Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 14; téngase presente.

Al folio 15; a sus antecedentes Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Héroes, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos de sus remuneraciones por concepto de crédito social, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que con fecha 6 febrero de 2019 repactó un crédito adquirido en el año 2010 y, además, solicitó un nuevo crédito, suscribiendo en favor de la recurrida un pagaré mediante el cual se obligó a pagar 59 cuotas iguales y sucesivas de $393.041, más una última cuota (60) por la suma de $393.021, a contar de marzo de 2019.

Refiere que a este mutuo -y a su respectivo pagaré- le resulta aplicable el artículo 58 inciso 1° del Código del Trabajo, y que en él se pactó una cláusula de aceleración para el caso de mora o simple retardo en el pago, la que se hizo efectiva por el recurrido en marzo de 2020.

Indica que la recurrida le señaló a su actual empleador actualmente la Corporación Educacional Forjando que de su remuneración de junio de 2023 debía retener, descontar y enterarle, la suma de $393.041 por motivo de crédito social.

Afirma que, el crédito fue acelerado y demandado civilmente por la Caja Los Héroes, mediante procedimiento ejecutivo en la causa C-4232-2020, del 17° Juzgado Civil de Santiago, por lo que dicha Institución ha perdido la prerrogativa del artículo 58 inciso 1° del Código del Trabajo ya que no existen cuotas para cobrar laboralmente, al haberse liquidado, ejecutado y acelerado el crédito mencionado.

Previas citas legales, solicita que se declare:

“1°.-Que los actos denunciados en este recurso son ilegales y/o arbitrarios.

2. Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de mis remuneraciones, ya sea respecto de mi empleador actual “Corporación Educacional Forjando Futuros”, Rut. RUT reservado, o respecto de cualquier otro que existiere en el futuro.

3. Que, para el evento de que se materialice algún descuento en mis remuneraciones, a partir de la fecha de presentación de este recurso, la recurrida deberá reembolsar los montos descontados en las liquidaciones de sueldo en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. estime conforme a equidad y derecho.

4. En general, se declare lo que S.S. Iltma. estime conforme a derecho y equidad para evitar la turbación de mi derecho de propiedad según lo ya indicado.

5. Que se condene expresamente en costas a la recurrida”

Segundo: Que evacuando informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes pide el rechazo del presente recurso, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Al respecto, expone que la recurrente con fecha 6 de febrero de 2019 adquirió un crédito social con la Caja, del que pagó originalmente 3 cuotas de un total de 60.

Agrega que, respecto a las otras 57 cuotas, la deudora no procedió con la prestación de lo que debía.

Refiere que, en atención al no pago por parte de la deudora, presentó el 2 de marzo de 2020 demanda ejecutiva en su contra, en causa rol C-4232-2020 seguida ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, la que no se ha podido notificar, razón por la cual Los Héroes ha procedió a ejercer su derecho de retirar la demanda.

Manifiesta que jurídicamente el juicio ejecutivo no existe, porque nunca se trabó la litis ni se notificó la demanda (menos existe sentencia), por lo cual en este caso no se ha declarado ni la prescripción de la acción ordinaria derivada del mutuo, ni la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré Seguidamente, expone que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, sin fines de lucro, que tienen como finalidad exclusiva la de administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social, regulado en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En cuanto a su acreencia y medio de cobro de cotizaciones y crédito social, se rigen por la ley 17.322, por ende, el crédito social constituye un equivalente a una cotización previsional.

Añade que, para cumplir con su objetivo, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) administran un Fondo Social, con el cual financian diversas prestaciones en favor de sus afiliados, las prestaciones que forman parte de sus regímenes de bienestar social, esto es, prestaciones adicionales, prestaciones complementarias y crédito social. Con el objeto de asegurar que no exista desmedro del Fondo Social y las obligaciones que existan para con ellas, se encuentran sometidas a las normas de cobranza previsional que establece el Art. 22 de la Ley 17.322. Esto, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social y conforme a las funciones que artículo 19 de la Ley N° 18.833 consagra.

Luego, expresa que las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que la ley le ordena permite para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social, para lo cual debe instruir al empleador de un deudor, que efectué el descuento de una cuota del crédito social, remitiendo para tal efecto la respectiva planilla de descuento, igual que si fuera el pago de una cotización, según Circular 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Arguye que se encuentra efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N° 18.833, de una deuda vigente y actualmente exigible, de modo que no concurre en la especie la vulneración de garantías invocada.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa que la CCAF Los Héroes, con fecha 6 de febrero de 2019, otorgó al recurrente un crédito social -reprogramación y nuevo préstamo- por el monto total de $ 13.389.455, pagadero en 60 en cuotas iguales y sucesivas de $ 393.041 y una cuota final de $393.021, con vencimiento a partir del 31 de marzo de 2019.

Asimismo, a partir del mes de junio de 2023 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma de $393.041, indicando que corresponde a “Préstamo CCAF”.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que con fecha 2 de marzo de 2020, el acreedor de la recurrente interpuso demanda ejecutiva en causa Rol C-4232-2020, ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, esgrimiendo como título ejecutivo el mismo pagaré; demanda que no se ha notificado al ejecutado y que, según consta de los antecedentes, fue retirada por el ejecutante con fecha 17 de julio de 2023.

Quinto: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

La Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”.

Sexto: Que en estas circunstancias, la obligación es exigible, vigente y no está prescrita, por cuanto la demanda intentada ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, fue retirada según resolución de fecha 17 de julio de 2023; y por ende, al no existir juicio en actual tramitación, ningún impedimento se verifica para perseguir el pago de obligación de conformidad al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Séptimo: Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones del deudor.

En consecuencia, la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que a esta fecha no existe causa pendiente contra la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Acordado lo anterior contra el voto en contra de la ministra señora González Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata y disponer que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Héroes, se abstenga de solicitar se efectúen descuentos a las remuneraciones de la recurrente para el pago del crédito social de que se trata.

La disidente tiene presente para ellos, los siguientes fundamentos:

1°.- Que en cuanto al conflicto planteado, consta de autos que el acreedor -recurrida- con fecha 2 de marzo de 2020 interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo el mismo pagaré y su reprogramación, causa que se siguió ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, accionando para obtener el pago total de la obligación, y si bien se retiró la demanda con fecha 17 de julio de 2023, ello se verificó con posterioridad a la fecha de interposición del presente árbitro.

2°.- Que, asimismo, la disidente tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando la recurrente como trabajadora dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida adoptó una posición jurídica que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior de cobro previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

3°.- Que de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones de la recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Este fallo contiene criterios definidos en el Acta N° 44 de la Corte Suprema.

N°Protección-11486-2023.