Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, representado por la abogada doña Francisca Cecilia Osorio Méndez, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (RM), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de 21 de abril de 2025, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 Y NUM005, por considerar que se trata de una patología crónica. Lo anterior, debido a que las recurridas estimaron que el reposo prescrito en ellas no se encontraba debidamente justificado, lo que vulneraría los derechos reconocidos en los números 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al carecer de motivaciones técnicas que le sirven de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa, por lo que solicita se acojan las licencias médicas presentadas y se ordene su pago, o en subsidio, se ordenen peritajes médicos o las medidas que la Corte estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

Expone que es operario de producción, y que desde octubre del año 2020 comenzó a experimentar dolores en sus rodillas, siendo diagnosticado con artrosis bilateral mediante exámenes realizados en noviembre de ese mismo año. Señala que, conforme a informe médico de marzo de 2021, fue ingresado a lista de espera para ser operado en el Hospital del Carmen de Maipú, permaneciendo en dicha condición hasta la fecha de interposición del recurso.

Relata que su situación económica no le permite acceder al sistema de salud privado para agilizar el proceso quirúrgico, debiendo depender del sistema público de salud, cuyas listas de espera son extensas, situación que escapa completamente a su control. Asimismo, indica que ha debido depender económicamente de terceros para cubrir sus necesidades básicas, debido al rechazo sistemático de sus licencias médicas desde enero de 2023.

Respecto de las licencias médicas objeto del recurso, detalla que todas corresponden al año 2024 y fueron extendidas por diagnóstico de gonartrosis. Precisa que todas estas licencias fueron rechazadas por la COMPIN bajo el fundamento de que el diagnóstico corresponde a una patología crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico, decisión que fue confirmada por la SUSESO mediante la resolución recurrida.

Argumenta que existe una evidente contradicción e ilegalidad en el actuar de los organismos recurridos, toda vez que, por una parte, consideran que su diagnóstico no justificaría el reposo al padecer de una patología supuestamente irrecuperable con lesiones crónicas e irreversibles, mientras que, por otra parte, la Superintendencia de Pensiones rechazó en dos oportunidades su solicitud de pensión de invalidez, en mayo de 2022 y junio de 2024, argumentando que no alcanza el 50% de incapacidad necesaria y que el menoscabo de su capacidad de trabajo corresponde solo a un 7%. De esta manera, sostiene que un órgano del Estado no le permite guardar reposo por padecer una patología supuestamente irrecuperable, mientras que otro órgano le impide pensionarse por invalidez por la misma patología, argumentando que su incapacidad laboral no reviste la gravedad necesaria.

Sostiene que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal por cuanto carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 11 inciso segundo, artículo 16 y artículo 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, así como el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas. Asimismo, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente la causa Rol N°30.262-2020, que establece que resulta arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin motivo adicional, simplemente sobre la base de tratarse de una patología crónica, sin que se autorice la pensión de invalidez correspondiente.

Respecto de los derechos constitucionales vulnerados, el recurrente alega la afectación del derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto el rechazo de las licencias ha provocado un desmedro en su calidad de vida; el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, por discriminarlo arbitrariamente por su condición socioeconómica y estado de salud; la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 N°3; y el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al privarlo del subsidio que le corresponde por su reposo médico.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene acoger las licencias médicas presentadas y su correspondiente pago; en subsidio, se ordenen peritajes médicos respecto del recurrente; o conjuntamente, se dispongan las medidas necesarias que estime la Ilustrísima Corte para el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados, con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica dicha institución, el recurrente presentó recurso de reposición respecto del rechazo de las licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 Y NUM005, todas extendidas por un total de 225 días a contar del 2 de enero de 2024.

Agrega que tras revisar el expediente administrativo y el registro en sistema informático SIF, se constató que el paciente completó cuatro años de reposo continuado por el diagnóstico M17, correspondiente a gonartrosis de la rodilla. Agregó que el señor nombre reservado adjuntó informe médico de 28 de marzo de 2024, emitido por el equipo de traumatología del Hospital El Carmen, en el cual se refirió que el paciente presentaba gonartrosis bilateral en espera de cirugía. No obstante, los antecedentes aportados, la COMPIN mantuvo el rechazo de las licencias médicas, fundándose en que se trataba de un reposo prolongado sin rol terapéutico curativo.

Sostiene que la COMPIN constituye un organismo eminentemente técnico que se rige según lo establecido en el Decreto N°7 del año 2013, que aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas. Precisó que dicho cuerpo legal establece en su artículo 4° las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los grupos de patologías que se señalan.

Además invocó lo establecido en el Decreto Supremo N°3 de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, cuyo artículo 14 establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Finalmente, la recurrida argumentó que las actuaciones realizadas al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcaron en los parámetros objetivos dispuestos por la ley y las normativas vigentes, todo ello en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpliera verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales. Por estas consideraciones, solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Tercero: Que, comparece la abogada Romina Ugalde Rañileo, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción señalando que la acción de protección fue interpuesta fuera del plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia. Explica que el recurrente tomó conocimiento del rechazo de las licencias médicas el 24 de enero de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM006, fecha desde la cual correspondía computar el plazo, el que habría vencido el 26 de marzo de 2025, en circunstancias que el recurso fue presentado el 19 de mayo de 2025. Agregó que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significaba que el plazo para recurrir se suspendiera, pues la acción de protección debe ejercerse sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes.

En segundo término, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que el recurrente presentó cinco licencias médicas extendidas por diagnóstico de gonartrosis (M17), todas por períodos de 45 días cada una, cubriendo 225 días desde el 2 de enero de 2024. Indicó que mediante Resolución Exenta N°NUM006 de fecha 24 de enero de 2025, confirmó el rechazo dispuesto por la COMPIN por considerar que el reposo no se encontraba justificado, conclusión basada en que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 7 de mayo de 2022 concluyó en un rechazo por encontrarse el paciente bajo observación y tratamiento, mientras que un segundo trámite ejecutoriado el 29 de junio de 2024 determinó un menoscabo de solo 7%, insuficiente para acceder a pensión de invalidez, pero que reconoció lesiones de carácter crónico e irreversible.

Añade que el informe de 22 de enero de 2025, elaborado por el profesional de dicha institución, doctor nombre reservado, señaló “paciente de 60 años, reclamando 225 días de reposo laboral con LM por dg osteomuscular, ya con 774 días autorizados por misma patología, IMC no especifica limitaciones asociadas a patología, no acredita kinesioterapia u otras terapias pendientes durante periodo reclamado, sin imágenes adjuntas. Además, 1er TPI ejecutoriado con fecha 07 de mayo de 2022, concluyó en un rechazo del trámite por encontrarse bajo observación y tratamiento.

Posteriormente, inició un segundo trámite, que quedó ejecutoriado el 29 de junio de 2024, y que concluye en un porcentaje de menoscabo igual a 7%. por lo que se rechaza solicitud”. Luego, el informe de 15 de abril de 2025, elaborado por el profesional Luis Pedraza Salas, confirmó que el paciente tenía más de 790 días autorizados con diagnóstico de gonartrosis, encontrándose en lista de espera para artroplastia total de rodilla bilateral desde el 3 de mayo de 2021, sin pronóstico de alta a mediano ni largo plazo, concluyendo “que configura dg de alteración de la marcha; se mantiene rechazo por irrecuperable con 2 TPI rechazados”.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 21 de abril de 2025, la SUSESO resolvió la solicitud de reconsideración presentada por el recurrente, manteniendo el rechazo por considerar que los antecedentes permitían establecer que el reclamante presentaba lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, configurándose una incapacidad permanente. Agregó que se plantea necesidad de procedimiento quirúrgico sin que se hubiera concretado, lo que hace improcedente la prolongación del extenso reposo ya autorizado, que supera los 700 días por diagnóstico.

En cuanto a la legalidad del acto, invoca las facultades que le confiere la Ley N°16.395, el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud que establece que lo esencial para la autorización de licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo, y argumentó que el uso continuado de licencias médicas en casos de patología crónica e irrecuperable desnaturalizaba su propósito legal y reglamentario.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho. Por estas consideraciones, solicitó el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la acción de marras se ha deducido en contra de la Resolución Exenta NUM000 de fecha 21 de abril de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas materia de autos, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 19 de mayo del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Séptimo: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Octavo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 21 de abril de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por el recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por el actor, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) que según los antecedentes analizados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 07 de mayo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un rechazo del trámite por encontrarse bajo observación y tratamiento. Posteriormente, inició un segundo trámite, que quedó ejecutoriado el 29 de junio de 2024, y que concluye en un porcentaje de menoscabo igual a 7%, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, el que supera los 770 días”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 11.534-2025-Protección