nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., fundado en que con fecha 10 de abril de 2025 inició el trámite de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, acompañando a tal efecto contrato de trabajo y anexo con WOM S.A., título profesional apostillado, constancia electrónica de cotizaciones, certificado de afiliación y declaración jurada. Sin embargo, con fecha 14 de abril de 2025, la recurrida comunicó el rechazo de la solicitud, argumentando que la documentación acompañada no cumplía los requisitos exigidos, particularmente respecto del certificado de institución de seguridad social extranjera.

La actora estima que la decisión constituye un acto ilegal y arbitrario, al desconocer la suficiencia probatoria de documentos oficiales verificables en línea mediante código QR, ignorando además las dificultades objetivas que derivan de la inexistencia de representación consular regular de Venezuela en Chile, lo que torna imposible cumplir con la cadena de legalizaciones exigida. Sostiene que ello afecta sus garantías del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, sobre igualdad ante la ley, y del artículo 19 N° 24, sobre derecho de propiedad, en cuanto se le impide disponer de sus fondos previsionales.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida cursar y pagar la devolución de sus fondos como técnico extranjero, con costas.

Segundo: Que la recurrida AFP UNO S.A., al evacuar su informe, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, señalando en síntesis que su obrar se ajustó plenamente a la Ley N° 18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a los criterios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Superintendencia de Pensiones en materia de acreditación de afiliación extranjera.

Expone que el documento acompañado por la recurrente correspondía a una constancia electrónica de cotizaciones, sin la debida legalización consular o apostilla, y que carecía de valor suficiente para acreditar afiliación vigente a un régimen extranjero con prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, como exige el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Añade que, mediante consulta efectuada en enero de 2025, la Superintendencia de Pensiones descartó validar las constancias electrónicas del IVSS sin legalización, careciendo de competencia para ello.

Afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, pues la administradora está impedida de autorizar la devolución sin la documentación legalmente exigida, ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica del sistema.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Cuarto: Que el acto recurrido consiste en la negativa de AFP UNO S.A. de cursar la devolución de los fondos previsionales solicitada por la actora, fundada en que la documentación presentada no cumplía los requisitos de legalización y certificación que exigen las normas aplicables.

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”;

Sexto: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

Octavo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11427-2025.