nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 18 de abril de 2026, comparece nombre reservado, ingeniera comercial, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Hacienda, representada por su Subsecretario Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, por haber incurrido, a su parecer en un acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA número 289/127/2026, de 23 de marzo de 2026, notificada personalmente el día 26 del mismo mes y año.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues dispone el término anticipado de su designación a contrata sin una fundamentación fáctica ni jurídica suficiente, basándose en motivaciones genéricas y carentes de sustento objetivo, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección con prohibición de discriminación, y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicho acto y se ordene su reincorporación inmediata junto al pago de sus remuneraciones devengadas.

Expresa que ingresó a la institución tras un riguroso concurso público en mayo de 2025, desempeñándose como asesora profesional en la Coordinación de Género con evaluaciones de desempeño calificadas como óptimas. Relata que, pese a contar con una renovación vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, la nueva administración instalada el 11 de marzo de 2026 procedió a su desvinculación alegando una supuesta reestructuración y nuevos lineamientos de gestión.

Sostiene que el acto impugnado adolece de una manifiesta falta de motivación, pues no explica en qué consisten tales cambios ni por qué sus funciones específicas —las cuales detalla minuciosamente en relación con estudios de brechas de género, inclusión financiera y compromisos internacionales— habrían dejado de ser necesarias.

Hace hincapié en que la resolución impugnada incurre en un error grosero al citar el nombre de un tercero, el señor nombre reservado, lo que a su juicio demuestra la ausencia de un examen particularizado y la utilización de plantillas genéricas.

En cuanto a la ilegalidad, argumenta la infracción de los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880 y el artículo 8° de la Carta Fundamental, toda vez que la administración ejerció una potestad excepcional de término anticipado sin cumplir con el estándar de fundamentación que exige la jurisprudencia de los tribunales superiores, transformando una facultad discrecional en una decisión meramente caprichosa.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales, afirma que se ha lesionado la igualdad ante la ley al otorgársele un trato discriminatorio frente a otros funcionarios en similar situación jurídica; asimismo, se afecta la libertad de trabajo al privarla de su cargo por razones ajenas a su idoneidad personal, contraviniendo la prohibición de discriminación arbitraria; y, por último, se conculca su derecho de propiedad sobre las remuneraciones y estipendios que legalmente le correspondían percibir hasta el vencimiento natural de su designación anual.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta RA número 289/127/2026, se disponga su reincorporación inmediata por el resto de la anualidad 2026 y se mande pagar la totalidad de las remuneraciones, asignaciones y beneficios económicos reajustados que le correspondan desde la fecha de su separación del servicio hasta su efectiva reincorporación, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor, la Subsecretaría de Hacienda, representada por su jefe de Gabinete (S), solicita el rechazo íntegro de la acción de protección deducida, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En primer término, la recurrida sostiene la improcedencia de la vía intentada, por cuanto la naturaleza de la acción de protección es eminentemente cautelar y urgente, no constituyendo una instancia declarativa de derechos controvertidos.

Alega la inexistencia de un derecho indubitado en favor de la recurrente, toda vez que su designación se encontraba bajo el régimen de contrata, cuya esencia es la transitoriedad y precariedad, sujeta a la cláusula resolutoria de "mientras sean necesarios sus servicios".

En cuanto al fondo, el informante argumenta que el acto recurrido, Resolución Exenta RA número 289/127/2026, emana del ejercicio legítimo de las potestades de la autoridad administrativa y se encuentra debidamente fundado en razones de reestructuración interna y adecuación de lineamientos institucionales derivados de la nueva administración, la cual ha suprimido la Coordinación de Género donde se desempeñaba la actora.

Respecto del error de digitación invocado por la contraparte —relativo a la mención de un tercero en el texto del acto—, la defensa aclara que se trata de un vicio de forma no esencial que no altera la voluntad de la Administración ni genera indefensión, de conformidad con la doctrina de la Contraloría General de la República.

Sobre las garantías constitucionales presuntamente conculcadas, niega la infracción a la igualdad ante la ley, pues la situación de la recurrente no es homologable a la de otros funcionarios; rechaza la vulneración a la libertad de trabajo, por cuanto la no renovación no impide el ejercicio profesional en otros ámbitos; y descarta la afectación al derecho de propiedad, ya que el cargo a contrata no se incorpora al patrimonio del funcionario.

Finalmente, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, el acto impugnado mediante el presente recurso de protección es la Resolución Exenta RA número 289/127/2026, de 23 de marzo de 2026 que pone término anticipado a la contrata de la actora.

QUINTO: Que, en lo que atañe a la presunta ilegalidad del acto recurrido, cabe hacer presente que la cláusula incorporada en la designación de “mientras sus servicios sean necesarios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley número 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala precisamente que son aquellos de carácter temporal que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores mientras sus servicios sean necesarios entrega a la Administración la facultad de poner término a sus prestaciones con anterioridad al cumplimiento del periodo establecido. Es una habilitación consignada en su nombramiento, que guarda relación con el carácter temporal del mismo.

Que, lo expuesto anteriormente, permite desechar la alegación de ilegalidad.

SEXTO: Que en lo que dice relación con la arbitrariedad reprochada, el examen de la resolución permite afirmar que la recurrida motivó su decisión aludiendo a la normativa referida en el considerando precedente, y a la circunstancia que las tareas propias de la recurrente, de asesoría en la coordinación de género, no guardaban concordancia con las prioridades y criterios de la nueva autoridad, lo que naturalmente conlleva a la conformación de equipos de trabajo orientados hacia los nuevos lineamientos.

Que, asimismo, a la recurrente no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encontraba en posición de poner término a su contrata de forma anticipada, haciendo uso de la facultad que la Ley le confiere.

Así las cosas, tal motivación aparece como suficiente en el acto recurrido.

SEPTIMO: Que, finalmente, no se observa que ninguno de los derechos constitucionales que se dicen amagados hayan sufrido perjuicio.

Respecto a las remuneraciones del recurrente no se ha alegado ni su falta de pago o desmedro y por lo demás el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República protege el derecho real de dominio a que se refiere el artículo 582 del Código Civil, y no lo que se denomina “la propiedad en el empleo”.

Tampoco se observa vulneración al numeral 2 del artículo 19 de la carta fundamental, pues no se ha dado cuenta o establecido que la recurrida haya dispensado diferencia de trato hacia el recurrente, ni a la libertad de trabajo de aquella, en tanto el acto impugnado en nada afecta su derecho a desarrollar cualquier actividad productiva licita.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado por nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Hacienda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro (S) señor Hernán López.

Protección N°11.408-2026.