Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados don Franco Aldo Brunetti Arredondo y don Óscar Andrés Fielbaum Villegas, actuando en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, quienes interponen recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que califican de ilegal y arbitraria, consistente en no dar curso a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y, en consecuencia, no otorgarles la visación de residente temporario que la ley establece para estos casos. Actuación que consideran ilegal y arbitraria, vulnerando con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley garantizada por la Constitución Política de la República.

Exponen que los recurrentes, un matrimonio de ciudadanos venezolanos, se vieron forzados a ingresar a Chile por un paso no habilitado debido a la situación de violencia generalizada y violación de derechos humanos en su país de origen. En particular, señala que don nombre reservado, quien sirvió por diez años en la Guardia Nacional Bolivariana, decidió desertar en el año 2020 por su desacuerdo con las órdenes de reprimir a la población civil y por temor a las represalias. Aduce que ha recibido dos órdenes de presentación en Venezuela por los delitos de deserción y traición a la patria, lo que genera un fundado temor por su vida e integridad física en caso de regresar.

Alegan que en este contexto, y tras el nacimiento de su segundo hijo en territorio nacional, los recurrentes acudieron con fecha 28 de abril de 2025 a las dependencias de la recurrida para formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad, se les facilitaron los formularios, los cuales llenaron y entregaron junto con sus declaraciones. Sin embargo, señalan que, hasta la fecha de interposición del presente recurso -19 de mayo pasado-, no han sido contactados nuevamente por la autoridad migratoria ni se les ha otorgado la visación de residente temporario que el artículo 32 de la Ley N° 20.430 prescribe para los solicitantes de refugio.

Sostienen que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparado por el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Asimismo, invocan el principio de no devolución, establecido en la Ley N° 20.430 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, argumentando que la omisión de la recurrida no solo incumple la normativa interna, sino también las obligaciones internacionales del Estado de Chile.

Expresan que la omisión de la autoridad migratoria de dar tramitación a su solicitud y, especialmente, de otorgar la visación temporal que la ley ordena, constituye un acto arbitrario e ilegal que los sitúa en una situación de indefensión y discriminación en comparación con otros extranjeros, vulnerando con ello su garantía constitucional a la igualdad ante la ley.

En definitiva, solicitan que se ordene a la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones dar curso inmediato al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes y concederles la correspondiente visación de residente temporario, conforme lo dispone el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que, comparecen las abogadas doña Carolina Fernandoy Catalán y doña Stephanie Pinto González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando su rechazo íntegro, fundado en que la acción constitucional ha perdido oportunidad y eficacia.

Refieren, en primer lugar, los antecedentes migratorios de los amparados. Respecto de doña nombre reservado, indican que no registra fecha de ingreso al país, presumiéndose su entrada clandestina, circunstancia que, según se indica, fue informada a la autoridad migratoria por la Policía de Investigaciones mediante el correspondiente oficio. Precisan que, con fecha 3 de diciembre de 2024, y tras encontrarse aproximadamente dos años en situación migratoria irregular, la recurrente solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado.

Alegan que dicha solicitud, sin embargo, se tuvo por desistida mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 22 de mayo de 2025, por no haber subsanado los requisitos formales exigidos por la autoridad.

En cuanto a don nombre reservado, la recurrida expone una situación análoga: ingreso clandestino al país y una solicitud de refugio presentada en la misma fecha, la cual también se tuvo por desistida a través de la Resolución Exenta N°NUM001, de 22 de mayo de 2025, por idénticos motivos.

Argumenta la excepción de pérdida de oportunidad y eficacia de la acción de protección, al haberse dictado actos administrativos terminales que resuelven las solicitudes de los recurrentes —las resoluciones exentas que los tienen por desistidos—, por lo que señalan ha cesado el supuesto estado de omisión o dilación que motivó la interposición del recurso. En consecuencia, al momento de informar, no existiría un acto u omisión actual que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que vulnere alguna de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que priva de objeto a la presente acción de cautela.

Por lo expuesto, la parte recurrida solicita rechazar la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por las consideraciones de hecho y de derecho antes señaladas.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la omisión consistente en no dar curso a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los recurrentes, en consecuencia, no otorgarles la visación que la ley establece para estos casos, lo que vulnera a su juicio la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, los procedimientos iniciados por los recurrentes ya se encuentran concluidos, siendo resueltas sus solicitudes de refugio a través de las Resoluciones Exentas N°NUM000 y N°NUM001, ambas de fecha 22 de mayo de 2025, mediante las cuales se les tuvo por desistidas, por no haber subsanado los requisitos formales exigidos por la autoridad, en virtud de la ley 20.430.

SEXTO: Que dichas resoluciones fueron dictadas por la recurrida en estricto apego a la normativa vigente y en uso de sus atribuciones legales y ámbito de competencia, por lo que no se advierte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, ni que hubiere vulnerado la garantía constitucional denunciada.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto, cual es, precisa y exclusivamente adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, en el caso de que existiere alguna garantía constitucional vulnerada, atendido además, que el acto terminal fue dictado por el servicio recurrido, como ya se refirió, en el ejercicio de sus facultades legales, todo lo cual obliga a desestimar el que se ha deducido en estos autos, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-11438-2025.