para evitar mayores dilaciones y satisfacer la pretensión de los recurrentes, acompañan el certificado requerido, con lo cual la actuación que se imputa de ilegal y arbitraria desaparece.

Por el motivo indicado, solicitan se rechace esta acción constitucional, habida cuenta de la reiterada jurisprudencia que indica que, si al momento de fallar el recurso el acto que se imputa de ilegal o arbitrario desaparece reestableciéndose el imperio del derecho, se extingue el interés exigido por la constitución y la ley para que el recurso pueda prosperar.

Ello queda claramente manifestado de la lectura del artículo 20 de nuestra Constitución, cuando manifiesta que en la sentencia que acoge el recurso "...podrá ocurrir por sí o por cualquier a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado..." Si el de la sentencia que acoge el recurso es disponer las providencias o medidas necesarias para que la afectación cese, no tiene sentido dictarla cuando no existen medidas que ordenar al haberse satisfecho, previo al fallo, lo requerido por el afectado.

Octavo: Que, para dar sustento a sus dichos, la recurrida acompañó constancia que da cuenta que el causante mantuvo un depósito a plazo en la institución bancaria recurrida.

Noveno: Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, del examen de los antecedentes, en especial, los documentos que rolan a fojas 39, 40, 41, 63 y 76, se puede establecer que las recurridas han dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por los recurrentes, desde que han puesto a su disposición los certificados e información necesaria para confeccionar el inventario definitivo de la herencia intestada quedada al fallecimiento de su padre, con la finalidad de presentar el formulario respectivo ante el Servicio de Impuestos Internos y realizar el cálculo del impuesto a la herencia.

Undécimo: Que, en este escenario y teniendo presente que del mérito de los documentos acompañados por cada una de las recurridas, se puede establecer que tanto el Banco de Chile, como el Banco del Estado, dieron cumplimiento en su oportunidad a los requerimientos de los recurrentes, sin que haya causa imputable a ellos, que les permita calificar su actuar como arbitrario o ilegal, desde que emitieron los documentos peticionados y necesarios para dar término al trámite de la posesión efectiva.

Por su parte, el hecho que el Banco Itaú haya dado cumplimiento mediante su informe a los requerimientos de los recurrentes, se justifica por la circunstancia que los actores no solicitaron, como en derecho corresponde, la información pertinente. Sin perjuicio de lo anterior, al haberse cumplido en este estadio procesal, con la entrega de la información proporcionada importa que no exista medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, considerando, además, que las diferencias que puedan existir respecto al contenido de los certificados o informes emitidos por las entidades bancarias recurridas, comparado con la información que a su respecto tienen los recurrentes, constituye una cuestión que no correponde zanjar por esta vía, al no ser este un procedimiento declarativo de derechos, cuestiones que conllevan, necesariamente, al rechazo del arbitrio intentado.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 1.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-115.399-2016.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Mireya Eugenia López Miranda y señor Alejandro Rivera Muñoz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, nueve de enero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.