Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 18 de abril de 2026 comparece Gunther Dewetak, abogado, en representación de nombre reservado, funcionaria pública, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por haber dictado la Resolución TRA N° NUM000 de 20 de febrero de 2026, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, actuación que estima ilegal y arbitraria, atendido a que se dictó prescindiendo del carácter vinculante del informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) que declaró recuperable su estado de salud, sin fundamentación suficiente y mediando desviación de poder, vulnerando con ello los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la integridad psíquica y a la propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado y se disponga su reincorporación.

Señala que la recurrente se desempeñó en el Servicio recurrido desde el año 2018, ascendiendo por mérito hasta el grado 18, manteniéndose en lista de distinción.

Expone que en junio de 2025 sufrió un aborto espontáneo, cuadro vinculado a afectaciones psicológicas previas desde mediados de 2024.

Añade que, evaluada por la COMPIN, ésta concluyó mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 10 de enero de 2025, que su salud era recuperable, no obstante lo cual el Servicio dictó la resolución que declara la vacancia, tomada de razón por Contraloría el 11 de marzo de 2026 y notificada el 19 de marzo de 2026.

Argumenta que el artículo 151 del Estatuto Administrativo exige que la COMPIN evalúe la irrecuperabilidad como presupuesto habilitante, afirmando el carácter de vinculante de dicho informe y la exigencia copulativa de irrecuperabilidad e incompatibilidad funcional.

Sostiene que, aun bajo el criterio que reconoce facultad discrecional al jefe de servicio, la resolución debe explicitar concretamente la incompatibilidad, lo que en la especie no ocurre, limitándose a consignar días de licencia.

Alega infracción al artículo 11 de la Ley N° 19.880 por falta de fundamentación, y desviación de poder al advertir que el acto atendería necesidades de dotación de la Unidad de La Florida antes que una genuina condición de salud.

Manifiesta que las garantías constitucionales vulneradas son la igualdad ante la ley y no discriminación, por tratarse de licencias vinculadas a maternidad que no debieron computarse; el debido proceso, por prescindirse del antecedente técnico y carecer de motivación racional; la integridad psíquica, al privarla de empleo durante tratamiento psiquiátrico activo agravado por el aborto sufrido; y el derecho de propiedad sobre el cargo, al privársele de sus remuneraciones y beneficios previsionales sin causa legal suficiente.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución TRA N° NUM000, se ordene la inmediata reincorporación de la recurrente a su cargo, con el pago íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir, y se condene en costas al recurrido.

Segundo: Que evacuando el informe requerido el Servicio de Impuestos solicita el rechazo del presente arbitrio constitucional, con expresa condena en costas.

Señala que la recurrente fue contratada el 2 de mayo de 2018 como administrativa grado 20, bajo la modalidad de contrata, en la Unidad de La Florida, ingresando a la planta el 2 de noviembre de 2024 en el grado 18.

Expone que la recurrente registra un total de 1.031 días de licencias médicas durante la vigencia de su relación funcionaria, y que, mediante Oficio Reservado N° NUM002 de 12 de septiembre de 2024, solicitó a la COMPIN evaluar su condición de irrecuperabilidad, la cual, por Resolución Exenta N° NUM001 de 10 de enero de 2025, calificó su salud como recuperable.

Añade que, verificado un total de 273 días de licencias médicas entre el 12 de septiembre de 2022 y el 12 de septiembre de 2024, correspondientes exclusivamente a licencias tipo 1 por enfermedad común, dictó la Resolución TRA N° NUM000, de 20 de febrero de 2026, tomada de razón el 11 de marzo de 2026 y notificada el 19 de marzo de 2026.

Alega, en primer término, la improcedencia de la vía cautelar, argumentando que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión de legalidad administrativa ni sustituye la discrecionalidad técnica de la autoridad, citando jurisprudencia que descarta su empleo como vía paralela a los mecanismos ordinarios de impugnación, en especial el reclamo del artículo 160 del Estatuto Administrativo y el recurso de reposición interpuesto por la propia recurrente el 26 de marzo de 2026, actualmente pendiente, invocando además el artículo 54 de la Ley N° 19.880.

Sostiene, en segundo término, la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, argumentando que distingue entre salud irrecuperable y salud incompatible, siendo esta última una causal autónoma que opera precisamente cuando la COMPIN declara la salud recuperable, conforme al artículo 151 del Estatuto Administrativo, y que el informe de dicho organismo constituye un antecedente obligatorio pero no vinculante, correspondiendo al jefe superior la calificación de la incompatibilidad, citando dictámenes de Contraloría y jurisprudencia de la Corte Suprema en igual sentido.

Argumenta, respecto de la desviación de poder, que las referencias a la dotación y continuidad operativa de la Unidad de La Florida forman parte de la motivación exigida por la jurisprudencia y no evidencian una finalidad distinta a la prevista legalmente, invocando el principio de servicialidad del artículo 1 de la Constitución. Añade que la resolución satisface el estándar de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al vincular expresamente el ausentismo con la incompatibilidad funcional.

Afirma la inexistencia de vulneración a las garantías de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señalando que ninguna licencia computada corresponde a maternidad o al aborto de junio de 2025, que el procedimiento respetó el debido proceso administrativo, que no existe afectación directa a la integridad psíquica, y que la estabilidad en el cargo no está amparada por el derecho de propiedad conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, la actuación que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye la dictación de la Resolución TRA N° NUM000 de 20 de febrero de 2026, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible.

Quinto: Que, de los antecedentes aportados por las partes, se advierte conforme al informe de ausentismo de la actora, existe un periodo comprendido de inasistencia laboral de 273 días entre el 12 de septiembre de 2022 y el 12 de septiembre de 2024. A su vez, conforme al Resolución Exenta NºNUM001 de 10 de enero de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva determinó que la actora presente actualmente un estado de Salud Recuperable.

Sexto: Que, en tal sentido, el artículo 151 del Estatuto Administrativo establece que: “Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

Luego, su inciso segundo señala: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Séptimo: Que, no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad, por cuanto la recurrida ha hecho uso de la facultades que le confiere la mencionada norma al jefe superior del servicio para declarar la vacancia, por salud incompatible, como ocurre en el presente caso, en que la parte recurrente acumuló 273 días de licencias, según lo demostró en estos autos, cumpliendo además, con las exigencias que la citada norma legal contempla, esto es, se recabó informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución que hoy se impugna el 11 de marzo de 2026.

Octavo: Tampoco hay arbitrariedad porque no ha sido el mero capricho de la autoridad la que la ha llevado a declarar vacante el cargo de la recurrente, sino, precisamente, el hecho comprobado de su salud incompatible con el servicio, por haberse acompañado certificados médicos por más de 180 días en menos de 2 años.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Rodríguez Moreno, quien estuvo por acoger el recurso de protección, disponiéndose que la recurrida debe reincorporar a la recurrente a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, en atención a los siguientes fundamentos: 1°.- Que la ley contempla como un antecedente de incompatibilidad del estado de salud del funcionario con sus funciones, haberse ausentado del servicio, con permisos respaldados en licencias médicas, por más de seis meses (continuos o discontinuos) en el lapso de dos años. No obstante, la sola existencia de licencias médicas por esa extensión de tiempo no es automáticamente motivo o fundamento de cesación en el empleo, sino un antecedente que la autoridad administrativa debe ponderar en relación con otros elementos personales y del servicio relevantes en la materia.

Lo anterior se concluye también de las expresiones utilizadas por las normas que regulan la controversia -artículos 146 letra c), 150 y 151 de la Ley 18.834- en cuanto ocupa el término “podrá” para referirse a la potestad o atribución del jefe de servicio para calificar esta circunstancia como “salud incompatible” y disponer el cese por vacancia del cargo. 2°.- Que, a partir de las reformas introducidas a los textos estatutarios por la Ley Nº 21.050, de 2017, para que el jefe de servicio formule la declaración de salud irrecuperable o incompatible se contempla la necesidad de requerir un informe previo de la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. En los términos legales, a este órgano le corresponde “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”, pero no se pronuncia sobre la incompatibilidad de la salud del funcionario para desempeñar la función pública, extremo que corresponde al propio jefe de servicio, tal como ya se indicó. 3°.- Que, en el derecho administrativo los informes que se requieren al interior del procedimiento administrativo pueden ser facultativos u obligatorios. Además, atendiendo a su incidencia en la decisión de que se trate, pueden ser vinculantes o no. Por regla general, los informes son facultativos y no vinculantes, a menos que los textos normativos dispongan otra cosa, tal como previene el artículo 38 de la Ley Nº 19.880. Con todo, aunque la autoridad no está obligada a seguir el parecer expresado en los informes no vinculantes, de modo que sólo cabe reconocerles valor ilustrativo u orientativo, la autoridad debe justificar suficientemente, en la motivación del acto, las razones que fundamentan la decisión adoptada. Ahora bien, la modificación normativa operada por la Ley Nº 21.050 da cuenta de la necesidad de ilustrar mejor las apreciaciones de la autoridad, en particular, en relación con la salud irrecuperable, para proporcionarle elementos de juicio que iluminen el ejercicio de sus facultades privativas. Así, el espíritu de esta reforma se traduce en un mejoramiento de la justificación de ese tipo de decisiones, que debe reflejarse en su motivación, lo que incluso alcanza a la declaración de salud incompatible, pero no con un contenido obligatorio o vinculante, como ya se indicó. 4°.- Que, en el caso, la resolución impugnada, se limita a consignar el tiempo a lo largo del cual la recurrente gozó de licencias médicas y a dejar constancia de que, requerido su informe, la COMPIN entendió que la actora “presenta actualmente un estado de Salud Recuperable”. En tales circunstancias, la resolución no ofrece razones que expliquen que el estado de salud de la protegida sea incompatible con las tareas a las que está asignada.

Al decidir en sentido contrario la decisión recurrida se muestra arbitraria, lo que justifica el acogimiento del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 11414-2026 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el abogado integrante señor Sebastián Perelló Enrich.