Protección contra División de Personal del Ejército

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 21 y 22: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Salvador Claudio Espinoza Silva, abogado, en representación de nombre reservado, Sargento 2° (R) del Ejército de Chile, y deduce recurso de protección en contra de la División de Personal del Ejército, impugnando la Resolución DIVPER DEPTO VII AJ/k (R)

N°11345/2004/6271 Exenta, de 27 de febrero de 2026, notificada el 19 de marzo de 2026, que rechazó, por extemporáneo y por las razones de su parte considerativa, el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta RA N°119291/2078/2025, de 14 de agosto de 2025, que dispuso su retiro temporal por enfermedad ortopédica curable, vulnerando sus garantías del artículo 19 N°1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, a raíz de una lesión sufrida en 2017 durante actividades deportivas en su unidad, padece una metatarsalgia con rotura de placa plantar y ortejos en garra del pie derecho, por la que fue operado en 2019 y 2021, y que una investigación sumaria determinó que la enfermedad no se produjo a consecuencia del servicio. La Comisión de Sanidad del Ejército lo declaró no apto para continuar en el servicio por su Informe N°882/2023, de 24 de mayo de 2023, decisión que ratificó, en los mismos términos, por los Informes N°947/2024, de 8 de mayo de 2024, y N°1307/2025, de 26 de junio de 2025. Sobre esa base se dispuso su retiro temporal.

Reprocha que la Comisión no ponderó los informes de sus traumatólogos tratantes del Hospital Militar de Santiago, de 14 de septiembre de 2023 y de 7 de julio de 2025, que le asignaron buen pronóstico y lo declararon apto para sus funciones administrativas y militares, con limitaciones para actividades de impacto y para permanecer de pie por tiempo prolongado.

Sostiene que la Comisión reprodujo el mismo texto en sus tres informes sin expresar los motivos por los que desestimó sus recursos, y que partió de un presupuesto fáctico errado, pues trabajaba en forma presencial como jefe de Plana Mayor de la Sección Finanzas de la Brigada Motorizada N°1 “Calama”, cumplía guardias y servicios y mantenía el porte de armas, con un desempeño calificado de excelente. Agrega que, pese a contar con autorización médica, se le impidió realizar el curso requisito de ascenso, por lo que no ascendió a Sargento 1° el 1 de enero de 2025, y concluye que la decisión carece de motivación y constituye una sanción encubierta de cese de funciones.

Pide que se declare nula la resolución recurrida y todas las que la antecedieron y lo declararon no apto, que se deje sin efecto su retiro temporal, que se ordene mantenerlo como funcionario en servicio activo con pago de sus remuneraciones, y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que el Ejército de Chile, por medio del informe de la Comisión de Sanidad del Ejército de 22 de mayo de 2026, pide el rechazo del recurso. En primer término, alega su extemporaneidad respecto de los actos anteriores al recurrido, pues lo que en realidad se persigue es dejar sin efecto la resolución de retiro temporal, notificada el 7 de octubre de 2025, y la declaración de no aptitud, actos firmes y conocidos por el recurrente respecto de los cuales el plazo de treinta días del Auto Acordado se encontraba largamente vencido.

En cuanto a los antecedentes médicos, señala que el recurrente fue evaluado por la Comisión en diciembre de 2022, en mayo de 2023, en mayo de 2024 y en junio de 2025, y que en todas las ocasiones posteriores a la primera se le declaró no apto por padecer una enfermedad de tipo curable. Agrega que, a raíz de la resolución recurrida, se dispuso una nueva evaluación, la que no pudo practicarse el 8 de abril de 2026 porque el recurrente no se presentó, pese a que su concurrencia era indispensable para un examen clínico por el perito traumatólogo.

Indica que el recurrente acumula 3.017 días de licencias médicas parciales y que desde 2018 no realiza guardias ni ha sido desplegado, lo que resulta incompatible con las exigencias físicas de la profesión militar, para cuyo ingreso y permanencia se requiere salud compatible.

Sostiene que el artículo 234 del DFL (G) N°1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, entrega en forma exclusiva a la Comisión de Sanidad la determinación de la capacidad del personal para continuar en el servicio, de modo que se trata de un juicio técnico que no puede desvirtuarse con certificados de médicos tratantes y que no es revisable por esta vía. Añade que el retiro temporal no es definitivo, pues conforme al artículo 29 del mismo Estatuto y al artículo 57 letra d) de la Ley N°18.948, el recurrente puede pedir nuevas evaluaciones y su reincorporación dentro de tres años.

Por último, niega la afectación de las garantías invocadas.

Señala que el recurrente no ha sido privado de atención de salud y tiene derecho a pensión; que no se acredita un trato diverso respecto de funcionarios en igual situación; que la libertad de trabajo no ampara la estabilidad en el empleo; y que sobre la función pública solo existe una mera expectativa, que no queda comprendida en el derecho de propiedad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, el acto que se impugna es la Resolución DIVPER DEPTO VII AJ/k (R) N°11345/2004/6271 Exenta, de 27 de febrero de 2026, que fue notificada al recurrente el 19 de marzo de 2026.

Como el recurso se interpuso el 18 de abril de 2026, lo fue dentro del plazo de treinta días corridos que establece el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, por lo que la alegación será desestimada.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, el artículo 234 del DFL (G)

N°1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, entrega exclusivamente a la Comisión de Sanidad de cada institución el examen físico y psíquico del personal y la determinación de su capacidad para continuar en el servicio. De los antecedentes aparece que dicha Comisión evaluó al recurrente en reiteradas oportunidades entre 2022 y 2025, conociendo además de los recursos que dedujo, y que en todas ellas, salvo la primera, concluyó que no se encuentra apto para el servicio por padecer una enfermedad curable que le impide cumplir actividades propias de la profesión militar. Sobre esa base, la autoridad competente dispuso su retiro temporal, de modo que el acto descansa en el pronunciamiento del órgano al que la ley confía esa calificación.

Los informes de los médicos tratantes que invoca el recurrente no bastan para restar sustento a esa determinación, pues expresan una opinión clínica distinta sobre una materia técnica cuya decisión el legislador radicó en la Comisión. Resolver cuál de esas apreciaciones es la correcta excede el ámbito de esta acción cautelar, que no está destinada a sustituir el juicio del órgano especializado ni a declarar derechos controvertidos.

Séptimo: Que, además, la resolución recurrida no clausuró la situación del recurrente. Junto con desestimar la reposición, dispuso remitir a la Comisión de Sanidad los nuevos antecedentes médicos que había aportado, para una nueva evaluación de su salud, evaluación que no pudo practicarse el 8 de abril de 2026 porque el recurrente no se presentó. Por otra parte, conforme al artículo 29 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y al artículo 57 letra d) de la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el retiro temporal le permite, dentro del plazo de tres años, requerir nuevas evaluaciones y solicitar su reincorporación si acredita su recuperación.

Octavo: Que, en consecuencia, la resolución impugnada fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con fundamento en los informes técnicos del órgano llamado por la ley a pronunciarse, por lo que no es ilegal ni arbitraria. No concurriendo un acto con esas características, no es necesario analizar la afectación de las garantías invocadas, y el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en representación de nombre reservado, en contra de la División de Personal del Ejército.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-11399-2026.