Protección contra Subsecretaría del Interior

En Santiago, a nueve de octubre dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de marzo de 2026, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, que desestimó su solicitud de regularización extraordinaria presentada al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó al territorio nacional el 30 de octubre de 2021, a los 79 años, por un paso no habilitado ubicado en Colchane, Región de Tarapacá, debido a la situación política, social y económica de Venezuela y a los riesgos que la pandemia de COVID-19 representaba para su salud, atendido que padece hipertensión y registra antecedentes de cáncer. Señala que previamente intentó ingresar de manera regular mediante una solicitud de visa de responsabilidad democrática, la que fue rechazada, y que decidió trasladarse a Chile, donde residen sus hijas, nombre reservado y nombre reservado, ambas titulares de residencia definitiva.

Manifiesta que vive junto a sus dos hijas en Santiago Centro, quienes la sostienen económicamente y la asisten debido a su avanzada edad, dolor crónico y movilidad reducida. Agrega que efectuó diversas declaraciones voluntarias de ingreso clandestino, la primera el 1 de febrero de 2022, sin obtener respuesta en las tres primeras oportunidades. Indica que, tras formular una cuarta declaración el 8 de junio de 2023, fue citada por la Policía de Investigaciones de Chile el 2 de noviembre del mismo año, ocasión en que se le entregó una tarjeta de infractor.

Refiere que el 11 de diciembre de 2023 presentó ante la Subsecretaría del Interior una solicitud de regularización extraordinaria conforme al artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, la que fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°NUM001, de 3 de enero de 2025, notificada el 6 de enero siguiente por medio del Oficio Ordinario N°NUM002. Añade que el 15 de enero de 2025 interpuso recurso de reposición y que, ante la falta de respuesta, el 14 de julio de ese año formuló una denuncia ante la Contraloría General de la República. Finalmente, mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de marzo de 2026, la autoridad rechazó la reposición, por estimar que su situación no constituía un caso excepcional, calificado o humanitario.

Sostiene que la resolución impugnada carece de fundamentación suficiente, pues no habría ponderado de manera individualizada su avanzada edad, estado de salud, dependencia económica y personal respecto de sus hijas, arraigo familiar en Chile, condiciones existentes en Venezuela y contexto de pandemia en que abandonó dicho país. Afirma que tales circunstancias fueron calificadas como antecedentes genéricos, sin considerar la especial incidencia que tendrían en su situación particular, infringiendo el deber de fundamentación establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.880 y los límites que rigen el ejercicio de la potestad discrecional prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

En virtud de lo anterior, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 por estimarla ilegal y arbitraria y se ordene a la Subsecretaría del Interior dictar una nueva resolución respecto del recurso de reposición, debidamente fundada.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Expone que la recurrente no registra ingreso al territorio nacional por un paso fronterizo habilitado y que, con fecha 13 de diciembre de 2023, recibió mediante carta certificada una solicitud destinada a regularizar su situación migratoria al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. Agrega que, mediante Oficio Ordinario N°NUM003, de 27 de septiembre de 2024, remitió todos los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, organismo que, por Resolución Exenta N°NUM001, de la misma fecha, rechazó la solicitud de permiso de residencia temporal excepcional.

Sostiene que carece de competencia para resolver e informar acerca del fondo de la solicitud, por cuanto las facultades de establecer mecanismos de regularización migratoria y de otorgar permisos de residencia temporal en casos excepcionales corresponden exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, de conformidad con los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley N°21.325. Añade que, desde el 12 de febrero de 2022, constituye un servicio público descentralizado, dotado de patrimonio propio y distinto de la autoridad que dictó el acto administrativo impugnado. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso a su respecto y que no se le condene en costas, por no haber emitido la resolución recurrida ni existir una actuación u omisión ilegal o arbitraria que le sea imputable.

Tercero: Que, al informar, la Subsecretaría del Interior solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Expone, en primer término, que la solicitud de la recurrente debe resolverse conforme a la Ley N°21.325, la cual contempla dos mecanismos de regularización migratoria: uno de carácter general, previsto en los artículos 69 inciso segundo y 155 N°8, cuya implementación depende de los procedimientos que determine la autoridad, y otro de carácter excepcional, regulado en el artículo 155 N°9, que faculta al Subsecretario del Interior para otorgar permisos de residencia temporal únicamente en casos excepcionales, calificados o por motivos humanitarios.

Precisa que actualmente no existen procedimientos generales de regularización vigentes, por lo que las solicitudes formuladas en esta materia solo pueden ser analizadas conforme a esta última hipótesis.

Sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para conocer de la controversia, por tratarse de una acción cautelar, urgente y excepcional, destinada a tutelar derechos preexistentes e indubitados, y no a declarar nuevos derechos o proteger meras expectativas relacionadas con el otorgamiento de permisos migratorios.

Añade que los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325 contemplan recursos administrativos destinados a impugnar esta clase de decisiones, de los cuales la recurrente hizo uso, procedimiento que culminó con la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de marzo de 2026, que rechazó la reposición interpuesta contra la Resolución Exenta N°NUM001.

Agrega que la facultad prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 es privativa, discrecional y de aplicación excepcional, correspondiendo a la autoridad administrativa ponderar los antecedentes aportados y determinar si permiten configurar un caso excepcional, calificado o humanitario, sin que la jurisdicción pueda sustituir dicha apreciación de mérito.

Expone que, en el caso concreto, se examinaron todos los antecedentes acompañados por la recurrente y se concluyó que las circunstancias invocadas, vinculadas a su situación personal, familiar, económica y de salud, aun teniéndose por efectivas, no revestían la excepcionalidad exigida por la norma. Añade que no correspondía requerir antecedentes adicionales, puesto que la solicitud cumplía los requisitos formales previstos en el artículo 30 de la Ley N°19.880 y era carga de la interesada aportar los elementos destinados a justificar la procedencia del beneficio.

Finalmente, señala que el arraigo familiar invocado no resulta suficiente, para configurar un caso excepcional o humanitario, ni exime a la recurrente de la infracción derivada de su ingreso al país por un paso no habilitado. Afirma que la Resolución Exenta N°NUM000 se encuentra debidamente fundada, no constituye un acto ilegal o arbitrario ni vulnera la garantía de igualdad ante la ley, y que acoger la acción conferiría a la recurrente una situación favorable respecto de otras personas extranjeras cuyas solicitudes fueron rechazadas con arreglo a los mismos criterios.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional tiene por objeto determinar si la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de marzo de 2026, mediante la cual la Subsecretaría del Interior rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, que desestimó la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Séptimo: Que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 confiere al Subsecretario del Interior la potestad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, por casos calificados o motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. De la disposición legal se desprende que se trata de una facultad de carácter excepcional cuya procedencia exige la ponderación de las circunstancias particulares expuestas por el solicitante, correspondiendo a la autoridad administrativa apreciar si los antecedentes aportados permiten configurar alguno de los supuestos previstos por la norma.

Octavo: Que, doña nombre reservado solicitó a la Subsecretaría del Interior el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En sustento de su petición, expuso que ingresó a Chile el 21 de octubre de 2021 por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Colchane; que decidió abandonar Venezuela debido a las condiciones de inestabilidad política y económica existentes en ese país; y que sus hijas, nombre reservado y nombre reservado, se encontraban radicadas en Chile y eran titulares de residencia definitiva.

Agregó que sus hijas constituían su principal sostén económico y apoyo psicológico; que, debido a su avanzada edad y a las patologías que la aquejaban, requería tratamientos y controles médicos; que se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Salud y recibía atención en el CESFAM N°1 nombre reservado

Melgarejo, además de contar con dos interconsultas aprobadas como paciente GES en el Hospital San Borja Arriarán; y que carecía de una red de apoyo familiar en Venezuela. Asimismo, invocó las gestiones realizadas para regularizar su situación migratoria, entre ellas la tramitación de una visa de responsabilidad democrática, las declaraciones voluntarias de ingreso clandestino efectuadas ante la Policía de Investigaciones, el empadronamiento biométrico y la obtención de la Tarjeta de Extranjera Infractora.

La solicitud fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°NUM001, de 27 de septiembre de 2024. La autoridad señaló que, al no existir un proceso general de regularización migratoria en el cual pudiera enmarcarse el requerimiento, correspondía examinarlo conforme a la facultad excepcional contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. Efectuado dicho análisis, estimó que los antecedentes acompañados no eran suficientes para considerar que se estuviera ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se referían a situaciones que no revestían una especial consideración, sino que resultaban genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que pudieran encontrarse en condiciones similares.

Noveno: Que, notificada de aquella decisión el 8 de enero de 2025, la recurrente interpuso, el 15 de enero del mismo año, recurso de reposición administrativo, solicitando que se dejara sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 y que, en su reemplazo, se acogiera su solicitud de regularización migratoria extraordinaria.

Fundó su impugnación en que la autoridad no habría efectuado una evaluación particular y detallada de sus circunstancias personales, familiares y de salud. Sostuvo que los antecedentes acompañados daban cuenta de su arraigo familiar en Chile, de su dependencia económica y emocional respecto de sus hijas, de la ausencia de una red de apoyo en Venezuela y de las gestiones desarrolladas para regularizar su situación migratoria. Alegó, asimismo, que la resolución primitiva carecía de fundamentación suficiente, en los términos del artículo 41 de la Ley N°19.880, y que resultaba desproporcionada, al no ponderar los antecedentes que, a su juicio, configuraban un caso calificado o humanitario.

Décimo: Que el recurso de reposición fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de 4 de marzo de 2026. En ella, la Subsecretaría del Interior distinguió entre los mecanismos generales de regularización previstos en los artículos 69, inciso segundo, y 155 N°8 de la Ley N°21.325, respecto de los cuales señaló que no existía un procedimiento vigente de aplicación general, y la facultad contemplada en el artículo 155 N°9 del mismo cuerpo legal, que permite otorgar permisos de residencia temporal a personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, con independencia de su condición migratoria, solamente en casos excepcionales, calificados o por motivos humanitarios.

La autoridad precisó que esta última constituye una potestad indelegable y de aplicación restrictiva, cuyo ejercicio exige la concurrencia de circunstancias singulares, no ordinarias ni generalizables, acreditadas mediante antecedentes objetivos, suficientes y actuales. Explicó, además, que el otorgamiento del permiso constituye una facultad y no una obligación de la Administración, y que la formulación de una solicitud en ejercicio del derecho de petición no determina que deba accederse a ella, pues corresponde a la persona interesada aportar los antecedentes que permitan verificar la configuración de los presupuestos excepcionales establecidos por la ley.

Undécimo: Que, al resolver la reposición, la autoridad examinó los fundamentos invocados por la recurrente y explicó las razones por las cuales no resultaban suficientes para modificar la decisión recurrida. En cuanto a las condiciones económicas, sociales y políticas de Venezuela, señaló que no revestían, la entidad necesaria para configurar una situación excepcional, por tratarse de circunstancias susceptibles de afectar igualmente a otros nacionales de ese país. Respecto del arraigo familiar, estimó que la residencia definitiva de sus dos hijas en Chile y los vínculos existentes entre ellas, aun teniéndose por efectivos, no conferían al caso la singularidad requerida por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Asimismo, ponderó las diligencias realizadas por la recurrente con la finalidad de regularizar su situación migratoria, entre ellas la declaración voluntaria de ingreso clandestino y el empadronamiento biométrico, concluyendo que tales actuaciones no determinaban por sí solas el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional. Añadió que el rechazo no obedecía a que las circunstancias invocadas no se hubieran tenido por efectivas, sino a que, aun considerándolas de ese modo, no permitían calificar la situación como excepcional, calificada o humanitaria.

Duodécimo: Que, en lo concerniente a la avanzada edad y a las afecciones de salud invocadas por la recurrente, en esta sede no fueron acompañados antecedentes médicos que permitan establecer que padezca una enfermedad grave, que requiera un tratamiento urgente o de especial complejidad, que exista un riesgo actual para su vida o integridad o que se encuentre en una situación de desprotección sanitaria. Los documentos mencionados en la solicitud administrativa corresponden a exámenes y atenciones médicas, pero no dan cuenta de una condición cuya naturaleza, gravedad o urgencia permita calificar el caso como humanitario para los efectos del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Por su parte, la afiliación a FONASA, la realización de controles en un establecimiento de atención primaria y la existencia de dos interconsultas aprobadas como paciente GES acreditan su incorporación al sistema público de salud, pero no demuestran una afectación de tal entidad que torne indispensable el otorgamiento del permiso excepcional solicitado. Del mismo modo, la edad de la recurrente, aun considerada conjuntamente con su dependencia económica y familiar respecto de sus hijas, no configura por sí sola un caso excepcional, si no se encuentra vinculada a antecedentes objetivos que permitan establecer una especial situación de vulnerabilidad, gravedad o desprotección.

Decimotercero: Que, en estas condiciones, no se advierte que la Resolución Exenta N°NUM000 constituya un acto ilegal o arbitrario. En efecto, fue dictada por la autoridad legalmente competente, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, y contiene una exposición suficiente del marco normativo aplicable, de las alegaciones formuladas en el recurso de reposición y de las razones por las cuales los antecedentes invocados no resultaban idóneos para alterar lo resuelto mediante la Resolución Exenta N°NUM001, de 27 de septiembre de 2024.

La autoridad no desconoció las circunstancias expuestas por la solicitante, sino que estimó que, aun teniéndolas por efectivas, no revestían el carácter singular, calificado o humanitario exigido por la norma. Tal conclusión resulta concordante con los antecedentes examinados en esta sede, en la cual tampoco se aportaron elementos médicos objetivos que permitan atribuir a la edad o al estado de salud de la recurrente una entidad distinta de aquella considerada por la Administración. De este modo, el acto administrativo exteriorizó el razonamiento que condujo al rechazo del recurso de reposición y a la confirmación de la decisión primitiva.

Decimocuarto: Que, por consiguiente, la discrepancia de la recurrente con la ponderación efectuada por la autoridad respecto de los antecedentes invocados para justificar el carácter excepcional de su situación no permite calificar la resolución impugnada como ilegal o arbitraria, ni autoriza a esta Corte para sustituir el juicio de mérito que el legislador ha confiado a la Subsecretaría del Interior en el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En consecuencia, no verificándose la vulneración de la garantía constitucional invocada, la presente acción constitucional será desestimada.

Decimoquinto: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado que permita exigir el otorgamiento del permiso de residencia temporal excepcional solicitado. En este sentido, tal como lo señala la recurrida en su informe, la presente acción cautelar no constituye una instancia declarativa de derechos ni resulta idónea para obtener el reconocimiento de una situación jurídica cuya procedencia requiere la ponderación de los antecedentes por parte de la autoridad competente. En consecuencia, no concurren los presupuestos que justifiquen otorgar la tutela constitucional solicitada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°11.416-2026 Protección.