ALMA COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION

Foja: 104 Ciento Cuatro Santiago, trece de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

Doña nombre reservado en representación de Alma Comunicaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por don nombre reservado, publicista, domiciliados todos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Televisión, representado legalmente por don nombre reservado, periodista, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber negado a la actora la autorización para transferir la concesión de radiodifusión televisiva para la ciudad de Curicó, mediante acta de sesión del Consejo de fecha 12 de enero de 2015. Pide se resuelva que: a) el acto recurrido es arbitrario e ilegal y atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 24 y 2° de la Constitución Política de la República; b) se deja sin efecto el acta de la sesión del Consejo Nacional de Televisión, de fecha 12 de enero de 2015 en que se acuerda no autorizar la transferencia de la concesión que se adjudicó ante martillero público; c) se ordena al Consejo Nacional de Televisión autorizar la transferencia de la concesión de radiodifusión televisiva que su parte se adjudicó ante martillero público; d) se adopten todas las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de las garantías constitucionales conculcadas y e) se condena al recurrido al pago de las costas.

Funda su acción sosteniendo, en suma, que con fecha 02 de junio de 2014, en remate ordenado en causa rol 420-06, seguida ante el 1° Juzgado del Trabajo de Talca, la recurrente se adjudicó la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción analógica, en la banda VHF para la ciudad de Curicó, conocida como Canal 11 Curicó. Agrega que tras el remate, y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nro. 18.838, solicitó autorización a la recurrida para transferir a su parte dicho bien mueble, la que fue denegada por acuerdo de sesión de fecha 12 de enero de 2015, fundado en que la autorización debió pedirse antes del remate, y en que no se ha acreditado el alzamiento de un embargo que recae sobre la concesión.

Refiere que el acto es ilegal porque la negativa no se funda en ninguna de las causales que establece el cuerpo legal citado en sus artículos 16 y 18 y que es arbitrario porque carece de fundamentación, desde que es imposible tramitar la autorización en forma previa al remate, atendido los tiempos que el trámite involucra, y porque el Consejo Nacional de Televisión no tiene atribuciones para pronunciarse sobre la existencia de un embargo, lo que es propio de los Tribunales de Justicia, debiendo limitarse a constatar si se cumplen o no los requisitos expresamente establecidos en la ley para denegar una autorización.

A fojas 96, al informar el recurrido, solicita el rechazo del recurso. Señala, en resumen, que de la naturaleza cautelar del recurso deriva su improcedencia en este caso, en que se plantea una discusión de interpretación respecto de normas contenidas en el Código Civil y en la Ley Nro. 18.838. Expone que la negativa se funda en la existencia de un embargo sobre la concesión en beneficio de un tercero, decretado en el año 2008 por el Primer Juzgado del Trabajo de Curicó, y que fue notificado al Consejo Nacional de Televisión el 09 de agosto de 2011, sin que se haya acreditado su alzamiento.

Asevera que la decisión se ajusta a derecho toda vez que el embargo impide la tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 681 del Código Civil, y, asimismo, por cuanto la expresión “título” que emplea el artículo 18 Ley Nro. 18.838 obliga al Consejo a verificar la idoneidad de los títulos, en el sentido que aquel que funda la transferencia cuya autorización se solicita sea apto para la tradición, y en este caso, la enajenación adolecería de objeto ilícito a la luz del artículo 1464 del Código citado.

A fojas 101 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

SEGUNDO: Que del examen de la acción de protección deducida aparece que la parte recurrente ataca la decisión del Consejo Nacional de Televisión por la cual se negó a la actora la autorización para transferir la concesión de radiodifusión televisiva para la ciudad de Curicó, mediante acta de sesión del Consejo de fecha 12 de enero de 2015.

Por su parte el Consejo recurrido solicita el rechazo del recurso y funda su negativa en la existencia de un embargo sobre la concesión en beneficio de un tercero decretado en el año 2008 por el Primer Juzgado del Trabajo de Curicó, sin que conste su alzamiento. Hace presente que el embargo impide la tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 681 Código Civil. Concluye que la enajenación adolecería de objeto ilícito a la luz del artículo 1464 del mencionado compendio normativo. Refiere que el título invocado carece de los requerimientos propios de la Ley Nro. 18.838;

TERCERO: Que de cara a las argumentaciones expresadas en el motivo que precede corresponde anotar que los postulados de la parte actora obligarían a esta Corte a resolver sobre el fondo del asunto, declarando que el título que invoca la recurrida reúne las exigencias que harían procedente la autorización de la transferencia de la concesión de radiodifusión televisiva de que se trata, y que –según ambas partes concuerdan– mantiene aún un embargo judicial en favor de un tercero, situación ésta que importaría un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal según quedó consignado en el razonamiento primero de este fallo;

CUARTO: Que a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos;

QUINTO: Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso de ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “El recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra Nro. 6, 2002 p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de la garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39);

SEXTO: Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional, rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que el recurso de protección tiene los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar sobre la validez del título invocado por la actora para justificar la autorización que pretende, ni lo es, en consecuencia, para decidir en torno a la verificación de las exigencias propias de la autorización que se persigue a la luz de las normas contenidas en la Ley Nro. 18.838.

En este sentido nombre reservado señala que “si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericana es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211);

SÉPTIMO: Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de los límites del recurso protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, el de autos, no puede prosperar;

OCTAVO: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección.

Con todo, no puede obviarse que ha resultado ser un presupuesto fáctico relevante al momento de resolver por el recurrido en la forma que la contraria objeta, la circunstancia de que actualmente pesa un embargo, sobre la concesión en comento, sin que se haya justificado el motivo por el cual la actora no ha instado por su alzamiento. De manera que la determinación que se censura ha encontrado un basamento que no puede ser considerado arbitrario. Luego tampoco puede estimarse que atenta contra el ordenamiento jurídico el actuar del Consejo si se tiene en cuenta que lo hizo dentro de la esfera de las atribuciones que expresamente le otorga la Ley N° 18.838, particularmente en su artículo 16.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a fojas 66 por doña nombre reservado en representación de Alma Comunicaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Rutherford.

N° Protección-11468-2015.

Pronunciada por la Séptima Sala, integrada por los Ministros señora Maria Soledad Melo Labra, señora Romy G. Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de marzo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.