nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

A los folios 15 y 16: a todo, téngase presente.

Al folio 17, a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 6 de enero de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por haber determinado no renovar su nombramiento a contrata a partir del 31 de diciembre de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la relación laboral había derivado en indefinida por sucesivas renovaciones y carece de motivación administrativa, vulnerando con ello los derechos de igualdad ante la ley y propiedad sobre bienes incorporales consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución, por lo que solicita se declare la ilegalidad del acto, se ordene el reintegro y el pago de remuneraciones.

En cuanto a los antecedentes, la recurrente ingresó a CORESAM el 5 de febrero de 2021 como enfermera a honorarios en el Centro de Salud Cesfam Symon Ojeda. El 1 de octubre de 2021 fue contratada a contrata en categoría B, grado 15, percibiendo $1.231.178 mensuales. Durante su desempeño obtuvo calificaciones máximas en el período 2023-2024, siendo siempre calificada en lista 1, sin incurrir en responsabilidades administrativas ni anotaciones de demérito, siendo permanentemente felicitada por sus superiores. Su contrata fue objeto de sucesivas renovaciones, generando la expectativa legítima de continuidad para 2025.

Encontrándose con licencia médica desde el 27 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025 por crisis de pánico derivada del estado de salud de su padre, el 31 de diciembre de 2024 fue informada telefónicamente por su jefa de sector que su nombre aparecía en una lista de desvinculados. El 6 de enero de 2025 obtuvo copia de la carta de desvinculación de fecha 30 de diciembre de 2024, que comunicaba el término de su contrato "por la causal del artículo 48 letra c) de la ley N° 19.378, esto es vencimiento del plazo del contrato".

Respecto de los fundamentos jurídicos, la recurrente alega que el acto impugnado carece de motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, que establecen que los actos que afecten derechos de particulares deben expresar siempre los hechos y fundamentos de derecho que los justifican. Cita el Dictamen N° 6.400 de 2018 de Contraloría, que establece que no resulta suficiente invocar causales genéricas como "vencimiento del plazo", debiendo contener el razonamiento específico que sustenta la decisión.

Asimismo, invoca la doctrina judicial desarrollada desde 2017 por la Corte Suprema, que establece como axioma del derecho que si una relación a contrata excede dos años y se renueva reiteradamente, se transforma en indefinida conforme al principio de confianza legítima. Esta doctrina fue reiterada en causa rol N° 31.981-2024 del 3 de enero de 2025, determinando que contratos renovados en más de dos ocasiones se transforman en indefinidos. En consecuencia, argumenta que su relación laboral derivó en indefinida, pudiendo cesar solo mediante calificación deficiente o sumario administrativo.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que se afectó el derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 constitucional, al privarla arbitrariamente de estabilidad laboral sin acto administrativo motivado, discriminándola respecto de otros funcionarios de corporaciones municipales que mantienen sus cargos tras renovaciones sucesivas. Además, se vulneró el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al privarla de remuneraciones que constituyen derechos incorporales, impactando su patrimonio personal y familiar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la acción de CORESAM, ordenando dejar sin efecto la carta de término de 30 de diciembre de 2024; se disponga el reintegro de la recurrente a su puesto de trabajo en la misma categoría y grado; se ordene el pago íntegro de remuneraciones devengadas desde el 1 de enero de 2025 hasta su reincorporación; se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho; y se condene en costas a la recurrida. Solicita además orden de no innovar para su reintegro inmediato mientras se tramita el recurso.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, comparece don nombre reservado, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM), solicitando el rechazo de la acción de protección deducida, contraviniendo cada una de las afirmaciones efectuadas por la recurrente, salvo aquellas expresamente reconocidas en su libelo.

La recurrida estructura su defensa en base a diversos fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a examinar. En primer término, respecto de los antecedentes del recurso y sus contradicciones, reconoce que la recurrente inició sus servicios con CORESAM mediante contrato a honorarios el 5 de febrero de 2021 para el cargo de enfermera en el Cesfam Symon Ojeda, siendo posteriormente contratada a plazo fijo conforme al artículo 14 inciso 3° de la Ley N° 19.378 el 1 de octubre del mismo año, manteniendo dicha vinculación hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, confirma que durante el período de licencia médica comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, específicamente el 31 de diciembre de 2024, la recurrente fue contactada telefónicamente por su jefa de sector para informarle sobre su inclusión en la lista de desvinculados, situación que se materializó mediante la entrega del documento denominado "Aviso de Término de Contrato de Trabajo" el 6 de enero de 2025. En este aspecto, la recurrida aclara que, si bien no existe obligación legal de dar aviso anticipado de la no renovación de contratos a plazo fijo por parte de una corporación municipal, según instruye el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, su representada procedió a notificar mediante documento escrito a la totalidad de funcionarios a contrata que no renovarían su vínculo laboral para el período 2025.

Fundamentalmente, la recurrida sostiene que la decisión de no renovación del contrato se encuentra debidamente fundada y motivada, según da cuenta la Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024 de CORESAM, suscrita por la Secretaría General, con materia "Informa no renovación de contratos", antecedente que acompaña en su presentación. En tal sentido, invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, que establece que la Corporación no tiene obligación de dar aviso anticipado del término del contrato de trabajo de plazo fijo, argumentando que su actuación excedió las exigencias del ordenamiento jurídico nacional.

En cuanto a la alegación de falta de motivación del acto administrativo invocada por la recurrente, basada en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, la recurrida categoriza dicha alegación como falsa, remitiéndose nuevamente a la Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024 de CORESAM como fundamento de la decisión adoptada.

Respecto de la aplicación del principio de confianza legítima, la recurrida desarrolla un extenso argumento cuestionando su aplicabilidad al caso particular. Sostiene que dicho principio solo es aplicable a funcionarios públicos y no para asistentes de la salud primaria dependientes de una Corporación Privada, argumentando que si bien ambas condiciones suelen coincidir, no siempre es el caso. Explica que la recurrente se considera regulada por el Estatuto de Atención Primaria de la Salud por aplicación del artículo 1° de la Ley N° 19.378, pero no es funcionaria pública, por cuanto depende de una persona jurídica de derecho privado y no del Estado ni de una Municipalidad, no estando comprendida en el artículo 1° de la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo.

Adicionalmente, en el caso hipotético de que se considere aplicable la confianza legítima, argumenta que no se verifican los presupuestos de cinco años de permanencia en contratos a plazo fijo exigidos para casos particulares, según criterio desarrollado por la Corte Suprema en fallo de 23 de mayo de 2023, Rol 135613-2022, dictado por la tercera sala del tribunal superior.

En relación con los dictámenes de Contraloría citados por la recurrente, la recurrida señala que el Dictamen N° 85.700 del año 2016 carece actualmente de relevancia jurídica debido al criterio establecido en el Dictamen N° E561358 de 6 de noviembre de 2024 de la Contraloría General de la República, que establece la abstención del órgano contralor de resolver sobre materias de naturaleza litigiosa, correspondiendo dicha resolución a los Tribunales de Justicia.

Respecto de la jurisprudencia de la Corte Suprema citada por la recurrente, que sostendría la transformación de contratos a plazo fijo en indefinidos, la recurrida argumenta una manifiesta contradicción en cuanto a la aplicación del numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo. Sostiene que las materias relativas al término del contrato y sus causales se encuentran expresa y debidamente reguladas en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, específicamente en el Párrafo 2° "Término de la relación laboral" del Título II de la Ley N° 19.378, por lo que no resulta necesaria una aplicación supletoria del Estatuto Municipal, y menos aún del Código del Trabajo, toda vez que según el inciso 3° del artículo 1° de dicho cuerpo legal, este solo se aplica en aspectos no regulados en sus respectivos estatutos.

En cuanto al marco normativo aplicable, la recurrida desarrolla extensamente la naturaleza jurídica de CORESAM como corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 13.063 de 1980, tratándose de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor. Conforme a los dictámenes N° 69.200 de 2010 y 25.303 de 2011 de la Contraloría General de la República, esta corporación privada no es un órgano integrante de la administración del Estado, pese a realizar funciones propias de una municipalidad.

Refuerza este argumento citando el Dictamen ORD N° 1581 del 27 de marzo de 2018 de la Dirección del Trabajo, que establece que las corporaciones municipales constituyen personas jurídicas de derecho privado, correspondiendo a la Dirección del Trabajo la interpretación y fiscalización de las normas de carácter laboral que rigen a los profesionales que en ellas se desempeñan, a diferencia de aquellos trabajadores cuyo empleador es un ente público como la Municipalidad.

En relación con el acto impugnado, la recurrida niega tanto su supuesta arbitrariedad como ilegalidad. Respecto de la arbitrariedad, sostiene que la decisión está motivada con pleno apego al ordenamiento jurídico nacional, haciendo uso del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es "vencimiento del plazo del contrato", lo cual se hizo efectivo desde el 31 de diciembre de 2024. Contradice el argumento de arbitrariedad mediante la existencia de la Resolución N° 735/2024 de CORESAM de fecha 2 de diciembre de 2024, que dispone la no renovación de contratos a plazo fijo de determinados funcionarios, acto debidamente fundado según los argumentos expuestos.

Respecto de la supuesta ilegalidad, reproduce los argumentos desarrollados, dando cuenta de que la decisión de la Corporación fue fundada y las razones debidamente consignadas con claridad y orden, siendo resuelta con antelación y debidamente notificada a la recurrente. Cita los artículos 14 y 2° de las Leyes N° 19.378 y N° 18.883 respectivamente, que confirman que la Corporación puede contratar funcionarios a plazo fijo que no exceda un año calendario, cuya duración debe alcanzar como máximo el 31 de diciembre de cada año, cesando por el solo ministerio de la ley si no media prórroga. Argumenta que la norma no obliga en absoluto a prorrogar contratos de funcionarios sujetos a esta modalidad, por lo que disponer su no renovación no constituye acto ilegal.

En cuanto a la falta de derecho indubitado, la recurrida argumenta que la recurrente no explica el sustento de encontrarse efectivamente afectados los derechos mencionados, la relación causal entre la decisión y su afectación, ni la forma en que se vulneran derechos fundamentales, no desarrollando en qué sentido le asisten de manera indubitada. Sostiene que es absolutamente necesario un juicio de lato conocimiento para determinar el derecho de la recurrente sobre el contrato no renovado, citando el artículo 156 de la Ley N° 18.883 que establece un procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República como instancia más apta para discutir sobre la legalidad de la resolución.

Finalmente, la recurrida cita jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia que sustenta su tesis. Específicamente, refiere la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ingreso 26-2022, "nombre reservado con Corporación Municipal de San Fernando", que rechazó recurso de protección intentado por ex funcionario a contrato de plazo fijo sujeto a Ley N° 19.378 por no renovación de contrata, estableciendo que la decisión se encontraba debidamente fundada y no constituía acto arbitrario o ilegal.

Asimismo, cita Sentencia de la Corte Suprema en causa Ingreso N° 54417-2024 "nombre reservado/Corporación de desarrollo social de Buin", que confirmó sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazando recurso de protección deducido por técnico en enfermería contra corporación municipal, estableciendo que la causal legal invocada no requiere fundamentación por parte de la Corporación Municipal sino únicamente la ocurrencia del vencimiento del plazo convenido.

En el hipotético caso de aplicarse el concepto de confianza legítima, la recurrida invoca el cambio de criterio plasmado en el fallo Rol N° 26.112-2023 de la Corte Suprema, que estableció que el lapso requerido para invocar la confianza legítima debe extenderse a cinco años de renovación continua, período que no se verifica en el caso de la recurrente que solo tiene tres años de permanencia bajo contrato a plazo fijo.

En sus conclusiones, la recurrida sostiene que la decisión notificada el 31 de diciembre de 2024 no constituye acto ilegal ni arbitrario, encontrándose fundamentada en la Resolución N° 735/2024. Argumenta que un acto enmarcado en la legalidad y debidamente fundado no puede infringir garantías fundamentales, que la recurrente no ha acreditado vulneración de derechos indubitados, siendo necesario un juicio de lato conocimiento en sede judicial laboral para determinar la procedencia efectiva del derecho reclamado.

Por estas razones, solicita que se rechace la acción de protección deducida por la recurrente, con costas, argumentando que en el hipotético caso de considerarse aplicable el concepto de confianza legítima a una persona jurídica de derecho privado como CORESAM, la recurrente no cumple con el lapso de tiempo que, según jurisprudencia de tribunales superiores, haría posible dicha concepción.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

CUARTO: Que la Excma. Corte Suprema con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en los autos rol N° 26.301-2023, concluyó que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del actor haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos, sin ni siquiera el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole al trabajador el principio de confianza legítima, sólo en el evento de haber permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo;

QUINTO: Que, de lo anterior, se evidencia que la no renovación de una contrata anual de la administración pública, ante un período de desempeño consecutivo inferior a cinco años, no da cuenta de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, así las cosas, en el evento que se estimara que la confianza legítima tiene aplicación en los vínculos estatutarios que se generan entre una corporación municipal de derecho privado y sus trabajadores contratados a plazo fijo, evidenciándose de lo informado por la entidad recurrida, que a la recurrente no se le renovó su contrata anual y que ella no permaneció de forma continua y por más de cinco años vinculada en tal régimen estatutario a la recurrida, dado que sólo ingresó a la Corporación Municipal de Conchalí, en calidad estatutaria de contrata a contar del 1 de octubre de 2021, como enfermera en el Centro de Salud 202 Cesfam Symon Ojeda, estando asimilada a la categoría B, grado 15, de la carrera funcionaria, y que se desempeñó para dicha repartición hasta el 31 de diciembre de 2024, es menester concluir que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, ni hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SÉPTIMO: Que, ahora bien, en otro orden de ideas, asumiendo las alegaciones que plantea el presente arbitrio, es menester señalar que tratándose la recurrida de una Corporación de derecho privado, no se encuentra la actora comprendida en el artículo 1º de la Ley18.834, sobre el Estatuto Administrativo, sino que, la relación entre ella y la recurrida se halla regulada por la Ley 19.378, que en su artículo 14 dispone que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…)

c) Vencimiento del plazo del contrato”;

OCTAVO: Que así entonces, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente, a su artículo 48 letra c). En dicho sentido, la pretensión de la recurrente importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo fijo en uno indefinido, lo que es del todo improcedente en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

Pues bien, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido;

NOVENO: Que por todas las razones antes expresadas se desestimará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado favor de nombre reservado en contra de Corporación Municipal de Conchalí, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1137-2025.