nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

Santiago, trece de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que a fs. 4 comparece nombre reservado, técnico universitario en administración de personal, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana C.C.A.F., representada por nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos siguientes:

Señala que presta servicios bajo contrato de trabajo en la empresa “Alternativa Empresa de Servicios Transitorios Ltda.” desde el 26 de julio de 2016, con una remuneración de $ 700.000 mensuales más bonos y gratificación, y que en el mes de septiembre del presente año, se efectuó por parte de su empleador un descuento por la suma de $ 248.128, por concepto de préstamo a requerimiento de la recurrida, correspondiendo a la primera cuota de un préstamo pagadero en 52 cuotas morosas que le fueron informadas. Requeridos los antecedentes ante la recurrida, tomó conocimiento de una deuda cuya primera cuota pagada venció el primero de febrero de 2004 y la última, la número 60, venció el 31 de enero de 2009. Añade que durante todo ese período no se le notificó demanda alguna ni se le efectuó descuento alguno de sus remuneraciones para el pago de la referida obligación, ni tampoco se hicieron gestiones de cobranza extrajudicial.

Expresa que lo anterior altera la situación de hecho preexistente, puesto que al no haberse ejercido las acciones judiciales de cobro, no ha tenido la posibilidad de formular alegaciones y defensas en relación con la existencia, exigibilidad y/o prescripción de la deuda.

Estima que la actuación impugnada es arbitraria e ilegal, toda vez que la recurrida pretende el cobro de obligaciones que se encontrarían prescritas, transcurriendo en exceso el plazo de prescripción previsto en el Art. 2515 del Código Civil, en relación con el Art. 31 bis de la ley N° 17.322, sin que dicho plazo haya sido interrumpido natural o civilmente, alterando la situación de hecho preexistente entre las partes, ya que unilateralmente requirió a su empleador para el descuento mensual de su remuneración las cuotas impagas, sin que exista una sentencia judicial previa que le permita ejercer su derecho de defensa, tratándose de una obligación meramente natural, respecto de la cual la recurrida carecería de acción para exigir su cumplimiento.

Expresa que lo anterior afecta las garantías constitucionales del Art. 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, esto es, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales; y también el numeral 24 de la misma norma constitucional citada, que protege el derecho de propiedad, por cuanto se amenaza con descuentos de las restantes cuotas en los meses sucesivos hasta completar el total del crédito.

Pide que, acogiéndose el recurso, se ordene se deje sin efecto la orden de requerimiento formulado por la recurrida a su empleador para que efectúe los descuentos ya indicados de su remuneración mensual, y se ordene la restitución de los $ 248.128 descontados en el mes de septiembre de 2016, con costas;

2°) Que informando la recurrida a fs. 27, pide el rechazo del recurso, señalando que el crédito otorgado a la recurrida el 22 de enero de 2004 ascendió a $ 8.723.604, pagadero en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $ 248.128, pagando desde la cuota 1 hasta la 8, figurando como morosa hasta el año 2016; y que una vez que se estableció que presta servicios para su actual empleador, se hizo efectiva su deuda en la el mes de septiembre de 2016, descontándose por planilla el crédito.

Señala que de acuerdo al Art. 1546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe; y que no es efectivo que la deuda esté prescrita, puesto que la acción que de ella deriva debe declararse extinguida por ese modo en un juicio de lato conocimiento, pues quien quiera aprovecharse de ella debe alegarla, no siendo propio de dicha declaración la vía del recurso de protección.

Agrega que tampoco es efectivo que la recurrida haya efectuado una acción de autotutela, sino que solo se ha limitado a regularizar una situación que estaba inconclusa; y ha actuado conforme a las atribuciones de que está investida en virtud del Art. 22 inciso 1° de la Ley 18.833, en cuanto establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una caja de compensación, debe ser deducido de las remuneraciones del trabajador por la entidad empleadora.

Por todo lo anterior, estima no haber vulnerado garantía constitucional alguna;

3°) Que es un hecho del recurso, y que no ha sido objeto de controversia, que la recurrente obtuvo un crédito social otorgado por la recurrida el 22 de enero de 2004, que ascendió a $ 8.723.604, pagadero en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $ 248.128, pagando desde la cuota N° 1 hasta la N° 8.

Asimismo, no se controvierte que las restantes cuotas no fueron pagadas sino hasta el mes de septiembre de 2016, en que se descuenta por el actual empleador de la demandada una de ellas, por el monto ya indicado;

4°) Que la actuación atacada por el recurso no reviste caracteres de arbitrariedad o ilegalidad, como denuncia la actora.

En efecto, cabe indicar, en primer término, que no puede estimarse privado de racionalidad ejercer un derecho por el acreedor de un mutuo –independientemente del tiempo trascurrido desde que el deudor incurrió en mora- si solo se ha satisfecho el pago de 8 cuotas de un total de 60; máxime si desde el pago de la últimas cuota (agosto de 2004) hasta la que se descontó en septiembre de 2016, la deudora no pudo ser ubicada, lo que solo aconteció cuando apareció en la nómina de trabajadores de su actual empleador, en el presente año; y sin que durante ese período la deudora haya efectuado gestión alguna destinada a renegociar su deuda, obtener prórrogas ni menos pagarla en forma directa.

En segundo lugar, tampoco puede considerarse ilegal la acción de la recurrida, como quiera que el Art. 22 bis de la Ley N° 18.833 la faculta expresamente para que lo adeudado en virtud de créditos sociales sea deducido de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja de compensación;

5°) Que con todo, aun cuando pudiere estimarse que respecto de la acción emanada de la obligación de la recurrente han trascurrido los plazos de prescripción consagrados en el Art. 2515 del Código Civil, lo cierto es que ella debe ser judicialmente declarada en un proceso declarativo –y no en una acción cautelar y de emergencia, como el amparo de derechos constitucionales consagrado en el Art. 20 de la Carta Fundamental-, debiendo alegarse por quien quiera aprovecharse de ella ejerciendo la mencionada acción declarativa, u oponiéndola por vía de excepción.

Sigue de lo anterior que no habiéndose declarado judicialmente la prescripción, la obligación no reviste el carácter de natural - con arreglo al Art. 1470 del citado Código, como pretende la actora;

6°) Que en virtud de lo precedentemente razonado, no puede estimarse –como lo sostiene la recurrente- que se haya alterado una situación de hecho que afecte el ejercicio de las garantías constitucionales que invoca, del momento que no puede estimarse que el no pago de una obligación a que legalmente se obligó, derive la protección de derechos constitucionales que por la misma razón no se ejercen legítimamente.- Y visto, además, lo dispuesto en el Art. 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara SIN LUGAR el recurso de protección deducido a fs. 4 por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana C.C.A.F.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Llanos.- Protección N° 113.724-2016.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y la Ministra (s) señora Elsa Barrientos Guerrero.