nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 17: a lo principal, como se pide. Al otrosí, téngase presente.

Al folio 18: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado y Tomás Pedro Greene Pinochet, abogados, quienes deducen recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que considera ilegal y arbitrario correspondiente los actos administrativos que mantienen vigente una prohibición de ingreso indefinida al territorio nacional en contra del recurrente, quien se encuentra fuera de Chile, vulnerando con ello, su derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que residió legalmente en Chile desde julio de 2009 hasta mayo de 2017.

Indica que, en 2015, mediante la Resolución Exenta N° 6836, se le revocó su residencia definitiva y se le ordenó abandonar el país en 72 horas, debido a una condena por lesiones menos graves en contexto de VIF (540 días de presidio menor en grado mínimo, con remisión condicional de la pena). Cumplió la orden de abandono en abril de 2017, lo que generó automáticamente una prohibición de ingreso indefinida.

Acusa que, en 2023, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó un recurso administrativo mediante la Resolución Exenta N° 4114, manteniendo vigente la prohibición. Agrega que el recurrente eliminó su antecedente penal mediante el mecanismo legal correspondiente (art. 8 letra g del DS N° 64 de 1960), y que desea volver a Chile para turismo, reencontrarse con amigos y reparar su propiedad.

Afirma que la Ley de Migración y Extranjería (Ley N° 21.325) establece que la prohibición de ingreso se mantiene mientras no se revoque la medida de abandono o expulsión (art. 32 N°4), sin perjuicio, acusa que la prohibición indefinida es desproporcionada, considerando que la condena fue leve, ocurrió hace más de diez años, y el recurrente no representa una amenaza actual.

Invoca el Reglamento de la Ley de Migración establece plazos máximos para las prohibiciones de ingreso (hasta 25, 20, 10 ó 5 años según la gravedad), pero no contempla prohibiciones indefinidas.

Alega que la medida no considera circunstancias como el tiempo transcurrido desde el delito, la reinserción social, el arraigo en Chile (es propietario de un inmueble) y la ausencia de nuevos antecedentes penales.

Reclama que se viola el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 CPR), ya que el recurrente es tratado de manera más gravosa que otros extranjeros en situación similar.

Finalmente, solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas N° 6836 (2015) y N° 4114 (2023) y, que se declare que no existe prohibición de ingreso vigente en contra del recurrente, debiendo informar lo resuelto a la Policía de Investigaciones de Chile.

Segundo: Que, evacuando informe la Subsecretaría del Interior, en cumplimiento a lo ordenado, sostuvo como antecedentes normativos, en primer lugar, sostiene que la Resolución Exenta N° 6836, de 2015 (que revocó la residencia definitiva y ordenó el abandono del país), se dictó bajo el marco del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, vigente en esa fecha. Agrega que la actual Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería entró en vigor recién en febrero de 2022.

Afirma que la revocación se basó en el artículo 66 del DL N° 1.094, que permite revocar permisos de residencia si el extranjero queda comprendido en alguna causal del artículo 64, específicamente en el N°1, relativo a extranjeros condenados en Chile por crimen o simple delito. El recurrente fue condenado en 2014 a 540 días de presidio menor por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, resolución dictada por autoridad competente y ajustada a derecho.

Adiciona que el recurrente interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución N° 6836, el cual fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 4114 de 2023. Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones consideró que el recurrente vulneró gravemente bienes jurídicos como la seguridad individual, la vida, la integridad física y el interés superior del niño. Destaca que el recurrente salió del país el 6 de abril de 2017 y no ha regresado.

Señala que el recurrente ya interpuso un recurso de amparo por los mismos motivos, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago al no acreditarse vulneración de derechos fundamentales.

Sostiene que todas las actuaciones administrativas se ajustaron a la normativa vigente: Ley N° 21.325 (vigente desde 2022); Decreto Supremo N° 296 (Reglamento); Ley N° 19.880 (procedimiento administrativo supletorio), y que, no hubo acto ilegal o arbitrario que afectara los derechos del recurrente.

Concluye solicitando que se rechace la acción de protección por carecer de fundamentos plausibles, con costas.

Tercero: Que, evacuando informe comparece Marcelo Alonso Andrés Rivera Companal, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el total rechazo del presente arbitrio, con costas.

En primer término, invoca la inadmisibilidad del presente recurso por extemporaneidad, informando que mediante la Resolución Exenta N°4114, de fecha 30 de enero de 2023, se rechazó el recurso administrativo presentado por el extranjero recurrente, acto administrativo que pretende ser dejado sin efecto, y que, el recurso de protección fue presentado recién el día 19 de mayo de 2025, resultando evidente la extemporaneidad en su interposición.

Sobre el fondo, reseña que el extranjero ingresó por primera vez al país con fecha 12 de julio de 2009, por paso fronterizo habilitado Aeropuerto Internacional nombre reservado, por motivos de trabajo. Posteriormente, con fecha 30 de enero de 2012, mediante Resolución Exenta N°10263, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública otorgó al extranjero recurrente el beneficio de la Permanencia Definitiva.

Sostiene que, sin perjuicio, con fecha 4 de agosto de 2024, en causa RUC 1300839163-1, RIT 172-2014, el 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al recurrente a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, en calidad de autor del delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, haciendo presente que la conducta ejecutada, puso en peligro la integridad física y psíquica de su propia hija, quien fuera agredida por el extranjero recurrente con golpes, latigazos en la espalda y tórax, causándole lesiones, escoriación, heridas y gran contusión en la parrilla costal derecha.

Luego, habiendo tomado conocimiento el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la sentencia dictada en contra del extranjero recurrente, la autoridad migratoria decidió, mediante Resolución Exenta N°6836 de fecha 14 de enero de 2015, disponer la revocación del permiso de Permanencia Definitiva en el país del cual era titular el extranjero, conjuntamente con una orden de abandono en un plazo de 72 horas a contar de la notificación del acto administrativo.

Agrega que, con fecha 7 de junio de 2017, el extranjero recurrente interpuso un recurso administrativo de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° 6836 de fecha 14 de enero de 2015, solicitando que el acto administrativo hubiese sido dejado sin efecto, invocando como principal argumento su periodo de residencia en el territorio nacional, y el hecho de contar con vínculos familiares en el país.

Por lo anterior, mediante Resolución Exenta N°4114, de fecha 30 de enero de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones (en adelante, la “Resolución Impugnada”), se dispuso el rechazo del recurso administrativo presentado por el extranjero, en atención a los antecedentes negativos que este registraba, habiendo vulnerado gravemente los bienes jurídicos de la seguridad individual, vida e integridad física de las personas, como el interés superior del niño, e igualmente en atención a que, según información otorga por la Policía de Investigaciones de Chile, el recurrente registraba como último movimiento migratorio una salida del territorio nacional con fecha 6 de abril de 2017, sin registrar un posterior ingreso al país, no cumpliendo así con el presupuesto de radicarse indefinidamente en el territorio nacional, según lo previsto en el artículo 78 de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería.

Finalmente, precisa que según lo ya expuesto, la Resolución Exenta N°6836 de fecha 14 de enero de 2015, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, se encuentra plenamente vigente, y que, según información otorgada por la Policía de Investigaciones de Chile, el extranjero recurrente hizo abandono del territorio nacional con fecha 6 de abril de 2017.

Hace presente que contra el protegido pesa una prohibición de ingreso imperativa, de origen legal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 32 N° 4 de la Ley 21.325, al registrar una orden de abandono vigente.

Solicita rechazar la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie ninguna medida que prive, perturbe o amenace arbitraria o ilegalmente los derechos incoados por la parte recurrente.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, lo pedido se encuentra regulado en el artículo 2º inciso segundo del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, el cual establece las hipótesis en virtud de las cuales la Corte puede declarar inadmisible el arbitrio en estudio.

Que, en este sentido, dicha disposición alude sólo a la extemporaneidad de la acción o el no señalamiento de hechos que puedan constituir vulneración de garantías fundamentales. Sobre lo alegado, se advierte que lo objetado es una omisión de la recurrida y, en esa hipótesis, debe entenderse que el estado que alega el recurrente como vulneratorio, esto es, el rechazo a la entrega de formularios y evaluación de su condición de refugiados se mantiene vigente, por lo que el plazo para interponer la presente acción no puede entenderse extinguido.

Sexto: Que, en seguida, cabe atender a lo solicitado en el petitorio del presente arbitrio, en lo pertinente, esto es, ordenar al recurrido que “se declare que no existe prohibición de ingreso vigente en contra del recurrente.” Ello, en tanto la Resolución Exenta N°6836, de fecha 14 de marzo de 2015, revoca la permanencia definitiva y dispone el abandono del país del extranjero y, que la Resolución Exenta N°4114, de fecha 30 de enero de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones, que rechaza recurso de reposición y mantiene vigente la anterior resolución.

Séptimo: Que se advierte de la resolución reprochada, que resolvió de la manera que lo hizo, considerando, entre otros aspectos:

““6. Que, en virtud de los antecedentes analizados, los argumentos esgrimidos y los documentos aportados, el Servicio, conforme a sus atribuciones, ha estimado procedente rechazar el recurso interpuesto, dado que el recurrente registra una condena en causa RTJC 1300839163-1, RIT 172-2014, del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, haciendo presente que la conducta ejecutada, puso en peligro la integridad física y psíquica de su propia hija, quien fuera agredida por este con golpes, latigazos en la espalda y tórax, causándole lesiones, escoriación, heridas y gran contusión en la parrilla costal derecha, tal como se describe en la Sentencia de fecha 4 de agosto de 2014. En este sentido, la conducta efectivamente ejecutada por el extranjero vuinera gravemente los bienes jurídicos de la seguridad individual, vida e integridad física de las personas, como el interés superior del niño, intereses severamente resguardados y custodiados por el Estado.

7. Que, a mayor abundamiento, y como se señaló en el numeral 5 de la presente Resolución, el recurrente registra como último movimiento migratorio, una salida del territorio nacional con fecha 6 de abril de 2017, por lo que no es posible acceder a lo planteado en el recurso, toda vez que no se cumple con el presupuesto de radicarse indefinidamente en el país, de conformidad a lo previsto en el artículo 78 de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería.

8. Que, por lo expuesto, el recurrente no logra desvirtuar el motivo de la revocación, ni desestimar plausiblemente la decisión adoptada, toda vez que el extranjero fue condenado por infringir nuestra legislación penal, en específico el artículo 399 del Código Penal, en relación con el 5 de la Ley 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, además de no entregar argumentos, ni nuevos antecedentes fundantes que permitan revertir la resolución impugnada.”

Octavo: Que, en ese sentido, se advierte que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria se basa en que el protegido no cumplió con los requisitos que le exigían el artículo 88 inciso final con relación al artículo 33 N° 2 de la Ley 21.325, dictada por autoridad competente en uso de las facultades y encontrándose por lo demás, debidamente fundada, toda vez que la afectación a los bienes jurídicos vulnerados, a raíz de los delitos cometidos, son de tal gravedad que la permanencia del extranjero en territorio nacional no resulta útil ni conveniente, procediendo la orden de expulsión del territorio nacional, lo que descarta la existencia de ilegalidad en su emisión, supuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional en análisis.

Noveno: Que, de esta manera, habiendo actuado los recurridos dentro de sus competencias y no existiendo acto ilegal alguno atribuible a sus conductas que amenace, perturbe o prive a al protegido de su derecho a la igualdad ante la ley, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11505-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

En Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.