Protección contra Fundación Educacional Colegio nombre reservado por haber negado la autorizaci

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 18 de abril de 2026 comparece nombre reservado, chileno, en representación de su hija nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Fundación Educacional Colegio nombre reservado por haber negado la autorización para incorporar un Tutor Sombra financiado por la familia en favor de la estudiante.

Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que carece de una fundamentación suficiente, razonable y coherente, e infringe el deber del establecimiento de adoptar ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar el acceso efectivo a la educación de una estudiante con Trastorno del Espectro Autista.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de la estudiante a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y a la educación, consagrados en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 10, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida, previa declaración de que la negativa es arbitraria e ilegal, autorizar la incorporación de un Tutor Sombra financiado íntegramente por la familia durante el año 2026 y hasta que se requiera dicho apoyo, y adoptar las medidas necesarias para asegurar su permanencia, seguridad y participación efectiva, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que nombre reservado, de ocho años, presenta Trastorno del Espectro Autista nivel 2, asociado a impulsividad, discapacidad mental psíquica del 60%, conductas de escapismo y trastorno del lenguaje severo, es alumna regular del mencionado colegio desde 2024 y cursa segundo básico.

A continuación, refiere que el 3 de junio de 2025 se le aplicaron dos anotaciones negativas graves por reacciones impulsivas, sin ajustes razonables ni consideración de su imposibilidad de defenderse verbalmente, y que el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual se entregó recién el 18 de agosto de 2025.

Luego, indica que el 13 de octubre de 2025 la madre supo, por compañeros de curso, que la niña es víctima de burlas y acoso escolar sistemático de dos compañeros, que ridiculizan sus ecolalias y movimientos estereotipados, situación que la profesora jefe calificó como conocida y bajo control. Agrega que los propios compañeros deben ir a buscarla cuando abandona la sala, y que no existe un protocolo preventivo frente a sus conductas de escape.

Asimismo, sostiene que en reunión de 19 de noviembre de 2025 solicitó activar el protocolo de convivencia escolar, eliminar las anotaciones y autorizar un Tutor Sombra para 2026, y que el 19 de diciembre de 2025 el colegio reconoció la existencia de acoso escolar. El 24 de diciembre de 2025, la encargada de convivencia escolar respondió que, tras analizar el Informe Final PIE (Programa de Integración Escolar) 2025 y evaluar los avances de nombre reservado, no se considera necesaria la incorporación de esta figura en el contexto escolar actual, lo que contradice dicho informe, que reconoce una disminución en la atención sostenida y en la permanencia en actividades.

Continúa señalando que los informes de su neuróloga tratante, de 14 de marzo de 2024 y 26 de marzo de 2025, recomiendan una tutora en aula.

Por último, expone que la mediación de 19 de marzo de 2026 ante la Superintendencia de Educación concluyó sin acuerdo.

En cuanto al derecho, sostiene que el recurso es oportuno, pues la negativa es una conducta permanente y el plazo debe computarse desde el término de la mediación, momento en que se constata de manera definitiva la mantención de la conducta impugnada.

A continuación, alega que ninguna norma prohíbe un Tutor Sombra financiado por la familia, y que el Ordinario N° 05/001698, de 8 de septiembre de 2023, que descartaba esa figura, fue dejado sin efecto por el Ordinario N° 05/000036.

Luego, invoca la infracción de la Ley N° 20.370; de la Ley N° 21.545, que impone adoptar ajustes razonables para estudiantes dentro del espectro autista; del Decreto Supremo N° 83 de 2015; y de la Circular N° 586 de la Superintendencia de Educación.

Por último, cita la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol 207-2024, que exige esgrimir poderosas razones para justificar decisiones que afectan a una niña en situación de discapacidad, estándar que el correo de 24 de diciembre de 2025 no satisface, pues omite las certificaciones médicas, no identifica los supuestos avances, contradice el Informe PIE 2025 y no propone medidas alternativas, pese a que el apoyo no genera carga económica al colegio.

En cuanto a la forma en que se vulneran las garantías, sostiene que se afecta la integridad física y psíquica de la estudiante, al exponerla a riesgos previsibles y clínicamente acreditados de deambular sin supervisión; la igualdad ante la ley, al negarle un ajuste razonable sin fundamento objetivo, lo que configura una discriminación arbitraria; y el derecho a la educación, al reducir su experiencia escolar a una presencia meramente formal.

Segundo: Que la Fundación Educacional Colegio nombre reservado evacua el informe requerido por esta Corte, solicitando se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

En cuanto a los hechos, sostiene que ha desarrollado respecto de la estudiante un proceso serio, progresivo y técnicamente fundado de acompañamiento, orientado a favorecer su adaptación, permanencia y desarrollo dentro del entorno escolar. Afirma que dicho proceso se ha materializado en ajustes de permanencia, evaluaciones periódicas e instancias sistemáticas de coordinación con la familia.

A continuación, explica que durante los años 2024 y 2025 implementó un esquema de progresión horaria, desde jornadas reducidas hasta una permanencia significativamente mayor, lo que evidencia una evolución favorable de la alumna. Agrega que los apoderados consintieron los ajustes implementados, y que durante el año escolar 2026 no fue necesario aplicar ajustes de reducción de jornada, lo que da cuenta de los avances invocados en su comunicación de 24 de diciembre de 2025.

Luego, precisa que la solicitud de la familia para incorporar un Tutor Sombra data del 7 de marzo de 2024, y no de noviembre de 2025, fecha desde la cual explicó su criterio técnico.

Asimismo, indica que la investigación por acoso escolar confirmó la responsabilidad de un solo estudiante, calificada como falta muy grave y efectivamente sancionada, sin que se acreditara la participación del segundo estudiante, y que la práctica de acompañamiento entre pares fue identificada y corregida antes de la interposición del recurso.

En cuanto al derecho, alega, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para conocer la controversia, como lo sostuvo un ministro de esta Corte en el examen de admisibilidad, por exceder los hechos y peticiones las materias propias de esta acción cautelar.

Continúa señalando que la Ley N° 20.529 contempla, en su párrafo 5°, un procedimiento administrativo específico ante la Superintendencia de Educación, órgano encargado por su artículo 48 de atender las denuncias y reclamos, y que su artículo 85 establece una reclamación judicial de plena jurisdicción ante la Corte de Apelaciones. Invoca además el artículo 54, inciso primero, de la Ley N° 19.880, según el cual, interpuesta una reclamación ante la Administración, no puede el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales mientras aquella no haya sido resuelta.

Afirma que el conflicto ya se encontraba radicado ante la Superintendencia de Educación, lo que torna improcedente la acción.

Agrega que la controversia es de naturaleza eminentemente técnica, pues la recurrente persigue la revisión y sustitución del criterio técnico del establecimiento sobre los apoyos pedagógicos adecuados para la estudiante, lo que exige una evaluación integral de antecedentes pedagógicos y clínicos, incompatible con la naturaleza sumaria del recurso.

Prueba de ello, dice, es que el informe motivó una prórroga del plazo.

Concluye que ello afecta la autonomía técnica de los establecimientos educacionales.

A continuación, alega la extemporaneidad del recurso conforme al N° 1 del Auto Acordado sobre la materia. Sostiene que la negativa se comunicó por correo electrónico de 24 de diciembre de 2025, fecha de conocimiento cierto del acto, por lo que el plazo de treinta días corridos venció el 23 de enero de 2026. Añade que la propia abogada de la recurrente, en carta de reconsideración de 7 de enero de 2026, identificó ese correo como el acto objeto de su reclamo, y que la acción solo se interpuso el 21 de abril de 2026, transcurridos 118 días. Afirma que el conocimiento es incluso anterior, pues la solicitud se formuló en la reunión de 19 de noviembre de 2025 y seguía sin respuesta favorable el 19 de diciembre de 2025. Sostiene que la mediación es una gestión voluntaria que no configura un nuevo acto ni tiene la virtud de renovar, suspender o reabrir el plazo fatal.

Luego, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, afirmando que sus decisiones responden a criterios pedagógicos, evaluaciones técnicas y antecedentes objetivos, adoptados dentro de sus competencias de gestión educativa. Agrega que la figura del Tutor Sombra no encuentra sustento normativo en la Ley N° 20.370, en el Decreto Supremo N° 170 de 2009, en el Decreto Exento N° 83 de 2015 ni en la Ley N° 21.545. Precisa que el Ordinario N° 05/001698 establecía que esa figura no está reconocida en la normativa y que el personal de apoyo debe integrar la dotación del establecimiento, y que el Ordinario N° 05/000036 lo dejó sin efecto solo para reestudiar las orientaciones a la luz de la Ley N° 21.545 y de la Circular N° 586, sin revocar sustantivamente su criterio. Añade que el Ordinario N° 05/002610 sujeta los apoyos individuales al principio de autonomía progresiva, sin que ello implique asistencia permanente e intensiva durante toda la jornada.

Por último, niega la vulneración de garantías. Respecto del artículo 19 N° 10, objeta que el derecho a la educación no está comprendido en la enumeración taxativa del artículo 20 de la Constitución Política de la República y que, en todo caso, la estudiante ha accedido, permanecido y participado del proceso educativo. En cuanto al artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, afirma que adoptó medidas diferenciadas en atención a las particularidades de la estudiante, conforme al principio de igualdad sustantiva. Respecto del artículo 19 N° 1, sostiene que no existe riesgo real, actual o inminente, pues la estudiante se desenvuelve en un entorno escolar estructurado, con supervisión, seguimiento y acompañamiento profesional.

Tercero: Que la Superintendencia de Educación, por medio de su Dirección Regional Metropolitana, evacua el informe requerido por esta Corte, mediante Ord. NUM000 DR N° NUM001, de 24 de septiembre de 2026.

En cuanto a los hechos, informa que respecto de la estudiante se registra un requerimiento de mediación, ingresado bajo la temática Atención y/o abordaje de necesidades específicas del estudiante o del párvulo, en cuya descripción se expone una eventual ausencia de apoyos pedagógicos dirigidos a la estudiante, considerando su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.

A continuación, señala que tales antecedentes podrían configurar eventuales incumplimientos a la normativa educacional vigente, en particular al Decreto N° 83 y a las Resoluciones Exentas N° 586 y N° 707.

Precisa, sin embargo, que a la fecha de la notificación efectuada por esta Corte no se registraba el ingreso formal de un requerimiento destinado al análisis normativo de los hechos expuestos.

Luego, da cuenta del Acta de Mediación Sin Acuerdo NUM002, en la que la mediadora nombre reservado certifica que el padre y apoderado de la estudiante y el director del colegio, nombre reservado, acompañado de la coordinadora del Programa de Integración Escolar, nombre reservado, participaron voluntariamente en un procedimiento de mediación, con sesiones individuales el 19 de marzo de 2026, que concluyó sin acuerdo.

En cuanto al derecho, expone, en primer término, que conforme al artículo 48 de la Ley N° 20.529 le corresponde fiscalizar que los sostenedores se ajusten a la normativa educacional y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas, para lo cual el artículo 49 le otorga potestades interpretativas, normativas, inspectivas y sancionadoras, que ejerce de oficio o a petición de interesado, según el artículo 51.

Distingue entre la denuncia, que persigue que el servicio investigue una eventual irregularidad y adopte las medidas que correspondan, y el reclamo, cuya finalidad es que intervenga como mediador en la controversia entre el reclamante y el establecimiento. Agrega que, de detectar eventuales infracciones, puede iniciar el procedimiento administrativo sancionador de los artículos 66 y siguientes de la misma ley.

A continuación, reseña la normativa sobre convivencia escolar, que exige a los establecimientos contar con un reglamento interno con protocolos de actuación frente al maltrato, acoso escolar o violencia, conforme al artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación, al Decreto N° 315 de 2011 y a la Circular de Reglamentos Internos, contenida en la Resolución Exenta N° 482 de 2018, cuya existencia y aplicación le corresponde fiscalizar.

Luego, describe los principios de legalidad, justo y racional procedimiento y proporcionalidad que rigen la aplicación de medidas disciplinarias, y precisa que la reducción de jornada o la separación de actividades pedagógicas solo proceden excepcionalmente, ante un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

Asimismo, se refiere a los derechos y deberes de los apoderados, conforme a la Ley General de Educación, al Decreto N° 327 de 2019 y a la Circular N° 27 de 2016.

Continúa con la normativa aplicable a estudiantes con trastorno del espectro autista. Destaca que los artículos 3, 4, 10 y 11 de la Ley General de Educación consagran los principios de integración e inclusión, el derecho a una educación adecuada, oportuna e inclusiva en caso de necesidades educativas especiales y la prohibición de discriminación arbitraria. Añade que la Ley de Autismo incorpora los principios de trato digno, autonomía progresiva, neurodiversidad y seguimiento continuo, y que su artículo 18 exige a los establecimientos efectuar los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos que permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales. Invoca, además, los artículos 8 y 41 de la Ley N° 21.430, y la Circular de Autismo, contenida en la Resolución Exenta N° 586, de 27 de diciembre de 2023, que impone a los sostenedores obligaciones relativas al acceso a la educación, al ajuste de reglamentos ante situaciones de desregulación, a las medidas disciplinarias y a la provisión de espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación.

Por último, reseña la normativa sobre accidentes escolares y seguro escolar, conforme a la Ley N° 16.744 y al Decreto Supremo N° 313 de 1972.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que lo fundamentalmente alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la negativa de la entidad educacional recurrida a autorizar la existencia de un “Tutor Sombra” para la menor en cuyo favor recurre.

El recurrente funda la procedencia de dicha medida en la necesidad de brindarle la asistencia y cuidados que la menor -en cuyo favor se recurre- requiere en su proceso de escolarización, a fin de asegurarle el acceso efectivo a la educación, en atención a las condiciones que la niña presenta y que detalla en el libelo, atendida la circunstancia de una estudiante con Trastorno del Espectro Autista, petición que justifica con los informes de especialistas que allega a esta sede.

Por su parte la recurrida, no desconoce la condición de que padece la menor estudiante, pero se ha negado a autorizar la petición de sus padres, basado principalmente en que las evaluaciones y seguimiento de las medidas adoptadas en favor de esta no lo harían aconsejable. En tal sentido, cabe considerar la respuesta que por correo electrónico de 24 de diciembre de 2025, le remite a la familia de la estudiante, cuyo tenor es el siguiente: “Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes en respuesta a su solicitud de incorporar un tutor sombra financiado por la familia para acompañar el proceso educativo de su hija nombre reservado, ya que tras analizar el Informe Final PIE 2025 y evaluar los avances de nombre reservado, se ha determinado que no se considera necesaria la incorporación de esta figura en el contexto escolar actual. Queremos enfatizar que entendemos que las necesidades educativas son dinámicas y pueden variar a lo largo de la trayectoria escolar, razón por la cual los apoyos se revisan y ajustan según los desafíos de cada etapa. Con respecto a las anotaciones registradas con fecha 03 de junio, informamos que no se accederá a la solicitud de modificar o eliminar las anotaciones ya registradas. Las modificaciones proceden en casos de error en la información consignada, lo que en este caso no se observa. Recordamos que el propósito de las anotaciones es dejar constancia objetiva de situaciones ocurridas en el contexto escolar y permitir un adecuado seguimiento formativo del proceso educativo de cada estudiante. Asimismo, reafirmamos que las anotaciones no constituyen una medida disciplinaria ya que estas son registradas en otro formato. Con respecto al proceso del protocolo y tal como fue solicitado en nuestra última entrevista del día de 19 de diciembre, les comparto que tras la entrega de la resolución a la contraparte se informó que no se solicitará reconsideración; por lo tanto, una vez transcurrido el plazo de reconsideración, las medidas se consideran aplicadas. Finalmente, y tal como fue señalado en última entrevista, informamos que los apoyos específicos para el periodo 2026, según directrices y protocolo de para las AVD, se dará a conocer formalmente durante el mes de marzo del próximo año académico e integrará las sugerencias de continuar con los apoyos profesionales actuales en el contexto educativo”.

Tal determinación de la recurrida encuentra sustento según indica en el informe PIE que consigna los tratamientos y apoyos dados a la menor durante el año 2025, el que detalla las medidas adoptadas y resultados obtenidos y se refiere a su situación a esa época, concluyendo que de acuerdo con el proceso de revaluación, observación y trabajo, se sugiere continuar con este recibiendo apoyo de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y profesora diferencial y las terapias externas que complementan bastante el proceso educativo de la estudiante.

Sexto:Que como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, situación que no se verifica en la especie pues el debate supone determinar la conveniencia de que se autorice la petición del padre de la menor en orden a contar con la tutoría que ha solicitado o si ella no es pertinente y necesaria a la luz de lo argumentado por la entidad escolar recurrida, contando ambas con antecedentes que avalan sus respectivas posiciones sobre la materia, lo que determina la improcedencia de la vía intentada para dirimir una controversia que excede los márgenes de una acción cautelar como la intentada, al no existir la certeza sobre ciertos hechos y los reales requerimientos de la menor, cuestión que por lo demás, exige de un análisis técnico y de conocimientos especiales en el área de que se trata. Tanto es así que la Ley N°20.529 le ha entregado a la autoridad sectorial de Educación a través de los procedimientos que estatuye, la facultad tanto de conocer sobre materias como las que versa esta causa, así como de fiscalizar el cumplimiento de la normativa que la rigen.

Séptimo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio, sin entrar a analizar las demás alegaciones de las partes y la conculcación de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en representación de nombre reservado en contra de la Fundación Educacional Colegio nombre reservado.

Redactado por la ministra Carolina Brengi Zunino.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-11375-2026.- No firma la ministra señora Brengi, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.