Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, representada por la abogada doña Carla Soledad Villalobos Fernández, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 17 de abril de 2025, que mantuvo el rechazó de la licencia médica folio N°NUM001, por considerar que el reposo prescrito no se encontraba justificado, lo que vulneraría los derechos reconocidos en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al carecer de motivaciones técnicas que le sirven de sustento, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la autorización de los reposos reclamados.

Explica que es vendedora automotriz, desempeñando funciones de alta exigencia que implican atención constante de público, manejo de transacciones financieras y cumplimiento de metas comerciales estrictas. Debido a su diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, su estado de salud mental se ha visto gravemente afectado, desarrollando síntomas incapacitantes que la imposibilitan para desempeñar sus funciones laborales de manera regular, encontrándose bajo tratamiento activo en el sistema GES con un equipo multidisciplinario del centro CETEP.

Agrega que estuvo con reposo médico prescrito mediante la licencia folio N°NUM001, la cual fue rechazada por la COMPIN y posteriormente por SUSESO bajo el argumento de que el reposo no se encontraba justificado. La Superintendencia señaló específicamente que los informes médicos adjuntos no lograban dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional o temporalidad de ajustes en el plan terapéutico, que los certificados psicológicos no se referían al plan terapéutico ni a sus logros durante el proceso, y que no se evidenciaba un plan que considerara intervenciones orientadas a la reincorporación laboral.

Considera que esta decisión es arbitraria e ilegal por cuanto SUSESO aplicó un criterio estático y restringido al asumir que 269 días de reposo son suficientes para la resolución de un cuadro clínico de salud mental, desconociendo la naturaleza crónica, fluctuante y de difícil manejo del trastorno afectivo bipolar.

Además, argumenta que se realizó una evaluación parcial y superficial de los informes médicos, centrándose en la falta de detalle formal pero desatendiendo la evidencia sustantiva de la persistencia de síntomas incapacitantes. Sostiene que la autoridad omitió considerar que se encuentra bajo tratamiento GES, lo cual implica una intervención multidisciplinaria continua, y que no se aplicaron medidas para mejor resolver conforme lo establece el artículo 21 del D.S. N°3 de 1984.

Alega que se vulneró su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, al no considerarse el carácter coadyuvante que tiene el reposo prescrito respecto del tratamiento médico ordenado. Asimismo, se habría conculcado el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al rechazarse el reposo sin la realización de fiscalización alguna y sin ponderación de antecedentes, discriminándola frente a casos análogos.

Finalmente, se afectó su derecho de propiedad del artículo 19 N°24, sobre el derecho a guardar reposo y ausentarse justificadamente del trabajo, el cual se encontraba incorporado a su patrimonio desde la emisión de la licencia médica.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución que rechazó la licencia médica y se ordene la autorización del reposo reclamado dentro del término de diez días contados desde la ejecutoriedad de la sentencia, con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica doña nombre reservado dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de dicha COMPIN, quienes confirmaron el rechazo de primera instancia efectuado por ISAPRE CONSALUD, donde la recurrente es afiliada, respecto de la licencia médica N°NUM001, por reposo no justificado.

Agrega que el rechazo de la referida licencia médica se fundamentó en el peritaje realizado por ISAPRE Consalud de fecha 16 de enero del año 2024, en el cual se concluyó que el reposo se dio en contexto de tratamiento globalmente inadecuado, específicamente por mantención de reposo a pesar de sugerencias de peritaje, sin farmacoterapia adecuada y sin apoyo de terapia ocupacional. El peritaje determinó que en este contexto, la emisión y extensión del reposo, así como su subsidio, perdieron completamente el rol terapéutico, únicamente potenciando conductas desadaptativas y dificultando el reintegro laboral, no correspondiendo reposo desde el inicio de este. Agregó el informe pericial que la extensión de reposo en contra de lo recomendado en las entrevistas de peritaje a repetición, así como su subsidio, no solo degeneraron el uso de la licencia médica, sino que además resultaron iatrogénicos para la paciente, tal como se advirtió en peritaje del 1 de diciembre de 2023 y se confirmó en el peritaje actual.

Señaló que conforme a dichos antecedentes, no fue posible justificar la prolongación del reposo más allá del tiempo que había sido otorgado, estimándose además sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral en base a las guías clínicas utilizadas de manera estandarizada para estos efectos.

Finalmente, fundamenta su actuación en el marco normativo vigente que regula el otorgamiento de licencias médicas y consecuente pago del subsidio, específicamente en el Decreto N°7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales y el Decreto Supremo N°3/1984 que establece el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, cuyo artículo 14 otorga competencia privativa para aprobar o rechazar licencias médicas, enfatizando su carácter de organismo eminentemente técnico que busca asegurar el cumplimiento de la finalidad terapéutica y transitoria de las licencias médicas.

Tercero: Que, comparece la abogada Andrea Cisternas Tiemann, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que la señora nombre reservado reclamó ante dicho servicio el 26 de febrero de 2025 por el rechazo de la licencia médica N°NUM002, extendida por 21 días desde el 12 de julio de 2024. Los antecedentes médicos evaluados incluyeron dos informes de peritaje psiquiátrico realizados por el Dr. nombre reservado. El primer peritaje del 2 de diciembre de 2023 concluyó que la paciente estaría en condiciones de reintegro laboral el 6 de diciembre de 2023. El segundo peritaje del 16 de enero de 2024 determinó que "el reposo se da en contexto de tratamiento globalmente inadecuado" y que "la extensión de reposo en contra de lo recomendado en las entrevistas de peritaje a repetición, así como su subsidio, no sólo pervierten el uso de la licencia médica, sino que además resultan iatrogénicos para la paciente".

Por otra parte la profesional de SUSESO, doctora nombre reservado, informó el 16 de abril de 2025 que "los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 269 días de reposo ya autorizados por la misma patología", agregando que "los informes médicos adjuntos no logran dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional o temporalidad de ajustes en el plan terapéutico". Destacó particularmente que la recurrente ya había cumplido 269 días autorizados de reposo por patología psiquiátrica antes de la licencia rechazada.

Refiere que dicha institución actuó de acuerdo a las facultades fiscalizadoras establecidas en los artículos 2, 3 y 38 de la Ley N°16.395, y de lo dispuesto en el artículo 27 del mismo cuerpo legal que le otorga control administrativo y técnico sobre las materias de licencias médicas, así como las disposiciones del Decreto Supremo N°7 de 2013 del Ministerio de Salud sobre guías clínicas referenciales. Señaló que, para reposos superiores a 60 días prorrogables hasta 180 días en patologías mentales, se requiere contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave y refractariedad al tratamiento, elementos que no concurrieron en el caso analizado conforme a los antecedentes médicos disponibles.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de abril de 2025 que mantuvo el rechazo de la licencia médica, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 269 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos adjuntos no logran dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional o temporalidad de ajustes en el plan terapéutico y la respuesta clínica a los mismo. Si bien se adjuntan certificados de atenciones psicológicas, estos no se refieren al plan terapéutico ni a sus logros durante el proceso. El informe de terapia ocupacional adjunto se refiere a una solo sesión, sin detallar el trabajo realizado. Asimismo, en la información aportada no se evidencia un plan que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral. En consecuencia, no se logran fundamentar los beneficios clínicos de la indicación de prolongación de reposo laboral”.

También ha de tenerse presente que la resolución impugnada fue dictada después de haberse practicado dos informes periciales por parte de la ISAPRE respectiva, que sirven también de insumo, atendidas sus conclusiones, para validar las afirmaciones de la recurrida en orden a disponer el rechazo de la licencia médica de que se trata.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 11361-2025-Protección