nombre reservado con FISCALÍA REGIONAL O´HIGGINS

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Patricia Alejandra Muñoz García, abogado, en representación de nombre reservado, y de sus hijas de iniciales I.I.M. y M.I.M., ambas nacidas el 15 de junio de 2014, y de nombre reservado y de su hija de iniciales C.M.S., nacida el 30 de noviembre de 2010, e interpone acción de protección en favor de las aludidas menores de edad, en contra de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O´Higgins, por las acciones ilegales y arbitrarias realizadas por dichas instituciones, que a su juicio vulneran las garantías establecidas en los N°s. 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 30 de mayo de 2023, nombre reservado, en representación de su hija adolescente, interpuso denuncia de abuso sexual en contra de nombre reservado, involucrando en los hechos a las niñas protegidas, en el sentido de que habrían sido víctimas del delito indicado, iniciándose la causa RUC 2300594022-2, RIT 1255-2023, del Juzgado de Garantía de San Fernando.

Indica que, a esta fecha, el Ministerio Público ha dado una publicidad inapropiada a la denuncia y a la investigación, y ha realizado acciones que han permitido y promovido el conocimiento público de la identidad de las niñas, al ser de conocimiento público que tres de las cuatro presuntas víctimas serían nietas del imputado nombre reservado quien, además, es reconocido públicamente por el parentesco que tiene con su hijo Senador de la República, actuaciones que han violado la privacidad y protección de las menores I.I.M., M.I.M., y C.M.S., en abierta contravención al deber de brindar protección a las víctimas, y al carácter reservado de la causa, que fuera decretada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, con fecha 7 de junio de 2023.

Agrega que, desde el inicio de la investigación, el Fiscal Nicolás Núñez y de la Fiscal Adjunta Javiera Oro Villalón, han mencionado la existencia de material audiovisual que supuestamente involucra a las niñas, lo que ha llevado a una masiva difusión pública y acusaciones sobre la ocurrencia de delitos graves como violación y producción de pornografía infantil. Esto ha estigmatizado a las menores, afectando su integridad psíquica, dignidad y honra.

Expone que, el Ministerio Público, ha difundido información a través de redes sociales, así, el 5 de abril de 2024, la cuenta oficial de la Fiscalía Nacional en la red social X (antes Twitter) y en Instagram publicó que la Fiscalía de O'Higgins solicitó 12 años de cárcel para nombre reservado por abuso sexual, obteniendo más de 155.000 visualizaciones, generando numerosos comentarios que afectaron la privacidad y dignidad de las protegidas. De igual manera, el 8 de abril de 2024, el Fiscal Regional Emiliano Arias Madariaga, grabó un video en Instagram refiriéndose a la reapertura de la investigación, divulgando detalles procesales y fechas de audiencias futuras, publicación que contribuyó a la identificación pública de las niñas y a la violación de la reserva del caso.

Denuncia que, la Fiscalía ha actuado de manera ilegal y arbitraria al difundir información de la causa reservada, afectando gravemente los derechos de las menores de edad, quienes son fácilmente identificables por su vínculo con el imputado, lo que ha generado una presión pública indebida y discriminatoria, y las ha estigmatizado.

Advierte que, estas acciones de publicidad no son comunes en otras investigaciones que involucran a menores, lo que evidencia una discriminación arbitraria debido a la notoriedad del imputado. La Fiscalía ha expuesto a las niñas a una victimización pública y persistente, tratándolas como víctimas de delitos que niegan haber vivido, afectando gravemente su integridad psíquica y derechos fundamentales.

Alega que, el Ministerio Público ha incumplido su deber de protección, vulnerando los derechos de las menores a la privacidad, dignidad, integridad física y psíquica, y protección de datos personales, reconocidos tanto a nivel internacional como por la legislación chilena.

Apunta que, las recurridas además de vulnerar los derechos constitucionales invocados, han infringido la Observación General N° 13 del Comité de los Derechos del Niño; la Observación General N°18 del Comité de Derechos Humanos; los artículos 3° y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 24, 33 y 34 de la Ley Nº 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos; 5° y 11 N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, finalmente, el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Por lo anterior, pide: se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones en que han incurrido las recurridas consistentes en la difusión pública de información sobre la investigación que se lleva en la causa penal RUC 2300594022-2, reservada y secreta, acciones que, en su conjunto, han vulnerado grave y reiteradamente las garantías constitucionales de las niñas I.I.M., M.I.M. y C.M.S; que se declaren infringidos, por parte de las recurridas, los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la vida privada, honra, intimidad y tratamiento de datos personales, respecto de cada una de las niñas previamente individualizadas; que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a las recurridas eliminar de todas sus plataformas de difusión pública, cualquiera sea su soporte, toda referencia e información a la causa penal RUC 2300594022-2, RIT 1255-2023, del Juzgado de Garantía de San Fernando y RIT 40-2024 del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, y cumplir estrictamente con la prohibición de emitir cualquier información pública sobre esas causas; y, finalmente, decretar cualquier otra medida que la Corte estime conducente para restablecer el imperio del derecho en el caso de autos.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, don nombre reservado, Fiscal Regional (S) de la Región de O'Higgins, solicito el rechazo del presente arbitrio constitucional, con costas, por considerar que no existen causales para sustentar la eventual conculcación de ninguno de los derechos constitucionales invocados.

Indica, al efecto, que la acción impetrada por la recurrente no tiene asidero en los hechos que efectivamente ha realizado el Ministerio Público durante la tramitación de la causa RUC N° 2300594022-2, RIT N° 1255-2023, seguida por delitos reiterados de abuso sexual de menor de 14 años, en contra del imputado nombre reservado.

Observa que, a raíz de la denuncia formulada el 30 de mayo de 2023, por el padre de una de las víctimas, se han realizado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos y, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, se obtuvo la incautación de evidencia digital -videos grabados desde el teléfono celular de propiedad de una de las víctimas-, la que fue debidamente resguardada y se incorporó a la carpeta investigativa.

Dada la naturaleza de los delitos de violencia sexual que afectan a menores de edad, el Ministerio Público, solicitó en la audiencia de formalización de 7 de junio de 2023, que se impidiera el acceso a la prensa a la audiencia judicial, además de instar por el resguardo de la privacidad y de la identidad completa de las víctimas, y asimismo del parentesco que mantienen con el acusado, atendido lo dispuesto expresamente en la Ley N°21.057, y velando por el interés superior del niño ante aspectos sensiblemente íntimos de los intervinientes.

Aclara que, por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 289 del Código Procesal Penal, el Tribunal accedió a la petición del Ministerio Público, ordenando proteger la intimidad de dichas víctimas, sin permitir el acceso a la prensa respecto de los hechos de la formalización y los antecedentes de la investigación, más no a la dictación de la resolución judicial respecto de las medidas cautelares solicitadas, por aplicación del principio de publicidad de las audiencias en el sistema procesal penal.

Añade que, para reforzar la debida protección y el resguardo de la identidad e integridad de las víctimas, el 8 de junio de 2023, la Fiscal Adjunta, solicitó como medida de protección, suprimir de todas las actas de audiencia todo nombre, iniciales de nombres y apellidos, y la relación de parentesco que mantienen las víctimas con el imputado, o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlas directa o indirectamente, a lo cual el Tribunal accedió.

Adiciona que, también se ha brindado atención y protección a las víctimas en las diversas etapas de la investigación, oficiándose al Juzgado de Familia de Rengo, para fines proteccionales de las víctimas, designándose para ellas, en calidad de curadores ad litem, a los abogados Eduardo Salinas y Felipe Vergara, del programa "Mi Abogado" de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes en tal calidad dedujeron querellas criminales en contra del imputado y efectuaron coordinaciones propias de su cargo con los padres de las afectadas.

Hace presente que, el 7 de marzo de este año, dedujo acusación en contra del acusado por la comisión de los delitos en comento, respecto de las cuatro víctimas, solicitando la aplicación de una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio, y a la fecha, se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral en su contra, ocasión en la que nuevamente se impidió el acceso a la prensa. Y por el contrario, quien mantuvo contacto directo con la prensa fue el propio acusado y no el Ministerio Público.

Por lo anterior, estima, que no se observa vulneración alguna de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso, por cuando dicha entidad siempre ha velado por el debido resguardo de la integridad física y psíquica de las víctimas, quienes tienen la calidad de intervinientes en el proceso, siendo tratadas siempre con pleno respeto y reserva de sus identidades y sin que se haya efectuado discriminación a su respecto.

Concluye, manifestando que ha instado en todo momento al debido resguardo de la identidad y privacidad de las víctimas, sin existir difusión alguna de sus identidades ni de los parentescos respectivos, y sin difundir la evidencia digital recopilada.

Tercero: Que informando el presente recurso, el Fiscal Nacional Angel Valencia Vásquez, solicita su rechazo, con costas.

Refiere que, la investigación penal que motiva la interposición de la acción constitucional es un caso de alta connotación pública, que fue dada a conocer por diversos medios de comunicación luego que el 7 de junio de 2023, se informara la detención de nombre reservado por el delito de abuso sexual, los que hicieron mención inmediata a que el imputado es familiar directo de un Senador de la República y presidente de un partido político, lo cual, conduce naturalmente a que exista un interés público sobre lo que ocurra en el transcurso de la investigación a cargo del Ministerio Público y al resultado que finalmente tenga este caso en tribunales.

Consigna que, el reproche que la recurrente realiza en la presente acción cautelar refiere a la comunicación por parte de esa institución, a través de sus plataformas digitales, del hecho que la Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O’Higgins presentó acusación en contra de nombre reservado, en la que se solicitó una pena de 12 años por el delito de abuso sexual, publicación en la que no se hace ningún tipo de mención a la identidad de las víctimas, como tampoco a la relación de parentesco que tienen con el imputado u otra persona.

Concluye que, la sola publicación hecha por esa Fiscalía sobre el hecho de haberse presentado la acusación no ha permitido y promovido “el conocimiento público de la identidad de las niñas”, como lo afirma erróneamente la parte recurrente. Es más, ni siquiera se especificó que el delito de abuso sexual es infantil.

Añade que, los comentarios o las teorías que las personas hagan sobre el caso, muchas de ellas de forma anónima a través de redes sociales, escapan absolutamente del control de esa institución, circunstancias que, estima, tampoco habrían cambiado si no se hubiesen realizado por el Ministerio Público las publicaciones que se reprochan de contrario.

Finalmente, afirma que, existe una relevancia pública en conocer la labor que está desarrollando el Ministerio Público en la investigación, pues la ciudadanía tiene el derecho a informarse sobre lo que está realizando el órgano persecutor, siempre respetando la reserva de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa considerados de carácter sensible y cuya publicidad pudiera afectar a víctimas y testigos, por lo que, la publicación efectuada no puede ser objeto de reproche, ni menos, ser constitutiva de vulneración de garantías fundamentales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que lo reprochado a las recurridas, es la actuación del Ministerio Público el que habría incurrido de manera intencionada e ilegal al publicar antecedentes sobre la investigación reservada que se ventila en la causa penal RUC 2300594022-2, permitiendo y promoviendo el conocimiento público de la identidad de las niñas, toda vez, que tres de ellas serían individualizables al formar parte del saber público el vínculo familiar que las une con el imputado nombre reservado, quien además es reconocido públicamente por el parentesco con un Senador de la República, generando una serie de comentarios en medios periodísticos y redes sociales, afectando el derecho al respeto y protección de sus vidas privadas, dignidad y honra, protección de sus datos personales y su derecho a la igual protección de la ley, convirtiéndolas en víctimas de un delito que nunca han vivido.

Séptimo: Que al respecto, se hace menester, hacer seguidamente una reseña del marco normativo, que ha de tenerse en consideración.

El artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley…”.

Por su parte, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

En correlato, a dicha norma, la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, establece, en su artículo 1° que: “El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19 N° 12, de la Constitución Política. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.”

A su vez, el artículo 2° de dicha ley contiene algunas definiciones legales, entre las cuales, cabe señalar enfatizar sus literales “f)”, “g)” y “ñ)” que prescriben respectivamente, que, para los efectos de dicha ley, se entenderá por “Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”; por “Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”; y, por “Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.”

Y en la especie, el artículo 6° de la citada ley, previene que “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado. Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación. El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular.”

En lo particular, el artículo 83 inciso primero de la Constitución Política de la República, dispone que: "(…) un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible, y los que acreditan la inocencia del imputado, y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la Ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales." Y el artículo 78 inciso primero del Código Procesal Penal, estatuye: “(…) será deber de los y las fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir".

Octavo: Que, la jurisprudencia, de nuestro máximo Tribunal, en sentencia dictada en causa Rol N° 33.079-2020, de 18 de agosto de 2020, ha dicho: “(…) la importancia cardinal que reviste la libertad de expresión y de información para el funcionamiento del sistema democrático, importa que cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga debe ser interpretada de manera restrictiva, y que -como principio general- se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil por la comisión de ilícitos civiles. Una interpretación diferente conllevaría, en mayor o menor grado, una forma implícita de censura previa, sin perjuicio que, atendido que no se trata de un derecho absoluto, en ciertos casos la libertad de expresión y de información ha de ceder frente a otros derechos fundamentales igualmente valiosos, merecedores de la protección y tutela jurisdiccional por parte de un Estado respetuoso de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.”

Noveno: Que en esta dirección, el Tribunal Constitucional en sentencia rol N° 1800-10-INA, de 21 de junio de 2011, en su considerando vigésimo quinto cita lo siguiente: “(…) la protección de la vida privada de las personas guarda una estrecha relación con la protección de los datos personales, configurando lo que la doctrina llama derecho a la autodeterminación informativa. Consecuente con lo anterior, la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, define los datos personales (…) y prescribe que esos datos sólo pueden ser almacenados o difundidos previa autorización del titular de los mismos o por mandato de la ley, la que obviamente, para ajustarse la constitución, tiene que tener un fin legítimo de interés público. Ello se traduce en el control de las personas sobre sus datos y comprende el derecho a saber sobre la existencia de ficheros o archivos de registro de información de carácter personal, públicos o privados, cuáles son sus finalidades y quienes son los responsables de los mismos, de manera que las personas concernidas puedan conocer los datos propios contenidos en dichos archivos o ficheros, teniendo el derecho a actualizar los o a solicitar mediante el recurso de hábeas data su rectificación o cancelación (Nogueira A, Humberto, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, tomo I, editorial Librotecnia, Santiago, 2007, p.460).”

Décimo: Que en este contexto, y como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, (Rol N°5489-2019), será relevante ponderar en esta situación, la materia de la información, su interés público, su capacidad de contribuir a la formación de una opinión pública libre, el carácter público o privado de la persona objeto de la información, así como el medio a través del cual se ha transmitido la información.

Así, entonces, se ha de considerar, que el derecho a la honra y al honor no es absoluto, que su protección admite límites que se relacionan con la libertad de expresión y la difusión de informaciones, como lo ha resuelto nuestro máximo Tribunal, en sentencia Rol N° 21499-2014, señalando que el derecho a la honra puede entrar en colisión con otros derechos y particularmente con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se concluye, que no tiene un carácter absoluto, y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información.

Undécimo: Que, como se ha venido relacionando precedentemente, y conforme los antecedentes que obran en autos, en la especie, aparece que la información en la cuenta oficial de la Fiscalía O”Higgins, y de la Fiscalía Nacional, en la plataforma “X”, según da cuenta la recurrente, corresponde, respectivamente, a las imágenes que acompaña, en la que consta textualmente: “Fiscalía de O”Higgins pidió 12 años de cárcel para nombre reservado por abuso sexual.”; y “La Fiscalía de Alta Complejidad de O”Higgins @fiscaliaohiggins solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para nombre reservado. Fiscalía de O”Higgins pidió 12 años de cárcel para nombre reservado por abuso sexual.” Estas publicaciones, dieron lugar a comentarios de usuarios, en los que se condena al imputado por los actos de abuso contra sus nietas y otra menor, (sin indicar sus nombres y/o iniciales), cuyas imágenes se acompañan.

Duodécimo: Que las publicaciones que se reprochan a las recurridas, corresponden a la información de la página oficial del Ministerio Público, en la que es posible constatar que no se individualiza a las víctimas ni se hace mención a algún vínculo familiar con el imputado, así como tampoco se describe específicamente el ámbito de afectación de dicho ilícito; sino que, aquellas obedecen a la comunicación de la presentación de la acusación en contra del encartado, y la pena solicitada, como se indica en los informes de las recurridas.

De modo que, se trata de la referencia a un caso penal, en el contexto de las comunicaciones que el Ministerio Público, hace a través de su página oficial, el que aparece revestido de una alta connotación pública por el conocimiento que la opinión pública tiene del imputado, en particular, en la región. Sin embargo, y como se ha puntualizado, la recurrida en su página no difundió otro antecedente más que la mención a la petición de la penalidad pedida a la judicatura para el encartado, por el ilícito antes referido.

Décimo tercero: Que en sus informes las recurridas, hacen referencia a la causa penal en la que se sigue la investigación en torno a la denuncia por el delito en cuestión, en la que en la audiencia de formalización, así como en la de revisión de medidas cautelares, y dada la naturaleza de los delitos que afectan a menores, se pidió impedir el acceso de la prensa a la audiencia judicial, y el resguardo de la privacidad y la identidad completa de las víctimas, el parentesco con el acusado, -en atención a la evidencia acompañada-, así como la supresión, en todas las actas de audiencias, de todo nombre, iniciales de nombres y apellidos, parentesco, y de toda otra información que pudiera servir para identificarlas; a lo que el Tribunal accedió, por tratarse de datos sensibles y de la protección a la intimidad de las víctimas, negando el acceso a la prensa respecto de los hechos de la formalización y los antecedentes de la investigación, bajo apercibimiento de aplicar sanciones legales.

Además, el Fiscal Regional (S) de O”Higgins, da cuenta que desde el inicio de la investigación, la Fiscalía Local de Alta Complejidad y la Unidad Regional de atención a víctimas y testigos, han brindado protección y atención a las víctimas, designándoles en calidad de curadores ad litem a los abogados Salinas y Vergara, quienes en dicha calidad dedujeron querellas criminales en contra del encartado, procediendo a coordinarse con los padres de las afectadas. Además, hacen presente que a la fecha del informe, se había realizado audiencia de preparación de juicio oral, en la que no se permitió el acceso a la prensa, enfatizando que fue el propio acusado quien mantuvo contacto directo con la prensa y no el Ministerio Público.

Añadiendo que, el video de esa Fiscalía publicado en la red social Instagram, el 8 de abril de 2024, solo da a conocer el estado de la causa, refiriéndose a la próxima realización de la audiencia de preparación de juicio oral en contra del encartado, en la que no se mencionan los delitos, ni evidencia o información sensible respecto de las afectadas ni sus identidades.

Décimo cuarto: Que como se ha venido relacionando, la información publicada por el ente persecutor vinculada a una causa penal seguida por delitos de abuso sexual por parte del acusado, el que detenta un vínculo de parentesco con un miembro del Congreso Nacional, indudablemente constituye una noticia destacada, que compromete un interés público en el conocimiento del seguimiento de dicha información a través de las distintas etapas de desarrollo del proceso penal.

Décimo quinto: Que así las cosas, y habida cuenta que las recurridas no han divulgado antecedentes sobre la individualización de las afectadas en la causa en cuestión, en la publicación que se reprocha, ni han promovido a través de ésta el conocimiento de la identidad de aquellas, sino que por el contrario, el Ministerio Público, ha dado cumplimiento a su deber de reserva que le impone la ley respecto de las víctimas, procurando su protección, tomando los resguardos legales en relación a la publicidad de las audiencias, y la omisión en las actas de la individualización de las menores, en la forma que ha sido referida anteriormente; por lo que, no resulta posible advertir de aquello una falta de probidad en el ejercicio de la función que le es requerida a las Fiscalías, como lo pretende la recurrente, ni infracción a las normas legales antes reseñadas. Por el contrario, ha sido el propio acusado el que ha mantenido contacto con los medios de difusión, propiciando, además, mayores interpretaciones y manifestaciones en redes públicas y medios de comunicación, quienes fueron los que hicieron la alusión a la vinculación familiar del imputado con un integrante del Congreso Nacional, cuestión que no resulta posible estimar que corresponda controlar al ente persecutor, quien, como se dijo, en la publicación de su página oficial, no proporciona antecedentes identificatorios de las recurrentes, parentesco con el encartado, ni el señalado vínculo familiar de éste último con el funcionario público, dando solo cuenta de un ilícito en una investigación a su cargo, lo que constituye una información a la comunidad del trabajo que realiza, guardando la reserva de las intervinientes afectadas; mientras que en el proceso, en su actuar ha observado el cumplimiento de sus deberes legales al propender con las medidas solicitadas ante el Juzgado correspondiente a la especial protección de los datos sensibles de las víctimas, resguardando sus derechos, particularmente en este caso que involucra un interés público, tanto en su desarrollo como en su resultado final, dado el parentesco del imputado con el mencionado funcionario, cuestión que es del saber público.

Décimo sexto: Que por lo razonado, y considerando el interés público comprometido en el conocimiento de la información, no procede ordenar la eliminación que se solicita de una noticia que en su oportunidad fue publicada lícitamente, así como tampoco la prohibición a la Fiscalía de emitir toda información pública relativa a la causa en cuestión, por cuanto, aquello, responde a políticas comunicacionales del Ministerio Público, el que ha dado cuenta, como ya se dijo, del cumplimiento de su obligaciones en resguardo de los derechos y reserva de las víctimas.

Consecuentemente, no habiendo incurrido las recurridas en la arbitrariedad ni ilegalidad, que se reprocha, procederá desestimar el presente arbitrio.

Décimo séptimo: Que conforme lo anterior, resulta innecesario pronunciarse sobre la conculcación a los derechos constitucionales que se invocan como infringidos.

Décimo octavo: Que resulta menester, señalar, que en estrados se hizo presente por la recurrida, que la abogada que representa a los recurrentes es socia en el estudio jurídico del que forma parte el abogado Sergio Salas Andrighetti, defensor del imputado nombre reservado, por lo que, en razón del posible interés ético comprometido en aquello, se dispone poner estos antecedentes en conocimiento del Colegio de Abogados, para los fines que correspondan.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por doña Patricia Alejandra Muñoz García en representación de nombre reservado y de nombre reservado, y en contra de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O´Higgins.

Ofíciese al Colegio de Abogados, para los efectos dispuestos en el considerando décimo octavo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Duran Madina.

No firma la Ministra señora Villadangos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Ingreso Corte N° 11382-2024 Protección